DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 1 DE LA INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE DISCREPANCIAS Y CONVALIDACIONES DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA INTERVENCIÓN GENERAL.

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1 DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 1 DE LA INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE DISCREPANCIAS Y CONVALIDACIONES DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA INTERVENCIÓN GENERAL. La regulación del procedimiento de discrepancia y el de convalidación, con relación a los expedientes y documentos examinados por la Intervención, se halla en dos normas básicas: El texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, capítulo II del Título III (en adelante TRLH), en particular los artículos 74 y 75, y en el Reglamento por el que se desarrolla el control de la actividad económica de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón (en adelante Reglamento de Control), concretamente en sus artículos 17 a 20. Son procedimientos alternativos y estancos. Así, la omisión de fiscalización previa, se canalizará por el acuerdo de convalidación si se desea continuar con la tramitación del expediente. Por el contrario, siempre que haya un informe fiscal, no podrá acudirse al trámite de convalidación. Si la opinión interventora es desfavorable el órgano gestor podrá subsanar el expediente o, en caso de desacuerdo, elevar discrepancia poniendo de manifiesto las razones que considera deben alterar el carácter de la fiscalización. Con el fin de que la actuación de la Intervención General sea la más uniforme posible, se ha considerado adecuado, como paso previo a la aprobación de las correspondientes instrucciones, la elaboración de una serie de documentos de trabajo donde se establezcan los requisitos básicos de fiscalización que la Intervención General va a observar en el ejercicio de sus competencias. Dado que tienen un carácter interno, estos documentos sirven de guía y orientación para la ejecución de las competencias que el texto refundido de la Ley de Hacienda nos reserva. Este primer documento tiene por objeto las discrepancias y el procedimiento de convalidación. I.- DISCREPANCIAS. La discrepancia materializa el procedimiento contradictorio que caracteriza a la función interventora. Así, cuando el interventor actuante emite un informe con unas conclusiones que no comparte el órgano controlado, éste puede promover la discrepancia. Requisito ineludible para la existencia de una discrepancia, por tanto, es que el expediente o 1

2 documento haya sido reparado, y que el reparo formulado no haya sido aceptado por el órgano que tramitó el expediente o documento. Los informes de la intervención actuante, tal como establece el artículo 16 del Reglamento de Control deberán contener la motivación de las conclusiones que contienen, con razonamientos fundados en las normas en que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones que hayan observado en el expediente. De igual modo, las discrepancias que puedan promover los órganos gestores, según el artículo 17 del Reglamento de Control, también serán motivadas, con base en disposiciones, actos y documentos en los que sustenten su criterio contrario al manifestado en el informe fiscal. Procedimiento 1. Debe existir un informe fiscal desfavorable de una Intervención Delegada o Territorial. En ningún caso se consideran informes desfavorables aquellos que indican la omisión de fiscalización previa y que se encuadran, por tanto en el artículo 75 del TRLH, ni aquellos que se limitan a poner de manifiesto una falta de documentación que ha impedido ejercer la función interventora, ya que en ese caso lo que procede es que el órgano gestor remita toda la documentación debida para que pueda realizarse el tramite fiscal por la intervención competente. En el informe desfavorable de la intervención actuante figurará el siguiente párrafo final por si diera lugar a discrepancia: Por todo lo expuesto, se fiscaliza de disconformidad recordándole que, caso de no estar de acuerdo con lo reseñado en el presente informe, puede proceder en la forma establecida en el artículo 74.1 a) de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y art. 17 del Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los organismos públicos y las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 23/2003, de 28 de enero. Lo que, con la devolución del expediente, le traslado a los efectos oportunos. 2. El órgano gestor discrepante elaborará el escrito de discrepancia motivando detalladamente las razones de su oposición a la opinión del informe del interventor y 2

3 señalando, en todo caso, los preceptos jurídicos, y además consideraciones económicas o de otra índole, en la que basan su oposición. 3. Este escrito se dirigirá a la Interventora General y se acompañará, como mínimo, de la siguiente documentación: a) Informe desfavorable de la Intervención Delegada o Territorial. b) Expediente que fue objeto de tal informe. c) Documentación adicional que considere necesaria para refrendar su opinión. 4. A la vista del escrito de discrepancia y la documentación que lo acompañe, la Interventora General resolverá la discrepancia justificando igualmente su posición. Como la norma permite que la Intervención General pueda pronunciarse sobre cualquier aspecto, haya sido o no tenido en cuenta por la Intervención Delegada, se insiste en que los reparos debe constar la opinión de la Intervención Delegada sobre todas las deficiencias observadas de la forma más completa posible. E igualmente, en el trámite de discrepancia, el órgano gestor debe poner de manifiesto todos los aspectos que considere relevantes para la resolución. Si la documentación adicional que acompaña al escrito de discrepancia no hubiera sido enviada con anterioridad a la intervención actuante y por su contenido se pudiera modificar sustancialmente la opinión del informe fiscal, la Intervención General no resolverá la discrepancia, limitándose a señalar al órgano promotor que debe volver a remitir el expediente e a la Intervención Delegada o Territorial con esa documentación que puede subsanarlo para que ésta pueda sustentar el trámite fiscal. 5. El Reglamento de Control señala un plazo para la resolución de discrepancias de 15 días de acuerdo con lo expresado en su artículo Resuelta la discrepancia por la Interventora General, si ésta confirma el criterio de la Intervención Delegada o Territorial, de acuerdo con el TRLH, el órgano gestor puede nuevamente instar la discrepancia ante el Gobierno de Aragón, para que éste resuelva definitivamente. Para ello, elevará a la consideración del Consejo de Gobierno un escrito de discrepancia, acompañado del informe desfavorable inicial de la Intervención Delegada o Territorial y de la resolución de la discrepancia en primera instancia de la Intervención General, así como cualquier documento que considere oportuno para que el Gobierno de 3

4 Aragón pueda resolver definitivamente motivando su criterio, de acuerdo con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. 7. Si la Interventora General, o en segunda instancia el Gobierno de Aragón, confirman el criterio de la Intervención Delegada o Territorial, el expediente deberá ser corregido en los términos de la resolución para continuar su tramitación. En el caso en que se confirme el criterio del órgano gestor, se entenderá sustentado el trámite fiscal procediendo la Intervención Delegada a la contabilización del expediente correspondiente. 8. Las resoluciones de discrepancia son actos concretos que se refieren a una situación determinada. No pueden tener la consideración de actos de carácter general ni considerarse reglamentarios en el sentido de regular con carácter general situaciones similares, dado que situaciones similares, o incluso idénticas, pueden tener distinta opinión fiscal en función de cómo se haya realizado el expediente. Por ello, no podrá invocarse para un expediente distinto una resolución de discrepancia referida a otro anterior, sino que, de no estar de acuerdo con la opinión de la intervención actuante, el órgano gestor deberá acudir nuevamente a este procedimiento contradictorio para resolver la nueva controversia. II.- CONVALIDACIONES En la actuación de aquellos órganos administrativos sujetos a la función interventora, dentro del procedimiento económico-administrativo reglado, se establece el trámite de fiscalización previa. Esta fiscalización siempre es anterior a la firmeza del acto que se examina y el último trámite en la preparación de ese acto ya que su objeto es verificar la legalidad de toda la actuación administrativa hasta entonces realizada. El carácter obligatorio de este trámite y preceptivo y vinculante del informe que lo plasma, hace que la falta de fiscalización paralice el procedimiento. En este punto el artículo 75 del TRLH establece un procedimiento que tiene por objeto dar validez al procedimiento defectuoso por la omisión de un trámite obligatorio. Así establece que si el Interventor General o los Interventores Delegados al conocer de un expediente observaran la obligación o gasto a que corresponda no ha sido previamente fiscalizado, lo manifestarán así a la Autoridad que hubiera iniciado aquél, emitiendo al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, para que uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Consejero titular del Departamento del que proceda la propuesta, si considera conveniente continuar con la tramitación del expediente acordar que se someta lo actuado al Gobierno de Aragón. 4

5 Con relación al precepto ha de resaltarse lo siguiente: 1. La Ley señala con carácter general que la obligación o gasto no hayan sido previamente fiscalizados, es decir exista una omisión. Y ello porque cuando no hay fiscalización favorable porque es de disconformidad, articula un procedimiento distinto que es el contradictorio vía discrepancia y que regula en el artículo 74. Por ello, ningún expediente objeto de fiscalización negativa puede ser causa del procedimiento de convalidación. Al tratarse de un informe preceptivo, su falta determina, de acuerdo con las normas generales de procedimiento administrativo, la anulabilidad del acto causada por tal omisión. Y es esa omisión lo que realmente convalida el Gobierno de Aragón ya que, según la norma, se somete a su consideración todo lo actuado, es decir será el Gobierno de Aragón quien verifique la legalidad de una actuación que no ha sido sometida, erróneamente, al control de legalidad. Y como asesoramiento a esa decisión, la ley ordena al Interventor que debió realizar la función interventora del expediente concreto que le de su opinión respecto a la propuesta que en el momento oportuno debería haberse remitido a fiscalización y no se envió. Por lo tanto, la convalidación supone que el Gobierno de Aragón decide que, al margen de la deficiente actuación procedimental obviándose la fiscalización, el resto de la actuación es correcta y conforme a la norma y por ello equipara su actuación a un informe fiscal favorable y permite así la continuación del trámite. De esta forma se sana el vicio que daba lugar a la anulabilidad. 2. La Ley sólo exige el informe del interventor, por lo que éste no puede ser suplido por ninguno elaborado por los Servicios Jurídicos o cualquier otro órgano administrativo. 3. Sin embargo no hay convalidación de actos nulos de pleno derecho. En este sentido es muy clara la LRJ Y PAC: la nulidad de los actos en los casos que su artículo 62 determina no puede subsanarse a través de la convalidación, regulada con carácter general en su artículo 67 y para el caso del informe fiscal, por el TRLH. Si el acto incurre en causa de nulidad, por ejemplo que sea contrario al ordenamiento jurídico, como una contratación verbal y un tercero resulta perjudicado por una mala actuación de la Administración lo que le supone no recibir la remuneración por sus servicios, la misma Ley en su artículo 102 determina la necesidad de que exista una declaración de nulidad y el consiguiente expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración. 5

6 En este sentido, ha de notarse que la Ley cuando establece el trámite de convalidación, solo alude a la posibilidad de que sea un interventor el que detecte, en un trámite posterior obviamente, la falta de fiscalización anterior, en modo alguno reserva a los gestores la posibilidad de acudir al Gobierno de Aragón con gastos efectuados sin negocio o procedimiento alguno para que éste valide tales vicios ya que esta circunstancia supone la nulidad de pleno derecho y no se puede sanar con la convalidación. Procedimiento 1. Las actuaciones a realizar por las Intervenciones Delegadas cuando conocen de un expediente con omisión de la intervención previa están reguladas en el artículo 74 del TRLH y en el artículo 20 del Reglamento de Control, limitándose a la puesta de manifiesto de la omisión de la fiscalización y la emisión de un informe en el que constará la opinión favorable o desfavorable que dicho expediente le merece respecto de lo que hubiera sido su fiscalización. El informe, que en ningún caso es de fiscalización, ni contiene reparo alguno al no ejercerse la función interventora (se reproduce el tenor literal del artículo citado), deberá contener descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al menos, los siguientes extremos: - Denominarse Informe emitido a los efectos del artículo 75 del TRLH, para clarificar su contenido -Órgano gestor. -Objeto del gasto. -Importe. -Naturaleza jurídica (tipo de contrato, subvención, convenio, etc.). -Fecha de realización. -Concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa. -Exposición de los cumplimientos o incumplimientos normativos que se produjeron en el momento en que se adoptó el acto y que hubieran sustentado el informe de intervención. Opinión que hubiera contenido el informe si se hubiera producido la fiscalización. 6

7 En el caso de que la falta de fiscalización venga dada por la no realización de un acto (contrato, convenio, resolución, etc) y si esta inacción a su vez resulta perjudicial para un tercero, señalar la necesidad de acudir a la declaración de nulidad y procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración puesto que no procede el trámite de convalidación. El siguiente párrafo final: Por lo expuesto, si se considera procedente la continuación de la tramitación del expediente deberá someterse lo actuado al Gobierno de Aragón para su preceptiva convalidación, en los términos señalados en el artículo 75.2 del texto Refundido del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, y los artículos 19 y 20 del Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los organismos públicos y las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 23/2003, de 28 de enero. Lo que, con la remisión del expediente, le traslado a los efectos oportunos. 2. De acuerdo con el artículo 75.2 del TRLH, si el Consejero correspondiente acordara someter el expediente a la decisión del Gobierno de Aragón, lo comunicará así al Consejero competente en materia de Hacienda por conducto de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En su virtud, a) El Departamento correspondiente remitirá a la Intervención General un expediente de convalidación en el que incluirá lo siguiente. - Expediente cuya fiscalización se ha omitido, con toda la documentación que lo conforme y cuanta adicional considere oportuno el Departamento - Informe sobre la omisión del trámite del gestor del expediente - Informe del artículo 75 de la Intervención Delegada o Territorial, si hubieran detectado la falta de fiscalización previa. - Texto de la propuesta de acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se convalida el gasto. Recibida esta documentación la Intervención General dará traslado al Consejero titular en materia de Hacienda y Administración Pública de la propuesta de convalidación del Departamento correspondiente para su inclusión en los asuntos que van a ser objeto de 7

8 deliberación en el Consejo de Gobierno remitiendo al Departamento proponente copia de tal comunicación. 3. Convalidada la ausencia de fiscalización por el Gobierno de Aragón, los Departamentos y organismos continuarán la tramitación del expediente adjuntando una copia del acuerdo del Gobierno convalidando el trámite ante la Intervención Delegada o Territorial correspondiente, la cual procederá a su contabilización. Zaragoza, 15 de enero de

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