CONVOCATORIA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y PRÁCTICAS PROMISORIAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

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1 CONVOCATORIA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y PRÁCTICAS PROMISORIAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA El plazo de recepción de proyectos será del 10 de marzo al 7 de abril de 2014 La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) y el Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) invitan a los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales, Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), Colectivos, Academia e Iniciativa Privada, que han puesto en marcha programas comunitarios para prevenir la violencia y la delincuencia, a participar en la postulación de Buenas Prácticas y Prácticas Promisorias para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esta Convocatoria se realiza en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) y del PCC. En este sentido, el objetivo del PNPSVD, es fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión, la Sociedad Civil Organizada, la Academia, la Iniciativa Privada, otras instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía. En tanto que, el objetivo del PCC es coadyuvar al trabajo conjunto del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (GdM) y el Gobierno de los Estados Unidos de América (GdEUA) en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito comunitario. En colaboración con la SPPC, el PCC está enfocado en proporcionar apoyo técnico para planear e implementar proyectos de desarrollo comunitario, dirigidos a reducir los factores que propician la generación de violencia y delincuencia, brindar a los jóvenes alternativas para su desarrollo y fortalecer la capacidad institucional del GdM en sus tres órdenes (federal, estatal y municipal), de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), de los 1

2 Colectivos, de la Academia y de la Iniciativa Privada, para diseñar e implementar acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. En este sentido, se ha propuesto identificar un conjunto de Buenas Prácticas y Prácticas Promisorias, con el objetivo de facilitar su replicabilidad en otros municipios y poblaciones afectadas por la violencia y la delincuencia en el país, agilizando así su diseño, implementación, estandarización e institucionalización. Para ello, se emite la presente Convocatoria, con las bases para la postulación de prácticas que serán documentadas y valoradas a través de procesos estandarizados de sistematización y evaluación con el apoyo de consultores externos y de un Comité Revisor, conforme al proceso que posteriormente se describe. I.- Bases de la Convocatoria Los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales, las OSC, los Colectivos, la Academia y las Empresas interesadas podrán presentar sus propuestas de Buenas Prácticas y Prácticas Promisorias. Para efectos de la presente Convocatoria y de conformidad con lo que se establece en la Guía para la sistematización de Buenas Prácticas de prevención de la violencia y el delito publicada por el PCC ( una buena práctica se define como los conocimientos útiles sobre los elementos de gestión de un proyecto, proceso o programa implementado, que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, que ha probado parcial o exhaustivamente su eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de intervenciones similares en otros contextos. Por su parte, una práctica promisoria también se refiere a los conocimientos útiles sobre los elementos de gestión de un proyecto, proceso o programa implementado, pero que en comparación con las Buenas Prácticas, no han sido aún evaluados. Sin embargo, sí han sido monitoreados y pueden ser sistematizados para ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para incrementar la eficacia de intervenciones similares en otros contextos (aunque no necesariamente puedan ser consideradas replicables). 2

3 II.- Criterios Los integrantes del Comité Revisor seleccionarán las prácticas que se apegan a las características de una buena práctica, con base en los siguientes criterios: Criterio Enfoque a los grupos de atención prioritaria del PNPSVD Enfoque de reducción de factores de riesgo y fortalecimiento de los factores de protección Pertinencia Focalización territorial y poblacional Integralidad Coproducción de la seguridad Sistematicidad Descripción Las prácticas deberán estar focalizadas a uno o más de los siguientes grupos: niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad, como la población interna del sistema penitenciario y sus familias, y migrantes, entre otros Deberán atender a la reducción de los factores de riesgo que propician la generación de violencia y delincuencia, entendidos como aquellos que expresan la existencia de situaciones que advierten sobre el posible surgimiento de diversas formas de violencia y/o delincuencia, que están presentes en la vida de las personas a nivel individual, familiar, escolar y/o social. Asimismo, deberán atender al fortalecimiento de los factores de protección, entendidos como aquellas capacidades individuales, grupales o institucionales y formas de relaciones sociales que generan respeto, tolerancia, reconocimiento del otro y de sus necesidades, y mecanismos de sanción social a las transgresiones, aceptados por todos y que permiten procesar adecuadamente los conflictos. Las prácticas deberán responder a diagnósticos documentales y participativos que describan, entre otros aspectos, las creencias y normas socioculturales prevalecientes en los beneficiarios, espacios y entornos donde la comunidad convive, actividades cotidianas de las poblaciones, características de las familias, etc. El diagnóstico también deberá especificar a los actores involucrados, así como las probables causas y efectos de las problemáticas en las que se incidió. Las prácticas deberán partir de la identificación de zonas de intervención, focalizadas en delimitaciones territoriales o poblacionales con mayores factores de riesgo de violencia y delincuencia. Las prácticas deberán ser estrategias integrales y articuladas desde diferentes ámbitos (salud, economía, deporte, educación, cultura, etc.) que busquen atender y prevenir la violencia y la delincuencia, entendidas como fenómenos multicausales, y que fomenten la participación ciudadana y comunitaria. Las prácticas deberán incluir acciones coordinadas que permitan a las diversas instancias municipales, estatales y federales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivos, Academia, Iniciativa Privada y a los habitantes de las comunidades, participar en la construcción de una ciudad más segura, enfrentando de manera efectiva y coordinada los problemas de inseguridad. Las prácticas deberán haber sido implementadas de forma consistente por un plazo no menor a 2 años y deben ser prácticas que se encuentren en operación actualmente. 3

4 Inclusión Participación ciudadana Formación de capacidades institucionales Eficiencia y eficacia en la implementación Monitoreo y evaluación Evidencia de resultados e impactos Sostenibilidad Alineación al PNPSVD Las prácticas deberán lograr la inclusión activa de poblaciones vulnerables o de actores clave en la prevención y reducción de la violencia (por ejemplo, padres de familia, maestros, promotores comunitarios, voluntarios, etc.). Las prácticas deberán contar con la participación ciudadana, entendida como el conjunto de acciones por medio de las cuales los ciudadanos toman parte, a título individual o colectivo, en el diseño, gestión y control de las políticas públicas o colaboran en el desarrollo de tareas de interés general. La participación permite traducir y jerarquizar las necesidades y las expectativas sociales en medidas de gobierno, así como articular esfuerzos en torno a objetivos específicos. Las prácticas de Gobiernos de las Entidades Federativas y los Municipios deberán demostrar que se ha contribuido a institucionalizar políticas, procedimientos, etc. y a desarrollar habilidades en varios integrantes del personal operativo involucrado para garantizar una mayor continuidad. Las prácticas deberán haber implementado actividades adecuadas, en el periodo de tiempo más corto posible y con los costos más bajos, para posibilitar el cumplimiento de objetivos y metas planteados. La prácticas contarán con procedimientos mínimos de registro, monitoreo y rendición de cuentas que permitan sistematizar el proceso para recrearlo y analizarlo. Así también, habrán establecido, desde el inicio, indicadores adecuados para la evaluación de resultados y de impactos. La evaluación generada por las instituciones postulantes, permitirá probar que la práctica genera efectos y beneficios positivos, y hay indicios de que está contribuyendo a resolver la problemática atendida. Las Buenas Prácticas habrán de ilustrar cuáles son los métodos y técnicas utilizados para su evaluación, con su respectiva fundamentación. Las Buenas Prácticas habrán incorporado medidas y previsiones para trabajar en los elementos más determinantes para su sostenibilidad, incrementando sus probabilidades de permanencia, expansión y re-aplicabilidad de la práctica. El desarrollo de las prácticas se deberá llevar a cabo en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, conforme a sus Objetivos y Estrategias (ver Anexo I). De igual manera, las prácticas postulantes deberán cumplir con por lo menos un rubro de la temática establecida por las instituciones convocantes (ver Anexo II). El siguiente listado indica de forma enunciativa, más no limitativa, posibles factores de riesgo en los que pueden estar enfocadas las intervenciones seleccionadas: Embarazo adolescente Abuso de drogas legales e ilegales Ambiente familiar deteriorado Deserción o ausentismo escolar Falta de oportunidades laborales y desocupación Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente. Entornos de ilegalidad Espacios públicos para la convivencia insuficientes, deteriorados y/o abandonados. Marginación y exclusión social 4

5 III.- Postulación El formato de postulación de las prácticas podrá ser descargado del portal de internet del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 10 de marzo al 7 de abril de 2014, y deberá ser llenado y enviado por las personas responsables, a la dirección electrónica buenaspracticas@segob.gob.mx antes del 7 de abril del presente año. Durante este periodo se podrán aclarar dudas y orientar a las personas interesadas sobre el proceso de documentación y el llenado de los formatos en la dirección antes señalada así como en el número telefónico (55) ext / (para atención a OSC, Colectivos, Iniciativa Privada y Academia) y ext (para atención a Entidades Federativas y Municipios) de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Una vez que se reciba la postulación, se enviará un correo de confirmación. Para ser aceptada, la postulación deberá contener como mínimo la información solicitada en el Formato para la postulación de Buenas Prácticas y de Prácticas Promisorias para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Así como enviar copia de los siguientes documentos: 1. Documento que acredite la existencia de la organización, dependencia o empresa. 2. Copia del documento de identidad de la persona que se señala como contacto en el Formato para la Postulación (IFE, pasaporte, etc.) 3. Una carta firmada por el titular de la organización o dependencia gubernamental, indicando que avala la postulación de la práctica. En caso de ser más de una institución la que postula la práctica, se deberá incluir una carta por cada una de ellas. 4. Incluir el documento con el diagnóstico en el que se sustenta la práctica. 5. Incluir los documentos de los resultados de las evaluaciones a las que se ha sometido la práctica. Podrán postular de forma conjunta Gobiernos Estatales y, Municipales, OSC, Colectivos, e iniciativa privada, con programas comunitarios, implementados a nivel local (municipio). Para efectos de la Convocatoria, los gobiernos propios de los pueblos indígenas regidos por usos y costumbres, así como los gobiernos de las Delegaciones del Distrito Federal, se reconocerán como equivalentes a los gobiernos municipales. Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal se reconocerá como equivalente a gobierno estatal. 5

6 Podrán participar prácticas de gobierno involucradas en el ámbito intermunicipal o regional, siempre y cuando en éstas la coordinación sea responsabilidad del orden municipal, o estatal. IV.- Proceso Las propuestas recibidas serán revisadas por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Aquellas que no cumplan con los requisitos, serán notificadas por la Subsecretaría y los postulantes contarán con tres días hábiles para subsanarlas, mismos que correrán a partir de la fecha de notificación. Las propuestas que no cumplan con los requisitos quedarán fuera del proceso y serán notificadas de ello. A partir del lunes 21 de abril del presente, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana publicará, en su portal de internet ( los resultados de esta primera revisión y notificará vía correo electrónico a los responsables de las propuestas sobre los resultados de esta verificación. Las prácticas que cumplan los requisitos mínimos serán sometidas a un segundo proceso de consideración realizado por el Comité Revisor, conformado por un representante de una OSC, un representante de un Organismo Internacional, un representante de la Iniciativa Privada y dos representantes de la Academia. Dicho Comité seleccionará las prácticas que, con base en los criterios establecidos, sean las mejores propuestas. Las prácticas pre-seleccionadas pasarán por un tercer proceso de revisión, en el cual, consultores externos recabarán más información, a través de entrevistas telefónicas y/o visitas de campo para evaluar los proyectos. La información recabada por los consultores externos será enviada al Comité Revisor para que, con base en ésta, los integrantes del mismo puedan seleccionar las tres prácticas que serán documentadas y sistematizadas por los consultores externos. Únicamente las prácticas finalistas podrán, de ser el caso, agregar a sus documentos de comunicación y difusión la leyenda de Buena Práctica o en su caso, Práctica Promisoria para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Las prácticas finalistas serán reconocidas como casos de éxito y posteriormente, serán publicadas y puestas a disposición de otros actores interesados, a través de una publicación impresa y en el sitio web del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ( Así mismo, se buscará sean difundidas en diversos medios de comunicación y que tengan espacio en eventos 6

7 nacionales o internacionales, con el objetivo de que puedan presentar su proyecto y brindar apoyo para replicarlo. De esta forma, se diseñará una agenda para el fortalecimiento de los proyectos que no alcancen el distintivo de Buena Práctica para que en un futuro logren obtenerlo. Cabe recalcar que adicional a las tres prácticas que serán sistematizadas, las prácticas mejor evaluadas serán publicadas en el portal de internet del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ( El siguiente reglamento determina las pautas y compromisos adquiridos por las instituciones participantes durante su participación en la Convocatoria y en la documentación: V.- Reglamento 1. No se responderán solicitudes de prórroga para la postulación de prácticas, y tampoco serán otorgadas. 2. Para las prácticas postuladas por Gobiernos, la persona encargada de postular la práctica deberá contar con el aval del titular del órgano responsable del programa o del proyecto y acreditarlo mediante un documento firmado por la misma persona. En el caso de las OSC, los colectivos, la Academia y la Iniciativa Privada, la postulación deberá realizarla la persona responsable del proyecto, programa o proceso, con el aval de la Dirección de la Institución / Academia / Iniciativa Privada y/o de la Presidencia de su órgano máximo de gobierno. En caso de ser más de una institución la que postula la práctica, se deberá incluir una carta por cada una de ellas. 3. Los actores participantes (Gobiernos Municipales, Estatales, OSC, Colectivos, Academia e Iniciativa Privada) no podrán postular más de una práctica. 4. Se aceptarán propuestas presentadas conjuntamente por dos o más municipios involucrados en la práctica. Igualmente, se podrán presentar propuestas de proyectos que realicen conjuntamente dos o más de los actores mencionados (Gobiernos de las Entidades Federativas, Gobiernos Municipales, OSC s, Colectivos, Academia e Iniciativa Privada). 5. El Comité Revisor y los consultores externos solicitarán documentación adicional, si así lo requieren, a la persona de contacto de la institución que está postulando. En caso de que no sea atendida esta solicitud, la postulación será cancelada, previa notificación, ya sea durante la etapa de preselección o en la etapa de 7

8 evaluación. Dado que el proceso de selección considera actividades de sistematización in situ, el Comité Revisor y los consultores externos se reservarán el derecho de visitar y solicitar más información o documentación que pueda ser necesaria para verificar y validar los hallazgos de la misma. Por lo anterior, la persona de contacto deberá disponer de tiempo para atender estas actividades y mantener comunicación con las personas o actores involucrados en la práctica con el fin de llevar a cabo la sistematización. 6. La Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana informará a las instituciones postulantes, antes de iniciar la sistematización y evaluación de prácticas, sobre el uso que se dará a la información producida en el proceso, y sobre los medios de difusión que se utilizarán para la promoción de las mismas, adicionales al sitio web donde se compilarán las prácticas. Por tanto, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana se reserva el derecho del uso de información. 7. Los fallos y acuerdos del Comité Revisor serán inapelables. 8

9 Anexo I Objetivos y Estrategias del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Objetivo específico 1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social del delito, mediante su participación y desarrollo de competencias. Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. Objetivo específico 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. Objetivo específico 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación. Estrategia 1.1. Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en proyectos locales de prevención social. Estrategia 1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en organizaciones de la sociedad civil de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana. Estrategia 1.3 Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social del delito y la corresponsabilidad en materia de seguridad. Estrategia 2.1 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia. Estrategia 2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia. Estrategia 2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres. Estrategia 2.4 Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en otros grupos en situación de vulnerabilidad. Estrategia 2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia. Estrategia 2.6. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario. Estrategia 3.1. Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia. Estrategia 3.2 Fomentar acciones para que la ciudadanía recupere y se apropie de los espacios, que permitan fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. Estrategia 3.3 Favorecer los modelos de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía. Estrategia 4.1. Promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social en los servidores públicos de municipios/delegaciones, entidades federativas y federación. Estrategia 4.2 Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social del delito. 9

10 Anexo II Temas 1. Tipo de prevención (Ver Anexo III) Prevención social Prevención comunitaria Prevención psicosocial Prevención situacional Prevención policial orientada a la comunidad 2. Dimensión de la prevención (Ver Anexo III) Prevención primaria Prevención secundaria Prevención terciaria 3. Ámbito de intervención: Familiar Escolar Comunitaria 4. Grupo en situación de vulnerabilidad y de atención prioritaria: Niñas y niños Adolescentes y jóvenes Mujeres Población penitenciaria Adultos mayores Migrantes Indígenas Adultos mayores Desplazados internos Comunidad LGBTTTI 5. Eje transversal: Perspectiva de Género Perspectiva de Derechos Humanos Cohesión Comunitaria Participación Ciudadana Cultura de Paz Cultura de la Legalidad Convivencia Ciudadana 10

11 Anexo III Conceptos de tipos de prevención 1. Prevención social de la violencia y la delincuencia. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de la violencia y delincuencia (Cfr. LGPSVD, 2012). 2. Prevención comunitaria. La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria, y comprende: i) La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias; ii) El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos; iii) Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades frente a problemas locales; iv) La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y v)el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (Cfr. LGPSVD, 2012). 3. Prevención psicosocial. La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente: i) Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; ii) La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y iii) El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos (Cfr. LGPSVD, 2012). 4. Prevención situacional. La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante: i) El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia; ii) El uso de nuevas tecnologías; iii) La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad; iv) Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y v) La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización (Cfr. LGPSVD, 2012). 5. Prevención policial. Estrategia sustentada en la actuación del poder local a través de acciones de las instituciones policiales para prevenir la incidencia criminal (Trajano y Cano, 2005). El objetivo práctico de la policía es reducir la victimización causada por el crimen, la cual está relacionada con la prevención de la criminalidad y la violencia. Tradicionalmente, la policía ha actuado con metodologías reactivas, con el fin de controlar y reprimir la delincuencia y el comportamiento violento. Sin embargo, el trabajo policial también debe 11

12 orientarse a la detección de las oportunidades potenciales para cometer delitos y así poder impedirlos. Se ha visto que la policía es más eficaz en la prevención de la delincuencia cuando sus intervenciones se dirigen: i) A los lugares donde se concentra la delincuencia ( hot spots o puntos críticos ). ii)a las personas más vulnerables y las víctimas de repetición. iii) A los delincuentes reincidentes, asegurando que todas las protecciones legales y el debido proceso sean plenamente respetados (IDB, 2012). 6. Prevención primaria: es de aplicación universal y consiste en medidas que operan mucho antes de que ocurran los hechos violentos y/o delictivos, al promover acciones no violentas y proveer incentivos positivos para que la población tome caminos alternativos a la delincuencia y la violencia (Cfr. LGPSVD, 2012). 7. Prevención secundaria: está enfocada a quienes tienen mayor riesgo de generar violencia y/o cometer un delito (Cfr. LGPSVD, 2012). 8. Prevención terciaria: políticas y acciones dirigidas a los generadores de violencia y/o delincuentes para evitar la reincidencia, así como a las víctimas, para evitar la revictimización (Cfr. LGPSVD, 2012). Fuentes: IDB (2012). Citizen Security. Conceptual Framework and Emprirical Evidence. Inter- America Develpoment Bank. Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, f. Trajano, S; y Cano, I. (2005). Iniciativas Municipales de Prevención de la Violencia en América Latina. [Disponible en: 12

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