Que el niño tiene derecho a crecer en un ambiente de amor, comprensión y cariño, en lo posible, dentro del seno de su familia biológica;

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1 CÓDIGO DE MENORES CONGRESO NACIONAL EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS Considerando: Que la Constitución Política de la República establece en el artículo 19 que el Estado garantiza, los derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona; Que tratándose de menores, la Carta Política dispone, en el artículo 25, que el hijo será protegido desde su concepción y se garantiza el amparo al menor a fin de que su crecimiento y desarrollo sean adecuados para su integridad moral, mental y física, así como para su vida en el hogar; Que el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es Ley de la República y, por tanto, lo obliga como Estado parte a adoptar medidas para hacer efectivos los derechos allí reconocidos; Que el niño tiene derecho a crecer en un ambiente de amor, comprensión y cariño, en lo posible, dentro del seno de su familia biológica; Que el Código de Menores, dado el 2 de junio de 1976, mantiene una estructura y visión incompatibles con los principios internacionales que trae la Convención sobre los Derechos del Niño; Que en nuestro país hay menores que viven en condiciones especiales difíciles y que necesitan especial protección; Que es obligación del Congreso Nacional proteger a los menores ecuatorianos; En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: CÓDIGO DE MENORES Título I PRINCIPIOS Y OBJETIVOS (Denominación del título sustituida por el Art. 1 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98) Art. 1.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Son principios de este Código: a) Consagrar los derechos fundamentales del menor; b) Determinar los principios rectores que orientan las normas que garantizan los derechos del menor; c) Señalar los derechos y deberes del menor en la convivencia familiar y social; d) Definir las situaciones de riesgo en las que puede encontrarse el menor; e) Determinar las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al menor que se encuentra en situación de riesgo, y las medidas que tiendan a la superación de dicha situación; f) Señalar la competencia y los procedimientos para garantizar los derechos del menor; y, g) Establecer los servicios, modelos y alternativas de protección al menor que se encuentra en situación de riesgo, sin perjuicio de las normas orgánicas y de funcionamiento que se dicten. Los deberes que mediante este Código se establecen para el Estado, no excluyen la obligación que tiene toda persona de amparar a la familia, a la madre gestante y al menor.

2 Ninguna de las normas de este Código puede interpretarse de forma que contravenga a estos objetivos, a los principios rectores que se encuentran en este Título, o a las disposiciones consagradas en convenios o normas internacionales ratificadas o aprobadas de acuerdo a la Constitución y a las leyes del país. Art. 2.- Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente Código, y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los menores, sin discriminación alguna, por razones de condición familiar, social, económica, política, étnica, religiosa, o cualquier otra condición suya, de sus padres, familiares, o sus representantes. Es deber de la familia, la comunidad, la sociedad en general y el poder público asegurar, con absoluta prioridad, la realización de los derechos relacionados con la sobrevivencia, el desarrollo del menor y su participación en los asuntos que le interesen. Art. 3.- Están sujetos a las disposiciones de este Código: a) Todo ser humano, desde su estado prenatal hasta los dieciocho años; y, b) Las personas mayores de edad, en los casos previstos por la Ley. Si existiere duda acerca de la edad de una persona, se la considerará menor mientras se pruebe lo contrario. Art. 4.- La protección a los menores será integral y se ejercerá en todos sus períodos evolutivos, inclusive el prenatal. Dentro del ámbito de protección determinado en el inciso anterior, este Código regula la situación de la mujer embarazada y los derechos del menor concebido. Art. 5.- El Estado ecuatoriano asume la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos del menor, establecidos por este Código y los convenios internacionales. Para ello desempeñará funciones de regulación, control y apoyo a la familia, la comunidad y a las organizaciones privadas que trabajen con menores de edad. Este principio deberá considerarse tanto en la formulación de las políticas como en la planificación y realización de las actividades del Estado. Art. 6.- En todas las medidas que conciernan a menores de edad, sean tomadas por las autoridades administrativas, jurisdiccionales, de las instituciones públicas o privadas o el legislativo, se atenderá primordialmente el interés superior del menor y el respeto a sus derechos. Se deberán tomar en cuenta, al apreciar los hechos, los usos y costumbres propios del medio social y cultural en que el menor se ha desenvuelto habitualmente, siempre que no estén en oposición a la Ley. Art. 7.- Los casos sujetos a conocimiento y resolución del Servicio Judicial de Menores, serán tratados como problemas humanos y no como litigios: por tanto el interés del menor primará sobre cualquier otra consideración, en la recolección de pruebas, en los informes periciales y en la resolución adoptada. Cuando estos casos tengan que ver con menores pertenecientes a minorías étnicas o comunidades indígenas, se observarán, además de los principios contemplados en este Código, sus usos, costumbres y tradiciones y en lo posible, se consultará con las autoridades tradicionales de la comunidad a la cual pertenece el menor. Si una autoridad tradicional ha tomado una medida en el asunto a conocer, el tribunal deberá tomarla en cuenta y evaluarla en relación al interés superior del menor. Título II DEL MENOR COMO SUJETO DE DERECHOS Capítulo I DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Art. 8.- Todo menor tiene derecho a ser criado y educado en el seno de su familia natural, en un ambiente de afecto y respeto a sus derechos. Art. 9.- Los menores temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tienen derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Se procurará que la atención a estos menores se dé en un ambiente familiar. Capítulo II DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD

3 Art El menor tiene derecho a la protección de su vida y salud, mediante la ejecución de políticas sociales y económicas que permitan su nacimiento y desarrollo físico e intelectual en condiciones dignas de existencia, en el marco de la atención prioritaria a la salud familiar. Es deber del Estado racionalizar los recursos disponibles a fin de ofrecer a toda la población el derecho a contar con los servicios públicos de salud integral. Art La familia es la garante inmediata de la salud física, mental y social de sus miembros, y debe buscar la orientación adecuada para contrarrestar la incidencia de factores externos en la salud de la familia. Art Se prohíbe someter a un menor, desde su concepción, a experimentación médica o científica. Art El poder público y las instituciones de salud y asistencia a menores propiciarán las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto a la mujer y al niño, en especial a los grupos de adolescentes embarazadas y niños que nacen con menos de gramos. Art Los hospitales y demás establecimientos de atención a la salud de la mujer y el niño estarán obligados a: a) Mantener registros en los que conste la atención y el seguimiento del desarrollo del embarazo, parto y puerperio; b) Facilitar a los padres información sobre sus responsabilidades; c) Identificar al nacido vivo a través de la estadística y mediante la impresión de huellas dactilares de la madre y plantares del recién nacido, sin perjuicio de otras formas que señale la autoridad competente; d) Diagnosticar y hacer un seguimiento médico de los niños que naciesen con problemas patológicos y discapacidades físicas y mentales, así como orientar a los padres de los mismos; e) Posibilitar que el recién nacido tenga alojamiento conjunto con su madre mientras se encuentra en el centro médico; f) Incentivar que el niño sea alimentado a través de la lactancia, por lo menos hasta el primer año de vida; g) Controlar que el crecimiento y desarrollo del niño sea acorde a la edad cronológica del mismo; h) Informar al tribunal de menores o instituciones autorizadas de las sospechas de cualquier forma de maltrato o abandono a menores que conozcan; i) Capacitar a las familias y a los grupos organizados para integrar los servicios de prevención, profilaxis y suministro de medicamentos básicos para el tratamiento y preservación de la salud del menor. Art Son obligaciones del Ministerio de Salud: a) Garantizar el acceso universal e igualitario a las acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de todo menor; b) Organizar servicios de atención específica para menores que tengan deficiencias físicas, sensoriales o mentales; c) Garantizar la cobertura de los servicios de medicina gratuita para los menores de edad; d) Promover programas de prevención de enfermedades que ordinaria o extraordinariamente afectan a la población infantil; e) Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; y, f) Las demás que le señale la Ley. Art El Estado promoverá la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportuna. Art Los centros de salud y hospitales públicos y privados están obligados a dispensar, de inmediato, la atención de urgencia que requiere el menor, sin que pueda aducirse la ausencia de los representantes

4 legales, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la causa del ingreso o cualquier otra circunstancia para negarla. Art Se prohíbe expender a menores de edad: a. Licores, cigarrillos y sustancias estupefacientes que puedan producir adicción; b. Pegamentos industriales; y, c. Armas de cualquier tipo. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a las acciones penales correspondientes. Art Las instituciones que no cumplan con estas obligaciones serán clausuradas por el Ministerio de Salud o serán sancionadas con una multa igual al valor que corresponda la atención que debía proporcionar al menor. Capítulo III DERECHO A LA LIBERTAD, AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD Art El menor tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en proceso de desarrollo físico, psíquico y social, y como sujeto de derechos cívicos, humanos y sociales garantizados por la Constitución y la Ley. Art El derecho del menor a la libertad comprende, entre otros, los aspectos siguientes: a) Libertad para ingresar y permanecer en lugares públicos y espacios comunitarios, con las restricciones que se señalen en esta y otras leyes; b) Libertad de expresión y opinión; c) Libertad de creencia y culto religioso, aun si es distinto al de sus padres o responsables; d) Libertad para jugar, practicar deportes y divertirse sanamente, de acuerdo a las necesidades y características de su desarrollo; e) Libertad de participar en la vida familiar y comunitaria, sin discriminación de ninguna especie; f) Libertad de buscar refugio, auxilio y orientación cuando sea víctima de maltrato; y, g) Libertad de recurrir a las autoridades competentes en caso de conflicto de intereses con sus padres o responsables. Art El derecho al respeto consiste en la inviolabilidad de su integridad física, psíquica o moral, la preservación de su imagen, su identidad, su autonomía, sus valores y creencias, su espacio y objetos personales. Art Todo menor tiene derecho a que se proteja su integridad personal. En consecuencia, no podrá ser sometido a tortura, a tratos crueles y degradantes ni a detención arbitraria, acorde a los convenios internacionales ratificados. El menor privado de su libertad recibirá un tratamiento humanitario en centros especializados, estará separado de los infractores mayores de edad, y no podrá ser incomunicado. Capítulo IV DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA Art El Estado garantiza el derecho a la educación, que incluye la posibilidad de acceder a una instrucción de calidad y acorde a las necesidades de la persona, y a gozar de un ambiente favorable para el aprendizaje, tanto en el sistema educativo formal como en la educación no formal. Es responsabilidad de los padres y familiares del menor la educación del mismo, especialmente de los resultados de la socialización, el desarrollo psico-social y afectivo del menor, y los valores y actitudes que se le inculquen. Art Toda persona tiene derecho a la educación desde su nacimiento, proporcionada por su familia y subsidiariamente por el Estado.

5 El Estado integrará en sus políticas la necesidad de asegurar a los menores y sus familias las condiciones económicas, sociales, nutricionales y de salud adecuadas para un aprendizaje efectivo. El Estado adoptará políticas tendientes a promover la participación y responsabilidad activa de la familia en la educación de los menores, y de las comunidades y organizaciones en la prestación de servicios educativos, recreacionales, culturales. Art La educación básica asegurará los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del menor hasta su máximo potencial; b) El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; c) La promoción y difusión de los derechos de los menores; d) El respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales, y a los valores de los pueblos y culturas distintas de la suya; e) La preparación para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos; f) El desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico y creativo; g) La capacitación del menor para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos técnicos y científicos; y, h) El respeto al medio ambiente natural. Art El Estado garantiza a todo menor igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en el sistema educativo. La educación básica es obligatoria y gratuita. Art Se reconoce el derecho del menor al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas apropiadas a su edad. Los municipios garantizarán que en toda planificación urbana se incluyan espacios suficientes y adecuados para la construcción de campos de juego, parques y terrenos al aire libre, dedicados a la recreación familiar. Art Se reconoce el derecho del menor a participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad. El Ministerio de Educación y la Casa de la Cultura promoverán oportunidades apropiadas y en condiciones de igualdad para la participación del menor en programas culturales. Art Los medios de comunicación colectiva ofrecerán gratuita y obligatoriamente espacios destinados a programas del Consejo Nacional de Menores. Nota: Mediante el Decreto Ejecutivo 750, R.O. 159-S, 30-III-99, se ha creado el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en sustitución del Consejo Nacional de Menores. Art Los espectáculos públicos adecuados a menores gozarán de un régimen especial en relación a las contribuciones fiscales y municipales, que serán reglamentadas por las autoridades municipales respectivas. En estos espectáculos serán admitidos en forma gratuita y obligatoria los menores pertenecientes a centros de protección. Los espectáculos organizados exclusivamente en beneficio de los establecimientos de protección gozarán de exoneración de impuestos. Art Las autoridades de menores sancionarán a quienes permitan a los menores: a) Asistir a cualquier espectáculo que hubiere sido calificado como nocivo a su formación intelectual o moral; y,

6 b) Ingresar a lugares de juegos de azar o accionados con monedas, de apuestas de dinero, o a lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Art El Estado garantiza el derecho de los menores al acceso a una información adecuada y que respete la cultura del menor. Para hacer efectivo este derecho es atribución del Estado: a) Requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social y cultural para el menor, con los objetivos señalados en este capítulo; b) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; c) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas acordes con las necesidades lingüísticas del menor perteneciente a los diversos grupos étnicos; d) Controlar el contenido de los materiales que se difunden en horarios dirigidos para menores; y, e) Sancionar hasta con tres salarios mínimos vitales y sin perjuicio de las responsabilidades penales, a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor. Capítulo V DERECHO A LA IDENTIDAD Art El menor será registrado inmediatamente después de su nacimiento, y tendrá derecho a un nombre, a la nacionalidad ecuatoriana, a conocer a sus padres y a ser cuidados por éstos. Art En el Certificado de nacido vivo constará la identificación dactilar de la madre y la identificación plantar del recién nacido. Art Es obligación del Estado preservar la identidad de los menores, sancionando a los responsables de la sustitución o privación de aquella, de conformidad con la Ley. En los casos en que la sustitución de identidad se produjera, el Estado buscará los mecanismos más idóneos para restablecer la verdadera. Capítulo VI DERECHO A LA ASOCIACIÓN Y A LA EXPRESIÓN Art Se reconoce el derecho del menor a la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas. El Ministerio de Bienestar Social llevará un registro especial de las asociaciones formadas por menores de edad, con fines culturales, productivos, sociales, religiosos, recreativos o estudiantiles. Reglamentará para cada caso los requisitos que dichas organizaciones deban cumplir para que ciertos actos de las mismas tengan efectos jurídicos, y la forma en la que se establecerá la representación de los mismos. Art Al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio se garantiza el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y por los medios que elija, y a que se tenga en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Art El menor tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, con las restricciones legales. Capítulo VII DERECHOS DE LOS MENORES CON DEFICIENCIAS FÍSICAS O MENTALES Art Los menores mental o físicamente discapacitados tienen derecho a disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse por sí mismos, y faciliten la participación activa del menor en la comunidad. Art El Estado asegurará el derecho del menor mental o físicamente discapacitado a recibir los cuidados especiales, y auspiciará la prestación al menor que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado, la asistencia que se solicite, mediante Ley especial. Dicha asistencia asegurará al menor impedido acceso efectivo a los programas de estimulación temprana, los servicios sanitarios y de rehabilitación, la preparación para el empleo, y el esparcimiento. Capítulo VIII DERECHO DE PREFERENCIA

7 Art Los menores de edad serán atendidos de manera prioritaria y preferente en caso de desastres naturales, catástrofes sociales y conflicto armado. El Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional contemplará, en lo relativo a la defensa civil, las normas que garanticen esta prioridad. Título III INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE BASE FAMILIAR Capítulo I DE LAS RELACIONES PATERNO FILIALES Sección I NORMAS GENERALES Art Los padres y los hijos se deben respeto recíproco. Los hijos deben obediencia a sus padres en todo aquello que no lesione sus derechos. Los hijos están obligados, cualquiera sea su edad, a cuidar de sus padres en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad, y proveer a sus necesidades en la medida de sus posibilidades. Tienen derecho al mismo cuidado y auxilio los ascendientes del menor. Art Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le hubieren asignado, sin licencia de los mismos. Si un menor ha dejado el hogar, el tribunal tendrá la obligación de investigar el caso y escuchar al menor, antes de tomar la medida que considere más adecuada en beneficio del mismo. En caso de que una persona retuviere indebidamente al menor fuera del hogar de sus padres, éstos podrán exigir a las autoridades públicas toda la asistencia que sea necesaria para restituirlo al hogar, sin perjuicio de la sanción penal a la que hubiera lugar. Art Los padres pueden exigir que los hijos que estén bajo su autoridad y cuidado les presten colaboración acorde con su desarrollo y posibilidades. Sección II PATRIA POTESTAD Art En éste o cualquier otro cuerpo legal la patria potestad comprende los derechos y obligaciones de los padres en relación con la representación legal del menor no emancipado y la administración y usufructo de sus bienes. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos. Art (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Ejercen la patria potestad conjuntamente el padre y la madre que viven juntos respecto de los hijos comunes del matrimonio o de unión de hecho. Se presume el acuerdo de los padres para el ejercicio de la patria potestad, respecto a los resultados de los actos de sus hijos en relación con terceros. Art (Sustituido el literal b), por el Art. 4 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Ejercerán la patria potestad: a) Respecto a los hijos de padres divorciados, el progenitor que la autoridad competente decida; b) El progenitor a cuyo cargo se encuentra el menor, en el caso de separación de sus padres, sin perjuicio de que el juez o Tribunal decida lo más conveniente para el menor. c) El progenitor que, habiendo reconocido al menor como hijo, lo tenga bajo su cuidado. Art En relación con la administración y usufructo de los bienes del menor, se estará a lo señalado en el Código Civil, debiendo el juez respectivo adoptar las mejores decisiones en bien del menor. Art (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- El Tribunal de Menores competente puede decidir de oficio, o a petición de parte interesada, la suspensión de la patria potestad en los siguientes casos: a) Por falta injustificada de quien o quienes ejercen la patria potestad, a las obligaciones señaladas en este Código y en el libro Primero del Código Civil;

8 b) Cuando se incite, causa o permita al menor ejecutar actos atentatorios contra su integridad física o moral; c) Cuando quien ejerce la patria potestad es declarado judicialmente interdicto; d) Por haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada; e) Por maltrato físico o moral que a juicio del tribunal amerite esta medida; y, f) En caso de declaratoria de estado de abandono provisional. El tribunal designará la persona que asuma la tutela del menor. Podrá levantar la suspensión si se ha superado la causa de la misma. Art (Segundo inciso agregado por la Ley 128, R.O. 381, 10-VIII-98).- La patria potestad termina por emancipación del menor, declaratoria de abandono definitivo del menor o por muerte de quien la ejerce. Así mismo, se pierde la patria potestad, cuando se dicte sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de los progenitores o de quienes la ejerzan, por haber cometido en contra de la persona del menor, alguno de los delitos tipificados en los Títulos IV y VIII del Código Penal, así como por haber incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 195 del Código de Menores. Nota: El título IV del Libro II del Código Penal se refiere a los "Delitos Contra la Fe Pública", el mismo que no tiene relación con el espíritu de la reforma. Sección III LA TENENCIA Art (Sustituido por el Art. 6 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Respecto de la tenencia de los hijos, se estará al acuerdo de los padres, cuando éstos no vivan juntos, de sus ascendientes, hermanos o tíos, en orden de prelación, siempre que el acuerdo beneficie al menor y se establezcan las medidas necesarias para su cumplimiento. Art (Reformado por el Art. 7 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Si no existe acuerdo de los padres o de ser el mismo atentatorio a los intereses materiales o morales del menor, el tribunal resolverá el asunto guiándose por el interés superior del menor y por las recomendaciones siguientes: a) Si el menor ha convivido por un período largo de tiempo con uno de los progenitores, se analizará la conveniencia de que permanezca con él; b) (Sustituido por el Art. 7 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Se preferirá a la madre divorciada o separada del marido o del padre el cuidado de los infantes, en caso de los impúberes y púberes, se tomará en cuenta su opinión. c) (Suprimido por el Art. 7 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98). Art (Segundo inciso sustituido por el Art. 8 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- El cambio en la tenencia del menor se hará de manera que no le produzca perjuicios psicológicos; para ello se darán los pasos necesarios y el apoyo al menor y a sus padres. Los fallos sobre la tenencia del menor se cumplirán de inmediato, aun con apremio personal o allanamiento de domicilio en que se presuma que el menor se encuentra, no reconociéndose fuero especial alguno para este caso. Art Las resoluciones que dicten los tribunales en los casos de tenencia, pueden modificarse por parte del propio tribunal, si el bienestar del menor así lo exige. Estas resoluciones no podrán ser revisadas en un tiempo mínimo de seis meses, salvo peligro grave para la integridad del menor. Las resoluciones son apelables en el efecto devolutivo. Art Nota: El Art. 21 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98, ubicó al texto del Art. 56 a continuación del Art. 198 de este mismo código.

9 Art El tribunal, de oficio o a petición de parte podrá, en cualquier momento, decretar la suspensión o pérdida de la tenencia si fuere en beneficio del menor, siguiendo el procedimiento establecido en este Código. Art El Tribunal de Menores conocerá en primera instancia todos los asuntos de tenencia. Todo incidente que se promueva en relación con la tenencia, será conocido por el mismo tribunal que resolvió la demanda. Art (Sustituido por el Art. 9 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Presentada la demanda sobre la tenencia, el Tribunal hará comparecer, mediante citación o, si no compareciere, por la fuerza pública, a la persona con quien se encuentra el menor, a una audiencia reservada en la que oirá a las partes y al menor. De no mediar un acuerdo el Tribunal concederá en la misma audiencia un término de 6 días de prueba, ordenando la investigación psicosocial respectiva u otras pruebas que estime conveniente, luego del cual resolverá en un término de 3 días. De estimarlo conveniente, el tribunal podrá disponer la entrega inmediata del menor al reclamante o la colocación temporal del mismo con un pariente cercano, hasta que se dicte la respectiva resolución. Art El tribunal requerirá, en caso de abrirse el período de prueba, la participación del Equipo de Trabajo Social y de otros técnicos del equipo de asesoría para el estudio de la situación de las partes y el menor. Art (Sustituido por el Art. 10 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- La resolución del Tribunal respecto a la tenencia será motivada. Entre los considerandos constará necesariamente la posición que la menor ha mantenido en la audiencia. Además dispondrá el seguimiento de la resolución a través de visitas periódicas del equipo de Trabajo Social. Sección IV RÉGIMEN DE VISITAS Art El tribunal al dictar los fallos sobre la tenencia regulará las visitas que se deban realizar entre el menor y sus padres. En el régimen de visitas se cuidará siempre la necesaria estabilidad emocional y física para la crianza y desarrollo del menor, por lo cual el tribunal podrá prohibirlas de ser necesario. Art No se prohibirá al padre o madre, de cuyo cuidado personal hubieran sido sacados los hijos, visitar o recibir la visita de éstos en la forma, la frecuencia y libertad que el tribunal estime convenientes, excepto lo señalado en el artículo anterior. El derecho de visita se extiende a los parientes más cercanos del menor y a terceros cuando el interés del menor así lo justifique. Art (Sustituido por el Art. 11 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- La inobservancia debidamente probada del régimen de visitas dispuesto por el Tribunal competente, será causa de apremio personal en contra del infractor y podrá dar lugar a la modificación de la resolución sobre la forma y frecuencia de las visitas, inclusive a la revocatoria de ésta. Capítulo II DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Art (Primero y segundo incisos sustituidos y tercero y cuarto incisos agregados por el Art. 12 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- La protección a la maternidad comienza desde que se prueba la concepción y comprende el suministro de los medios económicos para la atención a la mujer embarazada, la asistencia en el parto, en el puerperio y durante el período de lactancia de 9 meses contados a partir del nacimiento. El monto será determinado en procedimiento similar al de alimentos, de acuerdo a la capacidad económica del obligado a pasar alimentos al menor, y se suministrarán desde la fecha de la citación con la demanda. Sin perjuicio de la demanda escrita, a petición verbal de la madre o de quien lo represente, se hará comparecer al obligado mediante boleta que indicará día y hora para una audiencia verbal, en la que luego de escuchar a las partes, se fijará provisionalmente la ayuda prenatal, extendiendo acta de lo actuado, y si alguna de las partes se negare a firmar, el secretario sentará la razón correspondiente. Si hubiere inconformidad de la o las partes con la fijación de la ayuda prenatal, lo que dijeren en defensa de sus

10 intereses de cada parte, se tendrá como demanda y contestación respectivamente y se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de este cuerpo legal. El cobro del valor fijado como ayuda maternal podrá hacerse efectivo mediante apremio personal del obligado, siguiendo el trámite previsto en el inciso cuarto del artículo 90, debiendo contarse con la certificación de la pagaduría del Tribunal de Menores Si el feto naciere muerto, se produce aborto natural, o el infante muere después del parto, la protección a la madre continuará hasta su completa recuperación. Capítulo III DE LOS ALIMENTOS Art La obligación de proporcionar alimentos corresponde al padre y a la madre, en relación a la capacidad económica de cada uno de ellos. Esta obligación comprende la satisfacción de las necesidades de subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor. A falta o por impedimento de los padres, estarán obligados a suministrar alimentos al menor, en su orden, sus ascendientes, sus hermanos y sus tíos. Art El tribunal podrá fijar una pensión alimenticia, siempre que se forme la convicción de que la persona a quien se reclama es padre o madre del menor, aun cuando no exista prueba en el Registro Civil de la inscripción de tal calidad. Art El monto de los alimentos se fijará, provisional o definitivamente, de acuerdo a la capacidad económica del alimentante y las necesidades del menor. El monto deberá ser referido a la cuantía del salario mínimo vital general, incrementándose automática y proporcionalmente conforme a los aumentos salariales de Ley. En ningún caso el Tribunal de Menores dejará de fijar una pensión alimenticia. Art (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Si las partes convienen en el monto de la pensión alimenticia o de la ayuda maternal o tenencia, ésta será aprobada por el Tribunal de Menores y no podrá interponerse recurso alguno. Art Deben demandarse por cuerda separada la ayuda prenatal, los alimentos, la tenencia y la patria potestad. El demandado, al contestar el reclamo de alimentos no podrá reconvenir pidiendo la tenencia del menor. Art El derecho para pedir alimentos podrá ser reclamado, indistintamente, por el padre o la madre o por quien represente al menor o por quien lo tenga a su cargo. Si la parte actora fuere menor de edad podrá comparecer por sí misma para reclamar alimentos o ayuda prenatal. Art La obligación de alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, se extingue: a) Por la muerte de los alimentantes, en el orden establecido en el artículo 65; b) Por la muerte del alimentario; y, c) Cuando exista sentencia en la que se establezca que el alimentario que obtuvo pensión alimenticia de acuerdo al artículo 67, no es hijo del alimentante. Mientras no exista sentencia ejecutoriada deberá seguir pasando los alimentos en la forma y monto determinado por el tribunal. Si se declarare que en la fijación de alimentos existió dolo o mala fe, el alimentante podrá reclamar daños y perjuicios al demandante ante el propio Tribunal de Menores. El alimentante en el caso del artículo 67 tendrá la facultad de iniciar un juicio de declaración judicial de paternidad o maternidad ante los jueces competentes. Por haber cumplido el alimentado dieciocho años de edad, siempre que exista petición de parte, se extingue la posibilidad de pedir alimentos a través del Tribunal de Menores, a excepción de quienes por deficiencias mentales y físicas que no puedan valerse por sí mismos, o hasta los veinte y un años cuando sean estudiantes y justifiquen esta calidad. Art El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse, ni cederse de modo alguno ni renunciarse, ni compensarse con lo que el alimentario le deba al alimentante.

11 No obstante, las pensiones alimenticias no pagadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho a demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse. El derecho para cobrar las pensiones alimenticias fijadas y no recaudadas, prescribe en tres años. En caso de fallecimiento del obligado, las pensiones alimenticias no recaudadas se cobrarán a sus sucesores conforme a las disposiciones contenidas en este Código. Art Iniciado el juicio de alimentos, o el de ayuda prenatal, el demandado no podrá ausentarse del país sin autorización del Tribunal de Menores y previo otorgamiento de caución suficiente que garantice el cumplimiento de su obligación. La misma prohibición se extiende para aquellos que deban alimentos por resolución de un Tribunal de Menores. Para tal efecto el Tribunal de Menores enviará mensualmente un listado de las personas demandadas o deudoras por alimentos a las autoridades de Migración, quienes requerirán la autorización de dicho tribunal para salir del país, sin perjuicio de petición de parte. Art El Tribunal de Menores podrá de oficio solicitar las pruebas que crea necesarias para justificar las necesidades del menor y la capacidad económica del alimentante. Art (Último inciso agregado por el Art. 14 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Los subsidios existentes y los que se establezcan a favor de los hijos de los servidores públicos o de los trabajadores en general, no se imputarán a la pensión fijada y se entregarán a la madre o a quien disponga el Tribunal de Menores. En cuanto a las pensiones alimenticias adicionales, tienen la obligación de proporcionarlas todos los alimentantes, trabajen o no en relación de dependencia, y el monto será igual a la pensión alimenticia fijada. Al alimentante que se beneficie con el fondo de cesantía, la pagaduría de la respectiva entidad, le retendrá el 5% de este valor, por cada menor, que será depositado a órdenes del respectivo Tribunal de Menores. Art El crédito de alimentos a favor de menores será privilegiado y de primera clase. Su pago se efectuará con preferencia a cualquier otro. El Tribunal de Menores, a solicitud de parte y cuando hubiera incumplimiento en el pago de dicha obligación, podrá ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la misma con hipoteca, prenda o cualquier otra caución. Art Para conocer un reclamo de alimentos en primera instancia es competente el Tribunal de Menores del domicilio del demandado o del domicilio del menor, a elección del actor. Donde no exista Tribunal de Menores, será competente para conocer los reclamos de alimentos el Juzgado de lo Civil, que conocerá y resolverá dichos reclamos siguiendo las normas y procedimientos establecidos en este Código, cuando se reclame alimentos para un menor de edad. Art (Sustituido por el Art. 15 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Cuando el derecho del menor se encuentra establecido, sin perjuicio de la demanda escrita, a petición verbal del peticionario o de quien legalmente represente al menor, se hará comparecer a la parte obligada mediante boleta que contendrá el día y hora, para una audiencia de conciliación; luego de escuchar a las partes, se fijará provisionalmente la pensión alimenticia. De lo actuado se levantará la respectiva acta y si alguna de las partes se negare a firmar, el secretario sentará la razón correspondiente. Si hubiera inconformidad de una o ambas partes con la pensión fijada, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 83, para lo cual, todo aquello que dijeren en la audiencia, se entenderá como demanda y contestación respectivamente. Igual procedimiento se observará cuando se reclame aumento de pensión alimenticia. Art (Sustituido por el Art. 16 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Si el demandado no ha reconocido al menor como descendiente se citará, señalando día, fecha y hora, para la audiencia, en la que el demandado aceptará o negará su obligación. De no aceptarlo o de no concurrir, a petición de partes, se abrirá la causa a prueba por el término de seis días. De lo actuado se extenderá el acta respectiva. Art El tribunal aceptará y valorará las pruebas que las partes aporten en cualquier momento del proceso, agregándolas al mismo. Art (Segundo inciso agregado por el Art. 17 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Si el demandado no reside en el lugar del juicio se le citará con la demanda mediante comisión, concediéndole

12 término para fijar domicilio judicial en razón de la distancia, de acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En el caso de menores cuyo derecho se encuentra establecido, o de demanda de aumento de pensión de alimentos, se citará al demandado mediante una sola publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en el país; si no comparece en el término de 8 días, será declarado rebelde y continuará el trámite de la causa. Previamente la actora bajo juramento declarará que desconoce el domicilio, residencia y lugar de trabajo del demandado. Art Si hubiera objeción respecto a la pensión fijada se recibirá la causa a prueba por el término de seis días, a petición de parte, para establecer la capacidad económica del alimentante y las necesidades del menor, vencido el término de prueba, se dictará el fallo correspondiente dentro del término de cinco días. La resolución o el acuerdo tomado en la audiencia de conciliación, adoptado por el tribunal, tendrá el mismo valor que la resolución que el tribunal dicta en la finalización del proceso, si no se solicita la apertura de la causa a prueba dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día en que tuvo lugar la audiencia. Art El tribunal podrá dictar, de oficio o a petición de parte y en cualquier estado de la causa, las medidas que juzgue convenientes para asegurar el pago de la pensión alimenticia. De lo resuelto se concederá apelación para ante la Corte Distrital de Menores correspondiente, en el efecto devolutivo. Art Las pensiones alimenticias serán pagadas por mesadas adelantadas. Este pago corre desde la fecha de la citación, en el caso del artículo 66, o desde el pronunciamiento del fallo, en el caso del artículo 67. Se considerará en mora, desde el día siguiente a aquel en que debió efectuarse. Art De la resolución que fije alimentos, se concederá apelación en el efecto devolutivo, y de la que lo niegue, en el suspensivo. Art Si el alimentante gozare de renta como funcionario, empleado, obrero, jubilado, retirado o de cualquiera otro modo, la resolución que fije la pensión de alimentos se notificará al pagador o a quien haga sus veces, el mismo que retendrá y remitirá inmediatamente la pensión que se fijó al Tribunal de menores o la entregará a la persona a quien éste autorice. Si el pagador o quien hiciera sus veces incumpliera esta obligación, será sancionado con multa del veinticinco a cincuenta por ciento de un salario mínimo vital general, sin perjuicio de ordenarse su pago. En todo caso, será solidariamente responsable con el alimentante. El pagador o funcionario que oculte el verdadero sueldo o salario u otro emolumento que perciba el alimentante, será enjuiciado penalmente por falso testimonio. Art De ser conveniente al menor, por su pensión alimenticia, el tribunal podrá: a) Aprobar que el menor perciba el usufructo de un bien del alimentante, cuando éste así lo ofreciere y comprobare que el bien está saneado. Copia de la respectiva providencia se inscribirá en el Registro de la Propiedad del lugar en que estuviere situado el bien sujeto a registro y dicha inscripción surtirá los efectos de prohibición de enajenar, aunque nada se diga al respecto; b) Aprobar que el menor perciba los intereses de un capital que, para el caso, consigne el alimentante; c) Aprobar rentas, utilidades y beneficios que produzcan acciones, participaciones y cualquier otro título valor; y, d) Aprobar cualquier otra forma, siempre y cuando vaya en beneficio del menor y se asegure el pago de la pensión alimenticia. Art El Tribunal de Menores podrá, con justa causa, ordenar que la pensión alimenticia del menor sea administrada o controlada por el Equipo de Trabajo Social del Tribunal de Menores o la persona que el tribunal designe. Art (Sexto inciso y siguientes agregados por el Art. 18 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- El Tribunal de menores sólo podrá dictar apremio personal por falta de pago de las dos últimas pensiones en mora, en caso de negligencia del alimentante. El alimentante permanecerá detenido hasta que cumpla su obligación, y esta detención no excederá de ocho días, en cada caso. Si el alimentante no hubiera depositado las pensiones alimenticias luego de haber cumplido los ocho días, un nuevo apremio personal será dictado tan sólo después de treinta días de haber obtenido su libertad.

13 Se podrá pedir apremio personal cuando se ha dejado de percibir el usufructo de los bienes muebles o inmuebles dejados para este fin, por culpa o dolo del alimentante. El apremio personal podrá solicitarse por escrito o verbalmente, y se lo dictará sin más trámite que la razón del pagador del tribunal, en la que conste la falta de pago de la última pensión. Quien se encuentre en mora de pensión alimenticia no podrá reclamar la tenencia del menor. Para efectivizar el apremio personal por mora en el pago de las dos últimas pensiones alimenticias, a petición verbal o escrita de la parte interesada y luego de comprobar tal mora en la pagaduría, el Tribunal dispondrá previa información sumaria sobre su residencia, el allanamiento del domicilio del deudor alimenticio. Cuando la madre o quien represente el menor, justifique haber incurrido en gastos para el apremio personal, y/o traslado del deudor alimenticio, el Tribunal lo cuantificará razonablemente y dispondrá su pago conjuntamente con el valor de dichas pensiones alimenticias, antes de disponer su libertad. Cuando el demandado negare la paternidad del menor o fuese necesario el examen del Ácido Desoxiribonucleico (ADN) para determinar la misma, el costo correrá de cuenta de quien lo solicite. Para la ejecución de las pensiones capitalizadas que han sido liquidadas se seguirá el trámite de apremio real, previsto en el Código de Procedimiento Civil. Capítulo IV DE LA COLOCACIÓN FAMILIAR Art La colocación familiar es una institución de protección de menores de carácter transitorio. Consiste en la entrega de un menor, por resolución judicial, a una familia, que ejerce sobre él las funciones de tutela y tenencia. La persona natural, matrimonio o unión de hecho legalmente reconocida que acepta un menor en colocación familiar se llamará acogiente. El menor que es recibido en colocación familiar se le denomina acogido. No se crea ningún vínculo de parentesco entre acogiente y acogido. El tribunal velará por que el acogiente reúna condiciones de idoneidad, aptitud y estabilidad psico-social, económica y demás requisitos reglamentarios señalados para el efecto. Art Se dará la colocación familiar en tutela, a los menores que han sido declarados en estado de abandono provisional o definitivo. Se preferirá la colocación familiar al internamiento del menor en una institución de protección o rehabilitación. La colocación puede ser remunerada o gratuita. La colocación familiar remunerada correrá a cargo de sus padres o parientes obligados a prestar alimentos y subsidiariamente por el Estado o por las instituciones privadas autorizadas. Art El acogiente está obligado a velar por la salud, seguridad física y moral, educación del acogido, y a ofrecerle las condiciones de estabilidad y afecto necesarios para el saludable desarrollo de su personalidad. Los derechos y obligaciones del acogiente se regirán por las disposiciones del Código Civil respecto del tutor con las modificaciones establecidas en este Título. Art La colocación familiar tendrá lugar únicamente en hogares o personas residentes en el Ecuador. En ningún caso se autorizará que el acogiente sea una persona residente en el exterior, ni saldrá del país el menor sujeto a esta medida, sin autorización del Tribunal de Menores, previa caución sobre su retorno. Art La Dirección Nacional de Protección de Menores o los organismos autorizados que tengan programas de colocación familiar, seleccionarán, capacitarán y supervisarán a las familias acogientes. Art El tribunal del domicilio del menor conocerá los asuntos de colocación familiar. Las resoluciones se dictarán en atención a los informes presentados por el Equipo Técnico de Asesoría u otras instituciones con las que se coordine.

14 Los organismos autorizados por la Dirección Nacional de Protección de Menores podrán poner a un menor en colocación familiar emergente, de acuerdo al Reglamento Especial; la medida será comunicada y validada por el Tribunal de Menores dentro de las veinticuatro horas siguientes. Cualquier reclamo sobre la colocación familiar emergente se resolverá ante el tribunal que la validó. Art Para resolver la colocación familiar, siempre que el menor esté en condiciones de formarse un juicio propio deberá ser escuchado, debiéndose tener en cuenta su opinión. Si es mayor de doce años deberá prestar su consentimiento para la colocación. También deberá escucharse a los padres del menor. Art El proceso para una colocación familiar se iniciará a petición de un tercero interesado, de las instituciones públicas o privadas que lleven a cabo este tipo de programas, para lo cual el Ministerio de Bienestar Social dictará los reglamentos respectivos. Art En la resolución del Tribunal de Menores en que autorice la colocación familiar deberá constar si es remunerada o no, el monto de la remuneración, el tiempo mínimo de la medida y el régimen de visitas en caso de existir familiares; y, la periodicidad con la que se evaluará la medida. Las resoluciones del tribunal se dictarán en atención a los informes presentados por el Equipo Técnico de Asesoría del tribunal o las instituciones con las que el tribunal coordine. Art El Tribunal de Menores llevará un registro de las colocaciones familiares, que será suscrito por sus miembros, por los padres o representantes del menor, por la persona o personas en cuyo hogar se coloca al menor, y por el actuario, y enviará copia del mismo de manera trimestral a la Dirección Nacional de Protección de Menores. Art La colocación familiar terminará siempre por resolución del Tribunal de Menores que la autorizó, cuando convenga al interés superior del menor. Los casos de terminación de colocación familiar son: a) Por convenir al interés superior del menor, en caso de incumplimiento de los deberes del acogiente; b) Por revocatoria del estado de abandono provisional a petición de los padres familiares y tutores; c) A pedido de la familia o persona acogiente; d) A petición del menor cuando sea mayor de doce años; y, e) A petición de terceras personas cuando exista justa causa para ello. En caso de que la colocación familiar terminara por incumplimiento comprobado de los deberes del acogiente, éste tendrá la obligación de devolver la suma completa que percibió por remuneración de la colocación familiar. La acción para reclamar el derecho previsto en el inciso anterior prescribe en seis meses. Art La Dirección Nacional podrá autorizar a las instituciones de protección y a organismos comunitarios, la ejecución de programas alternativos o la realización de prácticas culturales de protección al menor abandonado o en situación de riesgo, si aseguran el respeto a todos los derechos del niño. Capítulo V DE LA ADOPCIÓN Sección I DISPOSICIONES GENERALES Art La Adopción es una institución jurídica de protección de menores con carácter social y familiar por la cual una persona, llamada adoptante, toma por hijo a una persona que no lo es, llamada adoptado. El objetivo fundamental de la adopción consiste en que el menor apto para adopción tenga una familia permanente. La adopción no está sujeta a condición, plazo o gravamen alguno. Cualquier disposición en contrario se tendrá por no escrita, sin afectar por ello la validez de la adopción. Art Para todos los casos de adopción se seguirán los siguientes principios generales: a) La adopción se considera una medida de protección al menor que no tiene familia. Por tanto, si ésta es conocida, se promoverán formas de ayuda efectiva para mantener la relación del menor con la misma, mientras no se ratifique el consentimiento;

15 b) La adopción se dará en régimen pleno; c) Tanto los menores aptos para ser adoptados como quienes realicen la adopción deben estar convenientemente preparados; d) Se darán los contactos previos entre los posibles adoptantes y adoptados que se consideren convenientes, dentro del trámite de pre-adopción y adopción; y, e) El menor tiene derecho a conocer su condición de adoptado, en el marco del respeto a su autoestima y dignidad. El Departamento Técnico de Adopciones y el Tribunal de Menores controlarán la realización de estos principios, y tenderán con su acción a fortalecer la adopción nacional y otras alternativas de ubicación socio-familiar en el medio del menor. Es atribución del Ministerio de Bienestar Social la organización y control de las dependencias o instituciones con fines de adopción. Art En el proceso de adopción se garantizará al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente, teniéndose debidamente en cuenta su opinión. Si el menor es púber deberá prestar su consentimiento. Art Son menores aptos para adopción: a) los menores declarados en estado de abandono definitivo, según las prescripciones de este Código; b) los menores cuyos padres hayan consentido en la adopción; y, c) los menores huérfanos. Art Los padres que deseen dar a su hijo en adopción prestarán su consentimiento en audiencia ante el Tribunal de Menores de su domicilio. En esta audiencia participará el Departamento Técnico de Adopciones. El tribunal resolverá la situación provisional del menor, e informará de todas las consecuencias del consentimiento. Se llamará a audiencia para ratificar el consentimiento en un plazo de dos meses después de prestado el mismo, lapso durante el cual el Equipo Técnico del Servicio Judicial de Menores y el Departamento Técnico de Adopciones, o las entidades con que éste coordine, darán a los padres del menor una asesoría orientada a que su decisión sea libre de presiones, ofreciéndoles alternativas para el cuidado del menor. De ratificarse los padres en su decisión, el tribunal dictará la resolución declarando al menor apto para la adopción, y disponiendo sobre su cuidado. De no presentarse en esta audiencia el o los progenitores que prestaron su consentimiento, se hará un nuevo señalamiento en el plazo de un mes, pasado el cual el juez podrá declarar el abandono definitivo en rebeldía. En caso de que existan dudas sobre la identidad de quienes consienten en la adopción, el tribunal ordenará la práctica de toda diligencia que considere del caso, contando para ello con la colaboración de las oficinas de Registro Civil y los órganos especializados de la Policía Nacional. Art Se requiere el consentimiento de ambos padres si han reconocido al menor, aun cuando uno de ellos no ejerza la patria potestad. Podrá consentir el progenitor menor de edad, acompañado por su representante legal. Podrán consentir los representantes legales de los menores huérfanos, y quienes representen al padre interdicto por demencia. Art No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por nacer. No se aceptará el consentimiento que se otorgue en relación con posibles adoptantes determinados, salvo cuando el menor apto para adopción sea: a) Pariente del adoptante hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o, b) Hijo del cónyuge del adoptante.

16 Art Si algún pariente comprendido en el tercer grado de consanguinidad se opone con fundamento al consentimiento de los padres, el tribunal estudiará la conveniencia de que se le conceda a éste la tutela del menor. Art (Sustituido el literal c), por el Art. 19 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Para adoptar un menor se requiere: a) Que el adoptante, ecuatoriano o extranjero, resida en este país o en uno de los Estados con los cuales el Ecuador tenga convenios de adopción; b) Que sea legalmente capaz; c) Edad mínima de 30 años. En caso de parejas, esta edad se aplica al cónyuge menor. La diferencia de edad con el menor adoptado, no podrá ser inferior a 14 años; d) Si los adoptantes son una pareja deberá estar unida por matrimonio o en unión de hecho reconocida legalmente; y, e) Que cumpla con los demás requisitos legales y reglamentarios que se establezcan. Art El tutor de un menor no puede adoptarlo sin haber cesado legalmente de su cargo y aprobado el juez las cuentas de su administración. Ninguno de los cónyuges puede adoptar individualmente a un menor sin el consentimiento del otro cónyuge. Los célibes, los divorciados o los viudos no podrán adoptar sino a personas del mismo sexo que del adoptante. Sin embargo, previo informe favorable de los servicios técnicos, podrán adoptarlo si existe una diferencia de edad de treinta años como mínimo con el menor que desea adoptar, goce de buena salud física y mental y pruebe su idoneidad. Art La persona con la cual el menor ha convivido durante un período no menor de tres años, sea en colocación familiar o bajo su cuidado, podrá solicitar la adopción de dicho menor, ateniéndose al proceso que se señala en este Código. Art En las adopciones internacionales se seguirán las siguientes reglas, que deberán constar además en los convenios respectivos: a) Intervención personal de los adoptantes durante la audiencia de adopción; b) El menor adoptado sólo podrá salir del país en compañía de al menos uno de sus padres adoptivos; c) Los extranjeros residentes fuera del país no podrán adoptar más de dos menores ecuatorianos a no ser que se trate de hermanos; d) Se acompañará el nombramiento del representante legal al centro o institución de adopción que patrocina al adoptante; y, e) Se adjuntará el Convenio con el centro respectivo, en el que constará la legislación del país de los adoptantes. Art Las solicitudes de adopción, sean estas nacionales o internacionales, se presentarán al Departamento Técnico de Adopciones que elaborará el informe técnico respectivo, el mismo que será remitido al Tribunal de Menores competente para el trámite y resolución del caso. Para cumplir su función, el Departamento Técnico de Adopciones contará con la colaboración del Equipo de Trabajo Social y los equipos técnicos del Servicio Judicial de Menores y con los medios con los que cuenten los institutos de acogimiento de menores. En caso de que la solicitud sea denegada en el Departamento Técnico de Adopciones, el solicitante podrá interponer un recurso administrativo ante el Director Nacional de Protección de Menores, que resolverá en quince días. Art El Departamento Técnico de Adopciones en un plazo no mayor a tres meses, desde la presentación de la solicitud de adopción, calificará la idoneidad moral, legal, social y sicológica de los solicitantes, que aseguren el bienestar del niño y su normal desarrollo en caso de ser adoptado.

17 Art La asignación de un menor a un solicitante se realizará por parte del Comité de Asignación, conformado de acuerdo a lo que se señale en el Reglamento. Art Los documentos serán autenticados y traducidos según el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, o en el Decreto de Desburocratización, según el criterio del Departamento Técnico de Adopciones. Sección II FASE ADOPTIVA Art El Tribunal de Menores del domicilio del menor es competente para conocer la demanda de adopción. Art El Presidente del Tribunal de Menores, luego de recibir la demanda de adopción y todo lo actuado por el Departamento Técnico de Adopciones, examinará dicha documentación, y una vez calificada la demanda requerirá la presencia personal de los solicitantes para que reconozcan su firma y rúbrica. Dicha calificación se realizará en el término de tres días. Art Dentro del término de cinco días desde el reconocimiento de la firma y rúbrica, prorrogable hasta por cinco días más, se convocará a una audiencia para tomar una resolución. La presencia personal de los adoptantes en la audiencia es obligatoria, no podrán comparecer mediante poder. Art La sentencia sobre adopción es susceptible de apelación. Art Una vez firme la sentencia, el tribunal ordenará la inscripción de la misma en el Registro Civil. Ni en la orden judicial ni en la partida de nacimiento se hará mención de los antecedentes del inscrito ni de la adopción. La partida de nacimiento anterior será cancelada mediante nota marginal, no pudiendo otorgarse ningún certificado sobre ella, salvo orden judicial y previa anuencia fiscal. El Tribunal de Menores hará llegar la sentencia de adopción al Departamento Técnico de Adopciones para su registro y seguimiento. Art El hijo adoptivo se asimila al hijo consanguíneo. La patria potestad, las obligaciones de representación y asistencia pasan al o a los adoptantes. Los adoptados pasan a formar parte de las familias consanguíneas de los adoptantes, para todo efecto. El adoptado llevará los apellidos de los adoptantes, de acuerdo a las normas de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. El adoptado se desvincula en forma total y absoluta de su familia consanguínea y no le serán exigibles obligaciones por razón de parentesco con sus ascendientes o colaterales consanguíneos. Tampoco tendrá derecho alguno respecto de esos parientes. Quedan vigentes, sin embargo, los impedimentos matrimoniales respecto de la familia consanguínea. El vínculo adoptivo pleno es irrevocable. Sección III FASE DE POST-ADOPCIÓN Art Los adoptantes nacionales en los dos años subsiguientes a la adopción recibirán asesoría y orientación del Departamento Técnico de Adopciones y otros organismos con los que éste coordine sus actividades para efectos de fortalecer la adopción. Art El centro o institución extranjera que patrocinó a los adoptantes se hará responsable por la legalización de la adopción en el país de los adoptantes y el seguimiento de la misma por el período que se señale en el convenio, para lo cual remitirá periódicamente, de conformidad con los convenios suscritos, los informes respectivos dirigidos al Tribunal de Menores que resolvió la adopción, con copia al Departamento Técnico de Adopciones, sin perjuicio de que el Gobierno Ecuatoriano realice las acciones de control y seguimiento que considere pertinentes. Los extranjeros que por residir en el Ecuador hubieran realizado adopciones con sujeción a las leyes ecuatorianas y luego abandonen el país, tienen la obligación de señalar su nueva dirección en el trámite de permiso de salida del menor. Art Los adoptantes extranjeros y connacionales residentes en el extranjero se sujetarán específicamente a lo que dispone el Reglamento de Adopciones bajo el Título de Seguimiento, además de lo estipulado en el correspondiente Convenio. Art Son causas de nulidad de la adopción: a) La falsedad de los documentos necesarios para la adopción;

18 b) La falta, al momento de la adopción, de alguno de los requisitos establecidos para el adoptante en este Código; y, c) La nulidad del consentimiento presentado por los padres del menor. La nulidad de la adopción puede ser solicitada por el adoptado, los adoptantes, el Ministerio de Bienestar Social, y el Ministerio Fiscal. La acción para pedir nulidad de adopción prescribe en un año. Declarada la nulidad, el adoptado readquiere los vínculos con su familia consanguínea, si la conociera. El tribunal que conoció el proceso de adopción conocerá el incidente de nulidad. Al resolver sobre éste, deberá considerar prioritariamente el interés superior del menor frente a la falta de requisitos formales. Art La adopción realizada con arreglo a las normas del Código Civil o el Código de Menores anterior a éste, seguirán manteniendo el régimen semipleno o simple. La adopción simple podrá convertirse en plena. Para ello presentarán la solicitud al Tribunal de Menores que autorizó la adopción, el mismo que resolverá en el término de tres días desde el reconocimiento de firma y rúbrica. Título IV MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Capítulo I DEL ABANDONO Art (Suprimido el numeral 3 por el Art. 20 de la Ley 98-06, R.O. 7, 19-VIII-98).- Se presume que el menor se encuentra en estado de abandono: 1. Cuando carece de familia; 2. Cuando ha sido abandonado materialmente por su familia; 4. Cuando se encuentre en otra circunstancia de desamparo o de peligro grave que lleve a la convicción del Tribunal de Menores de que el menor se halla en estado de abandono. Art El Tribunal de Menores es el único que puede declarar el estado de abandono, sea a petición de parte o de oficio, con el fin de brindar la protección debida al menor. Art Toda persona tiene la obligación de denunciar al Tribunal de Menores la existencia de un menor que presumiblemente se encuentre en estado de abandono. Los directores de maternidades, hospitales; Policía Nacional y establecimientos de cuidados y protección del menor, sean públicos o privados tienen la obligación jurídica de denunciar el estado de abandono, en el término de los tres días siguientes al que tuvieron conocimiento del hecho. De incumplirse esta obligación el Tribunal de Menores deberá ejercer la acción penal, para que se inicie el correspondiente proceso. Art Cuando por cualquier medio llegare a conocimiento del Tribunal de Menores que un menor se presume en estado de abandono, iniciará por medio de auto la investigación correspondiente requiriendo para ello la colaboración de los equipos técnicos de asesoría del tribunal, de la Policía Nacional y de instituciones públicas o privadas que trabajen en el área de menores, ya sea para la localización de los padres, parientes o tutores del menor, para la comprobación de los causales de abandono o para prestar orientación y asesoramiento técnico para superar el problema. Deberá adoptar provisionalmente en ese auto las medidas de protección pertinentes. Art Si se conociera la identidad y domicilio de los padres, parientes, tutores del menor o a quienes lo tuvieran a su cargo se los citará en el auto inicial a la audiencia de conocimiento, en el término de quince días contados a partir de la última citación de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. En la misma se resolverá sobre la declaratoria de estado de abandono provisional aun en rebeldía. Si se desconociera su identidad o residencia se ordenará la citación por uno de los periódicos de mayor circulación nacional o local, por tres ocasiones, con intervalos de por lo menos ocho días entre una y otra, en la que se hará constar el nombre del menor en caso de tenerlo, edad, fotografía, características físicas, lugar en que fue encontrado e institución en la que se halla internado. Además el Tribunal de Menores

19 asegurará la difusión de esta providencia por los medios que considere más adecuados, utilizando los espacios a los que la SENAC tiene derecho. El Estado asumirá los costos de la publicación. Los padres, parientes o tutores de los menores podrán pedir y actuar las pruebas que estimen necesarias para justificar sus afirmaciones. Nota: La Secretaría Nacional de Comunicación Social fue suprimida. Actualmente la ejecución de políticas de comunicación e información de entidades de la Función Ejecutiva y la coordinación de la gestión de información y comunicación social de las otras entidades del Estado la realiza la Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia de la República (D.E. 386, R.O. 83, 23-V-2000). Art Si como resultado de la investigación, se establece que el menor ha sido sujeto pasivo de un delito, el Tribunal de Menores de oficio remitirá los informes necesarios al Juez de lo Penal. Art Dentro de la investigación todo menor deberá ser escuchado: y su opinión y versiones deberán ser tomadas en cuenta y debidamente consideradas en la resolución que dicte el tribunal, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 38 de este Código. Art Una vez practicadas todas las pruebas y diligencias ordenadas en el auto inicial, sin que ninguno de los citados comparezca o sin que se justifiquen las causas del abandono y la intencionalidad del mismo, el tribunal podrá declarar el estado de abandono definitivo si se presentan algunas de las circunstancias siguientes: a) Si no se conociera o encontrare al padre, la madre, o algún pariente de los obligados a dar alimentos, o al tutor del menor; b) Si los padres, parientes o tutores se han desentendido del menor comprometiendo la subsistencia de los vínculos propios del parentesco. Existe este tipo de abandono si éstos han confiado al menor a un establecimiento público o privado autorizado legalmente, o a una persona particular, despreocupándose injustificada e intencionalmente del mismo en el orden afectivo, económico y familiar por espacio de seis meses continuos y existan circunstancias que haga presumir fundadamente que el abandono es definitivo; y, c) En el caso señalado en el artículo 150, literal a) de este Código. De no darse una de estas circunstancias, el tribunal podrá reconsiderar la declaratoria de abandono provisional. Art El efecto de la declaratoria de abandono definitivo es la terminación de todos los derechos y obligaciones originados en el vínculo de parentesco anterior. El efecto de la declaratoria de estado de abandono provisional será la suspensión de la patria potestad o, en caso de no separarse al menor de sus padres, la supervisión del Tribunal de Menores, mientras duren las causas que motivaron la declaratoria del estado de abandono Art Cuando el menor no tuviere documento alguno de identidad y se desconociera su origen el tribunal en la resolución de declaratoria de estado de abandono definitivo ordenará la inscripción en el Registro Civil utilizando dos nombres y dos apellidos de los de uso común en el país. Se respetará el nombre con el cual ha sido conocido. Se tomará en cuenta la opinión del menor cuando sea posible. Art En el auto inicial, o en la resolución en que se declare en estado de abandono provisional o definitivo a un menor, podrán ordenarse una o varias de las siguientes medidas de protección: 1.- La entrega en tutela del menor a los familiares más cercanos que se encuentren en condiciones de ejercerla; 2.- La colocación familiar; 3.- El internamiento del menor en una institución de protección; 4.- Declaratoria de aptitud del menor para ser adoptado, en caso de que se declare el abandono definitivo;

20 5.- Cualesquiera otra medida cuya finalidad sea la de asegurar el cuidado personal del menor, proveer la atención de sus necesidades básicas o poner fin a las situaciones que amenacen su salud o formación. Art El Estado asumirá la tutela de los menores en estado de abandono y la ejercerá por intermedio de la persona o personas que lo reciban en tutela, colocación familiar o del director de la institución o establecimiento autorizado en el que el menor es internado. Art Contra la resolución que declara el estado de abandono de un menor y las medidas de protección adoptadas en la misma, proceden los siguientes recursos: a) El de aclaración o ampliación, ante el mismo tribunal que dictó la resolución; b) El de revisión ante la Corte Distrital de Menores correspondiente, mientras no se haya ejecutoriado la sentencia de adopción; y, c) El de apelación ante la Corte Distrital de Menores correspondiente. Art La resolución de declaratoria del estado de abandono provisional podrá ser revisada de manera periódica y previo informe del Equipo de Trabajo Social. Esta revisión puede ser solicitada por los padres, parientes o tutor del menor cuando se han superado las circunstancias que produjeron el abandono del menor. Capítulo II DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR FRENTE AL MALTRATO Art Es responsabilidad del Estado: a) Proteger al menor contra toda forma de maltrato; b) Incluir en sus políticas la superación de las condiciones de vida de los menores y sus familias y garantizar el respeto de los derechos del niño y el adolescente; c) Apoyar los procesos, iniciativas y proyectos que surjan de los organismos públicos, de sectores privados o comunitarios, que tiendan hacia el diagnóstico y alternativas para prevenir, evitar o atender el maltrato de los menores; d) Establecer programas sociales con el objeto de proporcionar asistencia necesaria al menor, encaminados a restituirle su derecho conculcado y rehabilitarle de ser el caso; y, e) Tomar medidas para la rehabilitación física o psíquica del maltratante. Art Se presume el maltrato a un menor cuando ha sido objeto de violencia, abuso físico o mental, malos tratos de cualquier índole, mendicidad, explotación, abuso sexual, utilización en actividades contrarias a la ley o en actividades que violan sus derechos por parte de sus padres, parientes o tutores o de cualquier otra persona, institución o grupo social, sea que lo tenga a su cargo, bajo su custodia o se relacione de manera temporal con el menor maltratado. Art La Dirección Nacional de Protección de Menores autorizará a organizaciones públicas, comunitarias o no gubernamentales la intervención en las áreas de prevención, asistencia y rehabilitación en situaciones de maltrato, y señalará los niveles de coordinación que deberán establecerse. Art La intervención de los tribunales de menores y de los organismos autorizados en casos de maltrato buscará restituir el derecho conculcado del menor y rehabilitarle del daño sufrido por el maltrato. Así mismo, propenderá a rehabilitar al maltratante, a través de instituciones tanto públicas como privadas debidamente calificadas. Art La denuncia de maltrato podrá ser receptada por los organismos con los que la Dirección Nacional de Protección de Menores coordine, los que deberán tomar medidas provisionales de protección al menor y realizar las investigaciones pertinentes a fin de resolver si el asunto debe ser conocido por el Tribunal de Menores, de acuerdo a los parámetros que se fijen en el Reglamento respectivo. En caso de que la Policía Nacional conozca un asunto de maltrato, deberá enviar la causa a un organismo autorizado, en el plazo máximo de veinte y cuatro horas. Si la denuncia es conocida por el Tribunal de Menores, éste dispondrá mediante auto la realización de las investigaciones sociales y las pericias que considere necesarias, tomando en cuenta las realizadas por las

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