DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

Transcripción

1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Oficina Regional de Caguas Apartado 1031, Caguas, Puerto Rico Teléfono: / Fax: QUERELLANTE Pedro M. Santiago Franco QUERELLA NUMERO QUERELLADO Caguas Auto Mall Banco Bilbao Vizcaya SOBRE Práctica Engañosa RESOLUCION Los días 12 de abril y 9 de agosto del 2005 se celebró la vista administrativa con relación a la querella de epígrafe. A la referida vista compareció la parte querellante, Sr. Pedro M. Santiago Franco, acompañado de su esposa, Sra. Carmen Elba Huertas Díaz y de su representante legal, Lcdo. Enrique González Martí. La parte querellada, Caguas Auto Mall, compareció representada legalmente por el Lcdo. Alberic Prados Bou, acompañado del Sr. Roberto Cáceres Lebrón, vendedor y del Sr. José Iván Rivas, gerente administrativo. La parte querellada Banco Bilbao Vizcaya, no compareció ni excusó su incomparecencia, a pesar de haber sido debidamente citada. A tenor con la situación antes expuesta, la vista efectuada se realizó en rebeldía, con relación a la querellada, Banco Bilbao Vizcaya, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3.10 conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (3 L.P.R.A. 2160). Conforme a la prueba documental y testifical presentada en este caso, se formulan las siguientes:

2 Pág. 2 DETERMINACIONES DE HECHOS 1. El día 2 de abril de 2004, la parte querellante acudió a las facilidades de la parte querellada, Caguas Auto Mall, con la intención de comprar un vehículo del año La parte querellada vendió a la querellante un vehículo marca Kía, modelo Río, del año 2003, con número de tablilla FLL087, al precio total de dieciocho mil doscientos noventa y seis dólares con seis centavos ($18,296.06), incluyendo cargos por seguro y Financiamiento. 3. El aludido vehículo fue financiado por la co-querellada, Banco Bilbao Vizcaya y la parte querellante entregó en concepto de Trade In un auto marca Pontiac, modelo Grand Prix del 1988, el que fue valorado en la suma de mil ($1,000.00) dólares, quedando un balance de diecisiete mil doscientos noventa y seis dólares con seis centavos ($17,296.06), pagadero en un primer plazo de cuatrocientos sesenta y siete dólares con veintidós centavos ($467.22) y sesenta y cinco plazos de trescientos setenta y siete dólares con veintidós centavos ($377.22) 4. La parte querellante compró el mencionado vehículo bajo la creencia de que estaba comprando un auto del 2004, según le manifestara el vendedor que lo atendió en la firma de la querellada, Caguas Auto Mall y según se desprende de la documentación referente al seguro entregada a la parte querellante. 5. Al momento de la compra, la parte querellante firmó el contrato en blanco y no se le entregó copia del mismo. 6. Posteriormente, la parte querellante se percata de que el vehículo que compró a la querellada es del año 2003, cuando recibe un documento de la compañía de seguros que así lo aclara. 7. La parte querellante reclamó a la querellada, Caguas Auto Mall, con relación al engaño del que entendía que había sido objeto, pero esta última no atendió a sus reclamos. 8. La presente querella se radicó el día 17 de junio de En ocasión de la vista administrativa, la parte querellada admitió que el vehículo vendido a la querellante es del 2003 y no del 2004, pero alegó que esto era de conocimiento de la parte querellante al momento de la compra, toda vez que surge del contrato y de la hoja de trabajo preparada para uso interno de la firma querellada, copia de los cuales obra en el expediente administrativo.

3 Pág. 3 Analizadas las anteriores Determinaciones de Hechos, este Departamento adopta las siguientes: CONCLUSIONES DE DERECHO Dentro de las facultades de este Departamento, otorgadas mediante nuestra Ley Orgánica (Ley Número 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 3 L.P.R.A. 341 y s.s.), se encuentra la facultad de: Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de este Capítulo y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento. (Ley Núm. 5, supra, Art. 6 [i]; 31 L.P.R.A. 341e[i]). En el caso de epígrafe las partes otorgaron un contrato de compraventa de un bien mueble, de conformidad con el Artículo 1334 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A. 3741). Por ser este contrato uno relacionado a la compraventa de un vehículo de motor, le es aplicable tanto la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 del 24 de septiembre de 1979 (10 L.P.R.A et. Seq.), como su correspondiente reglamento, Expediente Núm del 30 de septiembre de 1992, según enmendado (10 RPR et. Seq.). El Código Civil de Puerto Rico en su Artículo 1044 (31 L.P.R.A., Sec. 2994) dispone, entre otras cosas, que: "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. Además, es sabido que el cumplimiento de lo contratado no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (C. Civil de Puerto Rico, Art. 1208, 31 L.P.R.A., Sec. 3373) Un contrato otorgado entre las partes contratantes es válido en la medida que concurran tres requisitos, a saber: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se establezca. (Código Civil de Puerto Rico, 1930, Artículo 1203 (31 L.P.R.A. 3391). En lo referente al consentimiento, entre los factores que anulan el mismo se encuentra el dolo. C. Civil, Art (31 L.P.R.A. 3404). Al respecto nuestro Código Civil dispone que:

4 Pág. 4 Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. C. Civil, Art (31 L.P.R.A. 3408). En Márquez v. Torres, 111 D.P.R. 854, nuestro Tribunal Supremo aclaró que el dolo puede cometerse tanto mediante palabras o maquinaciones insidiosas como igualmente callando respecto a una condición esencial del contrato. El dolo contractual tiene dos aplicaciones reguladas por el Código Civil de Puerto Rico. La primera causa la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento en el origen del contrato cuando se obtiene a través de maquinaciones insidiosas e incluye el engaño, el fraude, la falsa representación y la indebida influencia. La segunda aplicación consiste en el que ocurre en el curso de la consumación del contrato. Aunque el dolo no se presume, no tiene que probarse directamente y puede inferirse de evidencia circunstancial como cualquier otro hecho. (Véase García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 1974.) Nos dice el artículo 1222 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A. 3409) que, para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. Con relación al cesionario, en el caso de Berríos Arroyo v. Tito Zambrana, Inc. 123 DPR 317 (1989) se resolvió que, en los casos en que se alegue dolo, no es necesario notificar al cesonario o a la entidad financiera conforme al artículo 209 (a) (3) de la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada. El tribunal determinó que la compraventa y la cesión ocurren simultáneamente. La nulidad del contrato de compraventa conlleva la nulidad del negocio de cesión. De conformidad con el Artículo 1255 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. 3514), declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato. De la prueba desfilada tanto en la vista administrativa como de la que obra en el expediente administrativo, este Departamento determina que la querellada, Caguas Auto Mall, actuó de manera intencionalmente dolosa al vender a la parte querellante un vehículo de un año distinto al que le representó al momento de la transacción, a sabiendas de que eso no era lo que entendía la parte querellante que estaba comprando. Pretende la querellada basar su defensa en el hecho de que del contrato, el que se firmó en blanco y del cual no se le entregó copia a la compradora según la obligación que se establece en el propio documento, se desprende que el vehículo era del año 2003 y que asimismo surge de la hoja de trabajo preparada por la querellada, Caguas Auto Mall, para uso interno.

5 Pág. 5 Cabe mencionar que este Departamento no le concede credibilidad a la información que se desprende de la copia de la mencionada hoja de trabajo presentada como evidencia, toda vez que el número que precisamente identifica al año del vehículo da la impresión de haber sido alterado, como tampoco le merece entera credibilidad la información contenida en el aludido contrato, por haber sido cumplimentado luego de la firma de los querellantes. Por todo lo anterior este Departamento determina que procede declarar la nulidad del contrato otorgado entre la parte querellante y la querellada, Caguas Auto Mall y ordenar la consecuente devolución de las prestaciones. Por otra parte, ante la incomparecencia de la parte querellada, Banco Bilbao Vizcaya, a la vista celebrada a pesar de haber sido debidamente notificada, procede anotarle la rebeldía, conforme se dispone en la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3.10 conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (3 L.P.R.A. 2160). El efecto de la anotación de rebeldía lo constituye el dar por cierto las alegaciones de la parte querellante sin mas citar u oír a la querellada. Por todo lo cual, este Departamento en virtud de las facultades conferidas por la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, emite la siguiente: ORDEN Dentro del término de veinte días (20), contados a partir de la notificación de la presente resolución las querelladas, Caguas Auto Mall y Banco Bilbao Vizcaya, solidariamente, reembolsarán a la parte querellante, Pedro M. Santiago Franco, todas las sumas pagadas en virtud del contrato de compraventa otorgado el 2 de abril de 2004, incluyendo el valor del auto entregado en concepto de trade in e inmediatamente la parte querellante devolverá el vehículo objeto de la presente controversia. Transcurrido el término otorgado sin que la querellada haya cumplido nuestra orden, la deuda comenzará a devengar intereses según la tasa prevaleciente en el mercado. Se apercibe a la querellada que de no cumplir con lo aquí ordenado, se le podrá imponer una multa de hasta tres mil ($3,000.00) dólares y se tomará la acción legal correspondiente para el cobro de la misma. El pago de la mencionada multa no la relevará de cumplir con lo ordenado en la presente Resolución. A tales efectos, este Departamento solicitará auxilio del Tribunal para hacer cumplir la orden.

6 Pág. 6 La parte querellante notificará a este Departamento por escrito, informando si la parte querellada ha cumplido con lo ordenado. Si no se cumpliere, deberá someter una moción informativa para procederse conforme a derecho. Si la parte querellante no somete la mencionada información, dentro del término de diez (10) días contados desde que se cumpla el plazo de la Orden, se entenderá que la querella fue resuelta y se procederá al cierre y archivo de la misma. Aquella parte afectada por la presente Resolución podrá solicitar al Departamento una reconsideración de la misma, en el plazo de veinte (20) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de dicha resolución. En la alternativa podrá la parte afectada, acudir directamente al Tribunal de Circuito de Apelaciones en Revisión Judicial, dentro del término de treinta (30) días del archivo en autos de la resolución emitida, Ley Número 247 del 25 de diciembre de Severiano Aponte Correa vs. Policía de Puerto Rico, 96 JTS 157 (1996). Los términos comprendidos en los presentes apercibimientos se computan basado en días naturales. Si la parte afectada opta por solicitar la reconsideración de la resolución emitida, dicha solicitud deberá ser por escrito, consignándose claramente la palabra Reconsideración como título y en el sobre de envío. Dicha reconsideración deberá ser enviada a la Oficina Regional de Caguas de este Departamento, localizada en el Centro Gubernamental, Primer Piso, Oficina 103, Apartado 1031, Caguas, Puerto Rico Copia de la solicitud deberá ser enviada a la otra parte. De no hacerlo así, la presente Resolución advendrá final y firme. Si el Departamento dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los quince (15) días de recibida, se considerará rechazada de plano, por lo cual el término de treinta (30) días para solicitar Revisión Judicial al Tribunal de Circuito de Apelaciones comenzará a contar a partir de ese momento. Si el Departamento tomase alguna determinación sobre la reconsideración radicada, el término para solicitar Revisión Judicial empezará a contarse desde la fecha en que se archivó en autos una copia de la notificación de la Resolución de la Agencia, resolviendo definitivamente la reconsideración solicitada. Dicha Resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la reconsideración. De lo contrario, la agencia perderá jurisdicción sobre dicha solicitud de reconsideración y el término para solicitar Revisión Judicial empezará a contarse nuevamente a partir de la expiración del plazo de noventa (90) días, salvo que el Departamento por justa causa y previo al vencimiento del término de noventa (90) días prorrogue dicho término por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales. En Caguas, Puerto Rico, a 26 de enero de 2006.

7 Pág. 7 Lcdo. Alejandro García Padilla Secretario Lcda. Ruth Fonseca Benítez Directora AGP /RFB /elc Lcdo. Edgardo López Carrasquillo Juez Administrativo REMITIDO POR CORREO HOY CERTIFICO que copia de este documento fue archivado en autos y enviado a las siguientes personas: Pedro M. Santiago Franco Apartado 404 Cayey, PR Lcdo. Enrique González Martí PO Box Cayey, PR Caguas Auto Mall PO Box 304 Cidra, PR Banco Bilbao Vizcaya PO Box San Juan, PR San Juan, PR Alberic Prados Bou PMB Rafael Cordero Ste. 140 Caguas, PR FIRMA