TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMAN

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1 Expte: /1998 CAUSA: ISAS MARCELO S/ SU DENUNCIA San Miguel de Tucumán, 14 de mayo de MLM AUTOS Y VISTOS: Que vienen a resolución del Tribunal la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada por la defensa de RICARDO GABRIEL GUADALUPE OTRINO y HÉCTOR ENRIQUE MÁRQUEZ, y CONSIDERANDO: I) Que a fs. 02/10 y 11 y vta., en los respectivos incidentes, rolan las solicitudes de suspensión del proceso a prueba ofrecidas por la defensa de Ricardo Gabriel Guadalupe Otrino y Héctor Enrique Márquez, y ofrecen como regla de conducta la realización de una perforación destinadas a la captación y provisión de agua potable, en las zonas de Concepción o Tafí Viejo de nuestra provincia, a selección de la sociedad estatal, con capacidad de abastecer en conjunto a unos 1500 beneficiarios. Que a su turno, el Sr. Fiscal General Subrogante dictaminó, en cada caso, oponiéndose a los beneficios solicitados. II) Que en el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN. Invitado a

2 expresarse el señor defensor, reiteró el contenido de sus pretensiones escritas, a las que brevitatis causa nos remitimos. A continuación, el señor Fiscal General Ah Hoc también se expresó en los mismos términos que en sus dictámenes. III) Cabe recordar que existiendo oposición del señor representante del Ministerio Público Fiscal, atañe a este Tribunal analizar si el dictamen cumple con los requisitos de logicidad y fundamentación (art. 69 del CPPN), en razón de ser vinculante (art. 76 bis del CP) y teniendo presente su carácter de titular del ejercicio de la acción pública (art. 120 de la CN). Resulta oportuno tener presente que el art. 76 bis del CP establece los requisitos que el legislador consideró necesarios para la concesión de este beneficio en razón de tratarse de una alternativa de política criminal. De igual modo el representante del Poder Legislativo estableció una serie de supuestos en los que no procede el instituto, como en los delitos en los que hayan participado funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o cuando se tratase de un delito reprimido con inhabilitación o respecto de los delitos reprimidos en las Leyes y Como tiene dicho este Tribunal, la primera fuente de interpretación a la que debe recurrirse es a las palabras de la ley, por lo que es claro que el citado artículo no impide la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba para los delitos penados por la Ley Si esa

3 hubiera sido la intención del legislador, lo hubiese consagrado expresamente como lo hizo en los otros casos. Sobre la base de este marco interpretativo, no puede este Tribunal ir más allá de lo que la ley manda y tampoco rechazar un beneficio permitido por la ley. La oposición del Ministerio Público Fiscal en relación a la entidad, transcendencia y gravedad de la conducta ilícita para negar su consentimiento a la concesión del instituto luce irrazonable por cuanto se aparta del texto normativo que, como sostuvimos ut supra, no contiene impedimentos para el caso, por lo que el Tribunal puede apartarse de su dictamen. Dicho esto, cabe resaltar que en presencia del extenso tiempo transcurrido desde la supuesta producción del hecho que originó este proceso (con todo el desarrollo de las exigencias de un plazo razonable), la situación existente en aquel entonces respecto a la conciencia de la población en lo que hace a la preservación del medio ambiente como bien jurídico tutelado no sólo en otros ámbitos sino también a través de la sanción punitiva que ha devenido hacia un alto nivel de internalización de las normas reguladoras de riesgos-, con lo que ha evolucionado hacia un mejor funcionamiento de las regulaciones y controles administrativos manteniendo el carácter de ultima ratio y función subsidiaria del derecho penal-. Asimismo, se incluye en la propuesta una importante acción reparadora, cuando también la situación de que no habido a posterior del hecho otras conductas similares que fueron denunciados (conforme informe de Reincidencia) resulta

4 razonable acoger a la propuesta de suspensión del juicio a prueba. Esta posición encuentra respaldo en la Ley 24051, que debe ser interpretada teniendo presente todo el marco normativo del derecho ambiental y, precisamente, la Ley General del Ambiente, y el art. 41 de la Constitución Nacional en cuando establece ( ) El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer ( ).. Una interpretación diferente, afectaría la unidad del derecho común. En este orden de cosas, en tanto Márquez y Otrino se encuentran requeridos de juicio el presunto delito tipificado por el art. 55 de la Ley 24051, la escala penal construida en abstracto y en atención a los tipos penales en juego, permitiría la concesión del presente instituto (Acosta Alejandro Esteban s/ infracción al art. 14 primer párrafo de la Ley , CSJN 23/04/08). Además, deben tenerse presentes los informes del Registro Nacional de Reincidencia obrante a fs. 23/26 (en relación a Márquez) y fs. 22 (en relación a Otrino), que dan cuenta que los requirentes carecen de antecedentes penales, por lo que nos colocamos frente al cumplimento de los requisitos de admisibilidad del instituto solicitado. En consecuencia, se declara procedente la suspensión del presente juicio a prueba en relación a los acusados RICARDO GABRIEL GUADALUPE OTRINO y HÉCTOR ENRIQUE MARQUEZ en tanto se puede realizar un razonable pronóstico de reparación del daño causado a través de la realización de labores que mejor se adecuan a la medida de las posibilidades que invoca la norma

5 en cuestión, por el término de un año, plazo durante el cual quedará suspendido el curso de la prescripción de la acción penal por ser de ley expresa. Con respecto a las reglas de conducta que los imputados deberán cumplir de acuerdo a las disposiciones del artículo 27 bis del Código Penal, el Tribunal entiende razonable, la aplicación de las siguientes reglas de conducta: a) asistir, como oyentes, a un curso de posgrado relativo a la gestión ambiental que se dicte en una universidad pública de su domicilio durante un año; b) realizar una perforación destinada a la captación y provisión de agua potable en la zona de Tafí Viejo de esta provincia, que tenga capacidad para abastecer a un conjunto de aproximadamente 1500 personas (Art. 27 bis inc. 5º del CP). En virtud de lo expuesto, encontrándose la oposición fiscal asentada en un dictamen arbitrario, no resulta vinculante para este Tribunal, por lo que corresponde hacer lugar al beneficio solicitado (arts. 76 bis del CP y 69 del CPPN). Por lo que el Tribunal, RESUELVE: I) HACER LUGAR a la SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA efectuada por la defensa a favor de RICARDO GABRIEL GUADALUPE OTRINO y HÉCTOR ENRIQUE MÁRQUEZ, por el término de un año conforme se considera (arts. 76 bis del CP, 69 del CPPN).

6 III) DISPONER el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en los considerandos de la presente sentencia, obligación esta que deberá ser acreditada documentalmente ante el Sr. Juez de Ejecución de este Tribunal (Arts. 27 bis inc. 5º y 76 bis del Código Penal). IV) PASEN LOS PRESENTES AUTOS al Sr. Juez de Ejecución a los fines de la prosecución del trámite.- V) PROTOCOLICESE-HAGASE SABER.- ANTE MI:

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