ABOGADOS POR LA JUSTICIA SOCIAL CONVERGENCIA DIGITAL

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1 ABOGADOS POR LA JUSTICIA SOCIAL CONVERGENCIA DIGITAL Un desafío actual para la regulación de la comunicación audiovisual Señor presidente, señores diputados y senadores presentes, funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, representantes de los distintos agrupamientos empresarios y de la sociedad civil, y demás presentes, antes que nada quisiéramos agradecer la oportunidad que se nos da de poder expresar nuestros puntos de vista en este ámbito, así como lo hemos hecho participando de los foros convocados por el Comité Federal de Radiodifusión para la discusión del anteproyecto que hoy, ya constituido en proyecto de ley, debate esta Honorable Cámara, y que se presentaron como una oportunidad inédita, y arriesgaríamos a decir revolucionaria, de involucrar al conjunto de la sociedad en el debate plural de aquellos asuntos trascendentes que hacen a la configuración de la calidad de la democracia efectiva en que pretendemos desarrollarnos como comunidad. Abogados por la Justicia Social es una organización de abogados que entiende al derecho como una herramienta, a utilizar en favor de la concreción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales cuya realización sólo es posible en el marco de un Estado que garantice la inclusión de su base de ciudadanía real, permitiendo y fomentando el proyecto de realización de cada uno de sus habitantes, en un marco democrático y colectivo. Nuestro objetivo es consolidar un proyecto académico, político e institucional al servicio de los intereses de las mayorías. Nuestro fin es revertir el discurso de aparente neutralidad político-ideológica del derecho que se ha consolidado en los núcleos de producción y transmisión de pensamiento jurídico. Toda vez que las estructuras normativas han sido utilizadas durante años al servicio de los intereses ajenos a la patria, nuestro objetivo consiste en modificar el paradigma señalado. Pretendemos aportar a la consolidación de un diseño jurídico de Nación acorde a nuestros principios, en el cual se ponga como eje al ser humano, en especial, a aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la comunidad. De esta manera, creemos que es posible recuperar nuestro capital humano nacional, y ponerle fin al modelo impuesto de exclusión económica y de marginalidad social. Sólo así, será posible recuperar la capacidad regional y popular de autodeterminación. Desde esta perspectiva nos presentamos hoy para acercar nuestros puntos de vista en torno a una temática que entendemos fundamental en el proceso de democratización del acceso a las TIC, así como del acceso a los contenidos informativos, artísticos y culturales, cuya extensión, federalización y democratización resulta indispensable para el desarrollo armónico de una comunidad democrática y plural. Esta temática no es otra que el proceso de convergencia tecnológica, en el campo de las TIC, y el marco normativo que se dará nuestro país para su desarrollo y regulación. Cuando hablamos de temas tales como telecomunicaciones, comunicación audiovisual, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) o convergencia tecnológica, no podemos eludir que nos adentramos a un debate con múltiples aristas y formas de abordaje. En este sentido debe reconocerse que estaremos abordando temáticas que afectan derechos tan disímiles como trabajar y ejercer toda industria lícita, comerciar, publicar ideas por la prensa sin censura previa, profesar libremente un culto, enseñar y aprender 1, igualdad ante la ley y ante los impuestos y cargas públicas 2, de los extranjeros a gozar en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano 3, libertad de imprenta 4, de los consumidores y usuarios 5, de preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales 6 y buena cantidad de los derechos contenidos en los tratados internacionales de dere- 1 Todos contenidos en el artículo 14, CN. 2 Artículo 16, CN. 3 Artículo 20, CN. 4 Artículo 32, CN. 5 Artículo 42, CN. 6 Artículo 75, incisos 17 y 19, CN. Página 1 de 6

2 chos humanos incorporados al bloque constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Así, cuando la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) sostiene que el concierto de las naciones del mundo que fomenta su identidad y cultura, preservan la independencia de los medios frente a las empresas con objetos sociales diferentes o que respondan servicios de primera necesidad 1, no podemos menos que preguntarnos qué es lo que denominamos identidad cultural? En este sentido acordaremos con la diputada electa Alcira Argumedo cuando sostiene que el tema de las identidades culturales habría que enmarcarlo en lo que fue ese gran debate de fines de los años 70 alrededor del nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones. Y no por casualidad es consecuencia de lo que podríamos llamar la revolución del Tercer Mundo, durante el período , en el cual dos tercios de la humanidad que durante los cuatro siglos anteriores habían estado sometidos a los dominios coloniales o neocoloniales de las potencias de Occidente, iniciaron procesos de liberación nacional y movimientos populares que cuestionaron núcleos decisivos del poder. Además de la libertad, la igualdad y la autonomía que les eran negadas, un nuevo elemento fundamental para estos países fue la aceptación y el respeto a sus distintas identidades culturales 2. Por supuesto que un abordaje de estas característica, que intente abarcar globalmente la problemática, excede en demasía los limites de esta presentación, sin embargo no quisimos privarnos de mencionar estas aristas a fin de poner en perspectiva el trasfondo, generalmente oculto, de todo debate en torno a la regulación de los llamados bienes culturales, en general, y la comunicación audiovisual, en particular, incluyendo sus relaciones con las telecomunicaciones, a partir de la convergencia tecnológica que posibilitan las nuevas TIC. Nuestra intervención hoy intenta contribuir al debate sobre la conveniencia actual de que en nuestro país el proceso de convergencia tecnológica se realice en un contexto de regulación asimétrica de derechos entre los distintos jugadores del mercado de las TIC o por el contrario en un marco de igualdad formal que deje librada a la mano invisible del mercado la orientación general de ese proceso. No seremos originales si decimos que el problema de la integración de servicios de comunicaciones no es para nada novedoso, así por ejemplo, Héctor Huici ha sostenido en una publicación del Instituto de Derecho de las Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que en los albores de nuestro desarrollo normativo sobre las telecomunicaciones, el decreto del 5 de octubre de 1936 prohibía a los permisionarios de los servicios de telecomunicaciones dar otros usos a sus instalaciones y establecía la utilización de las líneas pura y exclusivamente para la transmisión de la palabra hablada por medio de la telefonía (artículo 10). Asimismo, el permisionario no podía celebrar acuerdos de ninguna clase, entre otras, con empresas de telegrafía o radioeléctricas sin la previa autorización caso por caso por el Poder Ejecutivo (artículo 23). En ningún supuesto, el arrendatario podría destinar dichos enlaces para el servicio telegráfico o radiotelegráfico (artículo 24). Inclusive, el servicio de telefonogramas realizado por líneas arrendadas a la empresa no podía ser provisto si la administración telegráfica o radiotelegráfica no estaba autorizada para ello por el Poder Ejecutivo (artículo 26). 3 La novedad radica en cuales son los servicios que hoy tiende a converger, y en principio podemos decir que son el servicio telefónico, la señal de televisión (tradicional e interactiva) y el acceso a Internet. Radicando el concepto de convergencia en que todos son brindados por un único soporte de comunicación, ya sea cable coaxial, fibra óptica, cable de par trenzado, red eléctrica, microondas u otro. Frente a esta realidad tecnológica la legislación vigente en nuestro país establece una serie de limitaciones, sostenidas a lo largo del tiempo por administraciones de distinto signo político, entre las que podemos destacar las que siguen. 1 La televisión por cable es un puente al futuro, Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en 2 Alcira Argumedo, Atravesamos una restauración conservadora que intenta imponer una homogeneización cultural, en 3 Héctor Huici, Triple Play: un nuevo nombre para un viejo problema, en Comunicaciones, año III - Nº 11, Instituto de Derecho de las Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (http://www.derecho.uba.ar/idec/ed011/tripleplay.php). Página 2 de 6

3 En primer lugar ya el pliego de bases y condiciones de la privatización de ENTEL establecía la prohibición de prestar servicios de comunicación audiovisual a las empresas que resultasen adjudicatarias. Ya durante el gobierno de la Alianza, en el año 2000 el decreto 764/2000 aprobó un Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones que mantiene esa prohibición. En el mismo sentido el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión vigente, y que se pretende modificar, establece que las licencias, tanto del servicio básico como de los servicios complementarios, no se otorgarán a una persona jurídica prestadora de un servicio público ni a los directores o administradores de dicha persona jurídica, ni al accionista mayoritario de la misma si es que posee el 10 % o más de las acciones que conforman la voluntad social., con la única excepción de aquellas cooperativas de servicios públicos en cuya área de cobertura no exista un licenciatario de servicios de radiodifusión o de servicios complementarios. Finalmente la ley , conocida como Ley de Bienes Culturales, limita la participación del capital extranjero en las empresas de comunicación audiovisual a un máximo del 30 % del capital con derecho a voto, lo que resulta en la exclusión tácita de las empresas de comunicaciones que operan en nuestro país, en razón de que la actual tenencia extranjera de su capital accionario supera largamente ese 30 %. Por otra parte, desde la apertura a la competencia del servicio de telefonía, no existen reparos en nuestra legislación para que empresas licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual, sean básicos o complementarios, extiendan sus actividades hacia el campo de las telecomunicaciones. De allí que en el debate sobre la convergencia tecnológica en nuestro país la cuestión que está sujeta a discusión desde hace muchos años es si a los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones se los debe autorizar a ser también licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual, tal como hoy sí pueden ser licenciatarios de servicios de telecomunicaciones los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. Este escenario, que como vimos anteriormente afecta derechos de muy diversas calidades, tiene un impacto central en el ámbito económico, dando lugar a lo que se ha denominado contestabilidad cruzada entre las industrias culturales y las telecomunicaciones Como sostiene Jorge Katz, en el primer capítulo del documento Tecnologías de la información y la comunicación e industrias culturales. Una perspectiva latinoamericana, publicado por CEPAL en junio de 2006, este fenómeno consiste en la amenaza competitiva proveniente de productos y/o procesos productivos de ramas de actividad que hasta hace no mucho tiempo eran, de hecho, industrias diferentes, escasamente imaginables como competidoras directas. 1 En este marco se da el debate sobre cual debería se la impronta que marque la necesaria actualización de la regulación de la convergencia y no son pocos los actores que pretenden que las opciones se restringen a resolver si debe la regulación modificar su enfoque y permitir a los licenciatarios de telecomunicaciones difundir por sus redes servicios de radio y televisión para sus clientes o por el contrario: debe negárseles tal servicio manteniendo el estatus de la regulación vigente. Y en este sentido cada una de las partes en discusión apuntan sus argumentos, así habrá quien sostenga que La restricción legal a la integración de servicios (triple, cuádruple o énuple play) va de contramano al avance tecnológico, la moderna regulación y la economía. Y citará a modo de ejemplo [que] la ley de telecomunicaciones de EE.UU. de 1996 flexibilizó las restricciones para la propiedad cruzada entre medios de radiodifusión y de telecomunicaciones. Asimismo permitió la transmisión de videos y convenios con canales de televisión abierta para la transmisión de programas. Recíprocamente permitió que los cableoperadores brindaran servicios de telecomunicaciones. Más cercano a nuestros días es la decisión en México de permitir el triple play. 2 Desde las antípodas de esta visión, la Asociación Argentina de Televisión por Cable, sostendrá que permitir la suma absoluta de los servicios a las TELCOS terminará por ahogar el desarrollo de la Banda Ancha a todo el país y por ende la democratización de ella. [ ] 1 Alejandro Alfie, Contestabilidad cruzada entre industrias culturales y telecomunicaciones en 2 Héctor Huici, op.cit. Página 3 de 6

4 Entre los riesgos existentes en una modificación del marco de acción de las TELCOS que les permita ingresar a radiodifusión está el aumento de rentabilidad sin inversión y la peligrosidad de acumular los más variados servicios que conllevará a la desaparición de muchísimas empresas de cable del interior de nuestro país, que se verían imposibilitadas de competir. 1 Para arribar a esta conclusión indicarán que la facturación de las dos telefónicas más importantes del país triplica a la de toda la industria del cable, 2 lo sostienen en base a la notable disparidad económica y de competencia que se da en el sector de las TELCOS ($ mm de facturación) y la industria del cable ($ mm de facturación). 3 Por otra parte, el mercado de medios de comunicación, y en especial el mercado de Televisión por suscripción, presentan niveles de concentración económica y geográfica de magnitudes relevantes, no sólo a escala nacional sino también regional, así, en su trabajo Concentración de medios, 4 Martín Becerra y Guillermo Mastrini, anotan que en América Latina tempranamente se advirtieron los problemas generados por una excesiva concentración de la propiedad de los medios. Ya en los años sesenta los estudios de sociopolítica de la comunicación definieron dos dimensiones de la concentración: geográfica y económica. La geográfica hace referencia a la centralización de la producción, distribución y consumo cultural en los grandes centros urbanos. Amplias regiones de los distintos países latinoamericanos quedaron, y en muchos casos quedan, fuera del alcance de estaciones de radio y televisión, así como de los circuitos cinematográficos. De esta forma, la diversidad cultural de los países de la región se vio reducida en muchos casos a la visión de las elites capitalinas. La concentración económica se vincula con el complejo entramado de relaciones que tempranamente se estableció entre el poder político, el poder económico y los propietarios de los medios. Numerosos estudios de las décadas del 60 y 70 observaban cómo los sectores hegemónicos se encontraban entre los accionistas de los medios de comunicación. Si la prensa se había vinculado ya en el siglo XIX con los sectores oligárquicos, y en muchos casos expresaba sus puntos de vista y contradicciones, la difusión masiva de la radio y la televisión fue contemporánea a la irrupción de proyectos modernizadores. Este proceso descrito encuentra su expresión en nuestro país, y ya en el año 2000, en los considerandos de la resolución 32 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, puede leerse que cuatro empresas (Multicanal, Cablevisión TCI, Supercanal y Teledigital) concentraban el 67,70 % de los abonados de televisión por cable del país, proceso de concentración continua hasta llegar finales de 2008 cuando sólo las empresas integrantes de Grupo Clarín concentraban el 50,96 % de los abonados a la televisión por suscripción. En este escenario, donde la concentración económica y geográfica tanto de las empresas de telecomunicaciones como de las empresas de medios avanzan hacia la concentración vertical de servicios, es en el que nuestro país debate una nueva regulación para la comunicación audiovisual, la que sin lugar a dudas deberá dar respuesta a necesidades en múltiples y variados planos de la realidad social, económica, cultural y política. Como sostiene el doctor Ricardo Porto: Por un lado se encuentra toda la normativa referida a la libertad de expresión, ya que la operación de medios de comunicación supone la materialización de ese derecho. Pero, además, las estaciones de radio y televisión constituyen verdaderas empresas mediáticas que, en estos tiempos, exhiben un significativo poder, por lo que adquiere singular importancia el derecho empresarial de los medios. Por último, pero tal vez en primer grado de importancia, se encuentran las disposiciones orientadas a preservar el derecho de los usuarios de los servicios de radiodifusión. De este modo, se supera el esquema liberal clásico que tenía como eje la libertad de expresión, para conformarse un escenario más complejo donde la comunicación aparece como un bien social. 5 Resulta bastante evidente que el avance vertiginoso de las TIC tiende hacia una convergencia tecnológica de todos los servicios de comunicaciones en una única plataforma. Y parece también evidente que este paso no sólo resulta posible, e incluso ineludible, sino que 1 Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), op.cit. 2 Alejandro Alfie, op.cit. 3 Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), op.cit. 4 Publicado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires en 5 Ricardo Porto, Una nueva ley nacional de radiodifusión. Para ampliar la autonomía individual y enriquecer el debate colectivo, en Página 4 de 6

5 se presenta como deseable, en tanto conforma necesariamente un mojón en el camino de acortamiento de la brecha digital y democratización de la información, el conocimiento y la tecnología. En este mismo sentido, resulta una verdad de Perogrullo sostener la necesaria adaptación de nuestra regulación a los desafíos que presentan las nuevas posibilidades de la convergencia tecnológica. Sin embargo este aggiornamiento ineludible no implica necesariamente eliminar la asimetría en la regulación de la convergencia, en tanto esta asimetría se presente como una herramienta útil para la regulación de un mercado del que participan, de una u otra forma, grandes grupos de concentración económica. Así, mientras la protección de la pluralidad y diversidad de contenidos y actores sea una finalidad perseguible en nuestra cultura, la imposición de asimetrías normativas como compensación de las asimetrías objetivas del mercado capitalista resultará una herramienta útil y necesaria para el establecimiento de un régimen jurídico capaz de atender a todos los sectores sociales en su necesidad de acceso a la información, el entretenimiento y las comunicaciones. En este sentido el camino marcado por el capítulo I ( Prestadores de los servicios de comunicación audiovisual ) del título III ( De la prestación de la actividad de los servicios de comunicación audiovisual ) del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual avanza en el establecimiento de un marco de regulación asimétrica, que permite a un tiempo avanzar en el desarrollo, la extensión geográfica, la federalización y democratización de la convergencia tecnológica de servicios de información y comunicaciones evitando la formación o consolidación de monopolios u oligopolios resultantes de la verticalización de mercados soportada por un previo y mayor desarrollo de infraestructuras físicas y la posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones. Esto resulta de la articulación de los textos de los artículos 23 y 25, con especial atención a las previsiones de los apartados III y IV de este último artículo, en tanto condicionan la posibilidad de las TELCOS de acceder al licenciamiento como operadores de servicios de comunicación audiovisual a requisitos fácticos de desmonopolización del propio mercado de las telecomunicaciones, estableciendo así al proceso de convergencia tecnología de la TIC en una suerte de puente de plata hacia la desmonopolización y democratización tanto del mercado de medios audiovisuales de información como del mercado de las telecomunicaciones. Sostenemos esto desde la convicción de que exigencias tales como: La interconexión con otros operadores, mediante acuerdos de interconexión cuyos términos, condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) y precios no resulten discriminatorios; La portabilidad numérica entendida como derecho del cliente o usuario; La existencia efectiva de opciones desmonopolizadas de acceso al sistema nacional de telecomunicaciones interno y al exterior distintas a la red del solicitante; La obligación de facilitar a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte; La exigencia de dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; La previsión del respeto de las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores conforme la actividad principal; La previsión, en resguardo de la competencia y los usuarios, de la constitución de unidades separadas de negocio, con diferenciación de contabilidad y facturación; y La prohibición expresa de subsidios cruzados y las llamadas prácticas atadas. Juntamente con las previsiones generales de los artículos 21, 23 y 24, en conjunto con las previsiones de la ley ; resultan exigencias oportunas en el sentido de constituir un marco regulatorio que evitando escenarios de temprana obsolescencia normativa, frente al avance incesante de la tecnología, permita un desarrollo democrático, geográficamente extendido y no monopólico de las TIC, apostando a los aportes que en este sentido resultan del proceso de convergencia tecnológica en marcha. Finalmente, y entre tantas otras cosas por lo antes expresado, es que quisimos hacer uso de esta oportunidad de intervención para solicitarle a la Honorable Cámara que nos recibe que, asumiendo el rol que constitucionalmente le corresponde, avance en dotar al país de la Página 5 de 6

6 ley de servicios de comunicación audiovisual que nuestra democracia adeuda desde hace ya más de un cuarto de siglo. En ese sentido se han escuchado voces sosteniendo que el Congreso de la Nación con su actual composición no se encuentra legitimado para cumplir sus funciones constitucionales, sobre las que quisiéramos dejar una breve reflexión. Si resultaran atendibles esos argumentos, se produciría un doble juego de potestades o facultades de la Cámara de Diputados; así entre la asunción de los legisladores y la elección de medio término el cuerpo gozaría tanto de legalidad como de legitimidad para el cumplimiento de sus funciones, siendo que una vez realizada la elección y hasta la asunción de los nuevos legisladores conservaría la legalidad, pero carecería de legitimidad como cuerpo colegiado para la formación de leyes. Si se siguiera esta línea de pensamiento llegaríamos al absurdo de sostener que todo legislador durante algún tramo de su mandato integra un cuerpo legal pero ilegítimo, postura que sólo es compatible con aquellas filosofías que, bajo ropajes liberales, abrazan los autoritarismos y repudian la Constitución, la República y la democracia. Es por esto que nos presentamos hoy a esta audiencia pública en la seguridad que la legitimidad de origen y ejercicio con que la Constitución Nacional inviste a esta Honorable Cámara es la mejor garantía de pluralidad, federalismo y democracia que nuestra sociedad reclama y necesita. Página 6 de 6

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