201-D-2011 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del quince de noviembre de dos mil once.

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1 201-D-2011 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del quince de noviembre de dos mil once. VISTOS en competencia negativa suscitada entre el Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel y el Juez de lo Civil de Santa Tecla, para conocer de las Diligencias Judiciales No Contenciosas de Autorización, iniciada por el licenciado HERBER MIGUEL MENDEZ MELENDEZ actuando como Apoderado General Judicial de la SOCIEDAD RESPUESTOS MIGUELEÑOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a fin de que previo trámite judicial se autorice el Pago a Indemnización por Seguro contra Incendios. VISTOS LOS AUTOS; Y CONSIDERANDO: I.- El licenciado MENDEZ MELENDEZ en la calidad antes expresada presentó solicitud de Autorización ante el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel, en la cual manifestó en lo medular que el día dos de abril del presente año, se suscitó un incendio en la décima calle poniente y avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Barrio San Francisco, San Miguel, según lo reportó el cuerpo de bomberos, incendio que afectó la Bodega de la venta de Repuestos Migueleños, ubicada en Barrio San Francisco, décima calle poniente y avenida Monseñor Romero número 411, propiedad de la Sociedad a la cual representaba. Que en esa virtud, la Sociedad Repuestos Migueleños S.A. de C.V., mantiene asegurado tal inmueble por medio de la compañía de seguros SEGURO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, la cual necesita realizar un valúo de las perdidas por causa del incendio por lo que en base a los arts.1367,1410,1413 y 1415 del Código de Comercio, venía a solicitar en Diligencias Mercantiles de Autorización de Pago de Indemnización de Seguro Contra Incendio, y por consecuencia la autorización para poder remover los escombros en el lugar para poder realizar el valúo pertinente y posteriormente autorizar el referido pago de indemnización; motivo por el cual iniciaba la solicitud respectiva. II.- El Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel, mediante auto definitivo de las catorce horas treinta minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil once, en esencia resolvió que conforme al principio de legalidad todos los actos procesales se debían regir por lo establecido de manera previa por el Código, y siendo que el procedimiento que menciona el Art.1415 del Código de Comercio, ha sido derogado por la vigencia del nuevo Código Procesal

2 Civil y Mercantil, significa que el trámite de Autorización en cuestión, se ha quedado sin procedimiento a seguir, por lo que a criterio del Juzgador, le resultaba aplicable al caso, lo establecido en el Art.17 inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el sentido que deberá sustanciarse dicha diligencia por las reglas del proceso abreviado tal como lo indicaba la citada disposición, sin perjuicio que el Juez valorara si éste es o no competente para conocer del asunto que le es planteado, pero aunque la antigua normativa le atribuía competencia al juez de la jurisdicción donde ocurría el siniestro, el actual cuerpo legal no establece expresamente quien será el juez competente para otorgar la autorización requerida, cuyo vacío legal debe ser llenado aplicando la regla general de competencia, que se refiere a que el Juez Natural competente es el del domicilio del demandado; y a pesar que, en el presente caso no se trata de un proceso contencioso en principio, sin embargo la Aseguradora Seguros e Inversiones S.A de C.V., es parte de la relación jurídica material y eventualmente tendría que realizar el pago de la indemnización y por ello deberá dársele participación en las diligencias, de las cuales eventualmente puede resultar un conflicto, por consiguiente debía tomarse en consideración la facilidad que tiene que asegurársele a dicha sociedad, en la defensa de sus derechos así como también valorar que el contrato de seguro se otorgó en la ciudad de Santa Tecla, y por tales razones estimó declararse Incompetente por razón del territorio, ordenando la remisión al Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, por ser el competente para conocer y sustanciar las presentes diligencias. III.- El Juez de lo Civil de Santa Tecla, mediante auto de las quince horas del diecisiete de junio de dos mil once, en lo medular manifestó que si bien, el Código vigente no señala cuales son las diligencias no contenciosas, la doctrina y jurisprudencia han sostenido que dichas diligencias son las mismas de jurisdicción voluntaria que constituyen actos iníciales de investigación respecto al demandado o el objeto del litigio, pero en el presente caso no se está investigando ninguna situación o hecho para posteriormente iniciar un proceso contencioso, sino es meramente, un requisito legal para el pago de la cobertura de la póliza de incendio, por lo que no puede determinarse que dicho procedimiento deba seguirse por los trámites del proceso abreviado, tampoco puede encausar la acción basado en el Art.40 C.Pr.CyM., para el solo efecto de establecer que no es competente, por consiguiente no puede deducirse que las presentes diligencias sean o no contenciosas lo que no conduce a calificar a la Sociedad Aseguradora como una parte demandada, por lo que no podría aplicarse los criterios de competencia territorial

3 regulados en los arts.33 al 35 CPCM, y en consecuencia al no establecer la Ley expresamente un criterio de competencia para las diligencias de indemnización del seguro contra incendio, éstas pueden ser promovidas ante cualquier juzgado de primera instancia de la República que conozca en materia mercantil, preferentemente el Juez del lugar en donde el siniestro haya ocurrido. IV.- Los autos se encuentra en esta Corte para dirimir el conflicto de competencia negativa suscitado entre el Juez Segundo de b Civil y Mercantil de San Miguel y el Juez de lo Civil de Santa Tecla. Analizados los argumentos expuestos por ambos funcionarios se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: En el caso sub lite, se advierte que el Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel, estima que al no contarse con un procedimiento específico señalado para el Pago de Indemnización por el siniestro de Incendio, como un requisito procesal previo de autorización judicial, debido a que la normativa vigente no cuenta con trámite explícito como lo recogía la Ley de Procedimientos Mercantiles derogada, el Juez induce la tesis que en el supuesto presentado, le era aplicable lo establecido en el Art.17 del Código Procesal Civil y Mercantil, en lo referente a tramitar de acuerdo a la respectiva ley de la materia o de no existir procedimiento se aplicarían las disposiciones del proceso abreviado; y por ende, la consecuencia de la aplicación de dicho proceso, requería aplicar criterios de competencia indicados para los mismos, reconocidos en el Art.33 y siguientes del mismo cuerpo normativo, lo cual significaba que aún cuando la Aseguradora no era parte procesal en el trámite de Autorización de Pago, lo era de forma indirecta como parte material de la relación jurídica originada en la póliza de Seguro, por lo que debía según el Juzgador, emplearse la regla general de competencia siguiendo el domicilio de la Aseguradora que tiene su asiento en la ciudad de Santa Tecla, ordenando por consiguiente su remisión al Juzgado respectivo. El presente conflicto surge por considerar el Juez de lo Civil de Santa Tecla, que la Autorización de Pago por cobertura de la póliza de seguro no se refiere a un proceso como tal, razón por la que estimaba que no podía aplicársele a las referidas diligencias las disposiciones del proceso abreviado, encausando de esa manera, el proceso para determinar si es o no contencioso y con ello delimitar la competencia, lo que conduce a pensar que cualquier juzgado con competencia en material mercantil podía conocer de las mismas, con preferencia a aquél con jurisdicción territorial donde se haya desarrollado el siniestro. De lo antes relacionado, es conveniente dilucidar que los fundamentos técnicos del seguro

4 comprenden la aportación de un sustitutivo económico, cuando el riesgo crea una necesidad económica que por el interés repercute en un patrimonio dado, el seguro implica como contrapartida otro elemento que es la aportación inmediata económica de la necesidad patrimonial creada, ya que el carácter del contrato de seguro obliga mediante una prima, a resarcir un daño, estimado en abstracto o en concreto al verificarse la eventualidad prevista en el convenio. En el caso que nos ocupa, nuestra legislación ha previsto para los seguros contra incendio, como parte de una serie de obligaciones del asegurado, el de informar a la empresa Aseguradora con la documentación respectiva el fundamento de su reclamación, aunado a que preliminarmente a la indemnización debida, debe solicitarse como acto previo una autorización judicial de pago, que según la doctrina forma parte de la información necesaria para demostrar la reclamación. No cabe discutir que dicho trámite de autorización, en la actualidad no cuenta con una serie de normas procesales que indiquen paso a paso el procedimiento a seguir por parte del Juzgador; no obstante, el mismo debe remontarse a la finalidad misma de dicho trámite en el seguro contra incendio, como se ha relacionado ut supra, en el sentido que la autorización en comento no se refiere a un proceso contencioso sino que tal como lo refirió el Juez que inicialmente declinó su competencia, se concluye que estamos ante una jurisdicción no contenciosa, que no es una figura procesal auténtica sino una figura administrativa, que por razones de diversa índole, se confía a los órganos judiciales, tal como lo regula el Art.17 inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, al disponer: "...Las diligencias judiciales no contenciosas se tramitarán de acuerdo a lo previsto en la respectiva ley de la materia; de no existir procedimiento se aplicarán las disposiciones de/proceso abreviado, en lo que fueren aplicables." El objeto de la autorización, radica en asegurar los datos relacionados con el origen y la causa del incendio que encajen con los supuestos bajo los cuales las pérdidas o daños se han producido o relacionado con la responsabilidad de la Compañía al importe debida por ésta. Habiéndose aclarado lo anterior, es preciso destacar que al presente caso, no es posible aplicarles las reglas generales y especiales de competencia, dado que éstas rigen esencialmente a procesos en los que existe contención entre partes, no siendo factible la autointegración de las mismas por razones pragmáticas. Es por ello, que esta Corte considera asequible basarse en la idea adoptada en el derecho histórico que se liga directamente con el trámite propio de esta

5 Diligencia. Dentro del derecho histórico, con relación a su valor normativo para el actual, constituye disposiciones del pasado que sirven como antecedentes históricos que regularon en el pretérito la misma materia como sucede en el caso sub judice, puesto que anteriormente se regulaba que la competencia territorial se atribuía al Juez del lugar donde ocurría el siniestro, Art.73 inciso 1 L.Pr.M. Ello, responde a que el objeto de la Diligencia radica, en establecer que ocurrió efectivamente el evento en el lugar de los hechos, que deberá ser acreditado por el solicitante por los medios correspondientes, lo que se desarrollará a través de las reglas del proceso abreviado; sin que ello signifique, que estamos estrictamente ante un proceso, ya que la regla señalada en la precitada norma refiere a la adopción de aquellas disposiciones del proceso abreviado en lo que fueren aplicables al trámite en cuestión. En ese sentido, esta Corte estima que el competente para conocer de las presentes Diligencias Judiciales No Contenciosas, es el Juez que tenga competencia en la circunscripción territorial del lugar donde sucedió el siniestro y que a la vez tenga competencia en razón de la materia de que trata. En consecuencia, habiendo ocurrido el evento relacionado, en la ciudad de San Miguel, atañe al Juez de lo Civil y Mercantil de esa ciudad conocer de las Diligencias de Autorización de Pago de Indemnización, en base a lo regulado en el Art.17 inciso 2 C.Pr.C.y M., lo que corresponde concretamente al Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel, quien deberá tramitar las diligencias en comento, por ser el competente en razón del territorio y la materia respectiva, lo que así se determinará. POR TANTO: de acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y los Arts.182 at. 2ª. y 5ª. Cn. y Art.47 inc. 2 C.Pr.CyM., esta Corte RESUELVE: a) Declarase que es competente para tramitar las Diligencias Judiciales No Contenciosas de Autorización de Pago de Indemnización, el Juez Segundo de b Civil y Mercantil de San Miguel; b) Remítase los autos a dicho funcionario, con certificación de esta sentencia, a fin de que disponga el llamamiento a las partes para que comparezcan a hacer uso de sus derechos en el término legal correspondiente; y c) Comuníquese la misma, al Juez de lo Civil de Santa Tecla, para los efectos de Ley. HAGASE SABER: J.B JAIME M. REGALADO F. MELENDEZ E. S. BLANCO R DUEÑAS M. A. CARDOZA A PERLA J M. POSADA L. C DE AYALA PRONUNCIADO POR

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