Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid

Transcripción

1 Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid Número de mayo de 2014 IX Legislatura COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PRESIDENCIA Ilmo. Sr. D. José María de Federico Corral Sesión celebrada el lunes 19 de mayo de 2014 ORDEN DEL DÍA 1.- PCOC-154/2014 RGEP.758. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa de la Ilma. Sra. D.ª Carmen Villares Atienza, diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre situación administrativa actual de la finca de celebración de eventos "La Muñoza", finca rústica que se localiza en la carretera de Fuencarral-El Pardo, en el municipio de Madrid, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM). 2.- C-646/2014 RGEP Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso

2 y Democracia, al objeto de informar sobre resolución de la Comunidad de Madrid por la que se procede a la aprobación definitiva API1 y API2, en el municipio de Mejorada del Campo. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 3.- C-501/2014 RGEP Comparecencia del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre servicio de explotación de la planta de clasificación de envases de Colmenar Viejo. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 4.- Ruegos y preguntas. SUMARIO Página - Se abre la sesión a las 12 horas y 8 minutos Modificación del orden del día: Retirada del tercer punto, C-501/2014 RGEP PCOC-154/2014 RGEP.758. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa de la Ilma. Sra. D.ª Carmen Villares Atienza, diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre situación administrativa actual de la finca de celebración de eventos "La Muñoza", finca rústica que se localiza en la carretera de Fuencarral-El Pardo, en el municipio de Madrid, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM) Interviene la Sra. Villares Atienza, formulando la pregunta Interviene el Sr. Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial, respondiendo la pregunta Intervienen la Sra. Villares Atienza y el Sr. Director General, ampliando información C-646/2014 RGEP Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de informar sobre resolución de la Comunidad de Madrid por la que se procede a la aprobación definitiva API1 y API2, en el municipio de Mejorada del Campo. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea)

3 - Interviene el Sr. López López, exponiendo los motivos de petición de la comparecencia Exposición del Sr. Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. López López, la Sra. Villares Atienza, el Sr. Fernández Gordillo y el Sr. Jorge Herrero Interviene el Sr. Director General, dando respuesta a los señores portavoces Ruegos y preguntas No hubo ruegos ni preguntas Se levanta la sesión a las 13 horas y 33 minutos

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5 (Se abre la sesión a las doce horas y ocho minutos). El Sr. PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del día de hoy. En primer lugar, tengo que decir que tenemos una comunicación por la cual el tercer punto del orden del día no se podrá sustanciar hoy por imposibilidad del señor Viceconsejero; cuando llegue el momento, la Mesa verá cómo se sustancia en la siguiente Comisión, si el Grupo Socialista así lo desea. Por lo tanto, comenzamos con el primer punto del orden del día, para lo cual solicito al señor Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial que se incorpore a la mesa. Le damos nuevamente la bienvenida a esta Comisión, en la que ya sabe que siempre ha sido querido y bienvenido. PCOC-154/2014 RGEP.758. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa de la Ilma. Sra. D.ª Carmen Villares Atienza, diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre situación administrativa actual de la finca de celebración de eventos "La Muñoza", finca rústica que se localiza en la carretera de Fuencarral-El Pardo, en el municipio de Madrid, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM). Por si quiere formular la pregunta, tiene la palabra doña Carmen Villares. Saben que tienen diez minutos de tiempo en total, cinco minutos cada uno, y, por lo tanto, cada uno se administra el tiempo como considere oportuno. Director. La Sra. VILLARES ATIENZA: Buenos días a todos. Doy por formulada la pregunta al señor El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Entonces, para contestar a la pregunta, tiene la palabra el señor Director General. El Sr. DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL (Trigueros Rodrigo): Gracias, señor Presidente. Buenos días, señores diputados. Comparezco en la mañana de hoy creo que voy a ser el único- para contestar a sus preguntas. Como usted bien conoce, señora Villares, la última actuación que se ha realizado sobre la finca La Muñoza fue conceder la calificación urbanística solicitada por doña María Cafranga Cavestany, en representación de la fundación Carmen Pardo-Valcarce, para la implantación de la actividad de celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad en la edificación existente, de 635 metros cuadrados, según plano adjuntado al expediente y que seguro que usted conoce, sita en la parcela 323 del polígono 21 del catastro de rústica, finca La Muñoza, con una superficie de parcela de metros cuadrados, en el término municipal de Madrid, con las condiciones que se recogieron en los informes emitidos por la Dirección General de Patrimonio Histórico, la Dirección General de Carreteras, la Dirección General del Medio Ambiente, Servicio de Gestión de Espacios Protegidos, y la Dirección General de Evaluación Ambiental. Esa es la situación que ahora mismo tiene, que permite a la fundación Carmen Pardo-Valcarce poder celebrar bodas y eventos singulares en las edificaciones existentes en dicha finca

6 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Izquierda Unida. La Sra. VILLARES ATIENZA: Gracias, señor Presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Señor Director, agradezco su presencia; sabemos que cuando se le solicita para pregunta o comparecencia viene gustoso. Vamos allá. A la entrada de los montes de El Pardo, La Muñoza consta de una fabulosa casa con carpa integrada de 684 metros, más o menos creo recordar-, en una finca que pertenece a la vez al parque de la cuenca Alta del Manzanares y a la fundación Carmen Pardo-Valcarce, cuya finalidad declarada es la formación e integración de personas con discapacidad. Para ello, su presidenta, la señora Carmen Cafranga Cavestany, solicitó en 2005 autorización para la carpa y consiguió esa licencia del Ayuntamiento en La cuestión es que en esa finca protegida se celebran, como usted ha dicho, banquetes de boda, comuniones, fiestas o galas de promoción; actividad muy lucrativa pero, a nuestro juicio, ilegal. La fundación cedió la realización de eventos en La Muñoza a una sociedad controlada por su Presidenta y registrada como centro especial de empleo de la Comunidad; de esta forma, realiza la actividad mercantil con el plus de las subvenciones y exenciones otorgadas a la actividad de ayuda a la discapacidad. En 2009, por falta de licencia para equipos de sonido, un juzgado paralizó su actividad hostelera. Esta se reanudó tras conseguir los permisos de la Comunidad y del Ayuntamiento, que emitieron informes y autorizaciones para dejar sin efecto la orden judicial. Naturalmente, los seis meses sin actividad generaron pérdidas a la empresa debido a los eventos contratados. Este Ejecutivo, el nuestro, vino al rescate, cómo no!: concedió euros para salvar la pérdida, torticeramente declarados como saneamiento financiero de centros especiales de empleo. Fenomenal! En mayo de 2013, y por violar la normativa ambiental, la actividad hostelera en La Muñoza y sus instalaciones son declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sentencia de abril anula las licencias municipales. El caso es que la sentencia judicial es firme, pues el Gobierno regional no fue parte personada en el procedimiento judicial y la licencia es de su competencia; pero este Ejecutivo vuelve al rescate: sus servicios jurídicos presentan ante el tribunal un incidente pidiendo la suspensión de la ejecución de la sentencia y su nulidad. En septiembre, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestiman el incidente de nulidad y condenan al Gobierno regional a una multa de 600 euros por usar sus servicios jurídicos para la defensa de un interés que califican de netamente privado, el de la señora Cafranga, y a otros 600 euros por instar incumplimiento de sentencia. Al tiempo, el juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo de Madrid, responsable de la ejecución de la sentencia de abril, solicita al Ayuntamiento que la ejecute en el plazo de diez días. El Ejecutivo contraataca en noviembre: la Comisión de Urbanismo de esta Consejería o sea, su departamento- da el visto bueno a la actividad en La Muñoza. En diciembre, una enmienda de última 33686

7 hora a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, esa que utilizan para muchas cosas, aporta la modificación legal que permite la organización de actos familiares y eventos de especial singularidad dentro de los espacios protegidos; es hacer legal desde un Ejecutivo de mayoría absoluta lo que la Justicia declara ilegal. Nos llega la alerta de Ecologistas en Acción, personados como interesados en el proceso administrativo, de que la multiempresaria Cafranga ya ha solicitado al Ayuntamiento la licencia pertinente. Lo claro en este espeso culebrón amoroso del ejecutivo con La Muñoza, es que el Estado de derecho queda hecho añicos, queda en derecho torcido, y la ayuda al emprendimiento en torcido apoyo a un emprendimiento torticero. El interés lucrativo de esa señora se privilegia desde la institución pública, en evidente vulneración de sentencia judicial y de la conservación del espacio regional protegido. Nuestros vocales en la Junta Municipal de Fuencarral ya denunciaron todas estas argucias frente a la ley, por un trato de favor a una señora que es amiga personal de Esperanza Aguirre, de Ana Botella, de Ignacio González, cuya mujer, Lourdes Cavero, comparte además negocio con la susodicha. Qué bien! Por lo demás, toda esa actuación de Gobierno no solo beneficia a La Muñoza, otras 39 fincas similares organizan de forma irregular eventos de ese tipo. Han sido denunciadas por la plataforma integrada por la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y por la Asociación Empresarial Hostelera de Madrid nada que ver con Izquierda Unida, para que nadie diga qué!-, cuyo representante afirma textualmente: El desvío de recursos jurídicos públicos a favor de intereses particulares vinculados a altos cargos políticos es escandaloso. Los escándalos se les acumulan, señores, en su afán de amarrar ciertos intereses y ciertos privilegios. Terminarán procediendo con normalidad y decoro en todo esto de La Muñoza? O habrá que esperar al 2015 para restablecer el respeto a las normas del Estado de Derecho y al medio natural madrileño protegido? Porque, visto lo visto, hasta aquí desde luego que no. Muchas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra ahora el Director General. Le quedan a usted tres minutos y medio. El Sr. DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL (Trigueros Rodrigo): De acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, señora diputada, ya estamos muy cansados de oírle en esta sala decir siempre lo mismo, que si los amiguismos, los amigos de los directivos o de los que mandan en el Partido Popular...Mire, cuando tenga usted algo en contra de alguien vaya a los tribunales de justicia, denúncielo públicamente y se ha acabado. O sea, aquí estamos para temas administrativos y yo no puedo consentirle que usted diga que nosotros estamos incumpliendo las leyes. Precisamente, lo que se hizo fue una reforma legislativa para poner en valor un montón de fincas que se estaban echando a perder por falta de recursos económicos, y sin transformar para nada el medio ambiente porque es en edificaciones existentes. Lo que la Fundación Carmen Pardo Valcarce -y me gustaría que viera los fines de esa fundación, porque a lo mejor decían otra serie de cosas; fines que creo que son muy plausibles- está 33687

8 autorizada en la calificación urbanística -que es hasta dónde llega la Comunidad de Madrid porque lógicamente para ejercer esa actividad necesitan la licencia municipal- es a la celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad en la edificación existente, como bien ha dicho en una medida legislativa que fue aprobada por esta cámara. Digamos que el ejecutivo lo que hace es cumplir el mandato del legislativo, que es lo que hemos hecho. Además, también tengo que aclararle que la sentencia no impide que se celebren actuaciones de realización de actividades formativas y prácticas educativas de atención social, porque lo que dice concretamente el fallo es: debemos anular y anulamos parcialmente parcialmente- la licencia concedida en fecha 19 de octubre de 2007, en todos sus extremos excepto para las actividades formativas y prácticas educativas de integración social y laboral de personas con incapacidad intelectual que se desarrollen en el campo de la hostelería y la jardinería que deben realizarse sin instalaciones. O sea, que en la finca sí que se pueden llevar a cabo estas actividades de integración social y laboral. Estoy leyéndole el fallo de la sentencia. Lo que ha venido a hacer la nueva calificación urbanística otorgada recientemente ha sido permitir eventos sociales porque la ley así lo permite en edificación existente. Nada más. Espero haberle aclarado las dudas, si tenía alguna. O de haya reafirmarse usted en las suyas, yo me reafirmo en que cumplimos, lógicamente, con la legislación vigente en todo momento. del orden del día. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Pasamos al segundo punto C-646/2014 RGEP Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de informar sobre resolución de la Comunidad de Madrid por la que se procede a la aprobación definitiva API1 y API2, en el municipio de Mejorada del Campo. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). de UPyD. Para sustanciar la petición de comparecencia, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz El Sr. LÓPEZ LÓPEZ: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero saludar a los vecinos de Mejorada, representantes de los habitantes de las urbanizaciones de El Tallar, El Balcón de Mejorada y Villaflores, a los concejales de la misma población y, por supuesto, también al Director General. Agradecemos a los vecinos que se hayan desplazado hasta aquí para escuchar de primera mano lo que tenga que decirnos el señor Trigueros en representación del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Lo que motiva la solicitud de comparecencia es conocer los últimos datos y los planes de la Consejería en relación con la situación, a nuestro juicio insostenible, que, desde al menos por poner una fecha, aunque en realidad esto viene de más atrás; hace la friolera de un montón de años, 33688

9 no vamos a contarlos-, atraviesan estas urbanizaciones y sobre todo las personas que en ellas habitan. Hay más de mil personas en situación de ilegalidad, según la Ley 9/1985, o alegalidad, como les gusta más oír a estas personas para que no se les confunda con quienes ocupan suelos que no han comprado, cosa que no es el caso. En todo caso, son personas que viven desde hace más de 30 años sin servicios, sin derechos y sometidos a un dédalo administrativo y jurídico para el que no ven salida año tras año. Y, en un círculo que dejaría atónito al mismo Kafka, ni se les da carta de naturaleza a las urbanizaciones ni se procede a ninguna acción de disciplina urbanística; continúan en un limbo jurídico-administrativo que no es de recibo en un Estado de derecho. Para colmo de perplejidad, resulta que tanto la propia alcaldesa de Mejorada como algunos concejales del Ayuntamiento viven en estas urbanizaciones ilegales fuera de ordenamiento voy a decir, insisto, para no herir susceptibilidades-; alcaldesa, por cierto también de la misma Administración, del PP. Y por si todo esto no fuera suficiente, resulta que el Ayuntamiento de Mejorada ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid por lo que entienden inactividad por parte de la Administración regional para resolver el planeamiento urbanístico municipal en relación con estas tres urbanizaciones de Mejorada; recurso que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y todo esto en medio de la flagrante inacción que por su parte los diversos Gobiernos municipales de Mejorada, de todo signo, han tenido en materia de disciplina urbanística. Por tanto, creo que hay razones más que suficientes para oír qué tiene que decir la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre este caso, por lo que esperamos la intervención del señor Trigueros con verdadero interés. Nada más. Muchas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Director General por un tiempo máximo de quince minutos. El Sr. DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL (Trigueros Rodrigo): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado, por la pregunta. Vamos a hacer un poco de historia; a lo mejor alguno de ustedes no conoce con exactitud cómo hemos llegado a la situación no deseable de hoy día; nadie desea la situación a la que hemos llegado. Voy a hacer un poco de historia: en aplicación de la Ley Especial de 1985, de 4 de diciembre, para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales, puesto que se trataba de una actuación urbanística ilegal: cuando se empezaron a construir las viviendas no había ningún ordenamiento jurídico que las pudiera acoger; se hizo en el año 1985 y preveía la posibilidad de legalizar determinadas urbanizaciones dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, y entre ellas estaban en Mejorada del Campo El Tallar, Villaflores y El Balcón de Mejorada, mediante lo que se llamó Plan de Ordenación de Núcleos de Población, PONP. Entonces, la formulación correspondía a la Consejería de Ordenación del Territorio y Medioambiente de la Comunidad de Madrid. En cumplimiento con lo dispuesto en esa ley, la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid aprobó en el año 1988, concretamente el 20 de diciembre, la ordenación del PONP El Balcón de Mejorada, Villaflores y El Tallar. Concretamente, fue un día antes de que se acabara el plazo para poder aprobarlas. Sin embargo, justo un día después dejó de estar vigente esta ley, que tenía una vigencia determinada, y la pérdida de vigencia de la de 1985 hizo desaparecer la competencia atribuida a la Comunidad de Madrid para aprobar este tipo de planes de ordenación, incluso para modificar los ya aprobados

10 Entonces, en el PONP, lo que se había establecido como sistema de actuación era el sistema de compensación. Ahora voy a hacer un inciso en lo que es el urbanismo, porque lo que ha motivado la no aprobación, en su momento, de las viviendas construidas ha sido un vertedero, concretamente el de La Rendija, que el Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en una sesión del 8 de septiembre de 1990, acordó aprobar también el proyecto de construcción de vertederos y conceder la oportuna licencia de obras. En el año 1992, el Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo también aprobó un convenio de cesión de la gestión de la explotación del vertedero a la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Volvemos al planeamiento. El Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo acordó en sesión celebrada el 14 de noviembre de 1996 aprobar inicialmente el proyecto de estatutos y bases de actuación de la junta de compensación para el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución El Balcón de Mejorada. Y, en esa misma sesión plenaria, se acuerda prestar nueva aprobación inicial a una revisión del Plan General de Ordenación Urbana; en un momento determinado, se decide meter dentro de la revisión de este plan, la regularización de estas urbanizaciones. En ese expediente es en el que aparecen las dos urbanizaciones, el API-1 y el API-2 -el API-1 correspondiente al área de planeamiento incorporado número 1, Villaflores y El Tallar, y, el API-2, al área de planeamiento incorporado número 2, El Balcón de Mejorada-, dotándolas de una regulación típica de suelo urbano sujeta al cumplimiento de deberes de cesiones y urbanización que se especificaban en el mismo documento. Tras esa segunda aprobación inicial, la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Evaluación Ambiental, emite, en mayo de 1997, un informe que dice: Desde el punto de vista ambiental, debe advertirse que los citados ámbitos se localizan a una distancia excesivamente próxima al vertedero de residuos urbanos La Rendija. Por consiguiente, se estima que los planeamientos del PGOU para estas áreas habrían de sufrir las modificaciones oportunas y que, en tanto no se demostrase fehacientemente la compatibilidad de los desarrollos previstos con las mencionadas instalaciones, la distancia de seguridad que habría de respetar el suelo urbano urbanizable respecto a estas sería la de metros establecida en el antiguo RAMINP, que estaba vigente en aquel momento. Finalizada la información pública, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 7 de marzo de 1997, acordó aprobar provisionalmente la documentación correspondiente a esta revisión del plan general. Emite la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental, el 6 de julio de 1997, otro informe en el cual se reafirma en el contenido del anterior, y en esa fecha lo que se propone por parte de la Dirección General de Urbanismo, por el entonces llamado Servicio de Planeamiento y Control de la zona sureste, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, es denegar la aprobación definitiva de los ámbitos API-1 y API-2 que afectan a sectores de suelo urbanizable incorporados. Estamos en el año

11 Como consecuencia de estos informes, la Comisión de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de junio de 1997, una vez examinado el expediente de revisión del PGOU de Mejorada del Campo, dice: Informar desfavorablemente la aprobación definitiva del anexo denominado Anexo normativo de los ámbitos API-1 y API-2; proponer el aplazamiento y aprobación definitiva de los ámbitos de suelo urbanizable incorporado API-1 y API-2 hasta que sean subsanadas las deficiencias señaladas. Esto es lo que recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 17 de junio de 1997, en el que se puede leer: Denegar la aprobación definitiva del anexo denominado Anexo normativo de los ámbitos API-1 y API-2 y aplazar la aprobación definitiva de los ámbitos de suelo urbanizable incorporado denominado API-1 y API-2 en tanto no sean subsanadas las deficiencias señaladas en los informes que obran en el expediente; en concreto, en el informe de la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental, de fecha 6 de julio de 1997, que exige demostrar fehacientemente la compatibilidad de los desarrollos previstos en estos ámbitos con el vertedero de residuos sólidos urbanos La Rendija II, en virtud de la aplicación del RAMINP. El 29 de mayo de 1998, la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental, ante un estudio presentado por el Ayuntamiento que se suponía que iba a demostrar la compatibilidad del vertedero con la urbanización, dice: Se aprecia que no existen suficientes argumentos desde el punto de vista ambiental para admitir una situación diferente de la que señala con carácter general el artículo 4 del RAMINP y, en su virtud, se desestima la propuesta del Ayuntamiento de Mejorada del Campo que permitiría una distancia entre las viviendas y el vertedero inferior a la expresada en el aludido texto. El 30 de julio de 1998, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acuerda, primero, mantener el aplazamiento de la aprobación definitiva de los ámbitos del suelo API1 y API2 y, segundo, reiterar al Ayuntamiento su obligación de efectuar las rectificaciones necesarias en el documento de la revisión a fin de proceder a la aprobación definitiva de los ámbitos aplazados. Esto es lo que tenemos hasta el momento en cuanto a tramitación definitiva. Se encuentra con que las urbanizaciones están aplazadas y, a partir de ahí, se inician intentos, reuniones del anterior director general don Raimundo Herraiz con vecinos, con representantes municipales, en las cuales se intenta entre todos encontrar una solución; pero surge otra actuación sobrevenida: Aviación Civil, los informes de AENA, con la ampliación del aeropuerto, con la que se pone otra piedra en el camino que podríamos conseguir para legalizar estas urbanizaciones. El informe de AENA también es vinculante y es preceptivo. Bien es verdad que en los escritos que manda la Alcaldesa, el Ayuntamiento, en el momento actual, dice: Esto ha sido después; usted tenía que haber aprobado la urbanización, porque entonces el aeropuerto no se iba a ampliar ; pero no es menos cierto que este informe se emite dentro de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En este escrito se hace referencia concreta y muy precisa a las urbanizaciones que me han traído a la comparecencia. El 16 de junio de 2008, concretamente entra en este directivo un escrito emitido por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo solicitando conocer el parecer de la Dirección General acerca de cómo habrían de considerarse los ámbitos Villaflores, El Tallar y El Balcón de Mejorada. Dado el carácter jurídico, la Dirección General de Aviación Civil pide un informe a la Abogacía del Estado del Ministerio de Fomento y les dicen: a los exclusivos efectos previstos en la disposición adicional 33691

12 segunda del Decreto de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de interés general y su zona de servicio, la solución que ha de darse a este caso excepcional debe ser semejante a la que se establece para la categoría Edificaciones sin licencia y similares. Así, el planeamiento que pretende aprobar o modificar el Ayuntamiento de Mejorada del Campo debe recoger la exigencia de la insonorización de las edificaciones existentes en las urbanizaciones conocidas como El Tallar, Villaflores y El Balcón de Mejorada, conforme al documento básico DB HR, protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, no corriendo el titular del aeropuerto con los costes de dicha insonorización e indicándose dicho requisito en las fichas urbanísticas correspondientes, lo cual fue comunicado por esta Dirección General al Ayuntamiento de Mejorada del Campo el 20 de noviembre de 2008, en el que se añadía: Así, llegado el momento oportuno, en caso de solicitarse informe a esta Dirección General, se informaría favorablemente en lo relativo a afecciones acústicas siempre que el plan contemplase que las edificaciones que cumpliesen los requisitos para su realización excepcional y se encontrasen incluidas dentro de las envolventes acústicas aeroportuarias fueran insonorizadas sin que el titular del aeropuerto pudiera correr con los costes de dicha insonorización, así como que dicho requisito figurase en las fichas urbanísticas correspondientes. Dice Aviación Civil: En cuanto al carácter de ese informe, posee carácter preceptivo y vinculante, y no podrán aprobarse definitivamente los planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento en lo que afecta a las competencias exclusivas del Estado. La obligación de que sean informados de los planes territoriales y urbanísticos que afecten a la zona de servicio aeroportuaria o sus espacios circundantes sujetos a servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer para preservar las competencias estatales en materia aeroportuaria, así como su carácter vinculante, se hallan amparadas plenamente por sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo de Muy importante señalar que el Tribunal Constitucional sí que obliga por así decirlo- al administrador o a quien tenga la competencia de la ordenación territorial a pedir informe de cualquier plan territorial o urbanístico que afecte a alguna zona de servicio del aeropuerto, y Mejorada del Campo está dentro de la huella acústica del aeropuerto. Digamos que es una situación sobrevenida, no sobre lo que habíamos empezado a hablar en el año 1988, pero en el año 2014 cualquier decisor político o técnico, porque ningún funcionario va a firmar ninguna actuación sobre una urbanización en un municipio afectado por una servidumbre aeronáutica si no tiene, lógicamente, el informe de Aviación Civil. Además, insisto en que viene amparado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Es muy importante encontrar una solución, y yo, como siempre, soy partidario de encontrarla. Continúa diciendo Aviación Civil: En lo relativo a los ámbitos Villaflores, El Tallar y El Balcón de Mejorada estoy leyendo el documento de Aviación Civil; no estoy añadiendo nada de mi cosechase observa recogida la necesidad de que la legalización de las edificaciones no podrá producirse sin su aislamiento previo a costa del propietario, conforme a lo indicado por la Abogacía del Estado, no pudiéndose comprobar su inclusión en las fichas urbanísticas correspondientes al no haber sido facilitada. Digamos que en las fichas urbanísticas que hasta ahora ha tenido Aviación Civil en ningún caso viene contemplado el posible aislamiento de estas viviendas o de las que se fueran a legalizar. No obstante lo anterior y este es otro añadido más-, no se considera compatible con el nivel 33692

13 acústico presente la recalificación de los ámbitos Villaflores, El Tallar y El Balcón de Mejorada de suelo no urbanizable a suelo afectado por edificaciones residenciales irregulares incorporado como suelo urbano, salvo que se acredite que no aumenta el número de afectados en relación con las construcciones legalizadas, conforme lo indicado en el párrafo anterior. Y aquí entramos en otro problema de muy difícil solución si lo que queremos es legalizar lo que el Plan de Ordenación de Núcleo decía en Porque en el año 1998 estamos hablando de 467 viviendas, y es que ahora en los números que venían en la posible legalización del nuevo Plan General partíamos de viviendas en El Balcón de Mejorada y de 884 en El Tallar y en Villaflores; con lo cual, tenemos que el informe vinculante de Aviación Civil dice que no aumente el número de afectados y estos están creciendo de forma exponencial; estamos en una situación sobrevenida con la que estaríamos haciendo me atrevería a decir- una modificación del Plan de Ordenación vigente con PONP o sin PONP- y una situación de partir de nuevo, porque, en caso contrario, estaríamos en un bucle, dando vueltas. El informe de Aviación Civil, de AENA concretamente, dice: En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto se informa desfavorablemente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Mejorada del Campo en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere. Y hasta aquí, como diría aquel del Un, dos, tres, puedo leer. Ahora mismo, la situación actual en la que nos encontramos es que tenemos un vertedero que, efectivamente, está clausurado desde hace unos años; pero, a su vez, la legislación dice que los vertederos mantienen su actividad hasta 30 años después de su cierre. Y tenemos a Aviación Civil, que nos dice que hay que aislar las viviendas previamente o necesitan un informe para ello. Y, claro, yo ya no quiero entrar en carteos que hemos tenido entre el Ayuntamiento de Mejorada y la Dirección General, algunos de ellos muy desagradables, como que un ayuntamiento recuse a un funcionario porque no le hace un informe como a él le guste. Entonces, hay unas cartas del ayuntamiento y me gusta que lo conozcan también los señores diputados- en las cuales la alcaldesa dice que hay dos funcionarios de la Dirección General de Urbanismo que están recusados, por así decir, porque tienen me permite la palabra un poco coloquial- rabia al Ayuntamiento. Esto, este Director General, no lo va a permitir jamás. Los funcionarios de la Dirección General de Urbanismo son unos funcionarios con una larga experiencia, y que lo que demuestran es que, si tienen claro el informe, lo emiten favorable y, si no lo tienen, lo emiten desfavorable, y cuando tienen dudas las plantean, y entendiendo siempre que lo pretende la Dirección General de Urbanismo es legalizar todo lo que sea legalizable y no causar ningún perjuicio a ningún vecino de la Comunidad de Madrid. El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor. El Sr. DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL (Trigueros Rodrigo): También tenemos que tener en cuenta que podría suceder, legalizándolo todo, que al día siguiente hubiera cualquier enfermedad o cualquier... Y dijera: no, mire usted, es que el responsable es el funcionario que ha firmado esto porque no ha tenido en cuenta el informe de 33693

14 evaluación ambiental que decía que los vertederos tienen que estar 30 años todavía en funcionamiento antes de que se pueda actuar en sus proximidades. O el que dice que tiene muchos dolores de cabeza porque el ruido de los aviones les afecta, con un informe desfavorable de Aviación Civil. Ahora quiero oír a los portavoces de los Grupos para que me iluminen, si encuentran una solución, o que me digan qué es lo que estamos haciendo mal. Lógicamente, la Dirección General de Urbanismo está abierta a todas las sugerencias de todos los Grupos políticos para intentar lograr el bienestar de todos los ciudadanos que conforman la Comunidad de Madrid. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Pasamos a la intervención de los diferentes portavoces por un tiempo limitado de diez minutos. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de UPyD. El Sr. LÓPEZ LÓPEZ: Gracias, señor Presidente. La verdad es que la situación de estas urbanizaciones de Mejorada son, por desgracia, un ejemplo más de la lamentable situación en la que se encuentra el estado de disciplina urbanística en la Comunidad de Madrid. En nuestra Autonomía, el número de urbanizaciones que se encuentran fuera del ordenamiento es tremendamente elevado; desde las que simplemente se encuentran pendientes de ser recepcionadas por obstáculos de lo más variopintos, pero que hacen que no se acaben los procesos hasta las situaciones de ilegalidad más completa con edificaciones sobre suelo público como pueden ser la Cañada Real, el asentamiento de Las Sabinas, en Móstoles, y muchas otras en situaciones intermedia como la que nos ocupa en Mejorada, que, evidentemente, no tiene nada que ver con las anteriores. Esta situación además no es nueva. Ya en 1985, nada más constituirse el Gobierno autonómico, conscientes del estado de despropósito que ya entonces existía en la Comunidad en materia de ilegalidad urbanística, se promulgó la mencionada ley, la que nos ha señalado el señor Trigueros, la Ley 9/85, especial para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales en la Comunidad de Madrid. Esta ley tuvo el encomiable propósito de actuar para poner el mayor orden posible en la caótica situación, que ya entonces se encontraba un sinfín de urbanizaciones entonces existentes, y se censaron nada menos que 137 urbanizaciones en 62 municipios, que no es poco, y la estrategia fue que se dividieron básicamente por resumir por no extendernos demasiado- en tres tipos: las que había que demoler, las que precisaban de actuaciones urbanísticas para su inclusión en el ordenamiento municipal y las que, con pocos ajustes o prácticamente ninguno, simplemente se incorporaban al mismo. Efectivamente, estas tres urbanizaciones ya estaban incluidas en la ley. En aquel momento, el informe técnico recomendaba la restauración de la mayor parte del ámbito de la urbanización El Balcón y la constitución de un núcleo de población para las otras dos, y se establecía, como se ha señalado, una hoja de ruta mediante el Plan de Ordenación de Núcleo de Población para finales de Sin embargo, hay que lamentar que, como ocurrió, por otra parte, con la práctica totalidad de las urbanizaciones incluidas en aquella ley, muchos años después de las urbanizaciones siguen sin 33694

15 resolver su situación de irregularidad urbanística y la situación no ha hecho sino empeorar desde entonces. Para empezar, no fue hasta 1977 cuando, a través del Plan General de Ordenación Urbana, no se establecían las áreas de planeamiento API 1 y API 2. Y entonces apareció el escollo insalvable del vertedero de Nueva Rendija, que supuso el aplazamiento de la aprobación del plan general en lo relativo a los API 1 y 2 por informe desfavorable de la entonces Dirección General de Educación y Prevención Ambiental. Claro, esto nos lleva a una reflexión, y es que, como legalmente no existían las urbanizaciones de Mejorada, nadie impidió abrir un vertedero de residuos sólidos urbanos en las inmediaciones de esas edificaciones. Esto hace que se vuelva a mencionar la importancia de tener un plan estratégico territorial para ordenar las actuaciones públicas en materia de infraestructuras, de dotaciones, que pongan coherencia a todo este tipo de acciones. En definitiva, el resultado es que, a pesar de las buenas intenciones para solucionar la situación de El Balcón, El Taller y Villaflores, no solamente este propósito se vio frustrado sino que se empeoró, puesto que en el impasse para resolver el problema no solo no se resolvía sino que se agravaba, al continuar proliferando las edificaciones en estos ámbitos ante la inacción negligente de los sucesivos ayuntamientos de Mejorada, que incumplían su deber en materia y disciplina urbanística de evitar, cuando menos, que se ampliaran las edificaciones. Así, llegamos a 2011 en el que el vertedero de la Rendija se colmata y se sella, y esto es lo que da origen a la solicitud de levantamiento del aplazamiento de la aprobación Mejorada. Efectivamente, lo que dice la Dirección General de Urbanismo, tal como nos ha dicho el señor Trigueros por abreviar nuevamente-, son tres cosas: uno, que se necesita una constatación de la Dirección General de Evaluación Ambiental de que el vertedero no afecta a las edificaciones. A mí me sorprende que, efectivamente, tengamos que esperar 30 años a que pueda edificarse en las proximidades de un vertedero de este tipo. Habría que preguntarse si en Valdebebas la situación es la misma o si, desde el punto de vista técnico, esto es algo universal o no; pero, en todo caso, lo que también nos parece razonable es que, sin demasiadas dilaciones, el Director General, que tiene los despachos relativamente cerca del Director General de Evaluación Ambiental, solicite directamente esta diligencia sin dilatar mucho más el proceso, cuando no es necesario. Otra cosa que se pide es cuál es el ámbito actual solicitado al haber crecido el número de edificaciones ilegales, efectivamente, en un número muy importante. También está el asunto de aviación civil, que pide la insonorización de las edificaciones por la huella acústica de Barajas que les ha costado a los propietarios de las edificaciones. En definitiva, el problema no es que haya una imposibilidad; aquí de lo que estamos hablando exclusivamente es de quién paga la insonorización. Es una cuestión que yo creo que no es tan difícil de resolver; es cuestión de cuantificar, tener voluntad, llegar a acuerdos y hablarlo. A nuestro juicio, nos parecen razonables las tres peticiones de la Dirección también se lo tengo que decir- y, por tanto, nos parece disparatado, desde el punto de vista político, que la alcaldesa y vecina de una de estas urbanizaciones ilegales, proceda judicialmente contra los funcionarios responsables del aplazamiento y la propia Administración autonómica con reclamaciones económicas, además difíciles de justificar desde nuestro punto de vista, máxime cuando la alcaldesa y 33695

16 su corporación siguen sin actuar contra la continuada proliferación de edificaciones en este ámbito, algo a lo que está obligada, en ejercicio de sus competencias, en materia de disciplina urbanística y que, sin embargo, incumple. Lo que sí le pedimos, señor Director General, es que, una vez más, se involucren de verdad en resolver los problemas urbanísticos de la Comunidad; que no se limiten a la expedición de informes administrativos ateniéndose a la letra de la ley. Usted está aquí en representación del Consejero y, por eso, le pido medidas políticas. Tiene que haber voluntad política para resolver problemas, no solo para poner pegas indefinidamente. En este caso, como muchos otros en Madrid, existe una realidad en forma de urbanizaciones fuera de planeamiento durante más de 30 años, y es importante implicarse en facilitar soluciones respetuosas con la legalidad garante de los derechos de todos y con las personas afectadas también. No se puede seguir aplazando soluciones de forma indefinida tapándose los ojos de forma que se prolongue la situación de ilegalidad urbanística crónica y que se dé carta de naturaleza a que más de familias vivan sin servicios públicos básicos, enganchados a dotaciones básicas, como las de electricidad, agua y saneamiento, de manera precaria en el mejor de los casos. Lo que le pide nuestro Grupo es que terminen de una vez con este lamentable espectáculo de un ayuntamiento del Partido Popular que procede judicialmente contra la Administración autonómica del Partido Popular en lugar de sentarse a buscar soluciones respetuosas con el interés público, con la viabilidad urbanística y con la de las personas afectadas de las urbanizaciones. Nos preguntaba cuáles son nuestras iluminaciones porque, por lo visto, parece ser que las necesitan. Nosotros tenemos que decir que la responsabilidad de tomar decisiones y de poner soluciones es de quien ha obtenido por parte de los ciudadanos el mandato para hacerlo. En todo caso, modestamente, para nosotros la solución requiere que, en primer lugar, la alcaldesa ejerza su obligación en materia de disciplina urbanística paralizando las nuevas edificaciones en estos ámbitos para no agravar los problemas hasta que se resuelva la legalidad urbanística de forma satisfactoria, incluyendo, por supuesto, la paralización de edificación en la urbanización en la que ella misma vive. Seguramente la solución también pasa por efectuar modificaciones puntuales en el Plan General de Ordenación Urbana de 1977 para, sin variar el aprovechamiento asignado, delimitar de forma correcta el ámbito e imponer el aislamiento acústico que solicita Aviación Civil por vía imperativa, porque, evidentemente, tiene que ser así, y seguramente también pasa por solicitar de la Dirección General de Evaluación Ambiental el informe correspondiente sobre la ausencia de efecto negativo del vertedero sellado de la Rendija, o, en su caso alternativo, cuáles son las posibles soluciones técnicas para evitar los efectos derivados de la posible emisión de gas residual de ese vertedero, si es que existiera. El Sr. PRESIDENTE: Vaya finalizando, por favor. El Sr. LÓPEZ LÓPEZ: Voy terminando, señor Presidente. Pero, por cierto, señor Director General, también tengo que decirle que es importante no ignorar el asunto del vertedero de residuos 33696

17 peligrosos de San Fernando de Henares que está próximo a algunos edificios de estas urbanizaciones. No se pueden cerrar los ojos: el vertedero de residuos peligrosos existe, está activo, también está próximo a las edificaciones de estas urbanizaciones y, si son incompatibles, habrá que actuar con decisión en algún sentido. Pretender ignorar la situación no resolverá los problemas. Por tanto, señor Director General, y termino ya, díganos en esta Comisión qué planes tiene la Dirección General de Urbanismo para resolver un problema de urbanismo, y espero que no se limite a decirnos que esperará a la resolución judicial del recurso del Ayuntamiento. Díganos qué soluciones se van a impulsar para desatascar este problema de forma activa, que es lo que esperan todos los afectados, todos los vecinos de Mejorada y todos los ciudadanos, que esperan de sus Administraciones que resuelvan los asuntos que tienen encomendados sin necesidad de enfrentarse estérilmente. Nada más y muchas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo de Izquierda Unida doña Carmen Villares, a ver si nos ilumina. La Sra. VILLARES ATIENZA: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, yo no vengo a iluminar a nadie; ahora, Izquierda Unida siempre tiene soluciones, porque para eso nos presentamos, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver, señor Director. Si nos remontamos al origen del problema de estas urbanizaciones, no solo en Mejorada, en la Comunidad de Madrid, nos encontramos, como tantas y tantas veces, con las fechorías de unos empresarios, malhechores -que ya sé que les cansa, pero yo, dale que dale-, promotores de urbanizaciones que vendieron parcelas de suelo rústico ilegalmente segregadas y a un precio abusivo, y que en este caso fueron judicialmente condenados, porque hay que recordar lo que es la historia de nuestra Comunidad de Madrid, que a veces se les olvida. Pero el problema real quedó para los que, lamentablemente, compraron las parcelas en ese municipio, el de Mejorada -y buenos días, vecinos afectados del municipio-. Sin duda, muchos, me consta que la inmensa mayoría, edificaron allí su vivienda de buena fe. Hombre!, siempre hay alguno que a lo mejor no tanto, por este virus que les entró a algunos, la especulación, etcétera, en el conjunto de nuestra Comunidad. Porque anda que no hay virus de especulación! Pero en este caso, como no es el tema, vamos a ir a lo que les preocupa a los vecinos, que no lo hicieron por eso. En el año 1998, con una nueva ley de la Comunidad de Madrid, se dio un plazo de tres años para regularizar ese tipo de urbanizaciones ilegales existentes en la región. Al tiempo, los enclaves residenciales de El Balcón, El Tallar y Villaflores fueron oficialmente reconocidos en un plan de ordenación de núcleo de población, que fue aprobado en el municipio de Mejorada. En el año 1990, dos años después, e incomprensiblemente dado que estas urbanizaciones estaban ya reconocidas por dicho plan, el Ejecutivo regional acuerda instalar en las inmediaciones, en la Rendija 2, un vertedero de residuos sólidos urbanos; es decir, donde ya hay habitantes, ustedes van y dicen: ahora pongo esto -para situarnos-, un vertedero, que hace incompatible las ocupaciones residenciales en cuestión. Con lo cual, todo volvió a quedar en el limbo de la ilegalidad, como suele ser, y pasaron los tres años 33697

18 de vigencia de la Ley de Regulación de las Urbanizaciones, aprobada por la Comunidad. En 1997 el PGU de Mejorada fue aprobado por unanimidad en el Consistorio, que contaba en aquel momento con un alcalde de Izquierda Unida. Ve usted cómo sí teníamos propuestas? El Ejecutivo regional aprobó ese plan general dejando fuera, en suspensión temporal, las zonas API1 y API2, donde radican las tres urbanizaciones por el motivo del vertedero con referencia al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. En 2008 el vertedero ya quedó colmatado. Hay un informe firmado por la Dirección General diciendo que está colmatado! Lo hay - eh?-, no lo duden ustedes. No dude usted que hay un informe de la Dirección General. Fue sellado y repoblado con flora y fauna en 2012, y su cubierta goza ya de las condiciones de un parque. Digo yo que se puede andar; pues se puede andar. Y entonces todo cambió: lo que motivó la suspensión temporal en la normalización de 1997 ahora ya no está. Se trata de tres millones de metros cuadrados, casi un 20 por ciento de la ordenación del territorio municipal en el que residen de forma no legal y lamento utilizar esta palabra- cerca de personas. El sellado del vertedero reabrió la vía para la regulación urbanística truncada. Lógicamente, el municipio aprobó en julio de 2012, y también esta vez por unanimidad de todos los Grupos políticos del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, una moción instando a la Comunidad a desbloquear la situación de las urbanizaciones Villaflores, El Balcón y El Tallar, y, por tanto, a levantar el aplazamiento de la aprobación definitiva de los ámbitos de suelo urbanizable API-1 y API-2 en los que se hallan ubicadas, con la finalidad de permitir a sus propietarios la finalización del proceso de urbanización, con su consiguiente incorporación al tramado urbano en el marco legal existente. En el Consistorio se daría así por ultimado el PGU de Mejorada del Campo aprobado en Lo incomprensible es que a estas alturas, tras todos los esfuerzos y particularmente los de nuestro Grupo Izquierda Unida, que ha estado implicado en Mejorada para solucionar este importante problema, solo se hayan recibido de esta Comunidad en el consistorio de Mejorada más peticiones y más elementos añadidos a los que se plantearon en 1997 al excluir esas tres urbanizaciones de la regulación de su plan general. Que ahora el Ayuntamiento tenga que solicitar permiso al Ministerio de Fomento debido a la cercanía del aeropuerto, por ejemplo, es algo que ha sido percibido como una traba añadida para regularizar lo que fue aplazado por el vertedero. Y vamos a buscar una solución! Hay que sentarse en el Ayuntamiento con los responsables de la Comunidad y con los vecinos y seguramente se busque y se dé una solución, si es que quiere darla el Ejecutivo madrileño, de lo que empiezo a tener dudas. Se puede decir lo mismo de los estudios que se solicitan ahora sobre el vertedero o el sellado. Ahora vuelve todo otra vez. Tan es así, que hasta la actual regidora de su partido en Mejorada se ha puesto en la tesitura de llevar al propio Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -no le lleva Izquierda Unida, no le lleva Ecologistas en Acción; no, le lleva el Partido Popular-, esta vez también con el respaldo de todos los Grupos del Ayuntamiento. Y creo que esta es una tesitura a la que no debería de haberse llegado, creo yo, porque solo hacía falta expresar la voluntad de esta Comunidad de regularizar ya de una vez la situación urbanística de Mejorada del Campo

19 Hay algo evidente: a partir de una contestación positiva el tema se podía resolver sin conflicto ni querella. Y esto no es para quitar complejidad a la cuestión, es que ya no existe motivo de peso, por mucho que lo esgriman, que impida resolver algo generado por una decisión regional de implantar un vertedero precisamente en esa zona de Mejorada. Y algo aún más evidente: la cuestión no admite más demora. No debe admitirla! Ahora lo que procede es contestar positivamente, tras lo cual habrán de irse acordando y concretando todos los pormenores que sean. Creen la mesa, siéntense con el Ayuntamiento y siéntense con los afectados. Pormenores que no son tan menores, porque atañen a las debidas condiciones de la vida urbana y al interés municipal; entre otros, la correcta normalización de las acometidas de los servicios de agua y de luz, y un largo etcétera, que están hoy vamos a decir- de aquella manera; o los eventuales aislamientos acústicos debido al tránsito aéreo contra los que no parece haber inconveniente. Siéntense con los afectados y busquen salida. Den salida ustedes. Adecuen lo que sea preciso adecuar o readecuar, que no presenta gran dificultad a la competencia y experiencia urbanística adquirida se supone- en esta Comunidad. De hecho, cierta concreción se ha ido adelantando ya desde el municipio y se cuenta con la participación y el acuerdo de los pobladores de las urbanizaciones. Al parecer, los propietarios de las parcelas están dispuestos a afrontar las licencias de urbanización que se precisen de cara a regularizar su integración urbana partiendo del levantamiento de la actual suspensión. Lo que es lógico y está claro para nuestra formación Izquierda Unida -y creemos que para todos- es que será necesario realizar un buen número de modificaciones al plan general, debido a que lo que ahora existe no es ya la realidad, como usted ha dicho, de hace quince años. Consideramos que habrán de reorganizarse muchos aspectos, tal es el índice de edificabilidad, por ejemplo, puesto que el porcentaje y el tamaño de las parcelas que figuran en el plan impedirían a los propietarios hacerse cargo de los enormes pagos a realizar. En cualquier caso, lo que procede ahora es iniciar el acuerdo para un desarrollo de regulación urbanística de las parcelas excluidas del plan general aprobado y hacerlo de manera consensuada entre la Comunidad, los Grupos políticos y partes interesadas del municipio, especialmente los afectados de toda la zona en espera de la regulación, de cara a resolver la problemática de forma normativamente sólida, correcta y aceptable. Pero también debe hacerse lo más rápidamente posible para acotar legalmente la urbanización, ya que el sellado del vertedero fomenta objetivamente la edificación de más viviendas con aspiración a ser legalizadas; lo que usted ha dicho: partíamos de una cantidad y esto va a ir creciendo. El Sr. PRESIDENTE: Vaya finalizando, por favor. La Sra. VILLARES ATIENZA: Sí, voy terminando, señor Presidente. Hay un riesgo real de que la edificación irregular aumente de tamaño y que el problema se desmadre superando lo previsto. Además del recurso judicial en torno a la moción municipal de julio de 2012, interpuesto en enero de este año, y que ya ha sido admitido a trámite, también se ha presentado ante la misma sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia una reclamación de indemnización, una reposición por inactividad en reclamación de responsabilidad por valor de 50 millones de euros. Son las cantidades dejadas de cobrar por dicho municipio en licencias urbanísticas y otros conceptos debido a la prolongación del estado de irregularidad causado por el hecho ajeno al Consistorio. Esos 33699

20 50 millones vendrían bien para la mejora del conjunto de ese municipio, para todos los vecinos de Mejorada. Pueden parecer muchos, pero más se ha gastado el Alcalde de Madrid en un solo despacho. Termino, señor Presidente. Quiero terminar manifestando que esta comparecencia llega en su momento, y que sirva para plantear las cosas desde la Comunidad. La Comunidad no puede mantener esta situación. Claro que tienen ustedes la responsabilidad. Y no nos pida que le iluminemos, no. Si estamos en ese sitio, daremos las respuestas, pero como ahora están ustedes, denlas, que es su responsabilidad. Hay un grave problema y la mayoría de vecinos tiene derecho a exigir a la Comunidad, a quien les gobierna, que lo solucionen; se merecen los vecinos afectados del municipio que esta Comunidad no mire para atrás, que, cuando le interesa, espera a la justicia y, cuando no, la justicia se interpreta. Como siempre, son ustedes capaces de interpretar lo blanco y lo negro sin gama de colores. Gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada. Vamos a pasar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ya que Izquierda Unida no ilumina, a ver si ilumina usted. El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Muchas gracias, Presidente. No, no tengo ánimo de iluminar; en todo caso, de manifestar mi posición y de matizar algo de la historia que nos ha hecho el Director General. Quiero empezar primero saludando la presencia de los vecinos de las urbanizaciones El Balcón, El Tallar y Villaflores y agradecer al Grupo UPyD que podamos estar discutiendo de este tema hoy aquí. Quiero empezar manifestando que me parece poco edificante que la primera edil del Ayuntamiento de Mejorada del Campo protagonice este intento de salida abrupta a una historia que dura más de 30 años, sobre todo si tenemos en cuenta que justo quien debe cumplir, como gobernante, y hacer cumplir la legalidad es ella misma, que habita desde hace más de dos décadas en una de las urbanizaciones ilegales a las que nos estamos refiriendo. Quizá por ello no hace mucho acusó en los tribunales al anterior alcalde, al anterior concejal de urbanismo del Partido Socialista, porque decía que estaban impidiendo la legalización de esas urbanizaciones, para luego desdecirse de esas acusaciones, como recientemente ha reconocido en el Pleno del pasado 27 de julio de Pero me parece poco edificante, insisto, intentar ahora, vía contencioso-administrativo, buscar una salida que durante treinta años no se ha encontrado, y ahora parece ser que la luz es ir al contenciosoadministrativo con una reclamación patrimonial a la Comunidad de Madrid. Me parece que eso va a plantear un callejón sin salida y no sé cuáles van a ser las consecuencias, precisamente, para los vecinos, pero me parece que el diálogo y la colaboración entre Administraciones no pueden ser sustituidos por una reclamación económico-patrimonial, porque nos va a situar, evidentemente, en otro escenario. Quiero también empezar diciendo que el Partido Socialista ha estado siempre dispuesto a encontrar una solución para estas urbanizaciones ilegales. Como aquí se reconocía por parte del propio Director General y por parte del Grupo UPyD, desde la acción del Gobierno de la Comunidad de 33700