Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

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1 Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil "LA ESTRATEGIA DEL COMPROMISO SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO CATALÁN" Albert Batlle i Bastardas Bratislava, Mayo de 2008 Siguiendo la doctrina civilizadora de la función penal que se inicia el siglo XVIII, la Constitución española establece (art. 25.2) que "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social...". De acuerdo con la misma Constitución es competencia exclusiva del Estado la legislación en materia penal y penitenciaria. Por su parte, el Estatuto de Cataluña determina que corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. El Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 1983 aprobó el RD 3482/1983, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de Administración penitenciaria, que fueron efectivos a partir del día 1 de enero de Desde aquella fecha, la Generalitat de Catalunya se ha hecho cargo de la gestión de los recursos personales, técnicos y patrimoniales necesarios para ejercer la competencia estatutaria en la materia. De esta forma, se ha estructurado un sistema penitenciario propio de Catalunya en el que, el diseño de estrategias de compromiso social es uno de sus elementos característicos. a) El contexto político y social El sistema penitenciario de la Generalitat ha acusado en los últimos años los efectos de variables externas de gran importancia, de carácter político y de carácter legal, que son muy relevantes a efectos de diseñar estrategias de compromiso social: 1. Con respecto a las variables sociopolíticas, debe considerarse la percepción pública que aumenta la inseguridad ciudadana. Pero esta sensación de inseguridad - aparentemente vinculada a un incremento de la delincuencia- no se puede desligar de un fenómeno general propio de las llamadas sociedades avanzadas o complejas, en las cuales se ha ido instalando un sentimiento general de incertidumbre que deriva de la evolución de otras dimensiones de la vida individual y colectiva (familiar, cultural, laboral, medioambiental, sanitaria, militar, etc.) y que ha llevado a la elaboración de la noción de sociedad del riesgo. Con esta noción se expresa el estado de opinión provocado por los cambios de todo tipo que experimentan nuestras sociedades y que desestabilizan situaciones objetivas y conciencias arraigadas. Un fenómeno como el de la inmigración ilegal de los últimos años Aragó, Barcelona Tel Fax

2 tiene efectos socialmente inquietantes para una buena parte de la población autóctona y alimenta su sentimiento de inseguridad. 2. Como reacción ante estas situaciones, algunos gobiernos se han dedicado a aplicar políticas de seguridad en las cuales predominan los elementos de rigorismo policial y penal a menudo vinculados con cálculos electoralistas de connotación populista. Con este rigorismo, apuestan para dar prioridad a la función represiva y coactiva del Estado sobre su función de fomentar la cohesión social, mediante la prestación de servicios sociales y, en el caso de la política penitenciaria, mediante la activación de medidas reeducadoras y de reinserción de los penados. 3. Efecto directo de este rigorismo es la desconfianza -fruto del desconocimiento- hacia procedimientos penales y penitenciarios alternativos al internamiento (medidas penales alternativas, mediación, reparación) que son considerados como demasiados benévolos o ineficientes, lo cual se traduce en un aumento constante de la duración de las penas. 4. Como reacción a lo que se considera una excesiva preocupación por los derechos de los delincuentes y de los penados, se ha extendido una creciente demanda de atención a las víctimas del delito y de su consideración en el proceso penal. 5. La repercusión en España de estas políticas y de estas actitudes se ha traducido en un gran número de reformas del Código Penal de 1995 (prácticamente 20 desde su entrada en vigor). Estas modificaciones legales constituyen un excelente ejemplo de que en España muchas de las decisiones sobre política criminal se adoptan de forma intuitiva, por razones coyunturales y de oportunidad, sin que haya un análisis empírico previo ni un auténtico debate científico sobre la necesidad de los cambios, sobre todo en relación con las consecuencias que éstos pueden llevar aparejados. Tampoco se incorporan estudios sobre el impacto organizativo i presupuestario que estas continuas modificaciones legislativas producen sobre los servicios encargados de la ejecución penal. El énfasis en la pena entendida como castigo y no como oportunidad de rehabilitación constituye un claro retroceso en la dinámica civilizadora del derecho penal de los últimos siglos. 6. Este clima de opinión y estas reformas legales han tenido un impacto considerable sobre el sistema penitenciario por todo el mundo, especialmente reflejado en el incremento sustantivo de la población internada en centros penitenciarios. 7. Este conjunto de consecuencias configuran una situación penitenciaria de evolución insostenible a medio y largo plazo si no se adoptan líneas estratégicas alternativas que tienen que ser asumidas políticamente y socialmente, y si no se toman las medidas adecuadas para ponerlas en práctica. Esta situación de carácter general se ve agravada en el caso de Cataluña por algunas características singulares, entre las cuales, * La falta de competencia legislativa propia en materia de derecho penal y, por lo tanto, de incidencia sobre los múltiples factores que determinan el estado actual de las cosas. * Sometimiento a las reacciones contradictorias de la opinión pública derivadas de la exigencia de rigor por una parte y de oposición abierta a la instalación de nuevos centros penitenciarios, por otra. 2

3 * Consideración mayoritariamente negativa por parte de la ciudadanía de la función penitenciaria, que no se percibe como una manifestación de las políticas sociales. b) Las principales líneas estratégicas 1.- La reafirmación de la finalidad constitucional de la pena. La política penitenciaria de la Generalitat asume plenamente la finalidad que la Constitución asigna a las penas de privación de libertad y a las medidas de seguridad: "la reeducación y la reinserción social". Esta asunción no es únicamente obligada por un mandato legal: es también el imperativo de una tradición política de orientación progresista que apuesta por el desarrollo de todas las dimensiones de la persona humana, sin excepción de ningún tipo, ni siquiera de las personas condenadas por haber vulnerado las normas de convivencia que son las leyes penales. 2.- La política penitenciaria como política social. La ejecución penal no es una mera actuación administrativa. En este sentido, la política penitenciaria es una parte de las políticas sociales propias del Estado del bienestar que el gobierno de la Generalitat tiene que definir y llevar a cabo. Con estas políticas tiene que promover las condiciones necesarias para el desarrollo de los derechos de todos los ciudadanos y para eliminar los obstáculos que se interponen en el establecimiento de la necesaria cohesión social, según establece la misma Constitución (art. 9.2). 3.- La política penitenciaria como responsabilidad gubernamental compartida. La finalidad reeducadora y de reinserción social de las medidas penales, de una lado, y la de retención y custodia, del otro, obliga a que todo el Gobierno -y no sólo un solo departamento- comparta la responsabilidad de la definición y ejecución de la política penitenciaria. De manera especial, algunos departamentos competentes en materia de educación, trabajo, bienestar social, familia, sanidad, cultura, vivienda y también interior- tienen que coordinarse entre ellos en el momento de fijar líneas e impulsar actuaciones ligadas a la actuación penitenciaria. 4.- La política penitenciaria concertada entre poderes públicos y actores sociales. La finalidad de la pena no puede ser alcanzada únicamente por la acción de los poderes públicos. Su capacidad de intervención no es suficientemente efectiva si no puede contar con la colaboración de actores públicos y sociales (gobiernos locales, colectivos profesionales, entidades, asociaciones, fundaciones, sindicatos, empresarios, etc.) que pueden contribuir a las tareas de reeducación y reinserción, y en consecuencia contribuir a la modificación del discurso imperante sobre la percepción de inseguridad. Por eso mismo, hay que reforzar de manera ordenada y periódicamente evaluada la colaboración de estos agentes. 3

4 5.- La sensibilización de la opinión pública. La imagen de la acción penitenciaria que vehicula a menudo gran parte de los medios de comunicación refuerza una percepción negativa de la opinión pública sobre esta acción, sobre sus trabajadores, sobre los internos y sobre sus consecuencias en el entorno social. Es indispensable contar con la colaboración de los colectivos profesionales que más contacto tienen con el mundo penitenciario para trasladar una percepción de la función penitenciaria que -sin excluir la crítica justificada- resalte su componente de política social y de contribución a la seguridad pública y reconozca la tarea de los que se dedican profesionalmente. Esta colaboración puede basarse en la sensibilidad que hay hacia la marginación y la diversidad que se abre paso entre algunos colectivos y hay que extenderla al conjunto de la sociedad a partir de un proceso progresivo y sistemático de educación y divulgación. 6.- La apuesta por la ejecución de la pena en la comunidad En la actualidad las condenas que se ejecutan en el ámbito de la comunidad representan en Catalunya el 37% de las sanciones penales. Este tipo de ejecución ha de incrementarse en el futuro para los pequeños delitos y para las infracciones menos graves, reservándose el ingreso en prisión para las conductas más peligrosas. La función resocializadora de la pena adquiere de esta forma su pleno sentido al unir el carácter punitivo de la sanción con el evitar el desarraigo del infractor de su entorno comunitario y no alterar la normalidad de su relación personal, familiar, social y laboral con el mismo. c) Acciones orientadas a la promoción del compromiso social Así pues uno de los objetivos centrales de la política penitenciaría de Cataluña en los últimos años ha sido orientada a favorecer los mecanismos de participación de familiares, entidades, colectivos y de la comunidad en el proceso de tratamiento y de reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad y, en este sentido hay que destacar iniciativas como la creación de la Mesa Cívica Penitenciaría, La Mesa de Participación Social y la Comisión Interinstitucional para la Reinserción Social. La Mesa Cívica Penitenciaría La Mesa Cívica es una apuesta por el pluralismo social y político, como se desprende de su composición: gobierno, representantes del ámbito jurisdiccional, de la universidad, del sector asociativo, profesionales de diversos sectores, del mundo de la empresa y representantes de los grupos políticos y de las fuerzas sindicales, todos ellos con visiones no necesariamente coincidentes pero que se deben tener en cuenta en atención a la importancia de la función penitenciaria. La Mesa puede ser la piedra de toque que contribuya a prestar atención a aspectos no lo bastante bien resueltos y a no perder el pulso y la visión que tiene la sociedad del sistema penitenciario y de la justicia penal. 4

5 Puede asimismo contribuir a evaluar proyectos desarrollados por el Departamento de Justicia en los diferentes ámbitos de la ejecución penal ya que es fundamental conocer la opinión constructiva de aquéllos que, participando en la Mesa, tienen la oportunidad de seguir de cerca la evolución del sistema. Pueden también promoverse pronunciamientos de la Mesa o de algunos de sus miembros de forma individual. La información sobre la política penitenciaria básicamente sólo se manifiesta cuando hay incidentes. Hay sin embargo, muchas situaciones de normalidad que no afloran, cuyo conocimiento favorecería el acercamiento de la sociedad a la función y la finalidad del sistema penitenciario. La Mesa Cívica puede contribuir a materializar esta extensión de la información y a contribuir con ello a la mejora de la imagen pública del sistema penitenciario. La Mesa de Participación Social El Departamento de Justicia pretende la mejora constante de la intervención dirigida a favorecer la reeducación y la reinserción social de las personas sometidas a medidas de ejecución penal. El despliegue de actuaciones dirigidas a la obtención de este objetivo requiere potenciar y regular la intervención de las entidades colaboradoras y del voluntariado. La Mesa de Participación Social nació a raíz de las II Jornadas de Voluntariado Penitenciario, celebradas el 3 y el 4 de octubre de 2003 y se constituyó el 31 de marzo de 2004 como grupo de trabajo, consulta, diálogo y consenso entre la Administración y las entidades colaboradoras y del voluntariado de los servicios penitenciarios y la rehabilitación, con el objetivo de estudiar y debatir cuestiones e iniciativas de interés común y mejorar la coordinación entre ambas partes en el ámbito de la ejecución de medidas penales. Su creación responde a la voluntad del Departamento de Justicia de fomentar la colaboración social e institucional para favorecer los procesos de rehabilitación y reinserción de personas sometidas a medidas de ejecución penal, ámbito de actuación en el cual son parte importante las entidades colaboradoras y del voluntariado. Sus funciones (recogidas en la Resolución de creación de la Mesa de participación Social, del 17 de noviembre de 2005) son: a) aportar información y abrir procesos de participación con los representantes de la parte social de la Mesa en todos aquellos aspectos estratégicos de la actividad penitenciaria que sean relevantes para su actuación. b) proponer, evaluar el funcionamiento y hacer propuestas de mejora de las líneas generales, de los circuitos y de los canales de comunicación que tienen que enmarcar la relación de colaboración entre ambas partes. 5

6 c) proponer estrategias conjuntas para facilitar la difusión de la dimensión social y rehabilitadora de la política penitenciaria. La Comisión Interinstitucional de Reinserción Social (CIRSO) La CIRSO está llamada a ser el mecanismo que sirva de punto de encuentro entre el conjunto de instituciones que de una manera u otra participan en el proceso de ejecución penal y permita la coordinación de las diversas acciones en materia de Acción social, Vivienda, Políticas de Igualdad, Familia, Inmigración, Medio Ambiente, Educación, Cultura, Prevención y Salud, Empleo, Cooperación en la ejecución de medidas en la Comunidad Por parte del Gobierno Catalán, están integrados en la CIRSO los departamentos de Presidencia, Justicia, Interior, Bienestar y Familia, Industria y Trabajo, Medio Ambiente y Vivienda, Educación, Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Salud, Cultura, Relaciones Institucionales y Participación, Instituto Catalán de la Mujer, Secretaría General de la Juventud y Dirección General de Asuntos Religiosos. La Delegación del Gobierno en Cataluña, representa a la Administración del Estado español Las entidades que agrupan los Ayuntamientos y las administraciones locales provinciales están igualmente presentes Y también están integradas en la CIRSO las principales organizaciones sindicales y patronales de Catalunya. La CIRSO fundamenta su nacimiento en la existencia de un amplio número de experiencias de colaboración entre departamentos de la Generalitat, otras administraciones y entidades privadas. Algunos ejemplos de esta tarea coordinada son: 1. Convenio entre el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas para la aplicación de los trabajos y las prestaciones en beneficio de la comunidad para adultos y menores como medidas penales alternativas a la prisión y el internamiento en centros educativos. 2. Acuerdo entre los departamentos de Salud y Justicia a fin de que internos de los centros penitenciarios trabajen en la elaboración de productos diversos para la sanidad pública catalana. 6

7 3. Acuerdo de colaboración entre quince ayuntamientos catalanes y el Departamento de Justicia para impulsar planes de actuación, desde la perspectiva de la prevención social de la delincuencia juvenil. Este programa se propone desarrollar actuaciones que permitan afrontar los conflictos de forma ágil y próxima al lugar donde se producen, reconducir las conductas transgresoras en el propio entorno y favorecer la integración social de los jóvenes. Para impulsar este programa, se ha firmado un convenio de colaboración entre la Diputación de Barcelona, el Centro de estudios Jurídicos y Formación Especializada, la Escuela de la Administración Pública y la Dirección General de Ejecución Penal a la Comunidad Justícia Juvenil, con el fin de dar apoyo de formación a los profesionales de los ayuntamientos participantes. 4. Acuerdos y convenios de colaboración con entidades de ahorro catalanas para el impulso de programas de formación profesional y actividades que incidan en la inserción social de las personas sometidas en medidas de ejecución penal: Creación de becas para la formación profesional de personas que están o han sido sometidas a medidas de ejecución penal. Un programa de inserción y formación, en colaboración con el Instituto Gaudí de la Construcción y la Asociación para la Promoción y la Inserción Profesional, para formar internos/nas en tareas relacionadas con el sector de la construcción y las nuevas tecnologías. 5. Creación en el Centro Penitenciario de Brians 1, y que progresivamente se irá extendiendo al resto de los Centros Penitenciarios de Catalunya de un servicio especializado para atender problemas derivados de las toxicomanías en colaboración con el Departamento de Salud, el Consorcio Hospitalario de Terrassa y la Fundación Salud y Comunidad. En definitiva y como colofón a esta exposición, la CIRSO es una magnífica expresión del principio de la política penitenciaria como una política social de responsabilidad compartida. 7

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