Hacer frente a la verdad: Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Ruanda

Transcripción

1 1 FOLLETO SOBRE RUANDA, Mayo de 1998 [Índice AI: AFR 47/19/98/s] Hacer frente a la verdad: Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Ruanda INTRODUCCIÓN Ruanda sigue atrapada en un ciclo de violencia. Cuatro años después del genocidio en el que al menos un millón de personas perdieron la vida, el derramamiento de sangre aún no ha cesado. Familias enteras están siendo eliminadas, y multitud de civiles, tanto tutsis como hutus, están siendo asesinados cruelmente. Esta violencia no es inevitable. La población tanto de Ruanda como de otros países puede ayudar a cambiar la situación. El gobierno ruandés puede hacer más por proteger los derechos humanos, y los dirigentes de los grupos armados de oposición pueden impedir las matanzas de civiles desarmados. Los gobiernos y los habitantes del resto del mundo pueden garantizar que la comunidad internacional no da de nuevo la espalda a Ruanda. Como organización internacional no gubernamental de derechos humanos, Amnistía Internacional trabaja para que en todos los países se respeten las mismas normas reconocidas internacionalmente. Este folleto tiene como objetivo exponer las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a Ruanda, resumir las cuestiones principales de derechos humanos y abordar algunos de los asuntos debates que se están debatiendo, como: qué podría haber hecho la comunidad internacional para poner fin al genocidio?; se hará justicia alguna vez?; cómo pueden protegerse los derechos humanos en Ruanda hoy día? Al responder a estas preguntas, este folleto responde también a algunas de las críticas de las que ha sido objeto el trabajo de Amnistía Internacional sobre Ruanda. TEXTO PRINCIPAL: El genocidio de 1994 Entre abril y julio de 1994, más de un millón de personas murieron en un genocidio organizado por elementos extremistas del gobierno y las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), dominados por hutus. Muchos de estos homicidios fueron cometidos por la milicia conocida como interahamwe. La mayoría de las víctimas pertenecían a la minoría étnica tutsi, pero también murieron miembros de la mayoría étnica hutu que no apoyaban a los extremistas o eran considerados como opositores políticos. La comunidad internacional debe aceptar su responsabilidad en el genocidio. Los suministros de armas procedentes de compañías francesas, chinas y sudafricanas, y el respaldo político de varios países extranjeros al gobierno del presidente Habyarimana ayudaron a los extremistas a obtener el poder político y militar. Durante el genocidio, los autores de las matanzas recibieron armas de Albania e Israel en envíos organizados por comerciantes afincados en el

2 2 Reino Unido. La comunidad internacional no reaccionó a las señales de alarma previas al estallido de violencia, y las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se retiraron de Ruanda en el momento culminante de las matanzas. El genocidio llegó a su fin cuando un grupo de oposición armada dominado por tutsis, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), se hizo con el poder en julio de El nuevo gobierno formado por este grupo se enfrentaba a enormes desafíos. Miles de personas habían perdido a familiares; muchos habían perdido incluso a toda su familia. Hoy día, el recuerdo de la masacre sigue vivo entre los supervivientes. Los miembros del FPR también dieron muerte a muchos civiles en 1994, aunque sus ataques no alcanzaron la escala de las matanzas llevadas a cabo por las fuerzas leales al gobierno. Es preciso que los responsables del genocidio de 1994 comparezcan ante los tribunales para así castigar uno de los crímenes más atroces contra la humanidad. Los homicidios cometidos por el FPR deben ser asimismo investigados, y sus autores deben ser llevados ante la justicia. No obstante, a menos que todos los acusados disfruten del derecho internacionalmente reconocido a ser juzgados con las debidas garantías, y a menos que se restaure el respeto por los derechos humanos en el país, los resentimientos y divisiones que han desgarrado la sociedad ruandesa en el pasado seguirán desgarrándola en el futuro presos qué esperanza hay de justicia? Actualmente, las prisiones de Ruanda albergan a unos presos acusados de cargos relacionados con el genocidio. Muchos de ellos llevan recluidos varios años sin haber sido juzgados, y permanecen hacinados en prisiones cuyas condiciones constituyen en muchos casos un peligro para su vida. Por ejemplo, en febrero de 1998 la Prisión Central de Kigali contaba con un número de presos que superaba en casi cuatro veces su capacidad. Las condiciones de muchos centros locales de detención (cachots) son aún peores, y los detenidos sufren sistemáticamente palizas y otras formas de malos tratos. Aunque se cree que muchos de los detenidos son culpables, también se cree que una gran parte de ellos son inocentes. En algunos casos, la acusación de haber participado en el genocidio parece haberse utilizado para detener a personas por otros motivos, por ejemplo en el contexto de conflictos de tierras o porque se creía que esas personas eran opositores al gobierno actual. A muchos de los detenidos ni siquiera se les ha abierto un expediente. Ruanda ha ido reconstruyendo gradualmente su sistema de justicia, destruido casi por completo en Los juicios contra los acusados de genocidio dieron comienzo en diciembre de 1996 y, hasta el momento, se ha juzgado a más de trescientas personas. Sin embargo, muchos de esos juicios no han cumplido las normas internacionales relativas a la celebración de juicios con las debidas garantías. En 1997, menos de la mitad de los acusados contaban con un abogado. En muchos casos, los testigos no estuvieron presentes en los juicios, y a algunos testigos de la defensa los amenazaron y les impidieron presentarse a declarar. Amnistía Internacional pide que los acusados de genocidio sean juzgados sin demoras y con las debidas garantías. Los que sean declarados culpables deben ser sentenciados de acuerdo con la gravedad de su delito; los que se encuentran detenidos sin que existan pruebas en su contra

3 3 deben ser liberados. Cómo se castiga el genocidio? La rabia y el deseo de venganza de muchos habitantes de Ruanda, especialmente las víctimas del genocidio y sus familiares, han dado lugar a un apoyo generalizado a la pena de muerte. En mayo de 1998, más de cien personas habían sido condenadas a muerte. El 24 de abril de este mismo año, 22 personas fueron ejecutadas públicamente; las suyas fueron las primeras ejecuciones judiciales de individuos declarados culpables de participar en el genocidio. Muchos de los ejecutados no habían disfrutado de un juicio con las debidas garantías. Amnistía Internacional reconoce que, para Ruanda, resulta difícil, tanto política como emocionalmente, abordar la cuestión del castigo que debe imponerse a los autores de los terribles crímenes de Sin embargo, la ejecución de las personas declaradas culpables de participar en el genocidio no traerá consigo una solución ni reducirá las tensiones. Por el contrario, las ejecuciones embrutecerán aún más a una sociedad que está tratando de superar el recuerdo de unas atrocidades demasiado recientes. Amnistía Internacional se opone de forma incondicional a la pena de muerte, que constituye una violación del derecho a la vida autorizada por el Estado. La pena capital debe excluirse incluso para los individuos declarados culpables de desempeñar un papel destacado en el genocidio. Refugiados ruandeses en Zaire atrapados en el ciclo de violencia Tras el genocidio, más de un millón de refugiados huyeron desde Ruanda al vecino Zaire, más tarde rebautizado como República Democrática del Congo. Entre ellos se encontraban algunos de los dirigentes políticos y militares que habían participado en el genocidio y que se hicieron con el control de los campos de refugiados del este de Zaire. A finales de 1996, los campos fueron atacados y miles de refugiados fueron asesinados simplemente como «culpables por asociación» con los elementos armados de los campos. Estas matanzas fueron cometidas por un grupo de oposición armada de Zaire encabezado por Laurent-Désiré Kabila, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL), y por miembros del nuevo ejército de Ruanda, el Ejército Patriótico Ruandés (EPR). Desde entonces, el general de división Paul Kagame, vicepresidente y ministro de Defensa de Ruanda, ha reconocido el destacado papel del EPR en estos ataques. Las nuevas autoridades de la República Democrática del Congo bloquearon la investigación que estaba llevando a cabo la ONU sobre estas matanzas. Mientras tanto, sigue sin conocerse toda la verdad y los responsables de estos graves abusos siguen sin comparecer ante la justicia. Una nueva guerra civil en Ruanda En las regiones noroccidentales de Ruanda, los grupos armados de oposición y el EPR libran una guerra brutal. La inmensa mayoría de las víctimas son civiles; millares de ellos han muerto desde La mayoría pertenecen a grupos sociales vulnerables: desplazados, mujeres, niños y ancianos que no pueden huir.

4 4 Se cree que entre los grupos armados de oposición se encuentran miembros del anterior ejército y de las milicias interahamwe que participaron en el genocidio. Los grupos lanzan regularmente ataques despiadados contra los civiles, por ejemplo en aldeas, autobuses y campos de desplazados. El 11 de diciembre de 1997, un grupo de oposición hutu atacó un campo de refugiados de Mudende, en Gisenyi, y dio muerte a unos trescientos refugiados, la mayoría de ellos tutsis de la República Democrática del Congo. Este incidente constituye la matanza aislada más grande cometida por grupos armados de oposición de que se ha tenido conocimiento desde hace más de dos años. Una mujer que se encontraba en la clínica del campo recuerda: «Los atacantes llegaron a la clínica. Allí había más de cien refugiados. Me escondí bajo la mesa y me quedé allí hasta la mañana siguiente. Fui la única superviviente». Su hijo y sus dos nietas de corta edad murieron en el ataque. El EPR ha respondido a estos ataques de los grupos armados de oposición con operaciones militares de registro a gran escala durante las cuales los soldados del gobierno han ejecutado extrajudicialmente a numerosos civiles desarmados; poblaciones enteras han sido borradas del mapa. Por ejemplo, el 11 de enero de 1998 y los días posteriores, más de trescientos civiles desarmados hombres, mujeres y niños fueron abatidos a tiros por soldados del EPR durante una operación militar en la aldea de Keya, en Rubavu, Gisenyi. La aldea quedó vacía. Este tipo de ataques del EPR, que se han cobrado las vidas de centenares de civiles, se han repetido con regularidad. Esto quiere decir que ambos bandos del conflicto violan los principios básicos de la ley humanitaria, expuestos en los Convenios de Ginebra de Algunas autoridades gubernamentales han justificado los ataques del EPR contra civiles afirmando que dichos civiles apoyan a los insurrectos o que los individuos descritos como civiles son en realidad insurrectos. Algunas autoridades gubernamentales han acusado a los habitantes del noroeste de Ruanda de respaldar a la oposición armada y les han advertido que deberán atenerse a las consecuencias. Amnistía Internacional admite que el gobierno ruandés tiene el deber de defender al país frente a los ataques de los grupos armados. Sin embargo, eso no otorga a las fuerzas de seguridad el derecho de matar a civiles desarmados que no participan en las hostilidades o de cometer otras violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha sido acusada de tomar partido en favor de los insurrectos. Esa acusación no es cierta. La organización condena enérgicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes del conflicto, y pide tanto al gobierno de Ruanda como a los grupos armados de oposición que respeten los principios del derecho humanitario y garanticen que no se permitirán, en ninguna circunstancia, las matanzas de civiles. La violencia oculta: las «desapariciones» Desde finales de 1997, los informes sobre personas «desaparecidas» en distintas partes de Ruanda se han hecho cada vez más frecuentes. Muchas de las víctimas son individuos que procedían del noroeste del país. Algunos de ellos estaban en poder de soldados cuando se les vio por última vez, y es posible que se encuentren en campamentos militares. Sin embargo, las autoridades niegan el acceso a los centros militares de detención, por lo que resulta imposible

5 5 determinar el paradero de estos «desaparecidos». En otros casos no se ha podido establecer ni la identidad de las víctimas ni la de los responsables de la «desaparición». Se han encontrado cadáveres algunos de ellos mutilados en diversos lugares, incluida la capital, Kigali, pero las circunstancias de la muerte de esos individuos sigue siendo un misterio. También han «desaparecido» algunas personalidades destacadas. Por ejemplo, a Ladislas Mutabazi, fiscal de Gisenyi, no se le ha vuelto a ver desde enero de Juvénal Bagarirakose, ex maestro que colaboraba en proyectos de resolución de conflictos no violentos, «desapareció» también ese mismo mes. Se teme que los dos estén muertos. El gobierno ha asegurado que los casos de «desaparición» son investigados. Sin embargo, los resultados de esas investigaciones rara vez se hacen públicos, y los familiares de los «desaparecidos» siguen sin saber nada de sus seres queridos. Protegidos por el silencio Las violaciones de derechos humanos cometidas por las actuales fuerzas de seguridad ruandesas siguen, en gran medida, sin ser conocidas. Muchos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales retratan la situación de una forma incompleta y parcial. Informan sobre los homicidios cometidos por los grupos armados de oposición, pero rara vez sobre los cometidos por el Ejército Patriótico Ruandés (EPR). Además, algunos de los homicidios cometidos por soldados del EPR se han atribuido públicamente a los grupos armados de oposición, con lo cual se perpetúa la noción errónea de que sólo uno de los bandos es responsable de estas atrocidades. Muchas zonas del noroeste de Ruanda son en estos momentos inaccesibles a causa de la situación del país, lo cual dificulta enormemente la supervisión y las investigaciones independientes. Además, el gobierno ejerce un fuerte control sobre la información que los medios de comunicación publican acerca de la guerra civil. En la actual atmósfera de terror, la verdad está siendo silenciada. Quienes expresan opiniones críticas o independientes o quienes hablan de las violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR corren peligro de ser víctimas de ataques y de ser calificados de interahamwe, término que ahora se utiliza para designar a cualquier persona considerada como una amenaza para el actual gobierno. De igual modo, quienes denuncian los abusos contra los derechos humanos cometidos por los grupos armados de oposición corren el riesgo de morir a manos de estos grupos por «colaborar» con las autoridades. La población se ve así atrapada en su propio silencio. El papel de la comunidad internacional Una vez puesta de relieve la incapacidad de la comunidad internacional para impedir el genocidio de 1994, se han tomado algunas medidas para garantizar que el delito de genocidio no queda impune. La ONU ha creado un tribunal penal internacional encargado de procesar a los principales organizadores de ese genocidio. Además, se ha proporcionado ayuda extranjera al poder judicial ruandés para que pueda hacer frente al enorme desafío que supone enjuiciar a una cifra tan elevada de acusados.

6 6 Tras el genocidio, la ONU estableció una Operación de Derechos Humanos en Ruanda entre cuyas tareas se encontraba la vigilancia de la situación de los derechos humanos. Sin embargo, en mayo de 1998 el futuro de esta Operación parecía incierto, ya que el gobierno ruandés parecía reacio a permitir que continuara con su labor de vigilancia. Aunque Amnistía Internacional considera satisfactorias estas iniciativas de la comunidad internacional, también lamenta que muchos gobiernos estén haciendo caso omiso de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las actuales fuerzas de seguridad de Ruanda y que estén limitándose a condenar los abusos cometidos por los grupos armados de oposición. Parece que algunos gobiernos cuya política exterior apoya enérgicamente al gobierno de Kigali, como Estados Unidos, Reino Unido o Uganda, consideran que no es conveniente reconocer la verdad sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda. Y lo que es peor, algunos gobiernos extranjeros han contribuido a que se cometieran violaciones de derechos humanos. Según los informes, empresas y ciudadanos de diversos países, como China, Israel, Rumanía y Sudáfrica, han proporcionado material militar al EPR, en ocasiones a través de Estados vecinos. Los grupos armados de oposición se han apoderado de armas y munición del EPR y han obtenido armas ligeras mediante el tráfico ilegal en la región de los Grandes Lagos, a pesar del prolongado embargo de armas impuesto por la ONU contra las anteriores fuerzas armadas ruandesas. Estas transferencias de material militar pueden contribuir a que se cometan nuevos abusos contra los derechos humanos y, por lo tanto, es preciso impedirlas. Muchos gobiernos por ejemplo, los de Tanzania, la República Democrática del Congo y Gabón han repatriado a refugiados ruandeses que se encontraban en sus territorios, a pesar de que estaba claro que no podía garantizarse la seguridad de estos refugiados en Ruanda. En algunos casos, los refugiados repatriados han «desaparecido» o han muerto de forma violenta. Todos los gobiernos tienen la obligación internacional de no devolver a refugiados a países en los que puedan correr peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. El trabajo de Amnistía Internacional Amnistía Internacional es una organización internacional no gubernamental que trabaja contra las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Cuenta con miembros y oficinas en todos los continentes, incluidas diez Secciones nacionales en África. La investigación sobre las violaciones de derechos humanos la lleva a cabo el Secretariado Internacional en Londres. En el caso de Ruanda al igual que en el de otros países del resto del mundo Amnistía Internacional recibe información de una amplia variedad de fuentes tanto de dentro como de fuera del país. Además, Amnistía Internacional realiza visitas periódicas a Ruanda, donde se reúne con víctimas y testigos de abusos contra los derechos humanos y con organizaciones locales e internacionales. La organización mantiene asimismo conversaciones con representantes del gobierno para debatir la forma de proteger y promover los derechos humanos. Amnistía Internacional sólo hace pública la información una vez que ha hecho todos los esfuerzos posibles por confirmarla y verificarla. Si esa verificación resulta demasiado difícil, la organización hace constar esa incertidumbre en sus informes. A pesar de las dificultades para llevar a cabo labores de investigación en las regiones afectadas por el conflicto armado, Amnistía Internacional ha podido reunir información sobre una amplia variedad de abusos contra los

7 derechos humanos cometidos tanto por los grupos armados de oposición como por las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional nunca guardará silencio sobre los abusos contra los derechos humanos, independientemente de la identidad de los autores o las víctimas. La violencia no es inevitable y, para ponerle fin, es preciso contar la verdad. Se puede cambiar la situación con la ayuda de individuos y organizaciones del propio país y de fuera de él; Amnistía Internacional hace un llamamiento general para que todos ellos contribuyan a lograr un futuro más pacífico para Ruanda. 7

8 8 Selección de informes de Amnistía Internacional sobre Ruanda: - En junio de 1998 se publicará un nuevo informe (AFR 47/23/98) - Civilians trapped in armed conflict. Diciembre de 1997 (AFR 47/43/97) - Nadie habla ya de ello. Casos de llamamiento. Octubre de 1997 (AFR 47/31/97/s) - Poner fin al silencio. Septiembre de 1997 (AFR 47/32/97/s) - Ruanda: Juicios injustos: justicia denegada. Abril de 1997 (AFR 47/08/97/s). - Ruanda: Se olvidan los derechos humanos en la repatriación de los refugiados. Enero de 1997 (AFR 47/02/97/s). - Ruanda: Alarmante reanudación de los homicidios. Agosto de 1996 (AFR 47/13/96/s) - Ruanda: Armas para los autores del genocidio. Junio de 1995 (AFR 02/14/95/s) - Ruanda: Informes de homicidios y secuestros cometidos por el Ejército Patriótico Ruandés, abril - agosto de Octubre de 1994 (AFR 47/16/94/s) - Ruanda: Matanzas cometidas por partidarios y soldados del gobierno en abril y mayo de Mayo de 1994 (AFR 47/11/94/s) - Persecution of Tutsi minority and repression of government critics, Mayo de 1992 (AFR 47/02/92) Estos y otros informes pueden obtenerse en la oficina de Amnistía Internacional en su país o pidiéndolos a: Central Africa Team Amnesty International International Secretariat 1 Easton Street London WC1X 8DJ Reino Unido Tel.: Fax: QUÉ PUEDE USTED HACER 1. Escriba al Ministerio de Asuntos Exteriores de su propio país e ínstele a utilizar su influencia sobre las autoridades y los grupos de oposición de Ruanda para impedir nuevos abusos contra los derechos humanos. 2. Haga llegar a individuos, organizaciones y medios de comunicación la información sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad ruandesas y por los grupos armados de oposición de Ruanda. 3. Póngase en contacto con su Sección local de AI y únase a nuestra campaña mundial en favor de los derechos humanos. He aquí algunas de las críticas que ha recibido Amnistía Internacional: «Amnistía Internacional es demasiado crítica con el gobierno ruandés» «Amnistía Internacional respalda a los autores del genocidio» «Amnistía Internacional no es imparcial» «Amnistía Internacional no sabe qué es lo que está pasando en el país»

9 9 FOTOS Reuters Superviviente del genocidio, en SILAS MUNYAGISHALI. Silas Munyagishali, ex ayudante del fiscal de Kigali, fue declarado culpable de complicidad en matanzas cometidas durante el genocidio, y fue ejecutado públicamente el 24 de abril de Durante su juicio, varios testigos de la defensa recibieron amenazas, y a algunos de ellos incluso se les impidió testificar. Amnistía Internacional no se encuentra en situación de determinar si Silas Munyagishali es culpable o inocente de los delitos de los que fue acusado. No obstante, existen indicios de que podría haber sido detenido por criticar las irregularidades cometidas en los procesos judiciales contra los acusados de genocidio y por negarse a autorizar la detención de personas contra las que no existían pruebas. MUNICIPIO DE RUBAVU En enero de 1998, los soldados del EPR mataron a más de trescientos civiles en el municipio de Rubavu. Grandes extensiones de Gisenyi, en el noroeste del país, se encuentran actualmente desiertas, pues sus habitantes han huido o han sido asesinados. El ejército ha obligado a la población a destruir sus plantaciones de bananas (que aparecen en esta fotografía) y de otros productos, alegando que los insurrectos las utilizaban para ocultarse. La zona noroccidental, una de las más fértiles de Ruanda, sufre ahora una grave escasez de alimentos como consecuencia directa de la guerra. «Una persona que sufre una enfermedad incurable tiene muchos sueños. Cuándo tendremos paz?» Extracto de un testimonio de Gisyeni, noroeste de Ruanda, marzo de 1998