Resolución nº 123/2016, de 6 de octubre.

Transcripción

1 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Resolución nº 123/2016, de 6 de octubre. RECURSO 104/2016 OBRA-ENTE PBCO. PUERTOS CANARIOS Inadmisión del recurso por falta de competencia del Tribunal para conocer de un recurso administrativo ordinario, como es el potestativo de reposición. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. VISTO el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. JARS en nombre y representación de la empresa SOCIEDAD ANÓNIMA TRABAJOS Y OBRAS, y D. SGS, en nombre y representación de la empresa HERMANOS GARCÍA ÁLAMO S.L. (concurrieron a la licitación como Unión Temporal de Empresas), contra la resolución de la Presidenta del Ente Público Empresarial Puertos Canarios, de 7 de julio de 2016, por la que se acuerda el desistimiento del procedimiento de contratación relativo a la Ejecución de la obra de ampliación del Puerto de Agaete, Gran Canaria, este Tribunal ha adoptado la siguiente Resolución: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. El Consejo de Administración del Ente público empresarial Puertos Canarios, en sesión celebrada el 3 de febrero de 2015, acordó aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, con admisión de proyecto variante, de la ejecución de las obras de ampliación del Puerto de Agaete, término municipal de Agaete, isla de Gran Canaria, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que han de regir el contrato; con un presupuesto base de licitación que asciende a la cifra de cuarenta y cuatro millones, seiscientos mil euros ( ,00.) y disponiendo, asimismo, la apertura del procedimiento de licitación. SEGUNDO. El anuncio de la convocatoria del procedimiento de licitación del contrato de obra de referencia fue objeto de publicación en los medios y fechas siguientes: en el Perfil del

2 Contratante y en el D.O.U.E, el 04/04/2015; en el BOC, el 16/04/2015, y en el BOC, el 27/04/2015. TERCERO. En el expediente de contratación, relativo al citado contrato de obra, se presentaron, durante el periodo de licitación, ofertas por las siguientes entidades agrupadas en UTE: -FERROVIAL- AGROMAN, PETRECAN. -ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., LOPESAN ASFALTOS y CONSTRUCCIONES S.A. -SATO S.A., HERMANOS GARCIA ALAMO S.L. -SACYR CONSTRUCCIONES S.A., CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA - TECNICAS SUBACUATICOS. MONTAJES -FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., MOSQUERA CARRASCO OBRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA CUARTO. El 7 de julio de 2016, la Presidenta del Ente Público Empresarial Puertos Canarios dictó resolución por la que acordó el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato para la ejecución de la obra Ampliación del Puerto de Agaete, Gran Canaria. La remisión de la notificación de dicha resolución a la recurrente, tuvo lugar el 18 de julio de QUINTO. El 21 de julio de 2016, la recurrente solicitó el acceso al expediente de contratación, personándose a tal efecto en las oficinas del órgano de contratación el 25 de julio de SEXTO. Las recurrente presentó, el 17 de agosto de 2016, ante el órgano de contratación, escrito de interposición del recurso potestativo de reposición contra la resolución de la Presidenta del Ente Público Empresarial Puertos Canarios, de 7 de julio de 2016, por la que acordó el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato para la ejecución de la obra Ampliación del Puerto de Agaete, Gran Canaria. SÉPTIMO. El 22 de septiembre de 2016, tiene entrada en el registro de este Tribunal oficio del órgano de contratación, al cual se adjunta escrito de interposición del recurso potestativo de reposición, con registro de entrada el día 17 de agosto de 2016 en el Ente Público Empresarial Puertos Canarios; expediente de contratación, listado de licitadores e informe del Director administrativo del Ente Público, de 22 de septiembre de FUNDAMENTOS DE DERECHO ÚNICO. Antes de entrar a valorar las cuestiones de fondo del recurso interpuesto, procede analizar si concurren los requisitos de admisión del mismo, pues de otro modo se procederá sin más a declarar su inadmisión. 2

3 Pues bien, del examen de los requisitos de admisión del recurso, recogidos en el artículo 22.1 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se concluye que en el caso presente no se cumple el 1º de los requisitos establecidos en el citado precepto: Competencia para conocer el recurso En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), y 3 a) del Decreto 10/2005, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, la competencia de este Tribunal se circunscribe, por lo que aquí interesa, al conocimiento de los recursos especiales en materia de contratación regulados en el artículo 40 del TRLCSP. Por su parte, este último precepto, en su apartado 5, establece la no procedencia de los recursos administrativos ordinarios contra los actos susceptibles de ser impugnados a través del recurso especial en materia de contratación. Pues bien, a la vista de lo expuesto, resulta claro y evidente que en el caso que nos ocupa procede inadmitir de plano el recurso potestativo de reposición interpuesto, dada la incompetencia de este Tribunal para conocer de un recurso administrativo ordinario, como es el potestativo de reposición. Tampoco cabría entender que la recurrente ha incurrido en un error, al calificar el recurso interpuesto como recurso potestativo de reposición, como consecuencia de la notificación defectuosa de la resolución impugnada, que permitiera la admisión a trámite del mismo, a que alude el artículo de la en ese momento vigente Ley 30/1992. En este sentido, el citado precepto de la Ley 30/1992 condiciona la admisión a trámite del recurso, en caso de error en la calificación del mismo por el recurrente, a que de éste se deduzca su verdadero carácter. No siendo este el caso, toda vez que la recurrente manifiesta su voluntad expresa de interponer el recurso de reposición, reconociendo al propio tiempo que el recurso procedente contra el desistimiento del procedimiento de contratación es el recurso especial, por entender que el desestimiento constituye un acto de trámite recurrible al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.2 b). Conviene aquí hacer una precisión en relación con la calificación como acto de trámite que la recurrente hace del desistimiento. En este sentido, señalar que es reiterada la doctrina (por todas: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 096/2012 y 267/2012; Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 017/2011 y 054/2013) que considera al desistimiento como acuerdo de adjudicación, que contempla el TRLCSP como acto recurrible en su artículo 40.2 c). La razón de subsumir el desistimiento en los actos recurribles referidos en el artículo 40.2 c), esto es, los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores, se funda en su propia naturaleza como modo de extinción del procedimiento de contratación. En efecto, el desistimiento no puede insertarse dentro de la clasificación doctrinal del ordenamiento español de acto de trámite, pues junto a la 3

4 resolución y la renuncia es una de las formas de poner fin al procedimiento. No cabe encuadrar, por tanto, el desistimiento dentro del supuesto del artículo 40.2 b) del TRLCSP. Por otra parte, de lo argumentado anteriormente cabe concluir que aquellos actos que ponen fin al procedimiento de adjudicación, como sucede en el caso que nos ocupa, bien con la selección de un licitador o bien con la no selección de ninguno, como pueden ser el desistimiento, la renuncia o la declaración de desierta de una licitación, a efectos del recurso especial en materia de contratación, deben considerarse incluidos dentro del supuesto del artículo 40.2 c): Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. Dicho lo anterior, tenemos que reconocer que la notificación de la resolución de la Presidenta del Ente Público Empresarial Puertos Canarios, de 7 de julio de 2016, por la que acordó el desistimiento, y que fue remitida a la ahora recurrente el 18 de julio de 2016, no surtió efectos. En efecto, la notificación efectuada fue defectuosa, ya que en el pie de recurso de dicha resolución, infringiendo lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, no se hacía mención expresa al único recurso administrativo susceptible de ser presentado, el recurso especial en materia de contratación, ni al Tribunal ante el cual cabía interponerlo ni al plazo para hacerlo. Pese a lo anterior, la recurrente solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual, acceso al expediente de contratación, verificándose dicho acceso el 25 de julio de Pues bien, de conformidad con el artículo 19.5 del Reglamento, podría considerarse que el examen del expediente por la recurrente constituye una actuación que implicaría el conocimiento del contenido y alcance de la notificación. De considerarse así, el citado artículo 19.5 del Reglamento dispone que a partir de dicha actuación, el exámen del expediente, se inicia el plazo para interponer el recurso especial. Así, tomando como dies a quo el 25 de julio de 2016, el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso especial habría finalizado el pasado 11 de agosto, por lo que el recurso debería ser inadmitido por extemporáneo. Pero es que, aun cuando no considerásemos el examen del expediente como una actuación que inicia el cómputo del plazo para interponer el recurso especial, tampoco procedería admitir el recurso de reposición objeto de la presente resolución, pues su interposición no obedece a un error provocado por el órgano de contratación, sino que ha sido presentado por la recurrente siendo plenamente consciente de que el procedente era el recurso especial. Prueba de ello son las numerosas referencias que la recurrente hace en el escrito de interposición a la posibilidad de interponer el recurso especial en materia de contratación: El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), determina la necesidad de ofrecer a los licitadores la posibilidad de entablar el recurso especial en materia de contratación (...) ; (...) por lo que la resolución de la Presidenta, de fecha 7 de julio de 2016, por la que se resuelve DESISTIR del procedimiento de Adjudicación para la contratación de la obra, puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación (...). Es decir, está reconociendo expresamente en el escrito de recurso que procede la interposición del recurso especial, y aún así no interponen éste sino el de reposición. 4

5 Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en relación con los artículos 41.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, y 3 a) del Decreto 10/2005, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, procede la inadmisión del recurso de reposición interpuesto, por falta de competencia de este Tribunal para conocer del mismo. De este modo, la concurrencia de la causa de inadmisión expuesta impide entrar a analizar los restantes requisitos de admisión y los motivos de fondo en que el recurso se sustenta. Por lo expuesto, visto los preceptos legales de aplicación, este Tribunal RESUELVE PRIMERO. INADMITIR, por falta de competetencia para conocer del mismo, el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. JARS en nombre y representación de la empresa SOCIEDAD ANÓNIMA TRABAJOS Y OBRAS, y D. SGS en nombre y representación de la empresa HERMANOS GARCÍA ÁLAMO S.L. (concurrieron a la licitación como Unión Temporal de Empresas), contra la resolución de la Presidenta del Ente Público Empresarial Puertos Canarios, de 7 de julio de 2016, por la que se acuerda el desistimiento del procedimiento de contratación relativo a la Ejecución de la obra de ampliación del Puerto de Agaete, Gran Canaria. SEGUNDO. Notificar la presente resolución a todos los interesados en el procedimiento administrativo. Esta resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente al de la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción-Administrativa. EL TITULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 5