ÍNDICE ANTECEDENTES DE HECHO... 2 FUNDAMENTOS DE DERECHO... 3 FALLO... 5

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1 EDJ 2011/ Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S , rec. 34/2010 Pte: Lucas Murillo de la Cueva, Pablo Resumen El TS desestima el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Director General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas que acordó la resolución del contrato de cesión de uso de la vivienda militar sita en el recinto de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. La Sala desestima el recurso porque no se dan los presupuestos exigidos por el artículo 100 LJCA y la jurisprudencia que lo ha interpretado para que prospere, pues de un lado, la existencia de sentencias contradictorias tiene su cauce de solución en los recursos de casación para la unificación de doctrina, y de otro, si ya es discutible que el número de expedientes y pleitos que dice el Abogado del Estado se incoan anualmente por causa de los desahucios instados por el INVIFAS sean causa de una situación gravemente dañosa para el interés general, de lo que no cabe ninguna duda es de que la sentencia no incurre en error. NORMATIVA ESTUDIADA Ley 29/1998 de 13 julio Jurisdicción Contencioso-Administrativa art.100 Ley 30/1992 de 26 noviembre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común art.42.3 ÍNDICE ANTECEDENTES DE HECHO... 2 FUNDAMENTOS DE DERECHO... 3 FALLO... 5 CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS DEFENSA NACIONAL FUERZAS ARMADAS Viviendas militares Regulación legal RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY EN GENERAL PROCEDIMIENTO FICHA TÉCNICA Favorable a: Administración estatal (funciones ejecutivas); Desfavorable a: Miembro de las Fuerzas Armadas Procedimiento:Recurso de casación en interés de ley Legislación Aplica art.100 de Ley 29/1998 de 13 julio Jurisdicción Contencioso-Administrativa Aplica art.42.3 de Ley 30/1992 de 26 noviembre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Cita Ley 4/1999 de 13 enero Modificación L 30/1992, Régimen Jurídico de Administraciones Públicas Cita art de Ley 29/1998 de 13 julio Jurisdicción Contencioso-Administrativa Cita Ley 30/1992 de 26 noviembre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Cita CE de 27 diciembre Constitución Española Cita D 2114/1968 de 24 julio Reglamento de Viviendas de Protección Oficial Cita Ley de 17 julio Procedimiento Administrativo Jurisprudencia Desestima el recurso interpuesto contra STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 marzo 2010 (J2010/66290) Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 20 junio 2005 (J2005/113937) Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 6 junio 2005 (J2005/113923) Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA

2 Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 8 junio 2005 (J2005/113905) Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 15 febrero 2005 (J2005/13313) Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 23 julio 2003 (J2003/80852) Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 23 junio 2003 (J2003/80796) Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 5 mayo 2003 (J2003/29852) Cita en el mismo sentido sobre RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LEY - EN GENERAL STS Sala 3ª de 28 enero 2003 (J2003/1652) Bibliografía Citada en "B2012/60532" Versión de texto vigente null SENTENCIA En la Villa de Madrid, a doce de diciembre de dos mil once. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación en interés de la Ley num. 34/2010, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia num. 266, dictada el 10 de marzo de 2010 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso contencioso- administrativo num. 299/2008 EDJ 2010/66290, sobre resolución dictada por el Director General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (IN- VIFAS) el 26 de septiembre de 2007, confirmada por la de 4 de febrero de Han presentado escrito de alegaciones don Marcial, representado por la procuradora Dª Paloma Alonso Muñoz, y el MINISTERIO FISCAL. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo num. 299/2008, seguido en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 10 de marzo de 2010 se dictó sentencia EDJ 2010/66290 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS ESTIMAMOS EL RECURSO INTERPUESTO POR la Procuradora Doña Paloma Alonso Muñoz, en nombre y representación de D. Marcial, contra la resolución dictada por el Director General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas --INVIFAS--, el día 26/09/07 y en la que acuerda la resolución del contrato de cesión de uso de la vivienda militar sita en el recinto de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, chalet num. NUM000, así como contra la de 4/02/08 que desestima el recurso de reposición formulado frente a la anterior, resolución que anulamos y dejamos sin efecto porque no es ajustada a Derecho, procediendo en su lugar acordar el archivo del expediente administrativo al haberse producido su caducidad. Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia en la tramitación de este recurso". SEGUNDO.- Por escrito presentado el 29 de abril de 2010 en el Registro General de este Tribunal Supremo, el Abogado del Estado interpuso recurso de casación en interés de la Ley contra la referida resolución, solicitando a la Sala que proceda a dictar sentencia declarando la siguiente doctrina legal: "el plazo máximo para resolver y notificar la correspondiente resolución en los expedientes administrativos de desahucio de viviendas militares, es el de 6 meses". Todo ello, dijo, sin perjuicio de que se respete en todo caso la situación particular derivada de la sentencia recurrida, y acordada la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Por otrosí digo pidió. "Que se deje en suspenso la decisión de las posibles extensiones de sentencia que se hubiesen solicitado hasta tal y como establece el artº de la Ley Reguladora Jurisdiccional Contencioso-Administrativa EDL 1998/44323 ". TERCERO.- Ajustándose, en principio, el recurso a los requisitos exigidos en el artículo de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas del reparto de asuntos y, recibidas las de instancia junto con el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones. CUARTO.- Evacuando el traslado conferido, la procuradora Dª Paloma Alonso Muñoz, en representación de don Marcial, en escrito presentado el 2 de noviembre de 2010, suplicó a la Sala que EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA 2 Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

3 "dicte en su día sentencia por la que declare inadmisible o, en su defecto, desestime íntegramente dicho recurso, con imposición de las costas a la Administración recurrente, en todo caso". Por su parte, el Fiscal manifestó: "que la doctrina recogida en la sentencia de instancia (...) es correcta y no viola el ordenamiento jurídico". QUINTO.- Conclusas las actuaciones, mediante providencia de 5 de septiembre de 2011 se señaló para la votación y fallo el día 7 de los corrientes, en que han tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La sentencia num. 266, dictada el 10 de marzo de 2010, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid EDJ 2010/66290, estimó el recurso contencioso-administrativo num. 299/2008, interpuesto por don Marcial contra la resolución del Director General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) de 26 de septiembre de 2007 que acordó la resolución del contrato de cesión de uso de la vivienda militar sita en el recinto de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, chalet num. NUM000, y contra la resolución de 4 de febrero de 2008 desestimatoria del recurso de reposición contra la anterior. La razón de la estimación reside en que la sentencia EDJ 2010/66290 apreció la caducidad del expediente administrativo. Se fijó en que no existía un plazo fijado en normas especiales para resolver este procedimiento, por lo que debía estarse al que, con carácter general, establece el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común EDL 1992/17271, y en que en este caso se superó. En consecuencia, de conformidad con el artículo 44.2, por tratarse de un procedimiento en el que la Administración ejercía una potestad de intervención susceptible de producir efectos desfavorables para el administrado, así lo declaró y ordenó el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92, siempre de la Ley 30/1992 EDL 1992/ SEGUNDO.- Con su recurso el Abogado del Estado pretende que declaremos que "El plazo máximo para resolver y notificar la correspondiente resolución en los expedientes administrativos de desahucio de viviendas militares, es el de 6 meses". Justifica su pretensión alegando que la interpretación seguida por la Sala de Madrid es gravemente dañosa habida cuenta de que en el INVIFAS se vienen incoando una media de 350 expedientes de desahucio cada año de los cuales, aproximadamente un 20% dan lugar a recurso contencioso-administrativo y que en el momento de presentar su escrito de interposición pendían de resolución judicial "unos 40 expedientes" y otros 25 estaban pendientes de ejecución de sentencia, si bien firme y favorable al INVIFAS. Y que se había tenido conocimiento de que había un interesado en promover un incidente de nulidad contra una sentencia que le fue desfavorable alegando esta sentencia de la Sección Octava de la Sala de Madrid. Asimismo, señala que la Sección Novena del Tribunal Superior madrileño y en otras ocasiones la propia Sección autora de la sentencia recurrida han aceptado que el plazo de este procedimiento es el de seis meses. Además, sostiene que la interpretación seguida en la instancia es errónea. Para demostrarlo, recuerda que la regulación del procedimiento de referencia se halla en el Decreto 2114/1968, de 24 de julio EDL 1968/1763, y sostiene que la sentencia EDJ 2010/66290 lo ha infringido, así como habría vulnerado el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 EDL 1958/101 y la disposición derogatoria 3 de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 en relación con las anteriores disposiciones. Apunta al respecto el Abogado del Estado que, siendo cierto que no hay en la normativa aplicable un plazo especial para estos procedimientos no obstante sucede que el Decreto 2114/1968 EDL 1968/1763 fue dictado bajo la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo EDL 1992/17271 de 17 de julio de Ese texto legal quería que los procedimientos se desarrollasen con economía, celeridad y eficacia y su artículo 61 establecía que no podría exceder de seis meses el tiempo que transcurriera entre la iniciación y la terminación del expediente, salvo que mediaran causas excepcionales debidamente justificadas. Ahora bien, para el caso de que se superase ese plazo sin que se hubiera dictado la resolución que le pusiera fin no disponía la caducidad del procedimiento. Se limitaba a decir que los interesados podrían hacerlo constar en el recurso que interpusieran "en cuyo caso la autoridad que conozca el recurso podrá ordenar la incoación del oportuno expediente disciplinario para determinar el funcionario o funcionarios responsables a fin de imponerles, si procede, las oportunas sanciones". Asimismo, recuerda el Abogado del Estado que la redacción original del artículo 42 de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 venía a decir prácticamente lo mismo y que será la Ley 4/1999, de 13 de enero EDL 1999/59899, la que modifique en profundidad este precepto y le dé su redacción vigente. A partir de aquí dice el recurrente: "(...) no cabe duda de que la norma legal expresa a la que (...) (alude el artículo 42.3) debe considerarse que se encuentra en la previsión contenida en el artículo 61 de la (...) Ley de Procedimiento Administrativo EDL 1992/17271 (...) que, como tal es la que implícitamente, en este punto, sigue subyaciendo en la regulación procedimental del Decreto 2114/1968 EDL 1968/1763 (...) que, conforme a la disposición derogatoria 3 de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271, como norma procedimental, se declaró expresamente vigente en tanto no contradice ni se opone a lo dispuesto por esta última Ley y, por consiguiente, la que debe concluirse que se siguió teniendo en cuenta por (...) la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas (...) (en las resoluciones que publican) la relación de procedimientos de la Administración General del Estado (...) para recoger el plazo de seis meses (...)". Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 3 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA

4 En fin, subraya el Abogado del Estado que "la cuestión del plazo de seis meses para la tramitación de los procedimientos de desalojo de inquilinos de viviendas militares ha sido absolutamente pacífica hasta la fecha". TERCERO.-.- El Sr. Marcial se ha opuesto a este recurso. Destaca que la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 1 de diciembre de 1998 que publica la relación de procedimientos de la Administración General del Estado no tiene el carácter de norma reguladora de éste ni de ningún otro procedimiento. Se limita a cumplir el mandato del artículo 42.4 de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 y, como en ella misma se dice, no tiene efectos normativos sino meramente informativos. Por lo demás, aunque está a disposición del público, ahora en no se ha publicado como exige el principio de publicidad de las normas impuesto por el artículo 9.3 de la Constitución EDL 1978/3879. No es, en definitiva, nos dice, una norma jurídica. En cuanto al razonamiento del fondo del Abogado del Estado, indica el Sr. Marcial que el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo EDL 1992/17271 está expresamente derogado por la disposición derogatoria 2 b) de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271, por lo que, conforme a su apartado 4, las referencias que a aquella se hicieran en normas vigentes habrán de entenderse referidas a las de ésta que regulen la misma materia. Por último, evoca el constante principio jurisprudencial que propugna la aplicación inmediata de las normas procesales o de procedimiento salvo excepción expresa en contrario en las reglas transitorias. CUARTO.- El parecer del Ministerio Fiscal es que no debe haber lugar a este recurso porque, si bien puede ser gravemente dañosa la doctrina sentada por la sentencia de la Sala de Madrid, no es errónea, pues no se fija plazo en la normativa especial para resolver los expedientes de desahucio seguidos por el INVIFAS, lo que obliga a aplicar el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 EDL 1992/ QUINTO.- El artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción define en términos muy estrictos el recurso de casación en interés de la Ley. 1) Respecto del objeto, pues solamente cabe contra Sentencias firmes, dictadas en única instancia por los Jueces de lo Contencioso-Administrativo y contra las pronunciadas por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional que no sean susceptibles de recurso de casación ordinario o para la unificación de doctrina. 2) A propósito de los sujetos legitimados para interponerlo, que son únicamente la Administración Pública territorial que tenga interés legítimo en el asunto, las Entidades o Corporaciones representativas de intereses generales o corporativos que tengan interés legítimo en el asunto, el Ministerio Fiscal o la Administración General del Estado. 3) En cuanto a los presupuestos que han de darse conjuntamente para que pueda utilizarse: grave daño para el interés general y error en la resolución dictada. 4) Respecto de las exigencias de tiempo --tres meses de plazo para interponerlo-- y forma --escrito razonado en el que se fijará la doctrina legal que se postule a presentar ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con copia certificada de la Sentencia impugnada EDJ 2010/66290 en la que conste la fecha de su notificación--, pues, advierte la Ley de la Jurisdicción, su incumplimiento obligará a que se ordene de plano el archivo 5) Sobre el alcance del enjuiciamiento, ya que sólo puede extenderse a la correcta interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido. 6) En fin, el pronunciamiento también se ve restringido pues debe respetar en todo caso la situación jurídica particular derivada de la Sentencia recurrida y, de ser estimatorio, habrá de fijar en el fallo la doctrina legal, publicándose la Sentencia del Tribunal Supremo en el Boletín Oficial del Estado. Vemos, pues que si, ya en los recursos de casación contemplados en los artículos 86 y 96, la Ley de la Jurisdicción impone requisitos severos cuyo cumplimiento se vigila por la Sala, en este caso, lo hace especialmente. Por eso, procede exigir con rigor su observancia para cumplir fielmente las determinaciones del legislador. En realidad, ese es el criterio mantenido reiteradamente por la jurisprudencia, por ejemplo, en las Sentencias de 5 de mayo (casación en interés de la Ley 3456/2001) EDJ 2003/29852 y 23 de junio de 2003 (casación en interés de la Ley 2829/2001) EDJ 2003/80796, y en las allí citadas, o en la de 23 de julio, también de 2003, (casación en interés de la Ley 9450/1997) EDJ 2003/80852, entre otras. Jurisprudencia que ha añadido, más bien explicitado, requisitos adicionales que resultan de la interpretación de la Ley de la Jurisdicción. El primero es que la doctrina cuya fijación se pretende se refiera a un concreto precepto ( Sentencias de 6 EDJ 2005/113923, 8 EDJ 2005/ y 20 de junio de 2005 EDJ 2005/ (recursos de casación en interés de la Ley 26 y 21/2004 y 46/2003)). El segundo estriba en que no haya sido establecida ya por esta Sala (Sentencia de 28 de enero de 2003 (recurso de casación en interés de la Ley 8199/2000) EDJ 2003/1652 con cita de una larga lista de otras anteriores coincidentes). Otro consiste en que el recurso tenga utilidad, lo que no sucede cuando la doctrina cuya fijación se solicita ya resulta por sí misma de las propias normas ( Sentencias de 8 de junio de 2005 (casación en interés de la Ley 21/2004) EDJ 2005/113905, de 15 de febrero de 2005 (casación en interés de la Ley 66/2003) EDJ 2005/13313 y de 23 de enero de 2004 (casación en interés de la Ley 30/2004)). SEXTO.- No cabe acoger este recurso de casación en interés de la Ley porque no se dan los presupuestos exigidos por el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción y la jurisprudencia que lo ha interpretado para que prospere. En efecto, de un lado, la existencia de sentencias contradictorias tiene su cauce de solución en los recursos de casación para la unificación de doctrina. De otro, si ya es discutible que el número de expedientes y pleitos que dice el Abogado del Estado se incoan anualmente por causa de los desahucios instados por el INVIFAS sean causa de una situación gravemente dañosa para el interés general, de lo que no cabe ninguna duda es de que la sentencia EDJ 2010/66290 no incurre en error. Por el contrario, aplica normas vigentes a actuaciones administrativas producidas bajo su imperio. De ahí que no quepa acudir a elaboraciones complejas para someterlas a previsiones derogadas. El Decreto 2114/1968 EDL 1968/1763 se debe aplicar observando lo dispuesto respecto del procedimiento, no por la Ley de 1958, sino por la que derogó expresamente la mayor parte de sus preceptos, entre ellos el artículo 61: la Ley 30/1992 EDL 1992/ Y como, según reconoce el Abogado del Estado, no hay plazo especial establecido para resolver los expedientes de desahucio incoados por el INVIFAS, aplicarles el que con carácter general establece este último texto legal es lo procedente, al igual que lo es sacar las conclusiones debidas de su incumplimiento habida cuenta de que conduce a decisiones desfavorables para el administrado, tal como acertadamente hizo la sentencia de la Sección Octava de la Sala de Madrid EDJ 2010/ Frente a esta interpretación, directamente derivada del tenor de los preceptos, de la lógica y del sistema en que se integran, así como de la finalidad que inspira la regulación del procedimiento administrativo, no puede prevalecer el complicado camino que ha tenido que EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA 4 Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

5 seguir el recurrente para justificar que, en vez del de tres meses fijado por el artículo 42.3 de dicha Ley 30/1992 EDL 1992/17271, el plazo en cuestión ha de ser de seis meses porque era el dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 EDL 1958/101, vigente cuando se dictó el Decreto en cuestión. De extender este tipo de razonamiento a otras disposiciones preconstitucionales se llegaría a resultados sorprendentes. En cuanto a las resoluciones de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas que publican los procedimientos de la Administración General del Estado, la última de las cuales está disponible, actualizada, efectivamente, en no ofrecen más que información a los administrados, como su mera lectura revela sin dificultad, por lo que carecen de toda virtualidad normativa. Es elocuente el texto que precede a la relación de ficheros allí ofrecida: "La relación de procedimientos de la Administración General del Estado ha sido aprobada por Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. Esta relación se ha confeccionado con los datos proporcionados por la totalidad de los departamentos ministeriales en que se estructura la Administración General del Estado (AGE) y recoge los procedimientos administrativos cuya resolución es competencia de la AGE, indicando no sólo los efectos del silencio administrativo que se producen cuando no se dicta resolución expresa, sino también -con el objeto de proporcionar una completa información al ciudadano- la forma en que se inician sus plazos, los órganos competentes para su resolución y si ponen o no fin a la vía administrativa. Dado que los datos que se presentan están sujetos a variaciones y modificaciones, los mismos estarán permanentemente actualizados y a disposición del público en esta página así como en la Subdirección General de Innovación y Programas de Atención al Ciudadano, C/ María de Molina, 50, MADRID, teléfono 060". Por último, debemos apuntar que el escrito de interposición no indica el precepto al cual ha de vincularse la doctrina legal propugnada siendo así que la jurisprudencia emanada a partir del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción entiende necesario que se precise. SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo y dada la naturaleza del recurso de casación en interés de la ley, no procede hacer pronunciamiento sobre costas. En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española EDL 1978/3879, FALLO 1º Que no ha lugar al recurso de casación en interés de la ley num. 34/2010, interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia num. 266, dictada el 10 de marzo de 2010, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso contencioso-administrativo num. 299/2008 EDJ 2010/ º Que no hacemos imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico. Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 5 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA

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