El cargo popular como impedimento para ser votado: el caso Hank Luis EFRÉN RÍOS 1

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1 El cargo popular como impedimento para ser votado: el caso Hank Luis EFRÉN RÍOS 1 SUMARIO: I. Situación actual del derecho fundamental a ser votado II. Es válido prohibir el poder ser votado por razón de un cargo popular? III. El cargo popular como calidad para ser electo IV. El caso Hank: el principio de lesividad El seis de julio de dos mil siete, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF), resolvió uno de los casos más polémicos que en los últimos años se han dado sobre el tema del derecho a ser votado. En efecto, Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Revolucionario Institucional (en adelante PRI) a la gubernatura del Estado de Baja California, fue declarado inelegible por el tribunal electoral local al considerar como válida una norma de la Constitución local que fue interpretada en el sentido de prohibir el derecho a ser votado por tener un cargo popular. Es decir, en el ámbito local se prohibió en plena campaña a una persona ser candidato a gobernador porque era un alcalde que aún no terminaba su mandato popular por el cual fue electo, pero en el ámbito federal se reconoció que la norma prohibitiva tenía que ser interpretada de manera diferente para darle la oportunidad de tener derecho a participar en la elección constitucional. Al final, se removió ese obstáculo, Hank Rhon terminó siendo elegible como candidato. Esta discusión se enmarca en el caso Hank (SUP-JDC-695/2007), el cual es interesante por dos razones: primero, porque sólo en la política mexicana se nos ocurre imponer una restricción de tal naturaleza en la ley 2 1 Profesor de Filosofía del Derecho (UAdeC). Coordinador del Observatorio Internacional de Justicia Electoral UC3M-TEPJF. 2 México se ha convertido en el terreno de caza favorito de los estudiosos de la política que rastrean una democracia surgida espontáneamente de un antepasado autoritario (Sartori 2000, 279), pero sobre todo [la política mexicana] es sede hoy de un gran activismo judicial basado en la alta conflictividad de la competencia política que, por lo demás, permite discutir las razones de los jueces para construir las reglas de la lucha por el poder, a partir del discurso de los derechos políticos fundamentales.

2 184. Derecho en Libertad para discutir una determinada concepción de la lucha por el poder, pero también en virtud de que se plantea una lectura judicial a partir de cuatro consideraciones, a saber: (i) (ii) (iii) (iv) si es válido o no que una persona que tiene interés en participar en una elección a un cargo popular, tenga derecho a pedir de manera previa una acción declarativa por parte de los jueces para reconocerle la certeza de su derecho a presentarse a las elecciones cuando una norma puede ser interpretada en el sentido de prohibirle de manera inconstitucional este derecho fundamental (vid. TEPJF: J.07/2003). si es válido o no que el TEPJF pueda acudir a la técnica de la interpretación conforme a la Constitución, para no aplicar el significado de una norma secundaria que puede considerarse inconstitucional, no obstante la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (en adelante SCJN) que le prohíbe el control constitucional de leyes electorales (vid. SCJN: P./J. 23/2002). si es válido o no que un tribunal de una entidad federativa pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional local; o bien ejercer un control constitucional difuso de su régimen interno. si es válido o no imponer como prohibición para ser electo el tener un cargo previo, a partir de la doctrina del principio de ponderación en los derechos fundamentales que exige que las calidades para ser electo no deben de ser irracionales, discriminatorias, desproporcionales o arbitrarias (TEPJF: SUP- JDC-037/2001; SUP-JDC-117/2001; SUP-JRC-128/2001; SUP-RAP- 027/2003) Este comentario al caso Hank sólo tendrá por objeto hacer el análisis de la constitucionalidad del requisito de no tener cargo popular al momento de poder ser electo. No revisaré, en consecuencia, las primeras tres cuestiones. En efecto, en este trabajo planteo la discusión de la validez del cargo popular como impedimento para tener derecho a ser votado. Me interesa analizar el discurso argumentativo del TEPJF que versó en torno a si una ley puede establecer como calidad para ser votado, la prohibición de poder ser electo a un nuevo cargo si se ejerce un cargo de elección popular. En otras palabras: se trata de discutir si es válido que la persona que ejerza un cargo de elección popular, tenga derecho a competir o no por el poder durante el período de su función para buscar un nuevo cargo de elección

3 El cargo popular como impedimento para ser votado. 185 popular. Se trata, en suma, de analizar la restricción del derecho a ser votado por tener, justamente, un cargo popular 3. Dividiré en cuatro partes este breve ensayo. En primer lugar, realizaré un apunte sobre la situación actual del derecho de ser votado. En seguida plantearé la cuestión principal en torno a si es válido o no imponer el cargo popular como impedimento para ser votado. En tercer lugar, discutiré si el cargo popular puede formar parte del contenido esencial del derecho a ser votado, a partir de las concepciones impersonal, personal y meritocrática de las calidades para ser votado. Finalmente, realizaré una reflexión sobre las cuestiones que, a mi juicio, el TEPJF podría afinar en su discurso argumentativo para analizar este tipo de casos prácticos. I. Situación actual del derecho fundamental a ser votado En México, el derecho a ser votado ha cobrado relevancia en la última década. Más del 70% de los casos que se plantean en el TEPJF se refieren a los derechos políticos 4. El activismo del juez electoral es intenso: unas veces pro derechos, otras pro partidocracia o pro deberes. Es la discusión entre autonomía privada y autonomía pública cuyo reto es compatibilizarlos entre sí, sin exclusión y bajo un proceso de argumentación, no de negociación (Habermas 2001, 147). El sistema de justicia electoral mexicano se ha encargado de elaborar, a diez años de distancia, una serie de criterios que se deben discutir para explicar las reglas del poder a partir del discurso de los derechos políticos. Es la nueva regla: el político actual, diferente al tradicional, suministra los insumos [a los jueces] para generar los productos conceptuales que, poco a poco, diseñan las nuevas pautas en la competencia electoral. El discurso judicial sobre las [nuevas] reglas del juego se forma, parafraseando a Luigi Ferrajoli, con los derechos que el más débil reclama en contra de las re- 3 El cargo popular como calidad para ser votado puede ser tratado como requisito o impedimento. En el primer supuesto, el caso Sifuentes enseña una línea argumentativa en el sentido de que es racional exigir para ciertos cargos populares el requisito de que se haya tenido con anterioridad un cargo popular para poder ser electo (TEPJF: SUP-JDC-370/2005). El caso Hank, por el contrario, demuestra que el cargo popular es un impedimento para ser electo. 4 Del 1 de noviembre de 1996 al 24 de abril de 2006, los juicios de protección de derechos político-electorales (en adelante JDC) ocupan el primer lugar de la demanda de justicia electoral con un 72.29% del total de juicios recibidos en el TEPJF. Los juicios de revisión constitucional (en adelante JRC) y los recursos de apelación (en adelante RAP) también plantean casos vinculados con el tema, tales como causas de inelegibilidad de candidatos, reglas de la competencia electoral y nulidad de las elecciones por violación al derecho a ser votado. Los RAP representan el 3.31% y los JRC el 17.90% de los asuntos. (Fuente: TEPJF, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial, Dirección de Estadística Judicial, «http://www.trife.gob.mx»).

4 186. Derecho en Libertad glas autoritarias del más fuerte. Este drama se inicia en una competencia dispar: la mayoría más fuerte, por lo general, no respeta el derecho del más débil a ser votado; más o menos se equilibra esta situación de desventaja cuando el juez defiende las expectativas que la ciudadanía debe gozar si pretende competir, en términos democráticos, por un puesto de elección popular. Es, por tanto, un derecho en construcción: antes se luchaba por votar, hoy por tener la oportunidad de participar. Antes se iba a la calle con violencia para defender el voto emitido en las urnas, hoy se lucha ante el juez con la razón del derecho a ser votado, sin perjuicio, claro, de presionar en la lucha política. Este derecho fundamental es escudo, arma y amenaza dejado en las manos del arbitrio judicial. No se trata sólo de que [cuente y contemos el voto] sino también que [seamos contados a la hora de participar]. El sufragio cuenta al igual que la oportunidad de ser electo de manera universal, libre, directa y abierta. Las tensiones, por tanto, son fuertes entre la clase política mexicana, no sólo porque toda decisión partidista llega a la instancia judicial incluso la mayoría de las elecciones federales, estatales y municipales, de su preparación hasta la calificación final, terminan con la venia del juez, sino también porque es uno de los dilemas filosóficos de hoy y de siempre (autonomía privada/autonomía pública) de los que depende en gran parte la idea de los derechos políticos como una vía emancipadora que tenga por objeto construir la identidad individual y colectiva de una sociedad, para dejar atrás la idea de la negociación del poder que ve en el derecho político el instrumento de dominio por excelencia. El dilema es claro: la soberanía individual de ser elegible frente a la soberanía pública de elegir al elegible; la libertad individual de participar y la libertad colectiva a decidir; lo cual no debe verse como una confrontación sin solución, sino como el punto de partida de la discusión para encontrar la fórmula que haga valer estos dos conceptos, a fin de que la libertad de cada uno ha de poder ser compatible con la igual libertad de todos conforme a una ley general (Habermas 2001, 186). Se trata, en el fondo, de hacer una aproximación a la fórmula general que permita la oportunidad de cada ciudadano a defender sus expectativas de ser electo, a través de un proceso de deliberación, para lograr la representación de todos. En esta etapa judicial ( ), se tiene la conciencia real de defender el discurso de los derechos políticos, primero en el plano de la lucha política, y luego, ante la última instancia, el juez electoral. Es, por tanto, la narración judicial como respuesta correcta al derecho de ser votado (Dworkin 2005). En efecto, la Constitución mexicana ha elegido el discurso de los derechos como método para construir el derecho a ser votado que, por

5 El cargo popular como impedimento para ser votado. 187 tanto, requiere desarrollarse en un contexto determinado. En primer lugar, la transición política exige también transición en el estudio del derecho. Hay que ver de manera diferente a la Constitución, no sólo como ideal sino como norma, tal como lo han hecho todas las democracias. No es la visión tradicional, la que afirma el paradigma político, la que nos sirve para entender y resolver los retos del país. Es la Constitución como norma jurídica vinculante la que garantiza el programa político contenido en ella. En el tema a estudio, la visión política es clara: en el pueblo reside el poder soberano que se expresa, entre otros, en el derecho a ser votado para asegurar una forma de gobierno democrática. Luego entonces, lo que hay que vincular es que el sentimiento nacional se asegure con un sistema de garantías que logren la efectividad del derecho a ser electo. Pues bien, en la realidad política existen varios problemas. Por un lado, en materia de los derechos políticos, qué se puede revisar judicialmente y qué no? Qué se entiende por calidad de ser votado? Qué calidades son racionales exigir a la ciudadanía para tener derecho a competir por el poder? En qué consiste la potestad exclusiva del legislador para decidir el tipo de concepción de ciudadanía? Existen límites? Cuáles son? Son temas, entre otros, a desarrollar a partir del derecho en cuestión. Lo cierto es que el discurso de la jurisprudencial del TEPJF es una página en construcción 5. No es sencillo. Es una tarea tan delicada que los extremos preocupan: un activismo judicial invasor de la autonomía política, necesaria para que un sistema de partidos funcione, pone en una posición débil al sistema político cuando resulta injustificado el control; pero a su vez un camino tolerante frente a los abusos a los derechos políticos, resquebraja todo el sistema electoral en su máxima legitimidad: los derechos y las reglas del juego para competir en forma democrática. La situación es compleja. Existe una paz doctrinal en México que no desarrolla los temas que la doctrina judicial ha elaborado de manera importante en los últimos años. Frente a este silencio, existe cada vez más una legítima preocupación de los políticos: no saben a qué atenerse con las nuevas reglas del juego, situación que pone en riesgo el sistema de protección judicial ante la idea seductora 5 Una evaluación preliminar del TEPJF indica, en general, que ha sido prudente y argumentativo en sus fallos, a pesar de que la escuela dominante del derecho mexicano cuestiona sus decisiones por su formación formalista e incluso paleopositivista. El juez electoral se ha convertido, en realidad, en un garante de los derechos político-electorales. Falta ahora que la doctrina revise sus criterios, sistematice y cuestione las decisiones para iniciar el desarrollo del modelo electoral que queremos para el siglo XXI. El derecho a ser votado es un problema que forma parte de los nuevos desafíos del sistema electoral mexicano. Es pues el momento para iniciar una aproximación de la teoría del derecho de ser votado, a partir del estudio de los casos prácticos, la filosofía, de la realidad política y de la doctrina judicial, limitándonos a un problema en particular.

6 188. Derecho en Libertad de la inmunidad partidista por la que muchos políticos abogan. El juez electoral es el que ahora tiene la palabra, por eso antes de que la oligarquía partidista se sustituya por una tiranía judicial inadecuada, es necesario que, a partir de la realidad política, se inicie a discutir en serio estos temas. La importancia del tema en la actualidad es crucial. Pues no es válido establecer restricciones injustificadas para poder competir por el poder: los requisitos autorizados por la Constitución son los únicos que se deben exigir para ser candidato. Los jueces tienen que velar por estas reglas de la democracia. El legislador y el partido tienen vedado ir más allá porque, en lugar de facilitar el acceso al poder, lo obstaculizarían en perjuicio de los ciudadanos. Ello es así, pues la disponibilidad de las reglas por parte de la mayoría tienen su límite en los derechos políticos. Es así de claro: el derecho a competir delimita lo que la mayoría puede hacer, pero también lo que no puede hacer. Expresado en otras palabras: la regla de los derechos políticos fundamentales están en la esfera de lo indecidible de la mayoría (Ferrajoli 2001, 35-40); en el coto vedado que llama Ernesto Garzón Valdés. Esa es la cuestión a desarrollar aquí y los jueces nos ofrecen claves importantes para narrar la respuesta más aceptable a estos problemas. Ha sido, por otra parte, la clase política la que ha venido perfilando las respuestas de los jueces. Ellos son a los que les corresponde revisar si los requisitos exigidos por la ley son conforme al derecho fundamental a ser electo. La narración que construyen los jueces, caso a caso, tiene etapas que hay que distinguir, porque permiten contextualizar el razonamiento judicial en el discurso pro derechos o pro partidocrático, pero también sirve para identificar el método que prevalece en cada una de estas orientaciones jurisprudenciales que pueden ser explicadas por las teorías del derecho y de la justicia que se adopten como solución al problema. El juez electoral se ha pronunciado sobre muchos temas del derecho a ser votado. Ya hay un elenco de sentencias que permiten dar respuesta a los tres problemas fundamentales de este derecho: quién puede ser electo?, cómo puede ser electo?, y cuándo el electo puede defender su derecho a permanecer electo? Estas tres preguntas, a su vez, se vinculan con un sin número de problemas que se refieren a las calidades del elegible, a la democracia interna de los partidos, a las reglas de la competencia democrática y a las reglas del ejercicio del cargo inherentes al derecho de ser votado. Entre todos estos problemas me interesa analizar aquí el caso Hank como uno de los precedentes que sirven para discutir un tipo de concepción a la hora de hacer política.

7 El cargo popular como impedimento para ser votado. 189 II. Es válido prohibir el poder ser votado por razón de un cargo popular? Hacer política significa aspirar en la distribución, la conservación o la transferencia del poder (Weber 2004, 84). La razón de ser de los políticos y su papel es la representación política que implica responder frente a la sociedad bajo un esquema de sistema de partidos que articula a la democracia (Sartori 2000, 55), por lo cual es en la esfera de éstos en donde se hace política para luchar por el poder, para acceder a él, ejercerlo y mantenerlo. Esta concepción del poder es típica en la mayoría de las democracias: los políticos compiten por él mediante el derecho que tienen a tener la oportunidad de buscar cargos por medio de elecciones democráticas. De ahí que de manera inmediata resulta un primer apunte: el impedimento para ser electo por tener un cargo popular choca prima facie con este tipo de concepción de la lucha por el poder. Pues justamente se prohíbe hacer política a aquél que gana el poder: si no se permite ser electo a un nuevo cargo popular, cuando se está sin concluir uno, se le está diciendo al político que sólo tiene derecho a hacer política después de que termine el cargo por el que fue electo, lo cual puede implicar lapsos más o menos largos de inactividad política, es decir, cuando el político está en un cargo no puede hacer política para competir por otro. Es razonable esta restricción? Se justifica en una democracia basada en la libertad política de cada quien? Una sociedad democrática debe limitar el derecho de los políticos a hacer política para obligarlos a permanecer en sus cargos hasta el final de su período popular? Analizaré esta cuestión a partir de tres cuestiones que desarrolla el TEPJF en el caso Hank: (i) la constitucionalización del derecho a ser votado; (ii) el principio de ponderación a partir del triple test; y, (iii) la irracionalidad que se argumentó para declarar no conforme al derecho a ser votado la prohibición por razón del cargo popular. 1. La constitucionalización del derecho a ser votado En los albores de este siglo XXI, el Derecho Constitucional se perfila como una de las ciencias más importantes para la humanidad. Es por ello que las diferentes ramas del derecho, como la electoral, se constitucionalizan; más aún en lo que respecta a las libertades y derechos fundamentales. Las constituciones son consideradas hoy como verdaderas reglas de derecho: normas que contienen proyectos políticos a cumplir. El poder normativo de la Constitución se admite cada vez con mayor imperatividad y rigor científico en su desarrollo. Las constituciones no son meros deseos o aspiraciones vagas e imprecisas, son normas jurídicas que vinculan de ma-

8 190. Derecho en Libertad nera directa e inmediata al poder (García de Enterría 1981). Es más recurrente pues que la doctrina considere que la Constitución es el propio derecho. Hoy en día, las normas constitucionales son de aplicación directa. La Constitución es el eje esencial de cualquier sociedad. Antes lo era la ley; hoy es la Constitución. Antes se hablaba del principio de legalidad; hoy se habla del principio de constitucionalidad (Ferrajoli 1988). Las constituciones modernas cumplen, por un lado, con el papel de ser la fuente de las normas jurídicas y, por otro, de ser el vehículo de los valores esenciales o fundamentales de toda la nación. El derecho se hace, se interpreta y se aplica desde la Constitución, no de la mera legalidad a secas, sin contenido (Favoreou 2000, 36ss.). El paradigma paleopositivista es erradicado en la tradición jurídica actual, para ser sustituido por el Estado constitucional de derecho. La constitucionalización de la democracia, por tanto, deja resuelta la polémica de positivistas y iusnaturalistas: el problema ahora es discutir cómo los valores morales se conceptualizan y se aplican, no si el contenido moral debe o no ser parte del orden jurídico. Pues bien, el constitucionalizar el derecho a ser electo implica identificar las normas que tienen rango fundamental para orientar el quién y el cómo se podrá participar en la lucha por el poder, revisando la interpretación de esos principios y reglas de valores que permiten explicar lo que un Estado puede decidir y no decidir a la hora de regular el acceso al cargo de la representación política (cf. Rallo Lombarte 1997, 69ss.). Me interesa destacar aquí el conjunto de normas nacionales e internacionales (aplicables a México 6 ) que han ido construyendo el significado del derecho a ser electo y su interpretación constitucional por parte de los tribunales especializados, la SCJN, el TEPJF, la Corte IDH y la CEDH. A. Su bloque constitucional El «bloque constitucional del derecho a ser votado» implica identificar el conjunto de principios y reglas de valor (nacionales e internacionales) que integran las normas fundamentales situadas en el nivel constitucional, cuyo respeto se impone como norma vinculante a la ley y que, por tanto, es objeto de validez formal y sustancial del orden jurídico secundario 7. En México, el poder ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional y de configuración legal, tal como lo reconoce la doctrina judicial nacional (TEPJF: SUP-JDC-037/2001 y SUP- 6 Desde el 16 de diciembre de 1998, México es un Estado miembro del sistema interamericano de los derechos humanos que reconoce las competencias de la CIDH y de la Corte IDH. 7 Sobre el origen y noción del bloque constitucional vid. Favoreou y Rubio(1991).

9 El cargo popular como impedimento para ser votado. 191 RAP-027/2003) e internacional (CEDH: Gitanas y otros v. Grecia, 1 de julio de 1997; Podkolzina v. Letonia, 9 de abril de 2002; Hirst v. The United Kingdom, 6 de octubre de 2005). Es la reserva de ley, según la fracción II del artículo 35 de la Constitución, la que define las «calidades» para poder ser votado (TEPJF: SUP-RAP-40/2004). Ese es el núcleo fundamental: las «calidades» que se pueden exigir para poder participar y ser electo como representante popular que, por lo demás, se traducen en dos cuestiones: quiénes pueden ser electos y cómo? Lo anterior, por tanto, significa que el derecho a ser votado puede ser desarrollado por el legislador ordinario en la medida en que no afecte su contenido esencial. No es un derecho absoluto por el principio de «sociedad democrática» que delimita los derechos políticos fundamentales (TEPJF: SUP-JRC-128/2001 y SUP-JDC-117/2001), por lo que el punto a discutir será siempre si las calidades impuestas por la ley son irrazonables, discriminatorias, absurdas, desproporcionadas o que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial o hagan nugatorio el ejercicio de este derecho. Este derecho fundamental no sólo implica el reconocimiento de un poder del ciudadano cuyo ejercicio se deja a su libre decisión, sino que también entraña una facultad cuya realización está sujeta a condiciones de igualdad, a fin de que todos los ciudadanos gocen de las mismas oportunidades. Es, por un lado, la libertad negativa que impide intervenir indebidamente en la esfera de participar en la lucha del poder, pero también implica la libertad positiva que tiene por objeto imponer prestaciones positivas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en igualdad de recursos: la libertad de ser electo implica, invariablemente, que todo el que pretenda el cargo público debe contar con la oportunidad equitativa de impacto e influencia para alcanzar el poder. Es la idea igualitarista de que el poder político equitativo significa influencia equitativa (Dworkin 2003, 213). Es por ello que el ejercicio de las garantías y libertades (informarse, expresarse, asociarse, etc.) que se ejercen para obtener un cargo de elección popular (el poder de buscar la candidatura del partido y el voto de la mayoría), se encuentran supeditadas a los principios de la participación del pueblo en la vida democrática y el acceso al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Lo anterior toda vez que el ciudadano que aspira a obtener un cargo de esta índole, se sujeta voluntariamente a los deberes y obligaciones en materia electoral, en donde un aspecto toral lo constituyen los partidos políticos como entidades de interés público cuya finalidad es el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público para conformar la representación, adquiriendo especial relevancia los mecanismos que pretenden garantizar

10 192. Derecho en Libertad condiciones de equidad que propicien su participación en igualdad de condiciones en la contienda electoral, entre las que destacan el financiamiento público y privado y la realización de los actos tendentes a la promoción de los ciudadanos que pretenden acceder a la representación nacional, así como la de los propios partidos políticos (SCJN: AI-26/2003). Por lo tanto, si bien es cierto que es un derecho fundamental el poder ser postulado a cargos de elección popular, el hecho de imponer una modalidad o condicionante a este derecho, en aras de garantizar condiciones de igualdad general en la contienda electoral, ello no debe estimarse como una restricción arbitraria, a menos de que la limitación vulnere el núcleo esencial del poder del ciudadano a ser votado en equidad con los demás competidores. Esta constitucionalización del derecho a ser electo, como parte del derecho a participar en la conformación de la voluntad popular y estatal, se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano. Por un lado, la posibilidad de ser votado se funda en el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 8. Se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; además, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto, en donde en el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades políticas se sujeta únicamente a las limitaciones establecidas en la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática 9. Se establece, asimismo, que todos los ciudadanos gozarán, sin distinciones y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: (i) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (ii) votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; (iii) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Este derecho a ser electo, por tanto, se disfrutará sin distinción alguna de raza, color, sexo, 8 Artículos 21, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 9 Artículos 21, párrafos 1, 2 y 3; 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

11 El cargo popular como impedimento para ser votado. 193 idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 10. Ahora bien, el derecho fundamental a ser votado tiene una dimensión tridimensional que implica el poder de todo elegible: (i) a ser candidato bajo procedimientos y criterios razonables dentro de un partido o fuera de él; (ii) a competir en equidad en la lucha por el voto popular, y; (iii) a ejercer y permanecer en el cargo popular (vid. TEPJF: S3ELJ 27/2002). Este contenido constitucional del derecho fundamental a ser votado, debe complementarse con el principio de ponderación a la hora de determinar si las calidades exigidas por la ley cumplen con los criterios del triple test que examina quién, qué y cómo se pueden decidir los requisitos de elegibilidad en los sistemas de representación democrática. B. El triple test Las normas de los sistemas universal, interamericano y europeo en torno al derecho a ser electo han sido interpretadas por la Corte IDH y la CEDH de manera similar bajo el triple test de los derechos humanos 11. En efecto, la configuración legal del derecho a ser votado a un cargo popular 10 Esta norma se reproduce en el artículo 23, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que señala que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. En el párrafo 2 del mismo artículo se establece que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere en el párrafo anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal. En el artículo 30 de la invocada Convención se establece que las restricciones permitidas, de acuerdo con la misma Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. En el artículo 32 se establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 11 El punto de partida implica reconocer que la previsión y aplicación de las calidades que la ley establezca para ejercitar los derechos de participación política, no constituyen por sí mismas una restricción indebida a los derechos políticos. No son absolutos y pueden estar sujeto a un amplio margen del Estado para establecer reglas relativas a las condiciones para acceder a cargos públicos, en función de criterios variables que atiendan a los factores históricos y políticos de cada nación (CEDH: Gitanas y otros v. Grecia, 1 de julio de 1997; Podkolzina v. Letonia, 9 de abril de 2002), siempre que dichas limitaciones sean racionales, proporcionales y no discriminatorias (CEDH: Hirst v. The United Kingdom, 6 de octubre de 2005).

12 194. Derecho en Libertad debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Estos principios exigen, por un lado, que el Estado-nación defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, bajo el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. Por tal razón, la restricción debe encontrarse prevista en una ley general y abstracta, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Corte IDH: Yatama v. Nicaragua: 23 de junio de 2005). Incluso: la técnica de interpretación jurídica (Guastini 1999) de los derechos fundamentales en materia electoral no debe ser restrictiva, sino extensiva (TEPJF: S3ELJ 29/2002), porque cuando hay varias opciones para alcanzar el fin de garantizarlos, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (Corte IDH: Herrera Ulloa, 2 de julio de 2004). Los tres criterios de la teoría de la ponderación (cf. Bernal 2003), son: (i) la idoneidad; (ii) la necesidad, y (iii) la proporcionalidad en sentido estricto. En efecto, la idoneidad significa que la calidad para ser electo tenga que cumplir con un fin constitucionalmente legítimo. Serían impertinentes, por tanto, las calidades que implicaran un trato personal discriminatorio o contrario a los fines constitucionales. La necesidad, por su parte, exigiría que las calidades que se tomen en cuenta sean las más adecuadas y necesarias para lograr la finalidad. La proporcionalidad en sentido estricto, finalmente, cerraría el juicio de ponderación a partir de tres criterios: (i) la importancia, el mayor o menor valor, de la finalidad constitucional; (ii) la comparación de necesariedad entre la finalidad buscada y la calidad ponderada; y, (iii) la relación de prevalencia de la calidad que restringe el derecho a ser votado. Estos criterios son claramente desarrollados en la sentencia del caso Hank. Por otra parte, el derecho a ser electo debe contextualizarse, para explicarse conforme a los antecedentes y el desarrollo político e histórico de un país. En el caso de los senadores vitalicios de Chile (Andrés Aylwin Azócar y otros v. Chile, 27 de diciembre de 1999) 12, la Corte IDH reconoció el cierto 12 Se cuestionaba que la asignación del 20 por ciento de los escaños de la cámara alta (senadores vitalicios) conforme a criterios preestablecidos en el artículo 45 de la Constitución chilena, iba en contra del derecho a ser electo. La CIDH consideró que ello no podía considerarse como manifiestamente arbitrario dado que no vaciaba de contenido o efectividad el principio de representación. El caso tenía relevancia dado el prominente rol del ex-dictador Pinochet que fungía como senador vitalicio

13 El cargo popular como impedimento para ser votado. 195 grado de deferencia en favor de los Estados partes para establecer ciertas limitaciones al derecho a ser elegido a la luz del contexto histórico en el cual fueron adoptadas, tal como la CIDH lo había fundamentado en otros casos 13. Se reconoce, en efecto, la idea de no interferir en la regulación legal a menos que las medidas estatales restrinjan estos derechos al extremo de vaciarlos de su contenido esencial e impedir su eficacia. Pues la doctrina internacional explica que la legislación electoral de un Estado está sujeta a variaciones geográficas y evoluciones temporales y que, por tanto, todo sistema electoral debe ser evaluado de acuerdo con la evolución política del país en cuestión, lo cual permite reconocer que ciertas características que resultan inaceptables en el contexto de un sistema determinado, pueden justificarse en otros en la medida en que se garantice la libre expresión de la opinión de los votantes al elegir la legislatura (CEDH: Mathieu-Mohin & Clerfayt v. Belgium, 2 marzo de 1987). Ello es así, pues se les reconoce a los Estados-nación la soberanía de regular el status de sus representantes políticos, en tanto que a través de la historia han desarrollado distintos modelos de convivencia y participación política y han establecido espacios destinados a ciertos grupos basados en criterios étnicos o de experiencia en los asuntos de gobierno. Por lo tanto, la Corte IDH reconoce que los arreglos políticos mediante los cuales los Estados han estructurado progresivamente sus respectivas modalidades electorales y de representación política reflejan realidades históricas, políticas y sociales de alta complejidad y, por ende, el juzgar la necesidad, conveniencia y propósito de estos arreglos generalmente rebasa la perspectiva de un órgano de supervisión internacional ya que involucra consideraciones de carácter eminentemente político en su naturaleza. Es la tarea del Estado el hacer estas delicadas y complejas determinaciones, a menos de que el mecanismo de representación política adoptado por un Estado parte resulte manifiestamente arbitrario. Lo que significa que el derecho a ser votado puede tener una justificación histórica y contextual a partir de una cierta realidad política que resulte moralmente aceptable 14. en ese momento, pero la CIDH optó por la idea de que el pueblo chileno modificara, por sí mismo, sus estructuras constitucionales para que un ex-dictador no continuara desprestigiando con su mera presencia la función legislativa y ofendiendo a numerosos chilenos y chilenas cuyos derechos fueron violados sistemáticamente por una dictadura. No obstante ello, me parece claro que la senaduría vitalicia, aunque no sea absoluta sino parcial, puede ser notoriamente anti-democrática: no se justifica en el sufragio popular, además de ir abiertamente en contra de la periodicidad del principio republicano de renovar en forma temporal el poder, característica esencial de la democracia. 13 Informe 30/93, Caso 10804, Guatemala, Informe Anual de la CIDH 1993, El criterio histórico o contextual, no obstante, no se tuvo en cuenta en el análisis del caso Hank. El contexto político en el que se explica la prohibición de ser electo por razón del cargo público, fue desechado por el TEPJF por considerarse como una situación abstracta y basada en generalizaciones no probadas.

14 196. Derecho en Libertad En definitiva, en la doctrina judicial de los derechos políticos estará presente siempre el análisis de la igualdad y la no discriminación del derecho a acceder al cargo popular en un determinado contexto político e histórico, en tanto que si se siembran por el Estado obstáculos y exigencias, ilegales, innecesarios y desproporcionados, que impidan el que la ciudadanía pueda asumir y ejercer plenamente sus derechos políticos, podrán ser cuestionadas las calidades exigidas para favorecer la participación de las personas en la conducción de sus propias vidas, a través de la actividad política. 2. Es irrazonable prohibir el ser electo por tener un cargo popular? La cuestión principal que el TEPJF resolvió en el caso Hank fue determinar el alcance de los artículos 41, fracción VI, y 42, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con la permisión o prohibición jurídica de que los presidentes municipales durante el período para el que fueron electos, puedan ser candidatos a gobernador de esa entidad. En tal sentido, se dijo que dichos preceptos deben interpretarse en el sentido de que los presidentes municipales tienen permitido registrarse y ser electos como gobernador de esa entidad, aun cuando no hubiera concluido el período para el cual fueron electos, sobre todo por lo dispuesto por los tratados internacionales en el sentido de que para el ejercicio de ese derecho es suficiente la separación del cargo con noventa días de anticipación a la celebración de la jornada electoral. En efecto, la lectura gramatical podría concluir una prohibición para los presidentes municipales de ser electos como gobernador de la entidad, durante el período que fungen con ese carácter, aun cuando se separen de su cargo. Este criterio, sin embargo, no fue el idóneo para determinar el alcance de los preceptos, porque el TEPJF optó por aplicar una interpretación que potencializa el derecho a ser votado conforme a los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Las razones del TEPJF se pueden sintetizar así: (i) (ii) los tratados internacionales establecen que el ejercicio del derecho de participación política puede reglamentarse en la ley, esencialmente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. ese tipo de limitaciones son de carácter personal, intrínsecos al sujeto, de lo cual se advierte que las limitaciones al derecho fundamental de ser votado deben ser primordialmente de esa naturaleza, sin que esto signifique la imposibilidad para

15 El cargo popular como impedimento para ser votado. 197 (iii) (iv) (v) (vi) establecer limitaciones tendentes a salvaguardar los principios constitucionales de cualquier elección, como son los de igualdad, equidad en la contienda y sufragio libre, entre otros, para lo cual las limitaciones adoptadas deberán ser necesarias, proporcionales e idóneas para la obtención de la finalidad perseguida. el artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California establece el derecho de quienes ocupan un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, de contender para la gubernatura, si se separan con noventa días de anticipación al día de la jornada electoral. Por otra parte, el artículo 42, párrafo tercero, de la citada Constitución, prevé una restricción que podría leerse como una prohibición para que los presidentes municipales, entre otros, que no han concluido su encargo, contiendan para ser gobernador de su estado. Esta lectura restringe el ejercicio del derecho de ser votado, porque se trata de una limitación que no corresponde ni a calidades intrínsecas de la persona, ni resulta necesaria, proporcional e idónea para tutelar alguno de los principios rectores de cualquier elección. ocupar el cargo de presidente municipal no es inherente a la persona, porque el cargo de presidente municipal se adquiere por reunir los requisitos previstos en dicha legislación, y por resultar electo en el proceso electoral atinente. el cargo de presidente municipal no implica contar con una calidad de naturaleza personal, pues el elemento definitorio consiste en haber resultado vencedor en una contienda electoral, por lo que ocupar ese cargo no es razón suficiente para limitar el derecho fundamental de ser votado, puesto que ese ejercicio sólo implica otro tipo de atributos o circunstancias del sujeto, derivadas del ejercicio del derecho de ser votado y elegido por el voto popular. tampoco es una medida necesaria, idónea y proporcional, del Estado de Baja California, pues la finalidad perseguida consistente en lograr el adecuado y el responsable desempeño de un cargo de elección popular está asegurado a través de diversos mecanismos constitucionales, entre los cuales destacan los preventivos, cuyo desarrollo es idóneo para asegurar, incluso, el cumplimiento de los objetivos fijados en los programas de gobierno municipal y legislativos (con independencia de las responsabilidades administrativas, civiles, penales y políticas),

16 198. Derecho en Libertad entre los cuales pueden mencionarse la revisión, el análisis, la auditoría y la dictaminación de las cuentas públicas anuales; la planeación democrática del desarrollo estatal y municipal, así como el legislativo; la aprobación o la reprobación de los convenios sobre cuestión de límites territoriales con las entidades de la Federación; el otorgamiento de permisos o recompensas a las personas que presten servicios de importancia y declarar beneméritos; las visitas a los ayuntamientos municipales por el Gobernador del Estado para dar cuenta, por una parte, al Congreso o al Tribunal Superior de Justicia de las faltas que notare y, en su caso, solicitar la suspensión de ayuntamientos, su desaparición o la suspensión o revocación de mandato de sus miembros; la división de poderes, y la toma de decisiones colectiva en el Congreso del Estado y los ayuntamientos municipales; los correctivos, entre los cuales están cuando el Congreso del Estado dirime las controversias entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia, y los procedimientos impugnativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California y el Poder Judicial del Estado, en los casos de responsabilidades penales, y los sancionatorios o los punitivos, como ocurre con la suspensión o desaparición de ayuntamientos, o bien, la suspensión o la revocación de los ayuntamientos; la declaración de procedencia contra los servidores públicos, y el juicio político. (vii) el hecho de que un servidor público de elección popular cumpla de manera íntegra con el período para el cual fue electo, no necesariamente implica que observará su programa de gobierno municipal o legislativo, por ejemplo, ya que entre los mecanismos adecuados para asegurar, mediante la amenaza de una sanción que se cumpliría con las ofertas políticas durante las campañas, por ejemplo, sería a través de los procedimientos de revocación de mandato o el llamado mandato imperativo. Al contrario, la posibilidad de que un sujeto que ocupa un cargo de elección popular pueda continuar con su carrera política, mediante la posibilidad de que para ello fuera suficiente su separación oportuna definitiva o provisional, operaría como un incentivo positivo, ya que su éxito ante el electorado estaría asegurado por su gestión pública como legislador o munícipe y no porque se limite su derecho de seguir ocupando un cargo público de manera inmediata a aquel de que se hubiere separado.

17 El cargo popular como impedimento para ser votado. 199 (viii) no se quebranta la soberanía popular ni impide la integración de los órganos de gobierno, mucho menos se impide el correcto funcionamiento de las instituciones y la continuidad de las tareas legislativas y de gobierno, mediante la separación del cargo de manera oportuna por quien aspire a otro puesto de elección popular, ya que existen, como se analizó previamente, instrumentos para suplir las ausencias. (ix) el considerar que debe otorgarse la calidad de relevante a la norma limitativa del derecho a ser votado, produciría la disminución de la participación ciudadana, el pluralismo político y la profesionalización de la carrera política en detrimento de la consolidación de un sistema democrático. (x) la Constitución Federal no establece un impedimento a los presidentes municipales para ser votados a diversos cargos de elección popular, durante el período para el que fueron electos, ni mucho menos la irrenunciabilidad a tales cargos, además de que no existirían suplentes para tal caso. (xi) es inviable considerar que la necesidad de concluir todo el período de un encargo público constituya un valor superior imprescindible para el bien común de una sociedad democrática, al cual deba subyugarse el derecho a ser votado. (xii) no existe fundamento alguno que permita arribar a la conclusión de que todos los detentadores de cargos públicos que se postulen durante el tiempo de su mandato, para ocupar otros, provoquen que la gestión administrativa y política de la autoridad que representaban se ejerza irresponsablemente, además, tampoco existe base para sostener que con ello se provoque un incorrecto funcionamiento de las instituciones, dado que existen mecanismos para corregir, enmendar o sancionar los actos que atenten contra los principios que deben regir la adecuada función pública. (xiii) la limitación sí es proporcionada porque excede el núcleo esencial del derecho al voto pasivo, y afecta a determinados sujetos con características especiales, como son haber sido electos a un cargo de elección popular y que pretendan participar como candidatos en comicios que se realicen dentro de la temporalidad para la que fueron electos interiormente, lo que se traduce en una afectación al principio de igualdad. (xiv) la prohibición selecciona un grupo de personas y limita su acceso a un derecho fundamental, pues las selecciona para excluirlas, dándoles un trato desigual, de inferiores, ya que

18 200. Derecho en Libertad por su carácter de titular de un cargo de elección popular, con la pretensión de postularse nuevamente a otro distinto, se les niega el derecho a ser votados, aunque sea en forma temporal. (xv) el impedir a un ciudadano en pleno goce de sus derechos político-electorales ser votado a un puesto cuyo titular debe elegirse por el pueblo, también se aparta de la tutela del principio constitucional de elecciones libres y auténticas y de equidad en las contiendas electorales, previstos en el artículo 41 de la Carta Magna, en tanto que debe garantizarse que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se efectúe mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, tomando como directrices que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, todo lo cual no sería posible efectuar con la participación de todos los ciudadanos que pretendan contender como candidatos reuniendo las calidades que establezcan las leyes, si se impone a un grupo de personas una restricción no justificada, en razón de su condición de ocupante de un cargo de elección popular en cuyo periodo se aspire a ser electo a otro de igual naturaleza. (xvi) resulta incorrecto sostener que los cargos públicos de elección popular son irrenunciables y, por tanto, el ciudadano que ocupe un cargo de elección popular no puede ejercer su derecho a ser votado sino únicamente después de haber terminado el periodo constitucional de su encargo. (xvii) el artículo 125 de la Constitución admite la posibilidad de que un individuo pudiese estar en la condición de ocupar un cargo de elección popular y, simultáneamente, ser elegido para ocupar otro distinto, dando como solución que ante esa situación el mencionado individuo deberá optar, según su voluntad, por desempeñar solamente uno de ellos. (xviii) los cargos públicos de elección popular no son, de manera absoluta y sin excepción, irrenunciables, pues la Constitución reconoce y autoriza, en ciertos casos y bajo determinadas condiciones, la figura jurídica de la renuncia. (xix) el artículo 38 constitucional establece que no existe falta de

19 El cargo popular como impedimento para ser votado. 201 cumplimiento a la obligación de desempeñar los cargos públicos de elección popular, siempre que haya una causa para dejar de hacerlo, de lo que se deduce que la obligatoriedad de mérito no es absoluta, sino que se encuentra acotada a que haya una razón que así lo justifique. (xx) el artículo 112 de la Constitución señala que no se requiere declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos referidos en el numeral 112 del propio texto constitucional, cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado del cargo, pero si dicho servidor vuelve a desempeñar sus funciones o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto de los enumerados en el último de los preceptos señalados, se procederá conforme el mismo. De lo anterior, se desprende un ejemplo más del sistema constitucional construido respecto del ejercicio de los cargos de elección popular, que evidencia que, contrario a lo sostenido por la recurrente, la obligación constitucional de desempeñar el cargo de elección popular para el que se fue electo, no es absoluta ni que debe ser por todo el tiempo que dure el mismo, sino que tiene que ser armonizado con los derechos fundamentados con los que se encuentra relacionado, principalmente con el derecho fundamental de ser votado. Así las cosas, es claro que un diputado o senador bien puede separarse de ese cargo para poder participar en un proceso electoral para obtener otro cargo de elección popular (de diputado a senador, por ejemplo), pues lejos de prohibirlo la Constitución federal, lo tiene previsto para el supuesto de su numeral 112. (xxi) el término estar separado del cargo se refiere a que el vínculo entre el candidato y el cargo del que se debe separar debe desaparecer decisivamente y sin duda alguna, dejando de tener cualquier relación con la actividad que desempeñaba, por lo que la separación de mérito debe ser en forma decisiva, sin gozar de las prerrogativas correspondientes al cargo.

20 202. Derecho en Libertad III. El cargo popular como calidad para ser electo El cargo popular es una calidad para ser electo? Esta es, a mi juicio, la pregunta primera que debe hacerse todo juez que pretenda ponderar si esta prohibición es constitucional o no. Pues resulta innecesario analizar si dicho impedimento para ser votado es idóneo, necesario o proporcional, si antes de ello no discutimos si puede ser o no una calidad permitida por el principio de constitucionalidad. Para tal efecto, por supuesto, el TEPJF debe partir de una concepción de la calidad de ser electo como contenido esencial. Describamos algunas alternativas conceptuales. 1. La «calidad de ser electo» como contenido esencial La categoría de la «calidad de poder ser votado» es la que configura el contenido esencial del derecho fundamental a ser electo. Los ciudadanos pueden estar excluidos de la participación política sobre la base de la idoneidad: la incapacidad que se fija por la edad mínima y la capacidad de obrar, pero también existen personas capaces que están excluidas de la libertad de votar por diversas razones constitucionales (conducta delictiva, laicidad, no-reelección, etc.). Existen, pues, «calidades» constitucionalizadas para no ser votado (el delincuente, el ministro de culto o el presidente que ha ejercido el cargo, respectivamente), pero también la ley puede desarrollar otras diferentes (positivas o negativas) para regular la posibilidad de la ciudadanía de ser elegida en el marco de la sociedad democrática, aquella que reconoce que los derechos no son absolutos. Luego, la cuestión radica en saber: cuál es la concepción constitucional de la «calidad ciudadana para ser votado»? Pues dependiendo de ella se determina el núcleo central de este derecho y se estará, por ende, en posibilidades de determinar si el cargo popular puede ser una calidad que se puede tomar en cuenta para excluir la participación política. El TEPJF ha conocido de algunos casos que permiten discutir algunos criterios. En el caso Ramírez señaló que la calidad marital (ser esposa del gobernador a suceder), no es una circunstancia personal que justifique negar el derecho al cargo que posee el marido de alguien que aspire a ser electa (TEPJF: SUP-RAP-40/2004), pero será válido que la élite política seleccione las candidaturas por el nepotismo familiar? Es decir: el hecho de tener una relación parental relevante con el que detente el poder, no justifica por sí mismo su exclusión política, pero justifica su inclusión en el cargo por esa razón? En cambio, en el caso Sifuentes el TEPJF dijo que el requisito de tener un cargo popular previo no es inaceptable porque para determinados cargos populares se puede exigir esa circunstancia que revela una mayor experiencia del perfil político (TEPJF: SUP-JDC-370/2005), lo

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