a) El apartado doce del artículo primero de esta Ley que da nueva redacción al artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Transcripción

1 CIRCULAR INFORMATIVA RELATIVA A LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO, DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA APROBADA POR DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1946 Y DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO Publicación: Día 25 de junio de 2015, BOE núm. 151 Entrada en vigor: Disposición final quinta: La Ley entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015, no obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación los siguientes preceptos: a) El apartado doce del artículo primero de esta Ley que da nueva redacción al artículo 206 de la Ley Hipotecaria. b) El artículo segundo de esta Ley, que modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. c) El apartado 2 de la disposición derogatoria única. Fecha de esta ficha: 8 de julio de 2015 Aspectos de interés para las entidades locales: La Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, y del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, tiene la finalidad de coordinar el intercambio de información entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, potenciando la interoperabilidad entre ambas y dotando al procedimiento de un marco normativo adecuado así como de un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles, lo que a todas luces mejorará la seguridad jurídica y simplificará la tramitación administrativa. Dicha Ley reforma los procedimientos registrales que pueden afectar a las realidades físicas de las fincas como los de inmatriculación, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida referidos en los artículos 198 y siguientes de la Ley Hipotecaria, desjudicializando los mismos. Entre las modificaciones que la nueva norma introduce en la Ley Hipotecaria, vamos a aludir, por su interés, al nuevo régimen de las certificaciones de inventario, así como a la obligación que se impone a los municipios de facilitar información de planeamiento urbanístico al Registro mediante la puesta a disposición de un ejemplar de todos los planes urbanísticos generales y de desarrollo junto con sus modificaciones, en el plazo de 3 meses 1

2 desde la publicación de la Ley. Nuevo régimen de las Certificaciones Administrativas de Inventario En lo que respecta a las Entidades Locales, resulta de especial interés la nueva redacción del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, el cual ha sufrido una importante modificación por la Ley 13/2015, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el día siguiente a la publicación de esta norma, el 26 de junio de 2015, conforme a la Disposición Adicional Quinta, siendo las principales novedades del mismo las siguientes: 1. Es destacable la desaparición de la facultad de inmatriculación de bienes inmuebles otorgada a la Iglesia Católica a través del mismo procedimiento especial establecido regulado en el artículo 206 de la LH en su redacción anterior, si bien mantiene la nueva regulación la facultad de las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquellas para inmatricular los bienes de su propiedad, con algunas particularidades que vamos a señalar a continuación. 2. Cuando la Entidad Local o cualquier otra Administración Pública o Entidad de Derecho Público disponga de título escrito de dominio del bien que se pretenda inmatricular, para el acceso al Registro de la Propiedad será precisa igualmente la certificación administrativa acreditativa del acto, negocio o modo de su adquisición y fecha del acuerdo del órgano competente para su inclusión en el inventario, previo informe jurídico favorable. 3. Cuando no exista título de dominio del bien que pretende inmatricular, la certificación de administrativa del inventario municipal de bienes deberá indicar la fecha del acuerdo de aprobación de la última actualización del inventario de la que resulte la inclusión del inmueble objeto de la misma, con indicación de la referencia o indicador que tenga asignada, así como de su descripción, que incluirá su situación física detallada, linderos, superficie, y si se trata de edificaciones, la expresión del archivo registral del libro del edificio, salvo que por su antigüedad no les fuera exigible. Igualmente se hará constar la naturaleza patrimonial o demanial de la finca y su destino en el primer caso, o su eventual afectación, adscripción o reserva, en caso de tener la calificación de bien de dominio público. 4. Tanto si existe título público de adquisición del bien como si no existe, la certificación administrativa del inventario municipal de bienes deberá ir acompañada de la certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales que se corresponda con su descripción literaria y delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se pretende, con expresión, si es posible, de las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. 2

3 Si se careciese de certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela, deberá acompañarse a la certificación del inventario municipal de bienes una representación gráfica georreferenciada alternativa concordante con la descripción de la finca que respeter la delimitación de los colindantes catastrales y registrales, la cual irá acompañada de informe del Catastro. 5. Se atribuye al Registrador de la Propiedad la obligación de comprobar la falta de previa inmatriculación de todo o parte del inmueble, debiendo denegarse la misma en caso de coincidencia total o parcial. 6. Como novedad, el apartado 3 establece la obligación del Registrador de la Propiedad de expedir edicto, una vez practicada la inmatriculación de fincas propiedad de Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público, publicidad que en la regulación anterior se exigía tan solo para inmatriculaciones de fincas que no estuvieren inscritas a favor de persona alguna, exceptuadas las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público. 7. Los nuevos apartados 4 y 5 del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, incorporan a esta norma el contenido del artículo 37 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el cual contempla la posibilidad de llevar a cabo mediante certificación administrativa donde se haya constar el título de adquisición del bien o derecho y el tiempo que lleva la Administración en posesión pacífica del mismo, con los requisitos en el mismo establecidos, además de la inmatriculación de fincas que pertenezcan a las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público con personalidad Jurídica propia, la reanudación del tracto sucesivo interrumpido, operaciones registrales de agrupación, división, agregación, segregación, declaración de obras nueva, división horizontal, constitución de conjuntos inmobiliarios, rectificación descriptiva o cancelación, siempre que tales actos no afecten a terceros, se cumplan los requisitos establecidos en la legislación sectorial y se aporte certificación catastral descriptiva y gráfica. La nueva redacción del artículo 207 de la Ley Hipotecaria contiene la novedad consistente en que la limitación de los efectos frente a terceros de las inmatriculaciones llevadas acabo conforme al artículo 206 de la LH por dos años, deben hacerse constar expresamente en el acta de inscripción y en toda forma de publicidad registral durante la vigencia de dicha limitación. Es preciso hacer mención al nuevo régimen transitorio contenido en la disposición transitoria única de la Ley 13/2015, que dispone que los procedimientos de inmatriculación iniciados conforme al artículo 206 solamente se tendrán por iniciados si a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estuviese presentado el título público inmatriculador en el Registro de la Propiedad. 3

4 Obligación municipal de puesta a disposición de todo el planeamiento urbanístico al Registro de la Propiedad. La disposición adicional quinta de la Ley, en su apartado uno, fija un plazo de tres meses desde la publicación de la misma para que los municipios pongan a disposición de los Registradores, para su incorporación a la aplicación informática auxiliar a que se refiere el artículo 9 de la Ley Hipotecaria un acceso mediante servicio de mapas web a todos los planes urbanísticos generales y de desarrollo, debidamente georreferenciados y metadatados, así como a sus modificaciones aprobadas definitivamente y en vigor. Asimismo, el apartado 2 de la citada Disposición Adicional Quinta establece de modo excepcional que aquellos municipios que no puedan cumplir con lo dispuesto en el apartado 1 por falta de disponibilidades técnicas y presupuestarias, deberán notificarlo al Colegio de Registradores en el plazo de tres meses conferido, y poner a disposición de dicho Colegio así como de los Registradores Territoriales Competentes un ejemplar certificado y en soporte electrónico de todos los planes urbanísticos generales y de desarrollo así como de sus modificaciones aprobadas definitivamente y en vigor inscritos en el Libro Registro de Instrumentos de Planeamiento de cada Ayuntamiento. Principales modificaciones de La Ley del Catastro Inmobiliario De conformidad con lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 13/2015, de 24 de junio, el artículo 2 de dicha norma comprensivo de la modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 26 de junio de Esta modificación recoge el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica, aprobándose nuevos criterios para su valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización y modificando el procedimiento simplificado de valoración colectiva lo que permitirá adaptar con mayor agilidad en el futuro los criterios de valoración contenidos en las ponencias de valores catastrales a los cambios en las circunstancias urbanísticas de los inmuebles, sin que sean necesario aprobar nuevas ponencias. Entre las principales novedades que afectan a las Entidades Locales haremos mención a las siguientes: - Se modifica el artículo 5.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, estableciendo la actual redacción que la constitución de la junta pericial, como órgano de asesoramiento, apoyo y colaboración en la tramitación de los procedimientos catastrales que afecten a bienes inmuebles rústicos será facultativa y no preceptiva para los municipios. 4

5 - Se modifica el artículo 30 de la Ley que regula el procedimiento simplificado de valoración colectiva, remitiéndonos a la propia norma. Nueva redacción del artículo 37.3 de la ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La nueva redacción del artículo 37.3 de la LPA, que tiene el carácter de legislación general, mantiene la posibilidad de reanudar el tracto sucesivo interrumpido, además de a través de los medios previstos en el artículo 208 de la Ley Hipotecaria (Expediente de Dominio tramitado ante Notario hábil), mediante certificación administrativa de inventario conforme al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que requiere la ausencia de oposición de los titulares de inscripciones contradictorias o causahabientes en los 30 días siguientes desde que la Administración les hubiera dado traslado de la certificación mediante notificación personal o edictos, salvo que las inscripciones contradictorias tuviesen más de 30 años de antigüedad y no hubieran sufrido alteración alguna en ese plazo y se hubieran publicado edictos por 30 días con indicación de la intención de inscripción a su favor sin oposición. Esta circular ha sido elaborada por la Letrada del Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Huesca, Dña. Ana Cristina Bescós Boltaina 5