25 años de la ONIC, un legado vivo de la resistencia indígena en Colombia

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1 25 años de la ONIC, un legado vivo de la resistencia indígena en Colombia LUIS EVELIS ANDRADE Presidente Comité Ejecutivo La historia de la relación de los Pueblos Indígenas con occidente ha sido de conquista, exterminio, genocidio y resistencia. Durante la conquista los Españoles, guerreros y sacerdotes, procedían a instar a nuestros pueblos a la rendición y la sumisión al Rey de España y al Papa de Roma, antes de emprender las batallas para aniquilar nuestra gente y apoderarse de nuestras riquezas, como si nuestros territorios estuvieran despoblados, y como si no tuviéramos entendimiento y conocimiento. Durante la época colonial, nuestros Pueblos y Caciques reclamaron el reconocimiento de derechos y resistieron como fue el caso de Juan Tama y la Cacica Gaitana del Pueblo Nasa. Luchamos por la titulación de los resguardos y adelantamos procesos de defensa legal y armada de nuestros territorios y resguardos. Las luchas de resistencia de los pueblos indígenas colombianos desde la época colonial han estado fundamentadas y respaldadas por reclamos, demandas y procesos administrativos y jurisdiccionales, que antiguamente podían durar décadas y hasta cientos de años. Estos han estado orientados a la busqueda de protección legal, de acceso a la justicia, de reformas de la legalidad, del reconocimiento a nuestra capacidad jurisdiccional y de nuestra participación en la construcción y ampliación de la democracia. EJEMPLOS DE LUCHA En el siglo pasado, Manuel Quintín Lame Chantre, terrajero de San Isidro y Cacique de los Pueblos Indígenas del Cauca, Tolima, Huila, Nariño y el norte del Ecuador, lideró la resistencia indígena para defender las tierras de los resguardos, nuestras autoridades y culturas. El camino trazado por Lame fue continuado en los años 70 por nuestros pueblos mediante el proceso organizativo reiniciado en el Cauca (CRIC) y la Sierra Nevada de Santa Marta (CIT), y posteriormente con la consolidación de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Este proceso generó una dinámica renovada que ha nutrido el actual movimiento indígena nacional, frente a un modelo de Estado que nos niega el reconocimiento y tratamiento como sociedad diferente. Dicho Movimiento social de los pueblos indígenas, basado en las luchas de resistencia, se ha dado en torno al ejercicio de la autonomía, de las competencias públicas de nuestras autoridades y gobiernos propios, para administrar justicia en nuestros pueblos.

2 En cuanto a esto último, la relación del Estado con nuestros Pueblos, comunidades, Autoridades tradicionales y Cabildos, por medio del Sistema Judicial Nacional, ha sido pendular. Hasta la década de los 70s a todos los indígenas procesados se les imponía las mayores penas posibles y en muchas oportunidades, por falta de defensa, las penas pagadas resultaban inferiores a los años que se imponían como sanción. Posteriormente en la década de los 80, la inmadurez sicológica por falta de comprensión fue incluida en el Código Penal, como causal de inimputabilidad. En su aplicación, el comportamiento del Sistema Judicial se centró en devolver a su medio ambiente natural, a la gran mayoría de los indígenas procesados, para que las Autoridades tradicionales administraran justicia. Desde los años 80 s nuestros Pueblos y Autoridades se vieron obligados a fortalecer y profundizar el proceso de recuperación, actualización de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, mediante la elaboración de normas internas, la aplicación y puesta en vigencia de usos y costumbres, la conceptualización de Sistemas Normativos Indígenas, la aplicación de instituciones tradicionales como el consejo, las asambleas, las mingas y la proyección y fortalecimiento de las Autoridades e instancias de decisión, la creación de consejos de ancianos, cabildos mayores, cabildos gobernadores y tribunales de gobernadores. El derecho al ejercicio de la autonomía, constituye hoy uno de los principales imperativos políticos, éticos y culturales de los pueblos indígenas contemporáneos, ante lo cual el ejercicio de funciones públicas administrativas, legislativas y jurisdiccionales por parte de nuestras autoridades, es una garantía de protección de los derechos humanos para nuestra supervivencia social, política y cultural. En este sentido, hemos logrado establecer algunas condiciones jurídicas y políticas que han posibilitado y asegurado un mayor umbral para el ejercicio y la progresividad de nuestros derechos, dentro de la institucionalidad estatal colombiana, garantizando un mínimo de representación directa de nuestros pueblos en las instancias de gobierno. NACIMIENTO DE LA ONIC El movimiento indígena se fortaleció entre 1910 y 1946 al calor de luchas en distintas regiones, mediante la constitución de organizaciones como los Consejos y Ligas de Indios, mismas que reivindicaron nuestros derechos indígenas y establecieron alianzas con otras organizaciones, campesinas y obreras sobretodo. No obstante, la violencia y la represión política desatada por las élites tradicionales ( ), liquidaron la mayor parte de nuestras organizaciones indígenas; las cuales solamente pudieron renacer dentro de organizaciones campesinas como la Federación Agraria Nacional y especialmente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), tras

3 su establecimiento obligatorio, por decreto gubernamental, hacia la década de los Fue una década en la que los movimientos sociales (indígena 2, obrero, de maestros, estudiantil y campesino) lograron fortalecerse, no obstante la represión Estatal generada por la continuidad del estado de sitio. Hacia 1976 nuestros pueblos establecieron una organización nacional propia, independiente de la ANUC, como respuesta a la incomprensión estatal y de las elites nacionales. La fundación de la ONIC fue el resultado del proceso de reorganización autónoma del movimiento indígena en Colombia iniciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Unión de Indígenas del Chocó y el Consejo Regional Indígena del Vaupés; ejemplo que fue seguido por la conformación de organizaciones indígenas en otros departamentos, como respuesta a la promulgación del estatuto de seguridad y particularmente al estatuto indígena. La instauración del Estatuto de Seguridad durante el gobierno del entonces presidente Julio Cesar Turbay Ayala ( ), otorgó funciones judiciales a la Fuerza Pública, abriendo las puertas a la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. Dicho régimen trató de acabar, sin conseguirlo, con nuestra resistencia y especialmente, con lo que nuestros pueblos indígenas habían alcanzado desde 1890, mediante la promulgación del estatuto indígena. Dicho estatuto atentó contra el movimiento indígena, trató de aniquilar nuestra autonomía y desmembrar nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, mediante la conversión de los cabildos en juntas de acción comunal, y la transformación de la propiedad colectiva de nuestros resguardos (basada en la Ley 89 de 1890) en propiedades individuales. Las bases de la ONIC se consolidaron en octubre de 1979, en Lomas de Ilarco (Sur del departamento del Tolima) con la realización del Primer Congreso Indígena Nacional de Colombia. En este se oficializó la creación de la Coordinadora Nacional Indígena, que asumió, la creación de la ONIC, en el marco del Segundo Congreso Indígena Nacional (1982), Congreso que paralizó la ley o estatuto indígena que trató de imponer Turbay Ayala. 3 La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC fue fundada en febrero de 1982 en el Segundo Congreso Indígena Nacional realizado en Bosa 1 La ANUC en demanda de una reforma agraria, mediante movilizaciones populares, terminó dividiéndose en dos líneas (Sincelejo y Armenia), nuestros pueblos se adhirieron a la línea Sincelejo, a través de la Secretaría Indígena Nacional. Después de esto, por desconocimiento de nuestras cosmovisiones decidimos crear organizaciones indígenas independientes. 2 Como expresión de este movimiento aparece (1974), el primer número de Unidad Indígena, órgano de difusión del movimiento indígena colombiano. 3 En 1982 esta organización logró reunir en Bogotá a más de 3 mil 500 indígenas de los 84 pueblos indígenas colombianos.

4 (departamento de Cundinamarca) con la participación de mil quinientos delegado de los más diversos sitios de Colombia, el cual aprobó sus principios fundamentales: 1. Unidad: Como mecanismo de fortalecimiento organizativo para la defensa de las comunidades indígenas; 2. Tierra: Como elemento esencial para la vida y desarrollo de los pueblos indígenas; 3. Cultura: Para el fortalecimiento, rescate y persistencia de la identidad como pueblos indígenas; 4. Autonomía: Para la aplicabilidad de los principios anteriores y como ejercicio de autoridad y poder. En virtud del contexto socio político del momento y la influencia de los movimientos sociales en auge para esta época, la ONIC adoptó una estructura organizativa similar a la de un sindicato en calidad de una organización no gubernamental-ong, dejando de lado las formas propias y tradicionales de gobierno de los pueblos indígenas. La ONIC ha realizado cinco congresos nacionales indígenas, el último de los cuales se llevó a cabo en Bogotá (Cundinamarca) en Los diferentes pueblos indígenas y sus organizaciones regionales, reunidas en este Congreso se propusieron continuar con la búsqueda de la paz en el país, mediante la búsqueda colectiva de salidas a la crisis humanitaria y de derechos humanos que estamos viviendo, a partir de la plataforma de lucha que se desarrolló desde el Congreso Nacional de Pueblos indígenas, realizado en Cota (Cundinamarca) durante el año Esta plataforma incluyó la defensa de la autonomía indígena, la defensa de los territorios indígenas, la recuperación de las tierras usurpadas, la defensa de la propiedad colectiva de los resguardos, así como el control de los recursos naturales situados en territorios indígenas. Del mismo modo, impulsó las organizaciones económicas comunitarias, la defensa de la historia, la cultura y las tradiciones indígenas, la educación bilingüe y bicultural bajo el control de las autoridades indígenas, la recuperación e impulso de la medicina tradicional y la exigencia de programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades. En síntesis, se trató de la exigencia de la aplicación de la Ley 89 de 1890 y las demás disposiciones legales favorables a los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la solidaridad con las luchas de otros sectores y la aplicación de las conclusiones de los Congresos de la organización. Desde entonces, la sistemática y múltiple vulneración de los Derechos Humanos de nuestros pueblos, se ha convertido en una constante que no disminuye, por obra del desconocimiento que hacen las autoridades gubernamentales, los actores armados y algunas multinacionales acerca de los mecanismos de Consulta Previa y del ejercicio ancestral de nuestros derechos y autonomía dentro de los territorios indígenas; y en consecuencia por el recrudecimiento del conflicto armado. EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS

5 Todos los análisis del conflicto armado evidencian la creciente responsabilidad del Estado en las violaciones e infracciones, como de la conculcación de derechos por omisión o acción institucional, respecto de los derechos colectivos y del medio ambiente, debido a su respuesta inadecuada frente al cambio en las estrategias bélicas de los actores armados. Todo ello, en un momento en que se presenta la profundización del programa de Defensa y seguridad democrática del reelecto presidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por un proceso de paz ficticio impune, sin memoria y antidemocrático que le abrió las puertas al TLC; y en un contexto crítico de impunidad generalidad y de desdoblamiento de las acciones bélicas de las FARC, después de un periodo de retaguardia estratégica. Dicho de otro modo, los tiempos han cambiado y a los pueblos indígenas, desde su autonomía y experiencia, les ha tocado asumir nuevos retos a la luz de la Constitución Política de Colombia. En el departamento del Tolima por ejemplo, la organización regional desapareció para dar paso a una estructura de gobierno propio de los pueblos Pijao y Nasa, denominada: ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA "CRIT", entidad de derecho público, carácter especial. Esta dinámica constituye una nueva etapa del movimiento indígena, cuyo reto es la consolidación de los procesos de gobierno propio de las autoridades indígenas tradicionales (iniciados en los 80) tanto en el ámbito local, como en el regional y nacional; donde las estructuras organizativas sindicales y privadas desaparezcan, con el objeto de darle cabida a estructuras públicas de gobierno. Desde la anterior perspectiva, la ONIC ha considerado que su actual estructura organizativa está conformada por instancias que presentan limitaciones importantes, derivadas de su constitución inicial como organismo gremial (Personería Jurídica en Cámara de Comercio) 4, para impulsar las exigencias de los pueblos indígenas y sus apuestas políticas. Su carácter de entidad privada sin animo de lucro, no le otorga muchas competencias, ni le permite abordar con mayor eficacia, eficiencia, incidencia y capacidad de representación política, las graves problemáticas que afectan a los pueblos indígenas, ni instaurar con más profundidad los procesos de exigibilidad social, política, económica y cultural que necesita, para consolidar sus derechos. En su defecto la ONIC, debe constituirse en una entidad de gobierno propio, que en derecho y 4 Existe además el peligro de que se exija también a los Resguardos y Cabildos, el que tengan Personerías Jurídicas. Al respecto nosotros manifestamos que siempre hemos existido sin la necesidad de que el gobierno nos reconozca y que tales personerías solo se prestan a la manipulación del gobierno y los politiqueros de nuestras organizaciones tradicionales. Finalmente la comisión acuerda por unanimidad respaldar la actual vigencia de la Ley 89 de 1890 que a pesar de sus limitaciones y fallas, responde mejor a nuestras necesidades y luchas que el actual Proyecto de Estatuto Indígena. (Onclusiones del Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas).

6 respetando su autonomía, interprete sus necesidades y decisiones, orientando los destinos de los pueblos indígenas colombianos. Durante la última Junta Directiva de la ONIC (1 al 3 de marzo de 2007), los delegados de nuestras organizaciones regionales aprobaron la reestructuración y refundación de la ONIC y sus principios, en el marco de su VII Congreso Indígena Nacional, que se realizará en Ibagué, durante el mes de diciembre de 2007 (9-13), con el fin de fortalecer los canales de intercambio y evaluación entre la organización nacional y sus organizaciones asociadas. En el VII Congreso Indígena Nacional, la ONIC debe afrontar los enormes desafíos que presenta el contexto actual: una contrareforma agraria y constitucional, adelantada mediante la promulgación de leyes (Ley de desarrollo rural, ley de páramos, ley de bosques, ley de aguas, código minero, etc.) que atentan contra nuestros territorios, y por ende contra la integridad y pervivencia de nuestros pueblos. Todo ello en medio de la corrupción y la impunidad Estatal, del conflicto armado, de complejos procesos de cooptación, y de las múltiples estrategias que fomenta el capitalismo multinacional globalizado para explorar y explotar nuestros recursos naturales y conocimientos tradicionales. Al cumplir sus 25 años, la ONIC, invita a cada uno de nuestros pueblos indígenas para que desarrollemos dos retos o apuestas principales: 1. El fortalecimiento de la Unidad, la Autonomía y la Memoria de nuestros pueblos; y 2. La Reafirmación y Renovación de la Plataforma de Lucha del movimiento indígena colombiano, bajo la más firme consigna: NO TRAICIONAR EL LEGADO DE NUESTROS ANCESTROS O NOS FORTALECEMOS O NOS DEBILITAN Y DESTRUYEN!!! Bogotá, Martes, 1 de agosto de 2007

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