RAÚL DEL POZO RUBIO** FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS** Universidad de Castilla-La Mancha. Recibido: Noviembre, 2012 Aceptado: Abril, 2013.

Transcripción

1 Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 24-(1/213): , Instituto de Estudios Fiscales Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos de simulación de Monte Carlo y Multi-Estado de Discapacidad* RAÚL DEL POZO RUBIO** FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS** Universidad de Castilla-La Mancha Recibido: Noviembre, 212 Aceptado: Abril, 213 Resumen El presente trabajo, partiendo de distribuciones reales de prestaciones de dependencia según grado y Comunidad Autónoma (CA), estima el coste global y promedio individual de dependencia según grado baremado y comunidad de residencia, así como el coste individual actual en sentido actuarial según edad, sexo, grado de dependencia y comunidad de residencia. Se utiliza el modelo de simulación de Monte Carlo para la asignación de prestaciones de dependencia y distribución de individuos por comunidades, a partir de sus distribuciones multinomiales de probabilidad, y el modelo Multi-Estado de Discapacidad para el cálculo del coste actual en sentido actuarial. El montante global estimado de recursos a movilizar a nivel nacional en 211 para dependencia asciende a 6.417,35 millones de euros, un,6% del PIB. Según grado, el coste promedio anual de dependencia asciende a 7.275,84 anuales para el grado II (dependencia severa) y a 1.541,76 anuales para el grado III (gran dependencia), con importantes diferencias entre CC.AA. Palabras clave: dependencia, costes, gasto público, simulación Monte Carlo, actuarial. Clasificación JEL: C14, G38, H53, J14. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias recibidos de dos evaluadores anónimos así como de los editores de Hacienda Pública Española, los cuales han permitido mejorar la versión definitiva del presente trabajo. Estudio cofinanciado por el Proyecto de Investigación concedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «La dependencia en Castilla-La Mancha: propuestas de financiación ante el cambio social». POII Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS). Universidad de Castilla-La Mancha.

2 86 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS 1. Introducción Con la aprobación de la Ley 39/26, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), se inicia la construcción del cuarto pilar del Estado del Bienestar en España. Esta ampliación de derechos sociales lleva aparejada inherentemente un aumento del gasto público, cuya composición y distribución de participación de los ámbitos público y privado depende del estadio económico de cada país (López-Casasnovas, 29), respondiendo a las necesidades sociales de cada momento (Esping-Andersen y Palier, 211). La ardua situación de recesión económica ha impactado negativamente sobre las partidas de gasto público, causando un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas, debilitamiento del Estado de Bienestar construido así como el aumento de las desigualdades socioeconómicas (Consejo Económico Social España, 212). Este panorama económico también ha afectado a la LAPAD, en plena fase de instauración, introduciendo reformas tales como el aplazamiento en la introducción al sistema de las personas baremadas con grado I hasta julio de 215, la modificación de las cuantías del copago del usuario (Resolución de 13 de julio de 212) o la reducción en las cuantías de las prestaciones económicas y del nivel mínimo de protección (Real Decreto-ley 2/212). Ello se une a las desviaciones observadas en la aplicación de la LAPAD respecto de las previsiones iniciales del Libro Blanco de la Dependencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 25), en términos tanto del número de personas beneficiarias como de gasto social precisado. En el primer caso, la benevolencia del baremo hasta su última revisión (Albarrán et al., 29) junto a los reconocimientos permisivos sin aplicación estricta del baremo (Rodríguez y Jiménez, 21) han desencadenado un importante sesgo al alza del número de personas reconocidas. En el segundo caso, según muestra el Cuadro 1, mientras que la memoria prevé para 29 un importe de dos mil millones de euros para el erario público, otros trabajos multiplican este coste más el correspondiente al usuario por dos (Casado et al., 28), por tres (Montserrat, 21), casi por cuatro (Antares Consulting, 21) y hasta por más doce (Escribano et al., 212), en función de la metodología utilizada. Por otro lado, si se considera el coste derivado del cuidado informal, el gasto total se vería incrementado en un 3,24% del PIB de 28 (Oliva et al., 211). El coste global se compone del coste microeconómico según las diferentes alternativas teóricas de servicios sugeridas como más adecuadas conforme casuística de necesidad (Hennessy, 1995; Jacobzone, 1998); algunas de estas estimaciones se presentan en el Cuadro 2. Así, el coste individual anual de dependencia puede alcanzar los ,4 anuales (Monteverde, 25; Artís et al., 27) si se padece gran dependencia y la prestación utilizada es el servicio de ayuda a domicilio; mientras que si se utiliza la atención residencial, el coste se reduce hasta los 12.87,34 anuales (Monteverde, 25; Artís et al., 27). Cabe destacar que en la LAPAD, grado y nivel de dependencia no condicionan el tipo de prestación, sino sólo representan la rapidez e intensidad con que se precisa dicha prestación (Del Pozo et al., 211).

3 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Cuadro 1 COSTE GLOBAL ESTIMADO PARA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA EN 29 SEGÚN AUTOR. MILLONES DE EUROS Memoria Económica Ley Casado et al. (28) Monsterrat (21) Antares Consulting (21) Escribano et al. (212) Año Coste % PIB Coste % PIB Coste % PIB Coste % PIB Coste % PIB ,73 a,19% 4.19, b,4% 6.11, c,58% 7.747,28 d,74% ,66 e 2.38% a Financiación pública total estimada. b Escenarios 1 y 2. Gasto incluida financiación usuarios. c Incluye costes de administración, gestión, recursos humanos y dotación infraestructuras. d Incluye los costes de las prestaciones de todas las personas dependientes con dictamen positivo a fecha de 1 de enero de 21, pese a que no perciban la prestación. e Incluye la estimación de costes a partir de las necesidades de servicios directos e instrumentales del total de personas dependientes. Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria Económica LAPAD (25), Casado et al. (28), Montserrat (21), Antares Consulting (21) y Escribano et al. (212). Un tercer indicador del coste de dependencia es el valor actual en sentido actuarial de los costes por cuidados de larga duración (Artís et al., 27), cuyas cuantías se muestran en el Cuadro 2. Un varón de 65 años presenta un coste esperado por cuidados de larga duración que oscila entre , si la atención para discapacidad moderada, severa y total es de 3 horas diarias de ayuda a domicilio, centro de día y 1 hora diaria de ayuda a domicilio, y atención residencial, respectivamente (Ayuso y Guillén, 211); hasta los ,32 si la atención para cualquier grado de discapacidad es la ayuda a domicilio (moderada: 3 horas diarias; grave: 8 horas diarias, y total: 14 horas diarias (Monteverde, 25)). Cuando la persona es mujer, ambos costes ascienden ceteris paribus, a , y ,29, respectivamente. Dado lo reciente de instauración de la LAPAD, son escasos los trabajos de estructura de costes asociados a su aplicación con datos de perfiles de prestaciones de dependencia identificados. Algunos de los estudios citados sopesaban en sus valoraciones determinadas pautas de crecimiento económico, patrones de migración con saldos positivos a favor de España así como otras variables de carácter económico y social cuya evolución prevista difiere radicalmente de su evolución real: en general, escenarios y supuestos dispares pero distantes de sustentarse sobre la base de la actual situación socioeconómica y financiera. En este panorama se establecen los objetivos principales del trabajo: se trata de estimar, en primer lugar, el coste global y promedio individual de dependencia según grado baremado por Comunidad Autónoma 1 (CA) y para el conjunto de España, y en segundo lugar, valorar el montante de recursos estimados que precisa una persona desde el momento en que se convierte en dependiente hasta su fallecimiento según edad, sexo, grado de dependencia y comunidad de residencia, representado por el coste actual en sentido actuarial de dependencia (CASAD).

4 88 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS Discapacidad Moderada Severa Total Edad/sexo 65/hombre 65/mujer 8/hombre 8/mujer Cuadro 2 COSTE INDIVIDUAL ANUAL ESTIMADO Y VALOR ACTUAL EN SENTIDO ACTUARIAL DE LOS COSTES POR CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN SEGÚN AUTOR Y MODALIDAD DE ATENCIÓN. EUROS Servicio Ayuda a Domicilio 9.132, , ,4 Alternativa 1 d 5.49, , , ,65 Monteverde (25) Atención Residencial Coste individual anual estimado Servicio Ayuda a Domicilio con Centro de Día Artís Alternativa 1 a et al. (27) Alternativa , , , , , , , , , , , ,4 Valor actual en sentido actuarial de los costes por cuidados de larga duración Alternativa 2 c Alternativa 3 f Alternativa 1 a Alternativa , , , , , , , , , , , , , , , ,9 b b Ayuso y Guillén (211) Opción 1 c , , ,6 Opción 1 c , , 24.22, 4.918, Alternativa 1: Discapacidad moderada: 3 h / día a domicilio; discapacidad severa: centro de día y 1h / día a domicilio: discapa cidad total: residencia. Coste año Alternativa 2: Discapacidad moderada: 3 h / día a domicilio; discapacidad severa: 8h / día a domicilio: 14 h / día a domicilio. Coste año Opción 1: Discapacidad moderada: 3 h / día a domicilio; discapacidad severa: centro de día y 1h / día a domicilio: discapacidad total: residencia. Coste año 28. Alternativa 1: Discapacidad moderada: centro de día; discapacidad grave: centro de día y 1h / día a domicilio: discapacidad tot al: residencia. Coste año 23. Alternativa 2: Discapacidad moderada: 3 h / día a domicilio; discapacidad grave: centro de día y 1h / día a domicilio: discapac idad total: residencia. Coste año 23. Alternativa 3: Discapacidad moderada: 3 h / día a domicilio; discapacidad grave: 8 h / día a domicilio; discapacidad total: 14 h / día a domicilio. Coste año 23. Fuente: elaboración propia a partir de Monteverde (25), Artís et al. (27) y Ayuso y Guillén (211). a b c d e f

5 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Estos objetivos persiguen reflejar de una manera más ajustada a la realidad diferentes indicadores de costes derivados de la aplicación actual de la LAPAD. La introducción del concepto del CASAD sustentado por el estado inicial de la persona como dependiente (frente al estado inicial tradicionalmente considerado: no padecer discapacidad) postula un nuevo punto de valoración de costes desde la perspectiva financiera-actuarial, ofreciendo al legislador información sobre el diseño de fuentes de financiación (públicas, privadas o mix) alternativas al sistema no contributivo actual. El desarrollo del resto del trabajo es el siguiente. El primer apartado es copado por la introducción, en la que se contextualiza el estudio y se establecen los fundamentos y objetivos del mismo. En el segundo apartado se define y describe la muestra de estudio, así como el aparato estadístico que permite alcanzar los objetivos establecidos. La tercera sección recoge los resultados del trabajo desagregados según los objetivos establecidos. Se cierra el trabajo con las conclusiones del mismo. 2. Metodología utilizada: del modelo de simulación de Monte Carlo a la estimación actuarial individual de costes 2.1. Planteamiento general La asignación de prestaciones de dependencia se recoge en el Plan Individualizado de Atención (PIA) realizado por un equipo técnico, que valora y considera dos aspectos esenciales: la oferta de prestaciones de dependencia y la situación sociosanitaria de la persona dependiente, recogida en los informes médico y social, así como el correspondiente elaborado por el equipo de valoración (López-Casasnovas y Del Pozo, 211). El diseño de la composición profesional de ambos equipos es potestad de cada CA: por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, mientras que en el equipo de valoración participan fisioterapeutas, terapeutas ocupaciones y psicólogos, el equipo técnico incluye trabajadores sociales, psicólogos y médicos. El catálogo de prestaciones de dependencia está contemplado en la LAPAD, a partir del cual se realiza su combinación, distribución y asignación. Cada comunidad puede conceder preferencia a unas u otras prestaciones, en función de las necesidades del colectivo dependiente y de los recursos públicos disponibles, así como de otros factores exógenos, tales como la situación demográfica, orografía, dispersión de la población, disponibilidad de capital humano adecuado... Todo ello implica que cada CA configure una distribución de prestaciones intrínseca, cambiante o invariable a lo largo del tiempo, aunque a priori independiente del color político del gobierno de la comunidad (López-Casasnovas y del Pozo, 211). Este abanico de variables que condiciona la tipología de prestaciones asignadas, unido a algunas controversias puestas de manifiesto en la aplicación de la LAPAD (predominio de las prestaciones económicas sobre los servicios en contra del carácter residual previsto para las primeras y de primacía para los segundos; considerables diferencias en la tipología de

6 9 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS prestaciones asignadas y en los tiempos de baremación, asignación de prestaciones y puesta real en funcionamiento de las mismas o criterios de copago distintos) sugieren un método de estimación de costes flexible que permita incluir variaciones en la composición del conjunto final de prestaciones otorgadas. En este sentido, dada la dualidad de la estimación de costes propuesta en el objetivo del trabajo, la metodología utilizada se divide en dos bloques Estimación del coste global y promedio individual Con el fin de cuantificar el coste de dependencia global y promedio individual desagregando por grado de dependencia y comunidad de residencia, se utiliza una muestra de 1. personas dependientes para cada uno de los grados de dependencia examinados en el presente trabajo (grados II y III, dado que se ha retrasado la efectividad del derecho a las prestaciones de las personas valoradas con grado I hasta julio de 215 (Resolución de 13 de julio de 212)). Se utiliza el método de simulación de Monte Carlo en dos etapas (Greene, 1997): en un primer paso, se otorga a cada individuo una comunidad española de residencia, para en un segundo paso, asignar a cada sujeto una prestación de dependencia, bien un servicio (ayuda a domicilio, centros de día y noche o atención residencial) o bien una prestación económica (vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales o de asistencia personal). La asignación de ambas correspondencias de la persona dependiente (binomio CA-prestación de dependencia), se hace a partir de las distribuciones de probabilidad discretas multinomiales asociadas a cada característica, obtenidas a partir del informe ofrecido por el Servicio de Estadísticas de la Subdirección General Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ofrecida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España (IMSERSO, 212), recogidas en los Cuadros 3 y 4, respectivamente. Estas probabilidades se obtienen, para la asignación de comunidad de residencia, como el peso de las prestaciones totales de dependencia de cada CA respecto al total de prestaciones de dependencia nacional [suma de las prestaciones de todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.)], según grado reconocido; las referidas al tipo de prestación de dependencia asignada, se calculan como el peso de la prestación i sobre el total de prestaciones de dependencia, según CA y grado baremado. Cada una de las prestaciones de dependencia presenta un coste determinado, que se supondrá constante para cada CA. La valoración monetaria inherente a cada prestación, distinta según sean económicas o servicios, es la siguiente: la cuantía de cada prestación monetaria, según grado y nivel, es fijada anualmente mediante Real Decreto; en este trabajo se utilizan las cuantías establecidas para 211 (cabe señalar que sus cuantías permanecen constantes desde 29, habiéndose producido el último incremento en 29) (Real Decreto 57/211). En cuanto a los servicios, la ayuda a domicilio se valora en 11 brutos/hora (Decreto 181/29), siendo el número de horas atribuidas para cada grado y nivel de dependencia la media del intervalo de horas establecido en la normativa (Real Decreto 175/211), esto

7 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos es, 72,5 horas/mes para el grado III y 42,5 horas/mes para el grado II. Respecto a la atención residencial, el coste mensual estimado (Montserrat, 27) es de 1.6 para el grado III y 1.44 para el grado II, y de 85 para el grado III y 765 para el grado II, mensualmente, para los centros de día y noche. Cabe señalar que estos costes no han sido actualizados en consonancia a la congelación de las cuantías de las prestaciones económicas aplicada desde 29. Por último, destacar que sólo se han recogido costes de prestaciones, sin incluir costes indirectos, gastos de personal o de administración (Antares Consulting, 21; Montserrat, 21). Cuadro 3 DISTRIBUCIONES DISCRETAS MULTINOMIALES DE PROBABILIDAD DE ASIGNACIÓN DE INDIVIDUOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RESIDENCIA SEGÚN GRADO II Y III DE DEPENDENCIA* Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Total España II 29,82% 3,47% 2,7% 1,49%,73% 2,7% 6,4% 5,66% 18,36% 4,83% 2,3% 3,54% 6,9% 3,4% 1,64% 6,1% 1,31%,28% 1,% * Cálculo probabilidad = peso prestaciones CC.AA./total prestaciones España. Fuente: elaboración propia. Grado dependencia III 24,14% 3,93% 2,3% 1,46% 1,71% 1,89% 7,74% 6,45% 16,8% 5,59% 2,98% 5,66% 7,74% 3,77% 1,9% 5,8% 1,43%,22% 1,% La asignación de costes y método de simulación propuesto permiten obtener el coste agregado anual de las prestaciones de dependencia según grado baremado por CA, extrapolando los resultados derivados de la muestra al total de prestaciones de dependencia existentes. Asimismo, realizando la media aritmética se determina el coste promedio anual de cada grado de dependencia analizado (II y III) por CA, con su intervalo de confianza correspondiente.

8 92 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS Cuadro 4 DISTRIBUCIONES DISCRETAS MULTINOMIALES DE PROBABILIDAD DE ASIGNACIÓN DE PRESTACIONES DE DEPENDENCIA PARA LOS GRADOS II Y III SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA* Prestación Prestación económ. Prestación económ. Atención Centros de Día/ Servicio de Ayuda económ. vinculada para cuidados en el de Asistencia Residencial Noche a Domicilio al Servicio entorno familiar Personal GII GIII GII GIII GII GIII GII GIII GII GIII GII GIII Andalucía Aragón Asturias (P. de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla y León Cast.-La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Com. de) Murcia (R. de) Navarra (C. F. de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Total España 5,69% 7,94% 1,83% 1,97% 29,15% 14,% 12,92% 12,5% 8,67% 35,98% 9,88% 9,9% 23,81% 6,85% 11,45% 15,93% 7,83% 7,16% 11,42% 13,7% 18,3% 28,99% 21,77% 26,3% 27,25% 2,6% 21,95% 18,13% 36,39% 24,73% 16,4% 46,31% 8,7% 19,52% 26,59% 15,84% 11,6% 21,4% 3,85% 3,72% 1,55% 4,78% 37,25% 8,65% 8,18% 3,23% 3,82% 7,62% 3,57% 8,34% 21,61% 8,17% 1,58% 13,48% 7,31% 2,63% 6,87% 6,56% 3,33% 6,81% 5,67% 15,97% 8,39% 5,65% 3,27% 3,1% 5,38% 2,8% 4,86% 15,37% 5,17% 2,53% 11,22% 7,78% 1,55% 6,27% 32,62%,% 13,38%,%,% 5,6% 12,5% 14,9% 11,81%,% 3,18% 25,18% 28,%,% 4,63% 12,32% 21,88% 7,28% 17,94% 18,13%,% 8,52%,%,% 5,49% 8,63% 1,48% 9,2%,% 6,5% 14,21% 13,64%,% 3,93% 12,94% 16,11% 7,18% 1,52% 1,15% 17,88% 8,5% 3,48%,23%,% 18,78% 5,64% 6,14% 8,6% 28,95% 4,53% 2,31% 2,59% 11,4% 1,66% 4,75% 6,68% 5,61% 2,31% 22,71% 11,9% 5,53% 1,24%,% 24,58% 6,71% 13,2% 7,15% 26,56% 8,31% 4,6% 5,3% 21,42% 2,83% 1,8% 5,41% 9,5% 56,67% 7,45% 56,75% 8,75% 33,36% 71,75% 47,54% 63,72% 69,55% 47,8% 54,43% 51,9% 24,23% 82,39% 71,31% 54,33% 58,23% 76,25% 58,% 59,29% 55,66% 43,79% 67,3% 56,76% 58,87% 41,% 57,57% 56,8% 51,9% 4,56% 56,5% 2,58% 81,1% 52,58% 45,53% 5,19% 74,25% 52,69%,1%,%,%,2%,%,%,8%,1%,1%,%,%,14%,5%,%,% 2,28%,%,%,16%,2%,%,%,%,%,%,8%,2%,2%,%,1%,9%,4%,%,2%,88%,%,%,7% * Cálculo porcentaje horizontal. Probabilidad = peso prestación i/total prestaciones por CC.AA. y grado reconocido. Fuente: Elaboración propia.

9 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Estimación del coste actual individual desde el punto de vista actuarial La cobertura individual total de dependencia o coste individual actual en sentido actuarial de dependencia (CASAD) para un individuo de edad t, esto es, los recursos monetarios (materializados en prestaciones de dependencia) necesarios para satisfacer las necesidades de dependencia del individuo desde que se convierte en dependiente hasta su fallecimiento se calcula con la metodología del Modelo Multi-Estado desarrollada por Albarrán et al. (25). Se trata de un modelo actuarial de discapacidad incluido dentro de los modelos de múltiples decrementos (estados absorbentes), cuya aproximación metodológica consiste en desagregar la probabilidad de fallecimiento de un individuo entre dos edades t y t+1, en la probabilidad de fallecimiento en diferentes estados, es decir, la probabilidad de fallecimiento sin haber entrado en dependencia, y la probabilidad de fallecimiento como dependiente (Ayuso y Guillén, 211: pág. 9). La hipótesis base de estos trabajos radica en que el suceso de dependencia es una variable aleatoria: en el presente estudio, ello implica que no todos los dependientes precisan las mismas prestaciones de dependencia, no lo hacen con la misma edad o con la misma intensidad, así como tampoco durante el mismo horizonte temporal. El análisis se realiza tomando como periodos de referencia intervalos anuales, valorando la probabilidad de que un individuo sea ya dependiente con grado i en el momento inicial t (Figura 1), en base al segundo objetivo planteado. Las transiciones posibles pueden ser bien que continúe siendo dependiente en el periodo t+1 (con el mismo grado), o bien cambie de estado, esto es, fallezca en el periodo t, antes del periodo t+1. Este cálculo se repetirá para cada una de las edades del individuo hasta su fallecimiento, lo que sugiere la utilización de las esperanzas de vida libres de discapacidad. El modelo utilizado recoge y valora este conjunto de posibilidades de transición y de cambio de estado de la persona dependiente. II II III III m m Figura 1. Transiciones en un modelo de múltiples estados. Grados II y III Fuente: Elaboración propia a partir de de Ayuso y Guillén (211). II: dependencia grado II; III: dependencia grado III; m: muerte. El cálculo del CASAD se muestra en la ecuación 1, donde C DGi representa el coste promedio anual estimado para el grado de dependencia i; v h se refiere al factor de actualización

10 94 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS (v h = (1+k) -1 ); h p ii t recoge la probabilidad de que un individuo dependiente continúe siendo dependiente y vivo al cabo de h años, teniendo en cuenta la esperanza de vida libre de discapacidad correspondiente. Los valores de h p ii t según edad y sexo son los ofrecidos por Ayuso y Guillén (211), y los asociados a la esperanza de vida libre de discapacidad por edad, sexo y CA (incluido el territorio nacional) se obtienen de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (212), obtenidos a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (28). El valor de k se refiere al factor de actualización del valor monetario de las prestaciones, siendo utilizado el deflactor del PIB para el periodo 2-25, estimado en un 2% anual (Herce y Alonso, 2); su inclusión en la ecuación 1 muestra cierta incongruencia respecto a la actualización monetaria del coste de las prestaciones de dependencia, en concreto a las económicas, puesto que sus cuantías se han visto congeladas desde 29. Por último, se supone desembolso pospagable de la prestación en cada edad considerada en el intervalo de dependencia del individuo. + ii CASAD ( t, )= C DGi h p t v h 3. Resultados h= Coste global de dependencia estimado según grado y comunidad de residencia El Cuadro 5 muestra el resultado de la distribución estimada de personas dependientes por CA y España de las prestaciones de dependencia derivadas de la simulación de Monte Carlo para los grados II y III, respectivamente. Como se puede observar, el mayor número de personas dependientes dentro de las comunidades para ambos grados se encontraría en Andalucía (2.953 y 2.477), Cataluña (1.83 y 1.675) y Comunidad de Madrid (68 y 798). Las tres en su conjunto aglutinarían el 55,8% de prestaciones de dependencia para el grado II y el 48,68% para el grado III, cuando las tres concentran el 47,58% de la población total de España, según se desprende del Cuadro 6. Dicho Cuadro muestra también el peso del número de prestaciones de dependencia total (grado II más grado III) en relación a la población total de cada CA. Con mayores porcentajes destacan La Rioja (3,%), Cantabria y Andalucía (2,33% y 2,22%, respectivamente), que representan el,69%, 1,26 % y 17,8% de la población española; por el contrario, Canarias y las Comunidades Valenciana y de Madrid revelan menores porcentajes de personas dependientes en relación a su población total (,43%,,72% y,8%, respectivamente), aunque en su conjunto representan el 29,12% de la población total. La media nacional del porcentaje de personas dependientes asciende al 1,49%. En cuanto a la tipología de prestación de dependencia, sería la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales la más utilizada por todas las CC.AA. (salvo la Comunidad de Madrid, en la que predominaría el servicio de ayuda a domicilio en el grado II y el de atención residencial en el grado III), llegando a representar el 81,46% de prestaciones en Canarias o el 8% en Ceuta y Melilla en el grado II, y el 86,36% de prestaciones también en Ceuta y Melilla o el 81,5% en la Región de Murcia para el grado III, cuando la media nacional para ambos grados ponderaría (1)

11 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Cuadro 5 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS POR PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SERVICIOS EN LA MUESTRA A PARTIR DE LA SIMULACIÓN DE MONTE CARLO PARA LOS GRADOS II Y III DE DEPENDENCIA Y LUGAR DE RESIDENCIA Andalucía Aragón Asturias (P. de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla y León Cast.-La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Com. de) Murcia (R. de) Navarra (C. F. de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Total España Atención Residencial GII GIII Centros de Día/ Noche GII GIII Servicio de Ayuda a Domicilio GII GIII Prestación económ. vinculada al Servicio GII GIII Prestación económ. para cuidados en el entorno familiar GII GIII Prestación económ. de Asistencia GII Personal GIII Total personas dependientes GII GIII Fuente: Elaboración propia.

12 96 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS el 57,99% y el 53,25% de las prestaciones, respectivamente. Los servicios de ayuda a domicilio y atención residencial se postulan, según la estimación, en segundo y tercer lugar en términos globales, mientras que la prestación económica de asistencia personal se situaría en último lugar al no ser asignada apenas en el grado III (en el grado II no se puede otorgar por imperativo legal), de las que el 62,5% de las mismas se concentran en el País Vasco. Cuadro 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA DE LOS GRADOS II Y III DE DEPENDENCIA SEGÚN PRESTACIONES TOTALES DE DEPENDENCIA Y POBLACIÓN TOTAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Peso prestaciones Peso prestaciones Peso población dependencia sobre dependencia sobre comunidad sobre total prestaciones a población total b población total Grado II Grado III Grado II+Grado III Andalucía 29,82% 24,14% 2,22% 17,8% Aragón 3,47% 3,93% 1,94% 2,86% Asturias (Principado de) 2,7% 2,3% 1,42% 2,31% Baleares (Islas) 1,49% 1,46%,93% 2,35% Canarias,73% 1,71%,43% 4,51% Cantabria 2,7% 1,89% 2,33% 1,26% Castilla y León 6,4% 7,74% 1,96% 5,44% Castilla-La Mancha 5,66% 6,45% 2,4% 4,46% Cataluña 18,36% 16,8% 1,63% 15,98% Comunidad Valenciana 4,83% 5,59%,72% 1,87% Extremadura 2,3% 2,98% 1,63% 2,35% Galicia 3,54% 5,66% 1,19% 5,95% Madrid (Comunidad de) 6,9% 7,74%,8% 13,74% Murcia (Región de) 3,4% 3,77% 1,73% 3,11% Navarra (Comunidad Foral de) 1,64% 1,9% 1,45% 1,35% País Vasco 6,1% 5,8% 1,76% 4,63% Rioja (La) 1,31% 1,43% 3,%,69% Ceuta y Melilla,28%,22% 1,11%,33% Total 1,% 1,% 1,49% 1,% a Recoge la distribución de prestaciones de dependencia según grado por comunidad sobre el total de prestaciones de dependencia concedidas en cada grado. b Recoge la distribución de prestaciones de dependencia de ambos grados (II y III) por comunidad sobre el total de población de cada comunidad. Incluye el total de España. Fuente: elaboración propia. El importe global anual de las prestaciones de dependencia y el coste promedio anual estimados para los grados II y III por CC.AA. y total de España, se recoge en el Cuadro 7.

13 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Según se desprende del mismo, volverían a ser Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid las que mayores recursos emplearían en atender a las personas dependientes, en cada grado y en el cómputo total, con una aplicación bruta de recursos de 1.519,7, 1.59,6 y 615,7 millones de euros, respectivamente. En el lado opuesto, se situarían Ceuta y Melilla, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra, con un gasto de 13,88, 79,5 y 84,77 millones de euros. El importe global de recursos precisados durante el año 211 con ocasión de aplicar la LAPAD a nivel nacional ascendería a millones de euros: 2.134,55 millones para el grado II y 4.282,8 millones para el grado III. Dicho resultado es superior al cálculo de la memoria económica del Libro Blanco de la Dependencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 25), y a los trabajos de Casado et al. (28) y Montserrat (21), aunque inferior al reflejado por Antares Consulting (21); sin embargo, este último presupone que todas las solicitudes con prestación asignada están recibiendo realmente esa prestación. Las Figuras 2 y 3 muestran el peso estimado de los recursos a movilizar por las CC.AA. para los grados II y III, cuya interpretación reitera la relativa al peso de número de prestaciones otorgadas por grado y CA. Figura 2. Distribución porcentual del coste de las prestaciones de dependencia del grado II según Comunidad Autónoma Fuente: elaboración propia.

14 98 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS Cuadro 7 COSTE AGREGADO GLOBAL ANUAL Y COSTE PROMEDIO ANUAL DE DEPENDENCIA SEGÚN GRADO BAREMADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y TOTAL DE ESPAÑA. AÑO 211. EUROS CORRIENTES Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Total España Coste Total Anual Prestaciones Grado II , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Coste Total Anual Prestaciones Grado III , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Suma Coste Total Anual Prestaciones Dependencia , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Coste Promedio Individual Anual Grado II 6.514, , , , , , , , , , , ,72 9.2, , , , , , ,84 Coste Promedio Individual Anual Grado III 9.717,4 1.74, , , , , , ,9 1.91, , , , , , , , , , ,76 Fuente: elaboración propia.

15 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Figura 3. Distribución porcentual del coste de las prestaciones de dependencia del grado III según Comunidad Autónoma Fuente: elaboración propia Coste promedio individual anual de dependencia estimado según grado y comunidad de residencia Respecto al coste promedio anual de dependencia según grado baremado, el Cuadro 7 revela la variabilidad inherente a cada grado según CA y España. Así, en el grado II, los mayores costes por persona se encontrarían en Canarias, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid (1.382,14, 1.135,98 y 9.2,57, respectivamente), mientras que el coste más reducido se daría en Andalucía (6.514,21 ), seguido de Ceuta y Melilla (6.654,23 ), siendo el coste promedio estimado del total nacional de 7.275,84 anuales. En el caso del grado III, serían de nuevo la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana las que mayor coste promedio anual configurarían (13.676,8 y 12.39,7, respectivamente), frente a la Región de Murcia y Ceuta y Melilla, caracterizadas por poseer el menor coste medio anual individual en este grado (8.794,13 y 9.141,6 respectivamente): el coste promedio nacional para la gran dependencia ascendería a 1.541,76 anuales. Estos costes promedio son en su mayoría inferiores a los previstos según tipología teórica de atención en sus distintas alternativas, como muestra el Cuadro 2. Ello se debe a que estas opciones teóricas de cuidado no incluyen prestaciones económicas (sólo combinaciones de servicios), cuando son las prestaciones económicas, y dentro de

16 1 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS éstas, la diseñada para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales la prestación predominante en el proceso de asignación de prestaciones de la LAPAD. Con el fin de completar la información anterior reflejando las posibles desviaciones derivadas del cálculo del coste promedio individual para los grados II y III de dependencia y CA, se representa éste junto al intervalo de confianza de la media para un nivel de confianza del 95% (Figuras 4 y 5, respectivamente). Se puede advertir el elevado rango de variabilidad en el coste promedio para las comunidades con menores datos muestrales, como Canarias y Ceuta y Melilla, y en menor medida La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares o Cantabria. Respecto al grado III, de nuevo la mayor variabilidad se localiza en las regiones con menores prestaciones otorgadas según las estimaciones, esto es, Ceuta y Melilla, Comunidad Foral de Navarra e Islas Baleares. Las menores desviaciones de la media en ambos grados oscilan en torno a las regiones con mayores prestaciones asignadas según las previsiones, Andalucía o Cataluña, además del total nacional. Figura 4. Coste promedio individual anual e intervalo de confianza para la media de prestaciones de dependencia grado II según Comunidad Autónoma y total España. Euros corrientes Fuente: elaboración propia.

17 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Figura 5. Coste promedio individual anual e intervalo de confianza para la media de prestaciones de dependencia grado III según Comunidad Autónoma y total España. Euros corrientes Fuente: elaboración propia Comparativa del gasto público estimado en dependencia con el gasto en salud en cuidados de larga duración y el gasto en protección social dedicado a la atención de la vejez Para una mejor percepción del gasto total de dependencia estimado (grado II más grado III) se plantea la Figura 6, donde se compara la relación de dicho gasto y el PIB, tanto para España como para las CC.AA., con el peso del gasto nacional en cuidados de salud respecto al PIB que realizan los países de Europa y otros desarrollados del resto del mundo en el año 29, observando así la magnitud e intensidad del gasto aplicado en dependencia. En primer lugar, se observa que el gasto estimado en dependencia para España (,6%) es,24 puntos porcentuales menor respecto al nacional en cuidados de larga duración para España previsto por EUROSTAT (212), que asciende al,84%, debido a factores tales como la no contabilización en la estimación realizada en el presente trabajo del gasto empleado en infraestructuras o en otros servicios complementarios de atención. En segundo lugar, independientemente de la naturaleza de la fuente utilizada, se vislumbra la existencia de una brecha significativa en términos cuantitativos entre el gasto aplica

18 12 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS do en España y los países más avanzados en la configuración del estado de bienestar (nórdicos: Dinamarca, Holanda, Suiza, Bélgica, Islandia y Austria; y Nueva Zelanda), e incluso los centroeuropeos (Alemania y Francia), a favor de éstos. Cuando la comparación se realiza con el gasto empleado en cuidados y atención a las personas mayores (Figura 7) (de nuevo en relación al PIB), la brecha anterior se reduce, y el gasto estimado en dependencia (,6%) supera al gasto nacional en protección de la vejez (,45%). Ello se debe al hecho de que no todas las personas dependientes cuentan con edades superiores a los 65 años de edad. Por último, y en ambas figuras, se introduce el gasto respecto al PIB estimado en dependencia para CC.AA.: no sólo parece obvia la disparidad de comportamiento de esta partida de gasto entre las diferentes CC.AA., sino que la distancia entre gasto estimado en dependencia y los empleados en cuidados de larga duración y atención a la vejez es considerable. Sin embargo, cabe destacar las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura por realizar un mayor esfuerzo presupuestario que les permita dedicar un mayor porcentaje de recursos a la atención de la dependencia. Figura 6. Gasto nacional de salud en cuidados de larga duración según países (29) y coste estimado para el total de España y Comunidades Autónomas de prestaciones de dependencia para el año 211. % PIB Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (212) y resultados obtenidos.

19 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Figura 7. Gasto en protección social dedicado a la atención de la vejez según países (29) y coste estimado para el total de España y Comunidades Autónomas de prestaciones de dependencia para el año 211. % PIB Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (212) y resultados obtenidos Coste actual en sentido actuarial de dependencia (CASAD) estimado según edad, sexo, grado y comunidad de residencia La estimación del coste actual en sentido actuarial de dependencia (CASAD) de los grados II y III de dependencia para todas las CC.AA. y España, se recoge en el Cuadro 8 para los hombres y en el Cuadro 9 para las mujeres. Referente al sexo masculino, las personas que supondrían un mayor montante de recursos monetarios actualizados para satisfacer sus necesidades de dependencia serían Canarias y las Comunidades Valenciana y de Madrid, en las tres edades analizadas para el grado II, mientras que en el grado III repetirían las comunidades Valenciana y de Madrid, situándose en tercer lugar el Principado de Asturias para las edades de 65 y 8 años, y la Comunidad Foral de Navarra para 75 años. En sentido opuesto, las personas que menores necesidades de recursos precisarían serían las residentes en la Región de Murcia, Ceuta y Melilla y Andalucía, también en las tres edades analizadas y en los dos grados de dependencia considerados, incluyéndose Aragón en el grado II para la edad de 65 años. El CASAD para el total nacional ascendería a 6.641, 6.24,13 y 5.734,28 para las edades de 65, 75 y 8 años, respectivamente y grado II de dependencia; de igual manera en el grado III, el CASAD se incrementaría hasta los 9.629,58, 8.991,67 y 8.38,23, para las edades de 65, 75 y 8 años.

20 14 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS Cuadro 8 COSTE ACTUAL EN SENTIDO ACTUARIAL DE DEPENDENCIA (CASAD) PARA HOMBRES SEGÚN EDAD, GRADO DE DEPENDENCIA, COMUNIDAD DE RESIDENCIA Y ESPAÑA. AÑO 211. EUROS CORRIENTES Grado II Grado III Andalucía 5.912, ,5 4.79, , , ,58 Aragón 6.146, ,5 5.38, , , ,59 Asturias (Principado de) 6.681, , , , ,56 9.5,27 Baleares (Islas) 6.594, , , , , ,27 Canarias 9.432, , , , ,7 8.72,54 Cantabria 7.46, , , , , ,99 Castilla y León 6.777, , , , , ,85 Castilla-La Mancha 6.643, , ,7 9.59, , ,45 Cataluña 6.268,53 6.4, , , , ,8 Comunidad Valenciana 9.141, , , , , ,13 Extremadura 6.237, ,1 5.53, , , ,56 Galicia 6.482, , , , , ,15 Madrid (Com. de) 8.42, , , , , ,4 Murcia (Región de) 6.167, , , ,8 7.5, ,9 Navarra (Com. Foral de) 6.498,85 6.2, , , ,9 8.63,4 País Vasco 7.338,9 7.27, , , , ,13 Rioja (La) 6.312,15 6.5, , , , ,6 Ceuta y Melilla 5.936, , , , , ,2 Total España 6.641, 6.24, , , , ,23 Fuente: elaboración propia. Cuando se trata del sexo femenino, los costes se verían reducidos globalmente. Para el grado II, el CASAD sería superior en Canarias y las Comunidades de Madrid y Valenciana en las tres edades analizadas, mientras que para el grado III, serían las personas residentes en la Comunidad de Madrid, Cantabria y País Vasco las que mayores necesidades de recursos requerirían para saldar el coste derivado de su atención. En sentido contrario, similar al caso de los hombres, serían las mujeres asentadas en Ceuta y Melilla, Región de Murcia y Andalucía las que menores cantidades de recursos demandarían para su atención. En este caso, el CASAD inherente al total nacional se vería reducido para el grado II hasta los 4.857,53, 4.188,55 y 3.516,63 para las edades de 65, 75 y 8 años, respectivamente; de manera similar, para el grado III, el CASAD se incrementaría hasta los 7.45,55, 6.71,36 y 5.95,14, para las edades de 65, 75 y 8 años. Las cuantías recogidas en los Cuadros 8 y 9 son notablemente inferiores a las ofrecidas en el Cuadro 2 del valor esperado por cuidados de larga duración, justificado por tres motivos. El primero se refiere a la utilización de prestaciones económicas y su peso en la asignación de prestaciones del PIA. En segundo lugar, la situación inicial de salud del individuo es dependiente en lugar de activo, lo que reduce notablemente su esperanza de vida. En tercer lugar, no se consideran transiciones entre grados de dependencia, sino que se supone que el estado inicial del individuo coincide con el estado inmediatamente anterior al fallecimiento.

21 Coste agregado e individual esperado de la Ley de Dependencia en España a partir de los modelos Cuadro 9 COSTE ACTUAL EN SENTIDO ACTUARIAL DE DEPENDENCIA (CASAD) PARA MUJERES SEGÚN EDAD, GRADO DE DEPENDENCIA, COMUNIDAD DE RESIDENCIA Y ESPAÑA. AÑO 211. EUROS CORRIENTES Grado II Grado III Andalucía 4.2, , ,51 6.5, , ,53 Aragón 4.644,4 4.18, , , ,9 5.55,25 Asturias (Principado de) 4.887, , , , , ,61 Baleares (Islas) 4.962, , , , , ,7 Canarias 7.167, , , , , ,59 Cantabria 5.456, , , , , ,21 Castilla y León 5.121, ,4 4.91, , , ,61 Castilla-La Mancha 4.684, , , , , ,43 Cataluña 4.872, , , , ,9 5.56, Comunidad Valenciana 6.53, , , , , ,84 Extremadura 4.421, , ,2 7.44, , ,11 Galicia 4.766, , , , ,7 4.88,7 Madrid (Com. de) 6.349, , , , , ,19 Murcia (Región de) 4.3, , , , , ,58 Navarra (Com. Foral de) 4.89,7 4.41, , , , ,8 País Vasco 5.544, , , , , ,75 Rioja (La) 4.996, , , , , ,34 Ceuta y Melilla 3.712, , , , ,6 2.93,32 Total España 4.857, , , , , ,14 Fuente: elaboración propia. 4. Conclusiones El presente trabajo estima el coste anual agregado, promedio individual anual e individual esperado para los grados II y III de dependencia por CA, a partir de perfiles de prestaciones de dependencia identificados, susceptibles de variar a lo largo del tiempo, especialmente en un contexto de escasez acentuada de recursos públicos y selección adversa como el actual. Se observa que el montante global de recursos estimados a movilizar a nivel nacional durante 211, según aplicación real de la LAPAD, asciende a 6,42 millardos de euros, superior al cálculo de la memoria económica del Libro Blanco de la Dependencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 25), y al resto de trabajos citados anteriormente. En términos de PIB, el porcentaje obtenido del,6% muestra un esfuerzo presupuestario en dependencia inferior al realizado por los países de Europa y algunos desarrollados del resto del mundo pioneros en cuidados de larga duración. Esta diferencia no se debe tanto al número de personas a las que da cobertura la Ley como a la tipología de prestaciones con que se atiende. Aunque se ha reconocido un mayor

22 16 RAÚL DEL POZO RUBIO Y FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS número de personas dependientes del previsto inicialmente (Albarrán et al., 29; Rodríguez y Jiménez, 21), no todas tienen asignada prestación de dependencia como tampoco todas las personas con prestación reconocida la están recibiendo de manera efectiva. Existe pues un número relevante de dependientes en lista de espera, denominado el Limbo de la Dependencia (Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, 213). Por otro lado, la atención al colectivo dependiente mediante exclusiva vía de prestación de servicios supondría para el ente público (también para el usuario) la necesidad de emplear un mayor montante de recursos en comparación a una mayor utilización de las prestaciones económicas. Las prestaciones con mayor peso específico en ambos grados y en la mayor parte del territorio nacional son la prestación económica diseñada para el cuidado informal y la atención residencial, cuyo binomio configura según Del Pozo y Escribano (212b) un catálogo de primer nivel, relegando al resto de prestaciones a un segundo plano o catálogo de segundo nivel. Su efecto en términos de impacto económico y recaudación fiscal implica una reducción en 2/3 de las previsiones iniciales (Gómez et al., 212), esto es, de creación de puestos de trabajo directos a partir de valoraciones estandarizadas sobre cargas de trabajo estimadas, más 19. inducidos, produciéndose la migración de 115. trabajadores desde cuidados familiares en 21, lo cual debiera suponer en torno a dos mil millones de euros anuales por retorno fiscal, como suma de impuestos, cotizaciones sociales y paro ahorrado. Es decir, según Sosvilla (28), de aplicarse la LAPAD según su concepción original, por cada euro invertido se obtendrían,67 de retorno fiscal vía impuestos y cotizaciones sociales, mientras que la aplicación real de la misma supone un retorno de,27 por euro invertido (Gómez et al., 212). En un contexto como el actual, con una acusada recesión económica en España y en Europa, con medidas rigurosas de reducción de déficit público a través de la reducción de las partidas de gasto público y aumento de la presión fiscal, una financiación con cargo a la recaudación impositiva del conjunto de la administración pública complementada con un copago real lejano del teórico atribuido, ponen en tela de juicio la sostenibilidad financiera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este sentido, junto al panorama presente y evolución esperada de la estructura demográfica intrínseca a España, el legislador debe ponderar y sopesar distintas opciones de financiación del cuarto pilar del estado de bienestar, no sólo ya en el corto plazo, sino para el diseño de la senda óptima de financiación en el medio y largo plazo. En concreto, las opciones de liquidación del patrimonio real y confección de un sistema de previsión afecto a la dependencia (Del Pozo y Escribano, 21) configuran un potente conjunto potencial de alternativas de financiación. En suma, la evolución del ciclo vital de las personas (aumento de la longevidad de las mismas, reducción de la carga familiar de la mujer,...) invita a que el déficit generado por la atención a las personas dependientes (Navarro, 2) deba ser asumido por el ente público a través de los instrumentos del estado de bienestar. En cualquier caso, el recurso a las fami