El artículo 317 de la Ley 685 de 2001 dispone que cuando en el Código de Minas se hace

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1 2 Bogotá, D.C, Doctora GISELA GUTIÉRREZ VARGAS Abogada RICAURTERUEDA ABOGADOS Carrera 12 No Bogotá, D.C. Ministerio de Minas y Energía Origen: OFICINA ASESORA JURIDICA Rad: :34 PM Anexos: O Destino: RICAURTE RUEDA ABOGADOS Serie: Asunto: Derechos y Obligaciones del Proponente y del Concesionario Minero Respetada doctora Gisela: En atención a los distintos cuestionamientos planteados en su comunicación radicada en este Ministerio el 10 de diciembre del año en curso, bajo el número , de manera atenta le manifestamos: El artículo 317 de la Ley 685 de 2001 dispone que cuando en el Código de Minas se hace referencia a la autoridad minera o concedente, sin otra denominación adicional, se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria minera, la administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas señaladas en el Código de Minas. Así, mediante Decreto Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Agencia NacioFal de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama jecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto, entre otros, es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, y que tiene por funciones, entre otras, /Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional y Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra contraprestación derivada de la explotación de minerales, en los términos señalados en la ley. Ahora bien, el artículo 5 O del citado decreto establece que el patrimonio de la Agencia Nacional de Minería, ANM, estará conformado por: Los recursos que reciba por 1 SGS SGS

2 concepto de canon superficiario o cualquier otra compensación o contraprestación de origen contractual. '' En este orden de ideas, teniendo en cuenta la naturaleza especial de la Agencia Nacional de Minería y su calidad de autoridad minera, cuyo presupuesto lo integran recursos obtenidos por concepto de canon superficiario, es la mencionada Agencia, la autoridad que debe pronunciarse dentro de cada caso particular y concreto sobre la devolución del canon superficiario. Después de esta precisión, y teniendo en cuenta que no existe impedimento para resolver consultas jurídicas de carácter general, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Oficina Asesora Jurídica, responderá los interrogantes - formulados en su escrito, teniendo en cuenta que p ----*.T--'"m *..,. i- el pronu-n_bmientogkuuntual y, de fondo, como se manifestó anteriormente, dentro del caso particular y concreto, corresponde a la Agencia Nacional de Minería Como usted lo menciona, el motivo de su consulta es aclarar cuáles son los efectos de la radicación anticipada del PTO, con lo cual se renuncia al período restante de exploración y/o al de construcción y montaje, porque el concesionario ha culminado los trabajos de exploración necesarios para elaborar el plan minero y considera que ya no se requiere dicha etapa. De igual manera señala que, "se pueden generar graves inequidades contractuales y un desequilibrio en la ecuación contractuai' de considerar la fecha de aprobación del Programa de Trabajos y Obras - PTO, como la fecha de terminación del período de exploración y no la de radicación del mencionado Programa. Adicionalmente, señala que como no se realizaran actividades de exploración ni de construcción y montaje, no se pueden causar obligaciones derivadas de tales períodos, entre los que se mencionan el pago del canon superficiario, la presentación de la póliza para este período y los formatos básicos mineros. Ahora bien, de acuerdo con sus planteamientos e interrogantes, le manifestamos: El artículo 71 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece que el concesionario minero deberá hacer la exploración técnica del área contratada, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de inscripción del contrato de concesión minera, pudiendo señalar en el contrato un período de exploración menor siempre que no implique exonerarlo de las obligaciones mínimas exigidas para esta etapa del contrato. Por su parte, el artículo 72 ibídem prevé que terminado definitivamente el período de exploración, se iniciará el período para la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje necesarios para las labores de explotación; sin perjuicio de que el titular 2

3 minero pueda realizar en forma anticipada la explotación para lo cual deberá dar aviso a la autoridad concedente y presentar un Programa de Trabajos y Obras anticipado como lo estipula el artículo 94 del estatuto minero y de acuerdo con lo señalado por el artículo 84 ídem. Ahora bien, en caso de que la autoridad minera o concedente no apruebe el Programa de Trabajos y Obras allegado por el concesionario o le formule objeciones dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, el artículo 285 del Código de Minas dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, siguientes al recibo del mencionado documento, sin que la autoridad concedenfe no se haya pronunciado, se presumirá aprobado dicho Programa. Así las cosas, de haberse presentado por el concesionario minero el Programa de Trabajos y Obras ante la autoridad minera y ésta no se haya pronunciado, transcurrido el término dispuesto por la ley minera se presume aprobado el mencionado Programa. En este sentido, es pertinente aplicar el procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. Tanto el Decreto O1 de 1984 como la Ley 1437 de 2011 instituyen que la persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen este beneficio, protocolizará la constancia o copia de que trata el correspondiente artículo, junto con su declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto. Así, la escritura y sus copias producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así, sin perjuicio de que la autoridad pueda revocar el acto por las causales y conforme al tramite consagrados al efecto en la ley. Por su parte, sobre los efectos del silencio administrativo positivo ha establecido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, lo siguiente: Excepcionalmente, el legislador puede determinar que la ausencia de respuesta se entienda resuelta a favor de quien la presentó, figura que se conoce con el nombre de silencio administrativo positivo. En este evento, la omisión de respuesta genera a favor del interesado su resolución en forma afirmativa, la que se debe protocolizar en la forma en que lo determina el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo, actualmente vigente, para hacer válida su pretensión. En términos constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por parte del ente estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario a C:ciIIe 43 No 57-3 I Coiii-iiutcdoi- (57 1 ) C:c:,cJic,«(Iostcll CAN Kogc>tú, CoJoiribi~~ ' SGS SGS 3

4 crear un mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o, ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del silencio administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho.... (Resaltado fuera del texto original). Sentencia C Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El silencio administrativo puede definirse como una presunción o ficción legal por virtud de la cual, transcurrido cierto plazo sin resolver la Administración, y producidas además determinadas circunstancias, se entenderá (o podrá entenderse) denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los particulares u otras administraciones. El silencio administrativo puede ser negativo o positivo... el segundo opera solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales (art. 41 C.C.A.). Entre ambos tipos de silencio pueden destacarse las siguientes diferencias: - Producido el silencio positivo surge un acto administrativo presunto, en tanto que el silencio negativo no da origen a un acto y sólo está concebido como un mecanismo con efectos procesales que permite agotar la vía gubernativa. - Como el silencio positivo produce un verdadero acto administrativo en el cual se reconocen derechos, una vez producido la administración no puede dictar un acto posterior contrario y sólo está facultada para revocarlo con el consentimiento expreso y escrito del titular o cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, no esté conforme o atente contra el interés público o social, se cause agravio injustificado a una persona o fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales (arts. 69 y 73 C. C.A.)... Ahora bien: tanto vale no dictar el acto como dictarlo durante el término del silencio y no notificarlo o notificarlo con posterioridad, pues mientras el interesado desconozca su existencia le es inoponible, es decir, el acto no surte efectos y en consecuencia, el titular puede disfrutar de los derechos derivados del silencio positivo o acudir ante el juez en el caso del silencio negativo... 4

5 Debe tenerse en cuenta que si una vez configurado el silencio administrativo positivo la administración expide un acto extemporáneo, contrario al acto presunto y el titular del derecho interpone recursos contra él, no por ello el acto derivado del silencio administrativo positivo pierde su eficacia, pues no es por su voluntad que el acto cobra existencia sino que él surge por virtud de la ley y en consecuencia, tales actuaciones posteriores serán inocuas. Por último debe precisarse que una vez se produzca el acto administrativo por haber operado el silencio positivo, la administración sólo debe proceder a reconocerle sus efectos sin que le corresponda declarar su existencia. El artículo 42 del Código Contencioso Administrativo solo establece la forma de acreditar su operancia. Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 23 de noviembre de En este orden de ideas, esta Oficina Asesora Jurídica concluye que el fundamento legal para exigir contraprestaciones económicas, como el canon superficiario, se derivan de la etapa contractual en la que se encuentra el título minero. Así que, aprobado el Programa de Trabajos y Obras por la autoridad minera o por la presunción de que trata el artículo 284 del Código de Minas, dicha autoridad autorizará la iniciación de los trabajos de explotación, siempre que se haya acreditado la obtención de la respectiva Licencia Ambiental. (Inciso final del artículo 281 del Código de Minas). Ahora bien, en caso de considerar el titular minero que hubo un pago de lo no debido por concepto de canon superficiario, deberá solicitar a la autoridad minera o concedente, esto es a la Agencia Nacional de Minería, la devolución de los cánones percibidos con los intereses o indexaciones que considere. Así mismo, le corresponderá a dicha Agencia determinar si reconoce o no las reclamaciones que realiza el concesionario, decisión que es objeto de los recursos en vía gubernativa y de los medios de control ante la jurisdicción. Respecto de la constitución de la póliza minero ambiental, nos remitimos a lo señalado en concepto emitido por esta Oficina mediante radicado del 9 de junio de 2009 que señaló: El artículo 280 del Código de Minas establece: De lo preceptuado en el artículo anterior, podemos deducir que la póliza ampara el cumplimiento de las obligaciones minero ambiental, por tal razón en el caso de el (sic) concesionario presente PTO y renuncia a la etapa de construcción y montaje... la autoridad minera deberá continuar exigiendo la póliza por el porcentaje correspondiente a la etapa que venía desarrollando, teniendo en cuenta que la póliza deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión minera, por lo tanto el título no puede estar desprovisto en ningún momento de la correspondiente garantía que asegure el cubrimiento de las obligaciones legales y contractuales.. SGS % SGS 5 f

6 En cuanto al Formato Básico Minero le manifestamos que, de acuerdo con la Resolución No de 2002, modificada por la de 2006, surge para el concesionario minero la obligación de presentar los Formatos Básicos Mineros semestral y anual. En estén sentido, como obligación legal y contractual, el titular deberá aportar con la periodicidad que se indica los mencionados formatos; y si, con ocasión de la presentación anticipada del P.T.O., no se han realizado actividades así se hará conocer a la autoridad minera. Respecto del momento a partir del cual surte efectos la renuncia al contrato de concesión minera, es preciso señalar que siguiendo el principio según el cual las cosas se deshacen como se hacen, los efectos de la renuncia del contrato de concesión minera se surten desde el momento en que existe un acto administrativo en firme de la autoridad minera y se cancela la inscripción del título minero en el Registro Minero. En relación con las visitas de fiscalización que se surtan a los títulos mineros re n u n c i a d o s y /o ter m i n a d os, le m a n i f e s t a m os : De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1530 de 201 1, Se entiende por fiscalización el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos y ambientales, como base determinante para la adecuada determinación y recaudo de regalías y compensaciones y el funcionamiento del Sistema General de Regalías... Ahora bien, en caso de terminación del título minero, el concesionario queda obligado a cumplir y a garantizar las obligaciones a cargo del concesionario contempladas en el contrato de concesión minera y las de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación; e igualmente, la autoridad debe verificar las condiciones técnicas, físicas y ambientales en que se encuentra el área objeto del contrato, las últimas de acuerdo con lo que establezca la autoridad ambiental competente. Esta verificación requiere de visitas de fiscalización que tienen por objeto constatar las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales la concedente tomará las acciones que procedan. En este sentido, no encuentra esta Oficina impedimento para que se realicen visitas de títulos mineros terminados. Sobre la oportunidad para que surtan efectos la reducción del área en la etapa precontractual y poscontractual, esta oficina se remite a lo señalado mediante concepto radicado O1 72 del 5 de marzo de 2009 que establece: Esta oficina considera que la delimitación definitiva del área contratada se hará al finalizar la etapa de exploración, tal como se deduce de lo dispuesto en los artículos 82 y 84 del Código de Minas, que a la letra dicen: 6

7 Así las cosas, al señalar el legislador en los artículos transcritos que al finalizar la etapa de exploración se hará la delimitación definitiva del área, quiere decir que es la última oportunidad para que el proponente o titular minero pueda establecer el área en la cual va a desarrollar el proyecto; sin que con ello se entienda prohibición alguna respecto de las devoluciones de áreas que aquél pueda realizar en la etapa precontractual o contractual antes de la finalización del período exploraforio. Por su parte, cabe aclarar que al no existir prohibición expresa por parte del legislador en cuanto a la reducción de área antes de finalizar el período exploratorio, mal podría la autoridad minera suplir la voluntad de aquél no permitiéndolo, para lo cual es pertinente aplicar el principio que cuando el legislador no distingue no le es dado al interprete hacerlo. En este orden de ideas, es preciso concluir que tanto el proponente en la etapa precontractual y el titular en la etapa contractual, antes de finalizar el período de exploración pueden realizar reducciones de áreas.. Siguiendo este mismo orden de ideas, se señala que tal reducción surte efectos a partir de la aprobación o autorización de la autoridad minera que de acuerdo con la asignación de funciones tiene a su cargo administrar los recursos minerales del Estado y concede derechos para su exploración y explotación a través del contrato de concesión minera. Finalmente, es preciso reiterar que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en respuesta a un derecho de petición en la modalidad de consulta, son orientaciones y puntos de vista, que no comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares; la respuesta es general y no tiene carácter obligatorio ni vinculante. En este sentido, la presente respuesta tiene la naturaleza de un concepto jurídico, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de Radicación $& / CcrIIe 43 No CAN Kogc~t~?, CoIot.ribici C:c>~it-,iutcicloi. (57 1 ) ci>chg(:) postc1i \m~v. rti i ti 111i rias.gov. co 7

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