LA CONDENA EN COSTAS EN LOS PROCESOS CIVILES CON CONSUMIDORES (*) por Manuel Jesús Marín López

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1 LA CONDENA EN COSTAS EN LOS PROCESOS CIVILES CON CONSUMIDORES (*) por Manuel Jesús Marín López Profesor Titular de Derecho Civil Centro de Estudios de Consumo Universidad de Castilla-La Mancha 1. PLANTEAMIENTO Este dictamen tiene su origen en una consulta realizada por la Dirección General de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha, del que formo parte. El objeto de la consulta es si, en la hipótesis de procesos judiciales entablados por un consumidor contra un empresario, puede el consumidor ser condenado en costas, y cuáles serán las concretas partidas que en ese caso tendrá que abonar. En particular, se pregunta si puede ser condenado en costas en aquellos procesos civiles en los que el consumidor actúa sin abogado y procurador, por no ser su intervención preceptiva, y si en tales casos puede incluso condenarse al consumidor a correr con los gastos del abogado y procurador del empresario, que sí se ha servido de estos profesionales. Un tratamiento adecuado de esta cuestión aconseja seguir el siguiente esquema expositivo. En primer lugar, se expondrá con brevedad la regulación que hace de las costas la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). En segundo lugar, los criterios que sirven para determinar a qué parte procesal debe imponerse la condena en costas. Y en tercer y último lugar, procede analizar el supuesto específico de intervención no preceptiva en el proceso de abogado y procurador, y las consecuencias que ello puede tener en relación a la condena en costas. 2. LA REGULACIÓN DE LAS COSTAS EN LA LEC (*) Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto BJU de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología («Las garantías del crédito en las situaciones concursales; en especial, las garantías financieras relativas a los valores anotados en cuenta»), que dirige el Dr. Ángel Carrasco Perera. A primera vista, las normas sobre costas se encuentra en la nueva LEC reguladas en dos bloques normativos: en el Título VII del Libro I (arts. 241 a 246), relativos a la «tasación de costas», y en el Capítulo VIII del Título I del Libro II (arts. 394 a 398), que se refieren a la «condena en costas». Sin embargo, lo cierto es que existen otros muchos preceptos, dispersos a lo largo de la LEC, que regulan determinados aspectos de las costas. Así sucede, por ejemplo, en los arts. 22.2, 32.5, 85, 97.2, 112, 128, 190, 228, 246.3, 260, 320.3, 442, 458, 471, 481, 506, 516, 539, 559, 561, 583, 603, 619, 620, 628, 716, 730, 736, 741, 818 y 822 LEC. Puede afirmarse, por tanto, que la regulación de las costas en la LEC es fragmentaria y dispersa, y que hubiera sido preferible reunir en un solo título, capítulo o sección las normas referentes al pago, la imposición y la tasación de las costas. No define la LEC qué son las costas. El art LEC distingue entre gastos y costas. Se consideran gastos del proceso «aquellos desembolsos que tengan su origen directo o inmediato en la existencia de dicho proceso». Las costas del proceso no son sino una specie dentro del genus más amplio que son los gastos. La Ley no ofrece un concepto de costas, sino una determinación de su contenido. El párrafo segundo del art LEC enumera qué partidas, de las incluibles entre los gastos procesales, son consideradas costas del proceso. Son las siguientes: 1.º) honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivos; 2.º) inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso; 3.º) depósitos necesarios para la presentación de recursos; 4.º) derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso; 5.º) copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos; y 6.º) derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. Ante la ausencia de un concepto legal, la doctrina ha tratado de dar una definición de las costas procesales. Así, se han calificado como «los desembolsos de dinero incluibles entre los gastos procesales causados directamente por el proceso y vinculados a éste, como vía de satisfacción de la tutela jurídica, por una relación de necesidad y de utilidad» (HERRERO PEREZAGUA, La representación y defensa de las partes y las costas en el proceso civil, Madrid, La Ley, 2000, pp. 132), como «aquella porción de gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso determinado y reconocen a este proceso como causa inmediata o directa de su producción» (GUASP/ARAGONESES, Derecho Procesal Civil, Tomo I, 5.ª ed., Madrid, Civitas, 2002, pp. 555), o como «los gastos satisfechos por las partes de un proceso, que reconocen a éste como su causa de producción y de las cuales cada una de las partes podrá resarcirse si se produce la condena en costas de la contraria mediante la correspondiente resolución judicial» (FUENTES SORIANO, Las costas en la nueva LEC, Valencia, Tirant lo blanch, 2000, pp. 31). De estas definiciones se deduce con claridad que lo que caracteriza a las costas es que se trata de un gasto necesario y en este sentido, inevitable y útil para el desarrollo del proceso. En cualquier 69 INFORMES

2 INFORMES caso, hoy en día no tiene demasiado sentido reflexionar sobre el concepto de costas, pues la propia Ley enumera qué gastos procesales han de recibir esa calificación. Por otra parte, cada parte está obligada a pagar los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo, salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (art I LEC). La LEC no regula quién está obligado a pagar los gastos ocasionados por actuaciones ordenadas de oficio por el órgano jurisdiccional. Ante este silencio, se ha defendido que será el Estado el obligado a pagar esos gastos, sin perjuicio de que, al término del proceso, pueda repetir y cobrar del litigante condenado en costas (HERRERO PEREZAGUA, La representación..., cit., pp. 145). El reverso de esta obligación de pagar los gastos y costas del proceso es el derecho de crédito que ostenta el sujeto que ha realizado la actuación procesal de la que derivan aquéllos. Este sujeto podrá reclamar su crédito a la parte o partes procesales que deban satisfacerlo, sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que recaiga en el mismo (art LEC). Siguiendo un criterio temporal, primero hay que analizar la condena en costas, y con posterioridad la tasación de las costas. Pues sólo puede solicitar la tasación de las costas la parte contraria a aquella que haya sido condenada en costas por resolución judicial firme. La condena en costas se encuentra regulada, básicamente, en los arts. 394 a 398 LEC. El primero de los preceptos citados constituye la piedra angular en esta materia, pues establece los criterios que ha de tomar en consideración el juzgador para condenar en costas a una u otra parte procesal en la primera instancia de los procesos declarativos. Esta norma será analizada en profundidad más adelante (v. el punto 3). La LEC contiene igualmente normas relativas a la condena en costas en supuestos de terminación anormal del proceso: allanamiento (art. 395), desistimiento (arts. 396 y 442.1), satisfacción extraprocesal de la pretensión del actor (art. 22.1), y caducidad de la instancia (art ). En cuanto al pronunciamiento de costas en las cuestiones incidentales, hay que señalar que en el capítulo dedicado a las cuestiones incidentales (arts. 387 a 393 LEC) no se contiene ninguna previsión respecto a quién debe sufragar las costas propias del incidente. No obstante, existen normas que abordar este aspecto con carácter particular, para supuestos concretos (arts. 22.2, 85.2, 97.2, 112.1, 144.2, o LEC). Del pronunciamiento sobre costas en los recursos se ocupa el art. 398 LEC, que establece los criterios que deben regir cuando se decida un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. Por otra parte, los criterios de imposición de costas en las medidas cautelares se encuentran regulados, de modo disperso, en varios preceptos: arts , y LEC. También se han recogido particulares criterios de condena en costas en algunos procesos especiales. Así, por ejemplo, en los procesos de división judicial de patrimonios (art ), en el proceso monitorio (art ), y en el juicio cambiario (art. 822). Del mismo modo, existe una regulación específica en materia de revisión de sentencias firmes (art ), y en el denominado incidente excepcional de nulidad de actuaciones (art II). Por último, en la regulación del proceso de ejecución también hay varios preceptos que establecen quién debe sufragar determinadas costas. La regla general está contenida en el art LEC, pero existe una norma específica para la ejecución provisional (art ), la ejecución dineraria (arts y 583.2), la ejecución hipotecaria (art III), la ejecución no dineraria (art. 700 II), las tercerías (arts. 603 II y 620), y el incidente de oposición en el procedimiento de liquidación (art. 716 II). La imposición de costas requiere un pronunciamiento expreso (art º LEC). Para que una parte sea condenada en costas debe establecerlo así expresamente la resolución judicial de que se trate (sentencia o auto). La tasación de las costas encuentra su regulación en los arts. 242 a 246 LEC. La finalidad de la tasación de las costas es determinar con exactitud la cuantía exacta que viene obligado a abonar el condenado en costas. Del art. 242 LEC se infiere que para que proceda la tasación de las costas es necesario: a) que una parte haya sido condenada en costas; b) que la resolución judicial que condena en costas sea firme; c) que el condenado en costas haya sido requerido para abonarlas y no las haya satisfecho; y d) que la parte beneficiada haya pagado anticipadamente a los terceros acreedores las costas por él causadas (así se deduce del art LEC, que exige que la parte que pida la tasación de costas presente con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclama). Está legitimado para instar la tasación de costas la parte contraria a aquella que haya sido condenada en costas (art LEC). Los restantes preceptos regulan la práctica de la tasación de las costas, que debe realizarla el Secretario del tribunal (art. 243 LEC), el traslado a las partes de la tasación de costas practicada (art. 244), la impugnación de la tasación de costas (art. 245), y la tramitación y decisión de la impugnación (art. 246). Por último, conviene advertir que en materia de costas la LEC no establece ninguna especialidad para el caso de que una o las dos partes procesales sean consumidores. En tal caso habrán de aplicarse los preceptos que correspondan. 3. LA CONDENA EN COSTAS EN LA PRIMERA INSTANCIA EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS. EL ARTÍCULO 394 LEC El art. 394 LEC recoge cuál es el criterio rector que ha de informar el pronunciamiento sobre costas en la primera instancia de los procesos declarativos. Es ésta la norma general sobre la materia, que se aplica a todos los procesos declarativos, tanto ordinarios como especiales; si 70

3 bien la propia LEC contiene preceptos particulares para casos concretos. En consecuencia, en un proceso iniciado por un consumidor, o en el que éste actúe como demandado, la averiguación de quién debe abonar las costas se determinará conforme a los criterios del art. 394 LEC. Es éste un precepto de ius cogens, lo que significa que el juzgador podrá imponer la condena en costas a la parte que corresponda, en aplicación de esta norma, incluso aunque esta condena no haya sido solicitada. El juez deberá aplicarlo de oficio. Así lo entendió el Tribunal Supremo respecto a la vieja LEC (SSTS 15 diciembre 1988 [RJ 1998, 9465], 2 julio 1991 [RJ 1991, 5348], 22 marzo 1997 [RJ 1997, 2191]), doctrina esta que debe seguir siendo de aplicación con la nueva LEC. El criterio básico utilizado por la LEC es el del vencimiento: deberá sufragar las costas aquél que haya perdido el pleito. Aunque la solución difiere en función de que haya habido un vencimiento total o un vencimiento parcial. La Ley contiene además una previsión particular para el caso de que el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita. a) Primer criterio: vencimiento total Está contenido en el apartado 1 del art. 394 LEC: «En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho». En el segundo párrafo se añade que «para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso es jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares». La regulación debe completarse con lo dispuesto en el art LEC: «Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en , salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa»; el párrafo segundo añade que «no se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas». La alusión a los ha sido incorporada por el RD 1417/2001, de 17 diciembre, de conversión a euros de las cuantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su redacción original, el precepto se refería a tres millones de pesetas. Existe una regla general y dos excepciones. La regla general es que se imponen las costas al litigante vencido: la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones debe sufragar las costas procesales. Se adopta así un criterio objetivo (el vencimiento), prescindiendo de criterios subjetivos (buena o mala fe de las partes). La razón última para imponerle las costas al vencido es que quien venció en pleito tiene derecho a que el proceso no le resulte una carga económica. En consecuencia, si se estima totalmente la demanda, el demandado será condenado en costas; y si se desestima íntegramente la demanda, las costas las sufragará el demandante. En tales casos, el juzgador no tiene que incluir en la sentencia argumentos adicionales para justificar la condena en costas. Existen, sin embargo, algunos supuestos especiales en los que la aplicación de la doctrina del vencimiento total puede presentar problemas (se sigue la exposición de ESCRIBANO MORA en ESCRIBANO MORA (Coord.), El proceso civil, Vol. IV, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp y ss.). Son los siguientes: a) Sentencia de absolución en la instancia. Como se trata de una sentencia que absuelve al demandado, rige el criterio general, y se condenará en costas al demandante. b) Pluralidad de partes. Si hay varios demandantes o demandados, las costas se impondrán a la parte vencida. La obligación de pago de las costas es, en principio, mancomunada, salvo que el vencedor solicitara expresamente la condena en costas solidaria, y el tribunal así lo acoja, lo que precisamente puede suceder cuando la obligación sobre la que recae el litigio tiene carácter solidario. c) Pluralidad de demandados, y algunos de ellos son absueltos. En muchas ocasiones, el demandante, que por ejemplo ha sufrido unos daños y perjuicios, tiene que demandar a varios sujetos, pues hasta que no se practique la prueba no podrá saber con certeza cuál de ellos es el responsable de la producción del daño. La sentencia condenará al sujeto dañante, pero absolverá a los demás. Quién debe pechar con las costas devengadas por los absueltos? En principio, debe regir la regla general del art. 395 LEC: el demandante debe asumir esas costas, pues ha sido vencido en pleito por esos demandados. Sin embargo, cabe admitir que a veces puede concurrir la excepción prevista en el art LEC: que existen serias dudas de hecho o de derecho. Eso es lo que sucede en el ejemplo citado. En tal caso esas costas no se impondrán íntegramente al demandante, sino que cada parte (demandante y demandados absueltos) pagarán las suyas, y las comunes por mitad. d) Existencia de reconvención. Lo razonable es que el tribunal haga un doble pronunciamiento de costas, para lo cual debe seguir la regla general del art LEC: el vencido totalmente deberá sufragar las costas. e) Rebeldía del demandado. El hecho de que el demandado se declare en rebeldía (art LEC) no impide la aplicación del art , y por tanto, la condena en costas al demandado si se estima íntegramente la demanda. f) Acumulación de acciones. Hay acumulación eventual (art LEC) cuando se plantea una pretensión principal y otras alternativas o subsidiarias para el caso de no ser estimada la principal. En esta hipótesis, la jurisprudencia considera aplicable el criterio del vencimiento total si se 71 INFORMES

4 INFORMES estima la pretensión alternativa o subsidiaria, aunque se desestime la principal (STS 29 octubre 1991 [RJ 1992, 8588]). En los supuestos de acumulación simple de acciones, sólo se producirá vencimiento total si todas ellas son estimadas; de no ser así se aplicará la regla del vencimiento parcial. Esta regla general presenta dos excepciones. La primera se produce cuando «el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho». En opinión de FUENTES SORIANO, se trata de que las dudas «impidan distinguir con claridad a quién se debe la existencia del proceso o si el mismo pudo ser evitado con una actitud diligente por alguna de las partes» (Las costas..., cit., pp. 117). La excepción se aplica a los supuestos de oscuridad de la causa, es decir, a aquellos supuestos en los que los litigantes se han visto obligados a acudir al pleito porque la relación jurídico-material subyacente es compleja al punto que no era razonablemente posible exigirles una solución pactada, o porque la solución de la controversia es de tal complejidad en los hechos o en la aplicación del derecho que resultaba obligado acudir a los tribunales. En definitiva, puede aplicarse la excepción en los casos de complejidad de la cuestión litigiosa, falta de claridad de la norma, ambigüedad del tratamiento legal o diversidad de criterios judiciales. La buena o mala fe de las partes procesales no debe ser tomada en consideración. La aplicación de la excepción presenta estos caracteres. 1) La excepción debe interpretarse restrictivamente. 2) El juicio acerca de si el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho se encomienda exclusivamente al tribunal. 3) Para apreciar la oscuridad de la causa se tomará en consideración la jurisprudencia recaída en «supuestos similares»; la simple existencia de sentencias contradictorias no conduce automáticamente a la aplicación de la excepción, pues a pesar de ello el juzgador puede no apreciar serias dudas de hecho o de derecho. 4) El pronunciamiento judicial que acoja esta excepción a la regla general del vencimiento total debe estar motivado: deberá señalar las circunstancias fácticas o jurídicas que han conducido a estimar que el caso presentaba ciertas dudas de hecho o de derecho, concretando en su caso qué resoluciones han servido de base para reputar el caso como jurídicamente dudoso. El art LEC no explica quién abonará las costas en el caso de que el tribunal estime que hay serias dudas de hecho o de derecho. Simplemente indica que las costas no le serán impuestas al vencido. Hay que entender que lo razonable es que el juzgador no haga imposición de costas, de modo que cada cual pague las suyas y las comunes por mitad. La segunda excepción establece un límite cuantitativo en el pago de las costas de la parte vencida totalmente. La parte vencida no está obligada a abonar todas las costas judiciales. De la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, deberá pagar únicamente una cantidad que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso; las pretensiones inestimables se valoran en euros, salvo que el tribunal, en razón de la complejidad del asunto, disponga otra cosa. No se aplicará este límite cuantitativo cuando el tribunal declare que el litigante vencido ha actuado con temeridad. Esta excepción cuantitativa ha sido muy criticada por la doctrina, pues se limita el derecho del vencedor a salir totalmente indemne de la contienda judicial. Y ello porque la parte de las costas más importante (honorarios de abogado y de peritos) no han de ser abonadas por el litigante vencido sino hasta una tercera parte de la cuantía del proceso. Así, la situación del litigante vencedor es particularmente grave en los litigios de escasa cuantía, pues buena parte de las costas las tendrá que soportar él. Con acierto se ha señalado que si lo que el precepto pretende es evitar la facturación excesiva de algunos profesionales, el cauce adecuado para ello es el de la impugnación de los honorarios por excesivos, conforme a lo previsto en los arts. 245 y 246 LEC. En consecuencia, todo litigante tratará de probar la temeridad de la otra parte procesal, para que si el juzgador estima totalmente sus pretensiones, declare en su caso la temeridad de esta parte y no entre en juego el límite cuantitativo que se señala. b) Segundo criterio: vencimiento parcial Según dispone el art LEC, «si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas con haber litigado con temeridad». Este precepto es copia literal del art de la vieja LEC. También aquí existe una regla y una excepción. La regla es que si se produce un vencimiento parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Se produce el vencimiento parcial si no hay una total correspondencia entre el quantum solicitado en la demanda y el estimado en la sentencia. Aun así, no toda falta de correspondencia entre petitum y sentencia queda sometida a la regla del vencimiento parcial, pues provocaría resultados insatisfactorios. Piénsese en los casos de demanda de indemnización por daños y perjuicios, en los que es muy difícil que el cálculo realizado por el demandante no sea después «corregido» de algún modo por la sentencia. El criterio decisivo es si la discrepancia es o no sustancial. Si la adecuación o ajuste del fallo a lo pedido es sustancial, procede imponer las costas a la demandada condenada (criterio del vencimiento total; art LEC). En cambio, si la diferencia entre lo solicitado y lo concedido en la sentencia es considerable, cada parte pagará sus costas y las comunes por mitad (criterio del vencimiento parcial; art LEC) (HERRERO PEREZAGUA, La representación..., cit., pp. 153). El problema radica en determinar cuándo la discrepancia es o no sustancial, tarea que corresponde al juzgador en cada caso. 72

5 La consecuencia de la aplicación de la regla general es que no procede condenar en costas a ninguna de las partes. En consecuencia, cada parte abonará las costas producidas a su instancia, y las comunes por mitad. La regla de la no imposición de las costas en los casos de vencimiento parcial quiebra cuando el tribunal aprecie temeridad en la conducta de alguno de los litigantes, lo que provocará que a éste se le impongan todas las costas. La apreciación de la temeridad exige el razonamiento del juez, explícito y ajustado a lo sucedido en el proceso, de modo que debe existir una exteriorización del razonamiento judicial; de lo contrario la resolución judicial incurrirá en defecto de motivación, susceptible de recurso. Sobre el concepto de temeridad se incidirá más adelante. c) Un supuesto especial: condena en costas al beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita El último párrafo del art LEC regula un supuesto especial de pago de costas: cuando el condenado en costas es titular del derecho de asistencia jurídica gratuita. En tal caso, la LEC dispone que «únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita». Conviene hacer dos precisiones iniciales sobre este artículo. En primer lugar, que el precepto no contiene una norma sobre condena en costas, sino sobre tasación de costas; y que, en consecuencia, el beneficiario del sistema de asistencia jurídica gratuita no tiene ningún régimen especial en materia de condena en costas, por lo que serán de aplicación los criterios del vencimiento total y parcial recogidos en el art y 2 LEC. En segundo lugar, que la norma no es sino una remisión a la regulación que, sobre el particular, contiene la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, desarrollada por el RD 996/2003, de 25 de julio, que aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Cuando el condenado en costas es titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el art de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, dispone que ese sujeto estará obligado a pagarlas si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna. Se presume que ha venido a mejor fortuna si sus ingresos superan el cuádruplo del salario mínimo interprofesional, o si se han alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. La Ley 1/1996 regula igualmente cómo debe realizarse la tasación de costas cuando el beneficiario ha vencido en juicio y la contraparte ha sido condenada en costas (art. 36.1) y cuando la sentencia no contenga un expreso pronunciamiento sobre costas (art. 36.3). 4. LAS COSTAS EN EL CASO DE INTERVENCIÓN NO PRECEPTIVA DE ABOGADO Y PROCURADOR. EL ARTÍCULO 32.5 LEC El art LEC contiene una norma específica sobre el contenido de la condena en costas cuando la parte contraria a aquélla condenada en costas se ha servido de abogado y procurador sin ser su intervención preceptiva. Dispone lo siguiente: «Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta Ley». El antecedente de este precepto es el art. 11 II de la LEC de Vamos a analizar, por este orden, el supuesto de hecho del precepto, la regla general en él contenida, y las dos excepciones a esta regla general. a) Supuesto de hecho El supuesto de hecho viene integrado por dos elementos. En primer lugar, es necesario que la intervención del abogado y procurador no sea preceptiva. En segundo lugar, la contraparte del sujeto condenado en costas tiene que haber actuado con abogado o procurador siendo su intervención no preceptiva. En cuanto al primer requisito, para que el art LEC entre en juego es preciso que en ese proceso hayan actuado abogado y/o procurador, a pesar de no ser su intervención preceptiva. Por lo que al procurador se refiere, la regla general es que toda parte debe comparecer en juicio por medio de procurador legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio (art LEC). Sin embargo, la Ley establece determinados casos en los que los litigantes pueden comparecer y actuar por sí mismos, sin la representación del procurador. Estas excepciones son las siguientes (art LEC): 1) en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900 ( ptas., en la redacción original de la LEC); 2) para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en la LEC (art ); 3) en los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas; 4) en los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita; y 5) cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio. Al margen del art LEC, existen otros casos en los que se puede actuar sin procurador; por ejemplo, los actos de jurisdicción voluntaria (art. 4.1.º LEC de 1881), los actos de conciliación (art. 4.5.º LEC de 1881), o la presentación 73 INFORMES

6 INFORMES de la solicitud de declaración de herederos abintestato (art. 980 LEC de 1881). Interesa detenerse especialmente en la primera excepción señalada. No es preceptiva la intervención del procurador en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900. Como se sabe, el ámbito material del juicio verbal se determina en los arts. 249 y 250 LEC. Según estos preceptos, se tramitarán por el juicio verbal los procesos relativos a las materias enumeradas en los números 1.º a 12.º del art , cualquiera que sea la cuantía del pleito, y también aquellos cuya cuantía no exceda de ( ptas.), siempre y cuando no se refieran a las materias recogidas en el art LEC (que se tramitarán siempre, cualquiera que sea su cuantía, por los cauces del juicio ordinario). Dicho esto, hay que señalar que la intervención del procurador es preceptiva en los procesos tramitados por la vía del juicio ordinario. En cambio, no es preceptiva cuando las pretensiones se sustancian por los cauces del juicio verbal, y precisamente por razón de la cuantía (cuando no exceda de 900 ). Sin embargo, si la pretensión sigue los cauces del juicio verbal por razón de la materia, de acuerdo con el art LEC, la parte deberá comparecer con procurador, cualquiera que sea la cuantía litigiosa [MORENO CATENA, en ESCRIBANO MORA (Coord.), El proceso civil, Vol. I, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 239]. La LEC también enumera algunos supuestos en los que la intervención del abogado no es preceptiva, introduciendo así unas excepciones a la regla general, contenida en el art. 31.1, según la cual los litigantes deben ser dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No es necesaria su intervención en los siguientes casos (art LEC): 1) en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900 ( ptas., en la redacción original de la LEC); 2) en la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en la LEC (art ); 3) los escritos que tengan por objeto personarse en el juicio; 4) cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio; 5) los escritos que tengan por objeto pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. La primera excepción debe entenderse en los mismos términos en que se ha expuesto en relación al procurador. El segundo presupuesto del art LEC es que la parte contraria a aquella que ha sido condenada en costas se haya servido de abogado y/o procurador, sin ser su intervención preceptiva. A estos efectos es indiferente si el condenado en costas ha comparecido o no por medio de procurador o ha sido defendido o no por un abogado. Lo decisivo es que la parte contraria sí se haya servido de estos profesionales para su defensa técnica y/o representación procesal. Por otra parte, si en un caso concreto la intervención del abogado es preceptiva y la del procurador no, pero aun así en ese proceso interviene también este último profesional, lo dispuesto en el art LEC sólo será de aplicación a los gastos derivados de la intervención del procurador. b) Regla general: no se computan como costas los honorarios del abogado y los derechos del procurador La regla general establecida en el art LEC es la siguiente: cuando la defensa y la representación técnica no son preceptivas, los honorarios del abogado y los derechos del procurador no integran el concepto de costas, por lo que la parte que recurrió a ellos será la que tenga que soportar ese gasto. En consecuencia, si un consumidor demanda a un empresario y este interviene en el proceso con abogado y procurador a pesar de no ser preceptiva su intervención, si la sentencia desestima íntegramente la demanda e impone las costas al demandante, dentro de las costas no se van a computar los honorarios del abogado y procurador del empresario demandado. El fundamento de esta previsión es claro: como la intervención del abogado y procurador no es preceptiva, si una parte decide actuar con ellos porque entiende que así están mejor defendidos sus intereses, será ella la que deba correr con las gastos derivados de esa intervención. En puridad, lo que sucede es que esos gastos no tienen la consideración de costas, pues no se trata de un gasto necesario e inevitable para el desarrollo del proceso. Por lo tanto, el condenado en costas no tendrá que sufragar los gastos de abogado y procurador de la contraparte. Pero evidentemente tendrá que correr con el resto de gastos que son calificados como costas por el art LEC. En definitiva, lo que hace el art LEC es excluir de la calificación de costas, para ese concreta hipótesis, determinadas partidas de las señaladas en el art LEC, en concreto la fijada en el número 1.º; pero el condenado en costas tendrá que sufragar el resto de las costas. El art LEC es una norma de delimitación del concepto de costas para una hipótesis específica, y una norma de tasación de costas. No es necesario que la resolución judicial que impone a una parte la condena en costas establezca que no se computarán como costas los honorarios del abogado y procurador. Basta con que condene en costas a una parte; sin más. Será en un momento posterior, en la fase de tasación de costas, donde debe ponerse de manifiesto que esas concretas partidas no se computarán como costas. c) Primera excepción: existencia de temeridad en la conducta del condenado en costas La primera excepción se produce cuando «el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas». Es esta una innovación que introduce el legislador, en comparación con el art. 11 de la LEC de 1881, donde no se contemplaba esta excepción. Si así sucede, el condenado en costas tendrá igualmente que sufragar las costas derivadas de la intervención del abogado y procurador de la contraparte. En el supuesto de que la temeridad se aprecie en un litigante con derecho de asistencia jurídica gratuita, éste correrá con los gastos de abogado y procurador de la contraparte siempre y cuando venga a 74

7 mejor fortuna en los tres años siguientes a la terminación de proceso (art de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita). Es necesario que exista en la resolución judicial un reconocimiento expreso de la temeridad con que ha actuado el litigante condenado en costas. Pero no es suficiente con eso. La temeridad tiene que ser debidamente razonada por la sentencia, de modo que no basta con una simple declaración del juzgador en el sentido de que un litigante ha actuado con temeridad. Como viene reiterando la jurisprudencia, resulta absolutamente necesario explicitar y motivar las circunstancias que justifican la apreciación (entre otras, SSTS 4 diciembre 2001 [RJ 2001, 9859], 22 enero 2002 [RJ 2002, 682], 25 abril 2002 [RJ 2002, 6741]). De lo contrario la sentencia podrá ser recurrida en casación, pues la falta de motivación puede afectar a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, la jurisprudencia ha entendido que la apreciación de la temeridad es una cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde al tribunal de instancia, por lo que no es revisable en casación (SSTS 22 febrero 1996 [RJ 1996, 2366], 5 marzo 1996 [RJ 1996, 1875], 20 febrero 1997 [RJ 1997, 1244], 12 marzo 1999 [RJ 1999, 2253], 26 noviembre 2001 [RJ 2001, 9516], 14 marzo 2002 [RJ 2002, 5699], 27 junio 2002 [RJ 2002, 5897]). No resulta fácil determinar cuándo un litigante ha actuado con temeridad o mala fe. Los tribunales han asimilado esta noción a un cúmulo de causas. La más utilizada, quizás, ha sido la del litigante que, pese a la conciencia de la injusticia de su postura, obliga a la otra parte a litigar. Como señala la SAP Baleares, de 14 abril 1998 (AC 1998, 4575), «la mala fe supone la contumacia injustificada en no cumplir de quien, a pesar de conocer de modo pleno su deber jurídico o el derecho indiscutido de la contraparte, deja de hacerlo o prefiere ignorarlo voluntariamente hasta el extremo de obligar al titular del derecho a tener que recabar el auxilio de los tribunales como única vía de lograr su satisfacción». Partiendo de este principio, la jurisprudencia, que acoge indistintamente los conceptos de temeridad y mala fe, ha utilizado otros parámetros, como la voluntad dilatoria patente, la rebeldía como postura de obstrucción al desarrollo normal del pleito o la desatención a los diferentes requerimientos realizados por el demandante. La jurisprudencia menor ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la temeridad o mala fe en varias ocasiones. Así, la SAP Tarragona, de 3 octubre 1994 (AC 1994, 2032) define la mala fe o temeridad «como aquella situación equivalente a la conciencia de la propia injusticia, pese a la cual se llamaba a juicio a un adversario, causándole inevitables gastos y molestias, siendo considerado el litigante como «improbus o temerarius» porque lo hacía conocedor de su falta de razón, imputable a dolo, o al menos, a culpa lata». La SAP Ciudad Real, de 1 septiembre 1998 (AC 1998, 6611), dispone que el «concepto de mala fe empleado en el precepto regulador de las costas art. 523 LEC [de 1881] debe ser entendido en sentido amplio, como comprensivo no sólo de la conducta maliciosa que pueda haber desplegado en el proceso el demandado antes de contestar a la demanda, con fines dilatorios, sino también, y fundamentalmente, de la conducta previa al proceso que haya actuado, por negativa culpable al cumplimiento de sus obligaciones, como desencadenante del recurso del actor a los Tribunales de justicia en demanda de tutela judicial, ante la imposibilidad de solucionar el conflicto por vías autocompositivas» (en el mismo sentido, SAP Ciudad Real, de 5 noviembre 1996, AC 1996, 2164). Por su parte, la SAP Toledo, de 26 mayo 1997 (AC 1997, 1152) estima que la temeridad o mala fe «implican conciencia de falta de razón, mala fe que no tiene que ir referida exclusivamente a la actuación de la parte en el proceso, sino que en la mayoría de los casos deberá predicarse de la conducta extraprocesal»; añade que «para la Jurisprudencia al igual que para la mayoría de la doctrina procesal..., la mala fe debe ser interpretada en sentido amplio, entendiendo que está comprendida implícitamente dentro de tal precepto tanto la mala fe propiamente dicha (es decir, la conciencia directa de lo injusto) como la culpa o imprudencia, causantes en definitiva de la interposición de la demanda a la cual después se allana quien antes la hizo necesaria». Evidentemente, no puede calificarse como temeraria la conducta de un litigante cuando la cuestión litigiosa es objetivamente opinable o discutible, y él defiende sus tesis con buena fe procesal. d) Segunda excepción: el domicilio de la parte representada y defendida está en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio La segunda excepción, regulada ya en el art. 11 de la LEC de 1881, tiene lugar cuando «el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta Ley». La justificación de esta excepción es clara: en este caso, la intervención del abogado y procurador, si bien no es preceptiva, sí es necesaria para el litigante que contrata sus servicios, pues éste tiene su domicilio en un lugar distinto a aquel en el que se tramita el juicio, lo que le puede dificultar enormemente su presencia personal en el proceso. Se exige que el domicilio de la parte que actúa con abogado y procurador esté en un lugar distinto a aquel en el que se tramita el juicio. Lo primero que debe plantearse es qué debe entenderse por «lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio». La jurisprudencia recaída sobre el art. 11 LEC de 1881, que puede reproducirse en la nueva LEC, ofreció varias soluciones. Algunas sentencias hacen una interpretación restrictiva del término «lugar», como sinónimo de población en la que radica el órgano jurisdiccional. En cambio, otras realizan una interpretación más amplia: debe entenderse como tal todo el partido judicial de la población en la que se encuentra ubicada la sede del juzgado. Por último, otras sentencias valoran el alcance del término «lugar» en función de las concretas circunstancias del caso, en particular, de las facilidades de desplazamiento que tiene el litigante que acude con abogado y/o procu- 75 INFORMES

8 INFORMES rador. Esta última concepción es la que acoge GARNICA MARTÍN, pues admite que la norma debe interpretarse en el sentido de que sólo será aplicable cuando entre el lugar del juicio y el domicilio de la parte exista una distancia que le impida comparecer personalmente al mismo («Comentario al art. 32», en FERNÁNDEZ-BALLESTEROS/RIFÁ SO- LER/VALLS GOMBAU (Coord.), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo I, Barcelona, Eurgium, 2000, pp. 341). En cuanto al concepto de domicilio, hay que diferenciar entre personas físicas y personas jurídicas. Para las personas físicas su domicilio será «el lugar de su residencia habitual» (art. 40 Código Civil). Por residencia habitual debe entenderse el lugar en el que la persona tiene presencia física o real. Por lo tanto, el rasgo que calificará la residencia para constituirla en domicilio no es otro que el de la habitualidad en la estancia o permanencia. En cuanto a las personas jurídicas, dispone el art. 41 CC que «cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto». Esta excepción no entra en juego cuando la parte que actúa con abogado y/o procurador, a pesar de tener su domicilio social en otra localida, tiene sucursales en la ciudad en la que se tramita el juicio (AAP Castellón, de 15 junio 2002 [AC 2002, 1617]; en este mismo sentido, referido a la LEC de 1881, SSAP Sevilla, de 18 septiembre 1993 [AC 1993, 1732], Segovia, de 31 diciembre 1996 [AC 1996, 2422]). En los supuestos en que resulte de aplicación esta segunda excepción, por tener el vencedor en costas el domicilio fuera del lugar donde se ha tramitado el juicio, resulta de aplicación la limitación prevista en el art LEC: el condenado en costas sólo estará obligado a pagar de la parte que corresponda a abogado y procurador de la contraparte una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del procedimiento. 5. Conclusiones. 1. La LEC regula las costas en los arts. 241 a 246 (tasación de costas) y 394 a 398 (condena en costas), si bien a lo largo de su articulado existen otros muchos preceptos que disciplinan determinados aspectos de las costas. 2. En materia de costas no existe en la LEC ninguna especialidad para el caso de que alguna de las partes tenga la consideración de consumidor. 3. La LEC distingue entre gastos procesales y costas (art LEC). Son gastos del proceso «aquellos desembolsos que tengan su origen directo o inmediato en la existencia de dicho proceso». Las costas son una specie dentro del género más amplio que son los gastos. La LEC no contiene una definición de costas. Se limita a enumerar en el art qué partidas tienen la consideración de costas. Entre estas partidas se incluyen los honorarios de la defensa (abogado) y de la representación técnica (procurador) cuando sean preceptivos. 4. El art. 394 LEC establece qué parte procesal debe correr con las costas en la primera instancia de los procesos declarativos. La condena en costas se vincula directamente a la solución que se establezca para la cuestión litigiosa. El criterio básico utilizado por la LEC es el del vencimiento: deberá sufragar las costas aquel que haya perdido el pleito. Aunque la solución difiere en función de que haya habido un vencimiento total o un vencimiento parcial. 5. En la hipótesis de vencimiento total, las costas se imponen a la parte procesal que ha visto rechazadas todas sus pretensiones; esto es, al litigante vencido. Esta regla presenta dos excepciones. La primera se produce cuando el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho; en tal caso el tribunal no hará una imposición de costas, por lo que cada parte pagará las suyas y las comunes por mitad. La segunda excepción es de carácter cuantitativo. El litigante totalmente vencido no está obligado a abonar todas las costas judiciales. De la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, deberá pagar únicamente una cantidad que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso; las pretensiones inestimables se valoran en euros, salvo que el tribunal, en razón de la complejidad del asunto, disponga otra cosa. No se aplicará este límite cuantitativo cuando el tribunal declare que el litigante vencido ha actuado con temeridad. 6. En la hipótesis de vencimiento parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y las comunes por mitad. Se produce el vencimiento parcial cuando no hay una total correspondencia entre lo solicitado en la demanda y lo estimado en la sentencia. El rigor de esta norma debe flexibilizarse, en el sentido de que si la diferencia entre lo solicitado y lo concedido en la sentencia no es sustancial, no hay vencimiento parcial, sino vencimiento total, por lo que el vencido debe ser condenado en costas. En caso de vencimiento parcial, la regla es que no procede condenar en costas a ninguna de las partes; por lo tanto, cada parte abonará las costas producidas a su instancia, y las comunes por mitad. Esta regla quiebra en un caso: cuando el tribunal aprecie temeridad en la conducta de alguno de los litigantes. En tal supuesto es éste el que debe ser condenado en costas, y correr con el pago de todas ellas. 7. Las reglas sobre imposición de la condena en costas no se alteran en el supuesto de que uno de los litigantes sea beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Si este sujeto es el condenado en costas, vendrá obligado a pagarlas si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viene a mejor fortuna (art de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita). 8. El art LEC contiene una norma específica sobre tasación de costas cuando la parte contraria a aquella condenada en costas se ha servido de abogado y/o pro- 76

9 curador sin ser su intervención preceptiva. La aplicación de este precepto exige la concurrencia de dos presupuestos. En primer lugar, que en un proceso intervenga un abogado y/o procurador sin ser su intervención preceptiva. La intervención del procurador no es preceptiva en los casos señalados en el art LEC, y la del abogado en los enumerados en el art LEC. En particular, la intervención de estos profesionales no es preceptiva en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900. El segundo presupuesto es que la parte contraria a aquella que ha sido condenada en costas se haya servido de abogado y/o procurador, sin ser su intervención preceptiva. A estos efectos es indiferente si el condenado en costas ha comparecido por medio de procurador o ha sido defendido por un abogado. 9. La regla general establecida en el art LEC es la siguiente: los honorarios del abogado y los derechos del procurador no se consideran en este caso como costas, por lo que no deben ser sufragados por el condenado en costas. Por lo tanto, el condenado en costas no tendrá que correr con esos gastos (deberá abonarlos la parte que recurrió a esos profesionales). Pero evidentemente tendrá que abonar el resto de las partidas que son calificadas como costas por el art LEC. En definitiva, el art LEC no libera al condenado en costas del pago de las mismas; sólo le excluye del pago de los gastos de abogado y procurador de la contraparte. 10. La regla contenida en el art LEC tiene dos excepciones. La primera se produce cuando el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas. En este caso el condenado en costas tendrá que sufragar las derivadas de la intervención no preceptiva del abogado y procurador del otro litigante. Es necesario que la resolución judicial que condena en costas declare expresamente la temeridad, y que esta declaración sea argumentada y motivada. Los tribunales equiparan la temeridad a la mala fe. Con carácter general, puede afirmarse que actúa con temeridad el litigante que, pese a la conciencia de la injusticia de su postura, obliga a la otra parte a litigar. 11. La segunda excepción tiene lugar cuando el domicilio de la parte que actúa con abogado y/o procurador está en lugar distinto a aquél en que se ha tramitado el proceso. También aquí el condenado en costas tendrá que correr con los gastos de abogado y/o procurador de la contraparte, pero con la limitación prevista en el art LEC: de esa partida (gastos del abogado y procurador de la contraparte) sólo estará obligado a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del procedimiento. INFORMES 77

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11 PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES (*) EXTRACONTRACTUALES («ROMA II») 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Contexto EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, uno de sus objetivos es mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas y los justiciables puedan hacer valer sus derechos gozando de garantías iguales a las que tienen ante los tribunales de su país. Para crear un verdadero espacio europeo de la justicia, la Comunidad adopta, de conformidad con los artículos 61, letra c) y 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, normas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, en la medida necesaria al buen funcionamiento del mercado interior. En su reunión de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 (1), el Consejo Europeo declaró el principio de reconocimiento mutuo como piedra angular de la cooperación judicial que debe establecerse en la Unión. Pidió al Consejo y a la Comisión que adoptaran, hasta diciembre de 2000, un programa de medidas destinadas a aplicar dicho principio. El programa común de la Comisión y el Consejo relativo a las medidas de implementación del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia civil y mercantil (2), adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 2000, precisa que las relativas a la armonización de las normas de conflicto de leyes son medidas complementarias, que facilitan la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia civil y mercantil. El hecho de saber que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros aplican las mismas normas de conflicto para determinar la ley que regula una situación refuerza de hecho la confianza recíproca en las resoluciones jurisdiccionales dictadas en los otros Estados miembros y constituye un elemento indispensable para realizar el objetivo de más largo plazo que es la libre circulación de decisiones judiciales, sin medidas intermedias de control Complementariedad con los instrumentos de Derecho internacional privado vigentes a escala comunitaria La presente iniciativa se inscribe en el marco de los trabajos de armonización del Derecho internacional privado en materia civil y mercantil a nivel comunitario emprendidos desde finales de la década de los 60. El 27 de septiembre de 1968, los seis Estados miembros de la Comunidad Económica Europea celebraron, sobre la base del apartado 4 del artículo 220 (actual artículo 293, cuarto guión) del Tratado CE, un convenio relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de decisiones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo «Convenio de Bruselas»). Este convenio parte de la idea, ya contenida en el Tratado CE, de que la realización de un mercado común implica la posibilidad de obtener en cualquier Estado miembro, de la forma más fácil posible, el reconocimiento y la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado miembro. Para facilitar la realización de este objetivo, el Convenio de Bruselas comienza por enunciar las normas que identifican al Estado miembro cuyos tribunales son competentes para juzgar un litigio transfronterizo. Ahora bien, la simple existencia de normas relativa a la competencia de los tribunales no permite realizar una previsión razonable en cuanto a la solución del litigio de fondo. En efecto, el Convenio de Bruselas, así como el Reglamento denominado «Bruselas I» que le ha sustituido desde el 1 de marzo 2001 (3), contiene una serie de opciones que permiten al solicitante elegir la jurisdicción. El riesgo estriba en que una parte elija los tribunales de un Estado miembro por la única razón de que la ley que aplicada por le sea más favorable que la del otro Estado miembro. Ésta es la razón por lo que a partir de 1967 se ha emprendido en la Comunidad la codificación de las normas de conflicto de leyes. A invitación de la Comisión, en 1969 se celebraron dos reuniones de expertos, en las que se vio que convenía consagrarse, inicialmente, a las materias que afectan muy especialmente al buen funcionamiento del mercado común, es decir, la legislación aplicable a los bienes materiales e inmateriales, a las obligaciones contractuales y extracontractuales así como a la forma de los actos jurídicos. El 23 de junio de 1972, estos expertos presentaron un primer anteproyecto de convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales. En 1973, tras la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, se amplió el grupo de expertos lo que influyó en el ritmo del trabajo. Así pues se decidió, en marzo de 1978, limitarse a las obligaciones contractuales para que las negociaciones pudieran finalizar en un plazo razo- INFORMES (*) Bruselas, COM (2003) 427 final. (1) Conclusiones de la Presidencia de 16 de octubre de 1999, puntos 28 a 39. (2) DO C 12 de , p. 1. (3) Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, DO L 12 de , p. 1, que sustituye al Convenio de Bruselas de 1968 cuya versión consolidada se publicó en el DO n.º C 27 de , p. 1. El Convenio de Bruselas sigue sin embargo vigente para las relaciones entre Dinamarca y los otros Estados miembros. 79

12 INFORMES nable, y empezar entonces a deliberar sobre un segundo convenio referente a las obligaciones extracontractuales. El 19 de junio de 1980 se presentó a la firma el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en lo sucesivo denominado «Convenio de Roma»), que entró en vigor el 1 de abril de 1991 (4). A falta de base jurídica adecuada en el Tratado CE en el momento de su firma, este Convenio reviste la forma de un Tratado internacional clásico. Concebido no obstante como el complemento indispensable del Convenio de Bruselas, como se indica en su Preámbulo, se asimila a los instrumentos adoptados sobre la base del artículo 293 (ex 220) y forma parte del acervo comunitario. Habida cuenta de la diferencia de talla entre el Convenio de Bruselas y el de Roma en cuanto a su respectivo ámbito de aplicación mientras que el primero cubre tanto las obligaciones contractuales como las extracontractuales, el segundo sólo trata de las primeras el Reglamento propuesto, generalmente llamado «Roma II», será la prolongación natural de la obra unificadora de las normas de derecho internacional privado en cuanto a obligaciones, contractuales y extracontractuales, de naturaleza civil o mercantil, a escala comunitaria Reanudación de los trabajos en la década de los años noventa en el marco de los Tratados de Maastricht y Ámsterdam El artículo K.1 punto 6 del TUE (en su versión del Tratado de Maatricht) situaba la cooperación judicial en materia civil entre los ámbitos de interés común de los Estados miembros de la Unión Europea. Mediante la Resolución del Consejo de 14 de octubre de 1996 sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior para el período que entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1998 (5), el Consejo de la Unión Europea anunció su intención de centrarse prioritariamente en determinados asuntos, entre los que figuraba, en especial, «lanzamiento de los trabajos sobre la necesidad y la posibilidad de establecer... un convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales». El Consejo, en febrero de 1998, transmitió a los Estados miembros un cuestionario relativo a un proyecto de convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. La Presidencia austríaca organizó cuatro reuniones de trabajo consagradas a examinar las respuestas de los Estados miembros a dicho cuestionario. Entonces se realizó que todos los Estados miembros eran favorables al principio de un instrumento de la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Al mismo tiempo, la Comisión financió, en el marco del programa GROTIUS, un proyecto (6) presentado por el Grupo Europeo de Derecho Internacional Privado (GEDIP), cuyo objeto era el examen de la viabilidad de un convenio europeo sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales y que se concretó en un proyecto de texto (7). A lo largo de 1999 tuvieron lugar los trabajos del grupo ad hoc «Roma II» del Consejo bajo las Presidencias alemana y finlandesa, y se ocuparon al mismo tiempo de un proyecto de texto presentado por la Presidencia austríaca y el preparado por el GEDIP. Se logró un primer consenso sobre una serie de normas de conflicto, consenso que la presente propuesta de Reglamento recoge. Como el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, «comunitarizó» la cooperación en materia civil, el Consejo de Justicia e Interior adoptó, el 3 de diciembre de 1998, el plan de acción del Consejo y la Comisión relativo a la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia (8). Este texto recuerda que los principios de la seguridad jurídica y la igualdad de acceso a la justicia implican, entre otras cosas, «una clara designación de la ley aplicable» y estipula en su apartado 40 que «deberán tomarse las siguientes medidas en los dos años siguientes a la entrada en vigor del Tratado:... b) elaboración de un instrumento jurídico sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)». El 3 de mayo de 2002, la Comisión consultó a los medios interesados sobre un primer anteproyecto de propuesta de Reglamento «Roma II» preparado por los servicios de la Dirección General Justicia e Interior. Esta consulta encontró un amplio eco y alrededor de 80 contribuciones escritas fueron enviadas a la Comisión por los Estados miembros, universitarios, representantes de la industria o asociaciones de consumidores (9). La consulta escrita fue completada por una reunión celebrada en Bruselas el 7 de enero de La presente propuesta tiene en cuenta debidamente los comentarios recibidos. 2. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO 2.1. Objeto general. Una mayor previsión de soluciones en cuanto a la ley aplicable La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto uniformar las normas de conflicto de leyes de los Estados miembros en cuanto a obligaciones extracontractuales y (4) Para el texto del Convenio con las diferentes modificaciones por los sucesivos convenios de adhesión, las declaraciones y los protocolos anexos, véase la versión consolidada publicada en el DO n.º C 27 de , p. 34. (5) DO C 319 de 26 octubre de 1996, p. 1. (6) Proyecto n.º GR/97/051). (7) Disponible en la siguiente dirección: (8) DO C 19 de , p.1 (9) Las contribuciones recibidas por la Comisión están disponibles en la siguiente dirección: 80

13 de completar así la armonización del Derecho internacional privado en cuanto a obligaciones civiles y mercantiles ya ampliamente avanzada a escala comunitaria con el Reglamento «Bruselas I» y el Convenio de Roma de La armonización de las normas de conflicto de leyes, que conviene distinguir de la armonización del derecho objetivo, contempla la armonización de las normas en virtud de las cuales se determina la ley aplicable a una obligación. Esta técnica está particularmente bien adaptada en el marco de la resolución de litigios transfronterizos ya que el indicar con certitud la ley aplicable a la obligación, con independencia de la jurisdicción a la que se acuda, contribuye a la realización de un espacio europeo de justicia. En efecto, en vez de tener que estudiar normas a veces muy diferentes de conflicto de competencia legislativa de todos los Estados miembros cuyos tribunales podrían ser competentes para juzgar un asunto, la presente propuesta permite a las partes limitarse al estudio de un único régimen de normas de conflicto, reduciendo así los costes del litigio y reforzando la previsión de las soluciones y la seguridad jurídica. Estas observaciones generales se aplican muy especialmente a las obligaciones extracontractuales, materia cuya importancia para el Mercado interior se demuestra por los instrumentos sectoriales actualmente en vigor o en preparación, que regulan aspectos concretos (la responsabilidad derivada de productos defectuosos o la responsabilidad medioambiental, por ejemplo). Ahora bien, la aproximación del derecho objetivo de las obligaciones no ha hecho más que empezar. A pesar de los principios comunes, todavía subsisten diferencias importantes de un Estado miembro a otro, en particular, en lo que se refiere a las siguientes cuestiones: la frontera entre responsabilidad objetiva y responsabilidad por culpa; la indemnización de los daños indirectos o daños sufridos por terceros; la indemnización del perjuicio moral, incluidos los terceros; daños punitivos («punitive and exemplary damages»); condiciones de la responsabilidad de los menores; plazos de prescripción En el marco de las consultas realizadas por la Comisión, varios representantes de la industria destacaron que estas divergencias dificultan el ejercicio de las libertades fundamentales en el Mercado interior. Conscientes de que la armonización del derecho objetivo no podrá hacerse en un futuro próximo, destacaron la importancia de las normas de conflicto de competencia legislativa con el fin de mejorar la previsión de las soluciones. Un análisis de derecho comparado de las normas de conflictos de competencias legislativas demuestra que la situación actual no responde al deseo de previsión de los agentes económicos, y conduce a destacar diferencias más agudas que las que pudieron existir en cuanto a los contratos antes de la armonización realizada por el Convenio de Roma. De hecho, la casi totalidad de los Estados miembros concede hoy un lugar preponderante a la norma lex loci delicti commissi, que somete los delitos civiles a la ley del lugar donde ocurrieron. La aplicación de esta norma resulta sin embargo problemática en caso de los delitos llamados «complejos», es decir, cuando en el hecho generador de la responsabilidad, por una parte, y el daño (10), por la otra, nos encontramos con la existencia de varios países. Los Derechos nacionales difieren en cuanto a la concretización de la norma lex loci delicti commissi en caso de obligaciones extracontractuales de carácter transfronterizo. Mientras algunos Estados miembros siguen adoptando la solución tradicional que consiste en aplicar la ley del país del hecho generador, es decir, la del lugar donde se realizó la acción que origina el daño, la reciente evolución van más bien en favor de la ley del país en que se produce el daño. Para comprender el derecho positivo de un Estado miembro no basta, sin embargo, con saber si considera como determinante el hecho generador o el daño. La norma básica debe combinarse con otros criterios. Un número creciente de Estados miembros autoriza al demandante a elegir la ley que le es más favorable. Otros dejan al juez la decisión de determinar el país que tiene los vínculos más estrechos con el litigio, siempre o excepcionalmente cuando la norma básica no resulta conveniente en un caso particular. Generalmente, la mayoría de los Estados miembros tienen una combinación a veces compleja de las distintas soluciones mencionadas. Además de su diversidad las soluciones no están muy claramente expresadas por el hecho de que sólo algunos Estados miembros han codificado sus normas de conflicto de leyes; en otros, las soluciones se determinan poco a poco por la jurisprudencia y continúan siendo a menudo vagas, en particular, en lo que se refiere a los delitos especiales. No cabe duda de que sustituir más de quince sistemas nacionales (11) de normas de conflicto por un único cuerpo de normas uniformes representa un progreso considerable para los agentes económicos y los ciudadanos en términos de seguridad jurídica. Conviene a continuación analizar las normas de conflicto en el contexto de las de competencia internacional de los tribunales. Además de la competencia básica de los tribunales del domicilio del demandado, prevista en el artículo 2 del Reglamento «Bruselas I», éste prevé en el artículo 5, apartado 3, una competencia especial en materia delictiva y cuasidelictiva, a saber, el del «tribunal del lugar donde se hubiere producido... el hecho dañoso». Ahora bien, se desprende de la jurisprudencia reiterada del Tribunal que cuando el lugar del hecho generador de la responsabilidad y aquél donde este hecho implica un daño no sean idénticos, el demandado puede ser llevado, a elección del demandante, ante el tribunal del lugar del hecho generador, o al del lugar donde se produjo el daño (12). Siendo cierto que el Tribunal de Justicia ha señalado que estos dos lugares pueden constituir un vínculo significativo desde el punto de vista de la competencia, puesto que cada (10) Sobre la consideración de esta dispersión de elementos en el marco de la competencia internacional de los tribunales, cf. la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en las notas siguientes. (11) Hay más de quince sistemas nacionales debido al sistema no unitario del Reino Unido. (12) TJCE, sentencia de , Asunto 21/76, Minas de Potasa de Alsacia, Rec. p INFORMES

14 INFORMES uno de ellos puede proporcionar una indicación especialmente útil por lo que se refiere a la prueba y la organización del proceso, también lo es que el número de foros disponibles para el demandante implica el riesgo del «forum-shopping». La presente propuesta de Reglamento permitirá a las partes poder determinar de antemano y con una certeza razonable la norma aplicable a una relación jurídica dada, tanto más cuanto que las normas uniformes propuestas serán objeto de una interpretación uniforme por el Tribunal de Justicia. Así esta iniciativa contribuye al refuerzo de la seguridad jurídica y favorece el buen funcionamiento del Mercado interior. Se inscribe también en el programa de la Comisión destinado a facilitar la solución extrajudicial de los litigios ya que el hecho de que las partes tengan una buena perspectiva de su situación facilita la búsqueda de un acuerdo amistoso Fundamento jurídico La materia de las normas de conflicto de leyes está incluida, desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en la letra c) del artículo 61 TCE. En aplicación del artículo 67 TCE, que modificado por el Tratado de Niza entró en vigor el 1 de febrero de 2003, el Reglamento se adoptará según el procedimiento de codecisión regulado en el artículo 251 TCE. La letra b) del artículo 65 establece que «las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza que se adopten... en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, incluirán: b) fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes...». El legislador comunitario dispone del poder de definir los contornos precisos de este artículo y en consecuencia de un margen de apreciación para determinar si una medida es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior. El Consejo utilizó este poder al adoptar el plan de acción de Viena (13) de 3 diciembre de 1998 sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, cuyo punto 40 c) prevé explícitamente la elaboración de un instrumento «Roma II». En efecto, la armonización de las normas de conflicto de leyes contribuye a garantizar la igualdad de trato entre los agentes económicos y los ciudadanos envueltos en un litigio transfronterizo en el Mercado interior. Constituye así el complemento necesario de la armonización ya realizada por el Reglamento «Bruselas I» en el ámbito de las normas de competencia internacional de los tribunales y de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Dada la existencia de más de 15 sistemas diferentes de normas de conflicto, a dos empresas europeas situadas en dos Estados miembros distintos, A y de B,que planteen ante sus tribunales respectivos un mismo litigio que las enfrente a una misma empresa nacional del Estado C, no les serán aplicadas la mismas normas de conflicto, lo que tiene el peligro de provocar una distorsión de la competencia. Tal distorsión podría por otro lado de incitar a los operadores a buscar la jurisdicción más ventajosa o forum shopping. Pero la armonización de las normas de conflicto facilita también la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El Programa de reconocimiento mutuo (14) prevé en efecto la reducción, o incluso a largo plazo la supresión, de las medidas intermedias al reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. Ahora bien, la supresión de toda medida intermedia exige un grado tal de confianza recíproca entre los Estados miembros que sólo podría alcanzarse si los tribunales de los Estados miembros aplicaran la misma norma de conflicto a una situación dada. El título IV del TCE, al que pertenece la materia cubierta por la presente propuesta de Reglamento, no se aplica a Dinamarca en virtud del protocolo que la concierne. No se aplica tampoco al Reino Unido e Irlanda, a menos que estos países ejerzan su facultad de unirse a esta iniciativa (cláusula denominada «opt-in») en las condiciones definidas por el Protocolo anejo al Tratado. No obstante, estos países señalaron en el Consejo de Justicia e Interior del 12 de marzo de 1999 su intención de asociarse plenamente a las actividades de la Comunidad en materia de cooperación judicial civil. Se han integrado también en los trabajos del grupo ad hoc del Consejo antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam Justificación de la propuesta en consideración de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad Al reforzar la seguridad jurídica sin por ello exigir una armonización de las normas materiales de derecho interno, la técnica de la armonización de las normas de conflicto de leyes respeta plenamente los dos principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad dispone, en su apartado 6, que «en igualdad de condiciones, las directivas serán preferibles a los reglamentos...». No obstante, con respecto a la presente iniciativa, el reglamento constituye el instrumento más conveniente. En efecto, las disposiciones establecen normas uniformes para la selección de la ley aplicable. Estas normas son detalladas, precisas e incon- (13) DO C 19 de , p. 1. (14) DO C 12 de , p

15 dicionales, y no requieren ninguna medida de los Estados miembros para garantizar su transcripción en Derecho nacional. Revisten, por tanto, un carácter de autoejecución. La naturaleza de sus normas se deriva directamente del objetivo que se les asigna, es decir el refuerzo de la seguridad jurídica y la previsión de las soluciones adoptadas en cuanto a ley aplicable a una relación jurídica. Si los Estados miembros dispusieran de un margen de maniobra para la transposición de estas normas, se volvería a introducir la inseguridad jurídica que la armonización pretende precisamente suprimir. Ésta es la razón por la que la elección del Reglamento se impone para garantizar la aplicación uniforme en los Estados miembros. 3. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PROPUESTA Artículo 1. Ámbito de aplicación material. Como el Convenio de Bruselas y el Reglamento «Bruselas I», el Reglamento propuesto cubre las obligaciones en materia civil y mercantil. Se trata de un concepto autónomo del Derecho comunitario interpretado por el Tribunal de Justicia. Esta mención permite recordar que el Reglamento «Bruselas I», el Convenio de Roma así como el Reglamento propuesto son constitutivos de un conjunto coherente que cubre la materia del derecho internacional privado de las obligaciones civiles y mercantiles en general. El ámbito de aplicación del Reglamento cubre todas las obligaciones extracontractuales a excepción de las que se derivan de las materias enumeradas en su apartado 2. Las obligaciones extracontractuales se dividen en dos categorías, a saber, en primer lugar las derivadas de un hecho delictivo, y las derivadas de cualquier otro hecho que no sea delito. La primera categoría cubre el concepto de obligaciones delictuales, mientras que la segunda cubre la materia llamada «cuasidelictual» o, en algunos ordenamientos jurídicos, «cuasicontractual», que incluye en particular el enriquecimiento injusto y la negotiorum gestio. Esta última categoría es objeto de la sección 2. La línea divisoria entre obligaciones contractuales y delictuales no es sin embargo idéntica en todos los Estados miembros y pueden surgir dudas en cuanto a la aplicación de tal o cual instrumento el Convenio de Roma o el Reglamento propuesto en un litigio dado, por ejemplo en cuanto a responsabilidad precontractual, culpa in contrahendo o acción pauliana. El Tribunal ya tuvo la ocasión de constatar, en el marco del artículo 5, apartados 1 y 3, del Convenio de Bruselas, que la materia delictual tiene un carácter residual con relación a la contractual que debe entenderse en sentido estricto (15), tendrá que afinar más su análisis en el marco de la interpretación del Reglamento propuesto. El Reglamento propuesto se aplica a todas las situaciones que implican un conflicto de leyes, es decir, aquellas que contienen uno o más elementos ajenos a la vida social interna de un país y que son susceptibles de aplicarse a varios sistemas jurídicos. En virtud del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento propuesto, las materias siguientes se excluyen de su ámbito de aplicación: a) Las obligaciones extracontractuales pertenecientes a las relaciones de familia o asimiladas, incluidas las alimentarias: las obligaciones relativas al derecho de la familia, en general, no se consideran como delictuales. Tal obligación puede no obstante nacer en el marco de una relación de familia, por ejemplo en el caso de reparación del daño causado por el retraso en el pago de una obligación pago de alimentos. Algunos comentaristas han sugerido que se incluyan estas obligaciones en el ámbito de aplicación del Reglamento porque entonces estarían reguladas por la cláusula de excepción del apartado 3 del artículo 3 que contempla expresamente el mecanismo de la «relación accesoria» que los somete a la misma ley que la relación de familia subyacente. En la medida en que hasta ahora no hay normas de conflicto de leyes armonizadas a escala comunitaria en el Derecho de familia, ha parecido preferible excluir del ámbito de aplicación del Reglamento propuesto las obligaciones extracontractuales nacidas en el marco de las tales relaciones. b) Las obligaciones extracontractuales pertenecientes al derecho de régimenes matrimoniales o de sucesiones: estas materias se excluyen por razones similares a las mencionadas en la letra a). c) Las obligaciones extracontractuales derivadas de letras de cambio, cheques, pagarés así como de otros instrumentos negociables, en la medida en que las obligaciones nacidas de estos otros instrumentos deriven de su carácter negociable: este párrafo reproduce la letra c del apartado 2 del artículo 1 del Convenio de Roma. Se recoge aquí por las mismas razones expuestas en informe GIULIANO-LAGARDE (16), es decir porque, por una parte, las disposiciones del Reglamento no se adaptan a esta clase de obligaciones y, por otra parte, los convenios de Ginebra de 7 de junio de 1930 y de 19 de marzo de 1931 regulan una gran parte de estos ámbitos y porque, finalmente, la calificación de estas obligaciones en los Estados miembros no es uniforme. d) La responsabilidad personal de los socios y órganos respecto a las obligaciones una sociedad, asociación o persona jurídica así como las de las personas encar- INFORMES (15) Véase, en particular, TJCE, sentencia de 22 de marzo de 1983, asunto. 34/82, Martin Peters, Rec. p I. 987, sentencia de 17 de junio de 1992, asunto. C-26/91, Jacob Handte, Rec. p. I. 3697, sentencia de , asunto. C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi (recopilación aún no disponible). (16) Informe relativo al convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, DO n.º C 282 de 31 oct , p. 1. (no hay versión en español). 83

16 INFORMES gadas del control legal de los documentos contables: esta cuestión no puede separarse del Derecho de sociedades, asociaciones u otras personas jurídicas aplicable a la sociedad, asociación o persona jurídica en el marco de cuya explotación se alega la responsabilidad. e) Las obligaciones extracontractuales entre los fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios: los contratos fiduciarios que constituyen una institución sui generis, conviene excluirlos del ámbito de aplicación del presente Reglamento como ya fue el caso en el Convenio de Roma. f) Las obligaciones extracontractuales que se derivan de un daño nuclear: esta exclusión se explica por la importancia económica y estatal y por la contribución de los Estados a la indemnización de los daños nucleares en el marco del régimen internacional de responsabilidad nuclear establecido por el Convenio de París de 29 de julio de 1960 y el Convenio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963, por el Convenio de Viena de 21 de mayo de 1963 y el Convenio sobre la financiación complementaria de 12 de septiembre de 1997 así como por el Protocolo conjunto de 21 de septiembre de Dado que se trata de excepciones, estas exclusiones deben interpretarse de manera restrictiva. El Reglamento propuesto no recoge la exclusión que figura en la letra h) del apartado 2 del artículo 1 del Convenio de Roma, que contempla las normas de prueba y proceso. Se deriva claramente del artículo 11 que éstas dependen, a reserva de las excepciones mencionadas, de la lex fori. No tienen pues que figurar en la lista de las obligaciones extracontractuales excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Artículo 2. Carácter universal. De conformidad con el artículo 2, el presente Reglamento tienen carácter universal, es decir sus normas uniformes de conflicto de leyes pueden referirse por igual a la ley de un Estado miembro o la de un Estado no miembro de la Unión Europea. Se trata de un principio profundamente arraigado en el derecho positivo de las normas de conflicto de leyes que ya se encuentra en el Convenio de Roma, los convenios celebrados en el marco de la Conferencia de La Haya así como en las normas de conflicto nacionales de los Estados miembros. Dada la complementariedad entre el instrumento «Bruselas I» y el Reglamento propuesto, el carácter universal de este último es necesario para el buen funcionamiento del Mercado interior al objeto de evitar distorsiones de competencia entre los justiciables comunitarios. En efecto, aunque el Reglamento «Bruselas I» distingue a priori entre los casos en que el demandado está domiciliado en el territorio de un Estado miembro y aquéllos en que lo está en un tercer Estado (17), regula sin embargo tanto las situaciones que revisten un carácter puramente «intracomunitario» como las que presentan un elemento de foráneo. En efecto, en cuanto a las normas de reconocimiento y ejecución en primer lugar, todas las resoluciones dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que entra en el ámbito de aplicación del Reglamento «Bruselas I» se benefician del mecanismo simplificado de reconocimiento y ejecución; poco importan entonces la ley de un Estado miembro o de un tercer Estado en virtud de la cual se hayan dictado. En cuanto a las normas de competencia, el Reglamento «Bruselas I» se aplica también cuando el demandado está domiciliado fuera del territorio comunitario: cuando el litigio depende de una norma de competencia exclusiva (18) cuando la competencia del juez se basa en una cláusula de atribución de competencia (19), en el caso de simple comparecencia del demandado (20) o de litispendencia (21); en un sentido general, el apartado 2 de su artículo 4 precisa que en la hipótesis de que el demandado esté domiciliado en un tercer Estado, el demandante, si tiene su domicilio en un Estado miembro, podrá, sea cual fuere su nacionalidad, alegar contra el demandado las cláusulas exorbitantes previstas por el derecho del país en el cual esté domiciliado. Resulta del conjunto de sus disposiciones que el Reglamento «Bruselas I» se aplica tanto a las situaciones «intracomunitarias» como a las que presentan un elemento «extracomunitario». Se trata de garantizar, por lo tanto, la igualdad de trato de los justiciables comunitarios, incluso en situaciones que no son puramente «intracomunitarias». Si se siguen manteniendo los más de 15 sistemas diferentes de normas de conflicto de leyes, a dos empresas europeas situadas en dos Estados miembros distintos, A y de B, que planteen ante sus tribunales respectivos un mismo litigio contra la misma empresa nacional de un tercer Estado C, no les serán aplicadas la mismas normas de conflicto, lo que implica, como en situaciones puramente «intracomunitarias», provocar una distorsión de la competencia. Por añadidura, la separación entre litigios «intracomunitarios» y litigios «extracomunitarios» es a partir de ahora artificial. Cómo calificar, por ejemplo, un litigio que sólo se refiere, inicialmente, al nacional de un único Estado miembro y al nacional de un tercer Estado, pero que se convierte más tarde en un proceso que concierne a varios Estados miembros, por ejemplo porque la parte comunitaria cita a juicio a su asegurador establecido en otro Estado miembro o porque la deuda controvertida es posteriormente objeto de una cesión de crédito. Dado el estado de imbricación de las relaciones económicas en el Mercado interior, un litigio presenta siempre un carácter potencialmente intracomunitario. (17) Artículo 2, apartado 1. (18) Artículo 22. (19) Artículo 23. (20) Artículo 24. (21) Artículo

17 Desde un punto de vista practico, por último, los testimonios de los juristas jueces y abogados recogidos por la Comisión en el marco de la consulta escrita, destacaron la complejidad del Derecho internacional privado en general y de las normas de conflicto de leyes en particular. Esta complejidad sería mayor si la presente medida implicara un desdoblamiento de las fuentes de las normas de conflicto de leyes y si los profesionales del derecho debieran en adelante manejar, además de las normas uniformes comunitarias, diferentes normas nacionales en las situaciones que no presenten el vínculo requerido con el territorio comunitario. El carácter universal del Reglamento propuesto responde en consecuencia al objetivo de seguridad jurídica y a los compromisos asumidos por la Unión en favor de una legislación transparente. Artículo 3. Normas generales. El artículo 3 establece las normas generales para determinar la ley aplicable en cuanto a obligaciones extracontractuales derivadas de un delito. Cubre todas las obligaciones para las cuales los artículos siguientes no estipulen una norma especial. Los objetivos que han guiado a la Comisión en la concretización de la norma lex loci delicti commissi son, por una parte, el deseo de seguridad jurídica y, por otra, la búsqueda de un equilibrio razonable entre los intereses del presunto autor del daño y la persona perjudicada. Las soluciones adoptadas corresponden también a la reciente evolución de las normas de conflicto de leyes en los Estados miembros. Apartado 1. Norma general. El apartado 1 del artículo 3 adopta como norma básica la ley del lugar donde se produjo o pudiera producirse el daño directo. En la mayoría de los casos esta ley corresponde a la del país de residencia de la víctima. La expresión «pudiera producirse» indica que el Reglamento propuesto, al igual que el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento «Bruselas I», cubre también las acciones preventivas como, por ejemplo, las demandas por perjuicios. El lugar donde se produzcan los posibles daños indirectos no es pertinente para la determinación de la ley aplicable. En un accidente de circulación, por ejemplo, el lugar del daño directo es el de la colisión, independientemente de los posibles perjuicios financieros o morales que se produzcan en otro país. En este sentido el Tribunal de Justicia ha precisado, en el marco del Convenio de Bruselas, que «el lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no incluye el sitio donde la víctima sufra un perjuicio patrimonial consecutivo a un daño inicial que le hubiera sido infringido en otro Estado contratante (22). La norma implica que, cuando se causen daños en varios países, procede aplicar de manera distributiva las leyes de todos los países en cuestión, de acuerdo con la tesis del «Mosaikbetrachtung» conocida en el Derecho alemán. El Reglamento propuesto sigue la reciente evolución en cuanto a normas de conflicto de leyes en los Estados miembros. Si la ausencia de codificación en varios Estados miembros excluye una respuesta clara para los más de 15 sistemas existentes, la competencia de la ley del lugar del daño la recogen, en particular, los Estados miembros que han codificado recientemente sus normas. La solución se aplica en los Países Bajos, el Reino Unido y Francia, y también en Suiza. En Alemania, Italia y Polonia se autoriza a la persona perjudicada a elegir esta ley entre otras. La solución del apartado 1 del artículo 3 responde a un deseo de seguridad jurídica. Se aparta de la solución adoptada por el proyecto de Convenio de 1972 que retiene como norma de base la competencia de la ley del lugar donde se produce el «hecho dañoso». Ahora bien, resulta de la jurisprudencia del Tribunal que el concepto de «hecho dañoso» cubre a la vez el hecho generador y el daño. Aunque esta solución corresponde a los objetivos específicos de la competencia internacional de los tribunales, no permite a las partes prever con una certeza razonable la ley aplicable a su situación. La norma responde también al deseo de encontrar un equilibrio razonable entre los divergentes intereses de las partes. La Comisión no ha seguido como norma básica el principio de favorecer a la víctima, consistente en la opción concedida a la víctima de elegir la ley que le sea la más favorable. Considera en efecto que tal solución va más allá de las espectativas legítimas de la persona perjudicada y reintroduciría una inseguridad jurídica opuesta al objetivo general del Reglamento propuesto. La solución del artículo 3 constituye pues un compromiso entre las dos soluciones extremas de la aplicación de la ley del hecho generador, por una parte, y la opción concedida a la víctima, por otra. El apartado 1 del artículo 3, que garantiza un vínculo objetivo entre el daño y la ley aplicable, corresponde finalmente a la concepción moderna del derecho de responsabilidad civil que ya no se inclina, como en la primera mitad del siglo, hacia el castigo de un comportamiento culpable: actualmente prima la función indemnizadora, lo que se refleja sobre todo en el desarrollo de sistemas de responsabilidades objetivas sin culpa. En cambio, la aplicación de la norma básica puede resultar no ser apropiada cuando la situación sólo presente vínculos fortuitos con el país donde el daño se haya producido. Por esta razón los apartados siguientes lo descartan en hipótesis específicas. INFORMES Apartado 2. Ley de la residencia común. (22) TJCE, 19 de septiembre de 1995, Asunto C-364/93, Marinari c. Lloyds Bank, Rec p. I El apartado 2 introduce una norma especial en el supuesto de que la persona cuya responsabilidad se alega y la 85

18 INFORMES persona perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo país, en cuyo caso prevé la aplicación de la ley de este país. Se trata de una solución adoptada por la casi totalidad de los Estados miembros, mediante una norma especial o por la concretización de la norma de los vínculos más estrechos por la jurisprudencia. Esta solución corresponde a las legítimas expectativas de ambas partes. Apartado 3. accesoria. Cláusula de excepción general y conexión Al igual que el apartado 5 del artículo 4 del Convenio de Roma, el apartado 3 prevé una cláusula de excepción general cuyo objetivo es introducir una determinada flexibilidad, que permita al juez adaptar la norma rígida a un caso concreto para aplicar la ley que corresponda al centro de gravedad de la situación. En la medida en que esta cláusula introduce una determinada incertidumbre en cuanto a la ley aplicable, se debe acudir a ella de forma excepcional. Ahora bien, la experiencia del Convenio de Roma de 1980 que comienza por enunciar presunciones, ha demostrado que los jueces de algunos Estados miembros tienden a recurrir a la cláusula de excepción ab initio, buscando inmediatamente la ley que responda mejor al criterio de proximidad, sin pasar previamente por estas presunciones (23). Por esta razón las normas de los apartados1y2delartículo 3 del Reglamento propuesto se redactan como normas vinculantes y no como simples presunciones. Para destacar que el uso de la cláusula de excepción debe revestir un carácter excepcional, el apartado 3 requiere además que la obligación presente un vínculo «manifiestamente más estrecho» con otro país. El apartado 3 da indicaciones al juez en el supuesto de que las partes ya estén vinculadas por una relación preexistente. Se trata de un factor que puede tenerse en cuenta con el fin de determinar si existe un vínculo manifiestamente más estrecho con otro país que el designado por las normas vinculantes. En cambio, la ley aplicable a esta relación preexistente no se aplica automáticamente y el juez dispone de un margen de apreciación para determinar si existe un vínculo significativo entre la obligación extracontractual y la ley aplicable a esta relación preexistente. El texto indica que la relación preexistente puede, en particular, consistir en un contrato que presente un estrecho vínculo con el acto ilícito en cuestión. Esta solución presenta un interés particular en los Estados miembros cuyo sistema jurídico admite la acumulación de responsabilidad contractual y extracontractual entre las mismas partes. Pero el texto es lo suficientemente flexible como para que el juez pueda tener en cuenta una relación contractual meramente prevista, por ejemplo en caso de ruptura de negociaciones o en caso de anulación de un contrato o de una relación de familia. Al llevar la aplicación de una única ley a la totalidad de sus relaciones jurídicas, esta solución respeta las legítimas expectativas de las partes y responde al deseo de una buena administración de la Justicia. En un plano más técnico, permite relativizar a la espera de una calificación autónoma por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia las consecuencias resultantes del hecho de que una misma relación pueda pertenecer en un Estado miembro al derecho de los contratos y en otro el derecho de responsabilidad civil. El mismo razonamiento se aplica a las consecuencias de la nulidad de un contrato que ya son objeto de una norma especial la letra e) del apartado 1 del artículo 10 del Convenio de Roma. Como algunos Estados miembros han expresado una reserva a este artículo, el recurso al mecanismo de la conexión accesoria permite superar las dificultades que puedan resultar de la aplicación de dos instrumentos distintos. No obstante, cuando la relación preexistente consiste en un contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil o de trabajo, y cuando este contrato contiene una elección en favor de una ley distinta a la de la residencia habitual del consumidor, del lugar de la realización habitual del trabajo o, excepcionalmente, del lugar de contratación del trabajador, el recurso al mecanismo de la conexión accesoria puede tener como efecto privar a la parte débil de la protección de la ley aplicable sin este recurso. El Reglamento propuesto no contiene una norma expresa en este sentido ya que la Comisión considera que esta solución se desprende, de manera implícita, de las normas protectoras del Convenio de Roma: sus artículos 5 y 6 en efecto se falsearían si la conexión accesoria condujera a validar una elección de las partes para las obligaciones extracontractuales, cuando esta elección está, al menos parcialmente, invalidada por su contrato. Artículo 4. Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos El artículo 4 introduce una norma específica sobre las obligaciones extracontractuales en caso de un daño causado por un producto defectuoso. En cuanto a la definición del concepto de «producto» y de «producto defectuoso» en el sentido del artículo 4, conviene atenerse a la del artículo 2 de la Directiva 85/374 (24). La Directiva 85/374 ha armonizado el derecho material de los Estados miembros en cuanto a la responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa. Este texto no constituye sin embargo una armonización completa ya que deja algunas opciones a los Estados miembros. Por otra parte, la Directiva no afecta al Derecho nacional de la responsabi- (23) Véase, sobre esta cuestión el punto del Libro verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario así como sobre su actualización, antes citado. (24) Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, DO L 210 de , p. 29, modificada por la Directiva 34/1999 de 10 de mayo de 1999, DO L 141 de , p

19 lidad por culpa, que el perjudicado siempre puede alegar, y sólo cubre determinados daños. En consecuencia, el campo de aplicación de la norma especial del artículo 4 es más amplio que el de la Directiva 85/374 ya que se aplica también a las acciones basadas en disposiciones puramente nacionales en materia de responsabilidad por productos defectuosos, que no se origina de dicha Directiva. Además del respeto de las legítimas expectativas de las partes, la norma de conflicto en materia de responsabilidad por productos defectuosos debe tener en cuenta la dispersión de los posibles elementos de conexión (sede del productor, lugar de fabricación, lugar de la primera puesta en circulación, lugar de adquisición por la víctima, residencia habitual de la víctima), acentuada por el desarrollo del comercio internacional, el turismo y la movilidad de las personas y bienes en la Unión. Así la sola conexión al lugar del daño directo no sirve en esta materia pues la ley así designada puede revelarse sin vínculo pertinente con la situación, imprevisible para el productor sin por ello garantizar una protección adecuada a la persona perjudicada (25). Por eso los países que disponen de normas especiales prevén habitualmente una norma que requiere la coincidencia de varios elementos en un mismo país para que su ley sea aplicable. Éste es también el enfoque del Convenio de La Haya de 1973 sobre la responsabilidad por productos defectuosos, vigente en cinco Estados miembros (26). Con arreglo al artículo 25 del Reglamento propuesto, este Convenio sigue vigente en los Estados miembros que lo hayan ratificado cuando entre en vigor el Reglamento. El Convenio de 1973 determina la ley aplicable a la responsabilidad de los fabricantes, productores, distribuidores y reparadores en función de los elementos siguientes, distribuidos o combinados de manera compleja: lugar del hecho lesivo, lugar del domicilio de la víctima, lugar del domicilio del fabricante o productor, lugar de adquisición del producto. Reconociendo las dificultades particulares inherentes a la materia, el Reglamento propuesto parte sin embargo de la exigencia de que una norma no debe ser innecesariamente compleja. Con arreglo al artículo 4, la ley aplicable es, en principio, la de la residencia habitual de la persona perjudicada. Esta solución no obstante se somete a la condición de que el producto se haya comercializado en ese país con el consentimiento de la persona cuya responsabilidad se alega. En ausencia de consentimiento, la ley aplicable es la del país en el que la persona cuya responsabilidad se alega (25) Es el caso, por ejemplo, del turista alemán que compra un bien de fabricación francesa en el aeropuerto de Roma para llevarlo a un país de África donde el bien estalla y le causa un daño. (26) Se trata de España, Finlandia, Francia, los Países Bajos y Luxemburgo. El convenio está también en vigor en Noruega, Eslovenia, Croacia, Macedonia y Yugoslavia. tenga su residencia habitual. Se aplican igualmente los apartados 2 (residencia habitual común) y 3 (cláusula de excepción general) del artículo 3. El carácter simple y previsible de esta norma se adapta especialmente a una materia en la cual el número de transacciones extrajudiciales es muy elevado, en particular, debido a la intervención de los aseguradores. El artículo 4 introduce sin embargo un equilibrio razonable entre los diversos intereses. Gracias a la condición de que el producto debe haber sido comercializado en el país de residencia habitual de la persona perjudicada para que se pueda aplicar esta ley, la solución es previsible para el productor que controla la organización de su red de comercialización. Corresponde también a los intereses legítimos de la persona perjudicada, tanto más que, en la mayoría de los casos, habrá adquirido un producto legalmente comercializado en el país de su residencia. Cuando la persona perjudicada adquiera el producto en un país distinto al de su residencia habitual, por ejemplo durante un viaje, hay que partir de dos hipótesis diferentes: primera, adquirió en el extranjero un producto que también se comercializa en el país de su residencia, por ejemplo para beneficiarse de una oferta promocional. En este caso, el productor ya había previsto que su actividad pudiera examinarse conforme a las normas vigentes en este país cuya ley designa el artículo 4 como era previsible para ambas partes. En cambio, en la segunda hipótesis, cuando la víctima adquiere en el extranjero un producto que no se comercializa legalmente en el país de su residencia habitual, ninguna de las partes espera que se aplique la ley de este último. Se necesita por tanto una norma subsidiaria. Las dos puntos de conexión discutidos en el marco de las consultas realizadas por la Comisión eran el lugar del daño, por una parte, y la residencia habitual de la persona cuya responsabilidad se alega. Considerando que debido a la gran movilidad de los bienes de consumo la conexión al lugar del daño no respondía ni al criterio de seguridad jurídica ni al deseo de protección de la víctima, la Comisión adoptó la segunda solución. La norma del artículo 4 responde no sólo a las expectativas de las partes, sino también a los objetivos más generales de la Unión Europea como son un alto nivel de protección de la salud de los consumidores, y el mantenimiento de las condiciones de competencia honesta en un mercado dado. En efecto, al garantizar que todos los competidores que intervienen en un mercado dado se sometan a la misma norma de seguridad, los productores establecidos en un país cuyo nivel de protección es poco elevado no podrán exportar este bajo nivel a los otros países, lo que constituye un incentivo general a la innovación y al desarrollo científico y técnico. La expresión «persona cuya responsabilidad se alega» no designa necesariamente al fabricante de un producto acabado; puede también tratarse del productor de una materia prima o de un componente, o incluso un intermediario o vendedor final. Por otra parte, toda persona que 87 INFORMES

20 INFORMES importe un producto en la Comunidad se considera, bajo determinadas condiciones, responsable de la seguridad del mismo en el mismo concepto que el productor (27). Artículo 5. Competencia desleal. El artículo 5 prevé una conexión autónoma para las acciones por daños y perjuicios de un daño resultante de un acto de competencia desleal. Las normas de competencia desleal tienen por objeto proteger la honradez de la competencia obligando a todos los participantes a seguir las mismas normas. Reprimen, entre otras cosas, los actos destinados a influir sobre la demanda (por ejemplo, el fraude y coacción), los actos que tienden a obstaculizar la oferta competidora (por ejemplo, la perturbación del suministro de un competidor, el despido temporal por falta de trabajo de asalariados, el boicoteo), o también los que explotan el valor de un competidor (creación de un riesgo de confusión, explotación de la buena reputación, por ejemplo). En su concepción moderna, el derecho de la competencia tiene por objeto proteger tanto a los competidores (dimensión horizontal) como a los consumidores y al público en general (relaciones verticales). Esta función tridimensional del derecho de la competencia debe reflejarse en un instrumento moderno de conflicto de leyes. El artículo 5 refleja este triple objetivo ya que contempla a la vez la repercusión en el mercado en general, en los intereses de un competidor y en los intereses colectivos y difusos de los consumidores (contrariamente a los intereses individuales de un consumidor concreto). Este último concepto se toma prestado de una serie de directivas comunitarias en cuanto a protección de los consumidores, y, en particular, de la Directiva 98/27 de 19 mayo de 1998 (28) que instaura una acción de cesación en beneficio de las asociaciones de los consumidores. Eso no significa, sin embargo, que este concepto se refiera a las meras acciones introducidas por una asociación de los consumidores; debido al triple objetivo del derecho de competencia, casi todo acto de competencia desleal afecta también a los intereses colectivos de los consumidores, siendo irrelevante que la acción se plantee a continuación por un competidor o una asociación. En cambio, el artículo 5 se aplica también a las acciones de cesación introducidas por las asociaciones de consumidores. El Reglamento propuesto está así en línea con la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativo al Convenio de Bruselas, según el cual «una acción judicial preventiva, entablada por una asociación para la protección de los consumidores con objeto de obtener la prohibición del uso por un comerciante de cláusulas consideradas abusivas en los contratos celebrados con particulares, es de carácter delictual o cuasidelictual en el sentido del artículo 5, número 3, de dicho Convenio» (29). El análisis comparado del Derecho internacional privado de los Estados miembros revela que existe un amplio consenso sobre la aplicación de la ley del país cuyo mercado se perturba por los actos de competencia. Este resultado se obtiene por la concretización del principio general lex loci delicti, o por la conexión específica en este sentido (Austria, España, los Países Bajos, y también en Suiza) y corresponde a las recomendaciones de una gran parte de la doctrina y la Liga internacional del derecho de competencia en cuanto a publicidad (30). La situación actual se caracteriza, sin embargo, por una determinada incertidumbre, en particular, en aquellos países cuya jurisprudencia no ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la concretización de la norma lex loci delicti. La creación de una norma uniforme de conflicto en esta materia refuerza pues la previsibilidad de las decisiones de justicia. El artículo 5 prevé la vinculación a la ley del Estado en cuyo territorio «las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores hayan sido afectados o corran el riesgo de serlo». Se trata del mercado en el cual los competidores actúan para atraerse clientes. Esta solución corresponde a las expectativas de las personas perjudicadas puesto que la norma designa en general el derecho que regula su entorno económico. Pero garantiza sobre todo la igualdad de trato entre todos los actores económicos de un mismo mercado. El derecho de competencia tiene por objetivo la protección de un mercado; responde a un objetivo macroeconómico. Las acciones de reparación sólo son accesorias y deben estar condicionadas por el juicio global sobre el funcionamiento del mercado. Por lo que se refiere a la valoración de los efectos en este mercado, la doctrina admite en general que sólo se tengan en cuenta los efectos directos y sustanciales de un acto de competencia desleal. Esto tiene importancia, en particular, en las situaciones internacionales en la medida en que el comportamiento contrario a la competencia afecta generalmente a varios mercados y conduce a una aplicación distributiva de las leyes existentes. La necesidad de una norma especial sobre este tema a veces se pone en duda porque conduciría a la misma solución que la norma general del artículo 3, el daño cuya reparación se pide se confunde con el efecto contrario a la competencia que condiciona la aplicabilidad del derecho de competencia. Ahora bien, si es cierto que a menudo coinciden ambos en el plano territorial, esta coincidencia no es automática: cabe preguntarse, por ejemplo, sobre el lugar en que se produce el daño cuando dos empresas (27) Véase. Directiva 85/374 antes citada, artículo 3, apartado 2. (28) Directiva 98/27 (CE) del Parlamento y el Consejo de 19 mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, DO L 166 de , p. 51. (29) TJCE, , Asunto. C -167/00, Henkel. (30) Resolución adoptada en el Congreso de Ámsterdam en octubre de 1992, publicada en la Revue internationale de la concurrence 1992 (n.º 168), p. 51, precisando que esta Resolución preconiza también esfuerzos de armonización de las normas materiales sobre este tema. 88

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