27 de mayo de 2015 DCA-1197

Transcripción

1 Al contestar refiérase al oficio No de mayo de 2015 DCA-1197 Señora Jendry Enid Castañeda Villegas Presidenta Junta de Educación Escuela El Peloncito Dirección Regional de Liberia Circuito 2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) Estimada señora: Asunto: Se deniega autorización a la Junta de Educación de la Escuela El Peloncito, Dirección Regional de Liberia, para la adquisición de un inmueble. Nos referimos a su oficio EEP de fecha 12 de mayo de 2015, recibido en esta Contraloría General el día 13 del mismo mes y año, mediante el cual la Junta de Educación de la Escuela El Peloncito, de la Dirección Regional de Liberia, solicita autorización para adquirir inmueble, al amparo del Reglamento General de Juntas de Educación Pública. I.-Justificación de la solicitud. En su gestión, la Junta de Educación de la Escuela El Peloncito se limitó a manifestar lo siguiente: Solicitamos autorización en el supuesto que la Juntas de Educación deban Adquirir inmuebles que en razón de su ubicación, naturaleza condiciones y situación se determine como únicos propios para la finalidad propuesta. (art. 59.Reglamento General de Juntas de Educación Número MEP). II.-Criterio de la División. La Constitución Política de Costa Rica establece como regla general que toda contratación administrativa debe realizarse mediante los procedimientos ordinarios que correspondan, de acuerdo al monto dispuesto como límite para el objeto contractual. No obstante, la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) y su Reglamento (en adelante RLCA) establecen supuestos en razón de los cuales, se puede aplicar una excepción a dicha regla constitucional. Al respecto, de la gestión formulada por la Junta de Educación de la Escuela El Peloncito, de la Dirección Regional de Liberia, observa esta Contraloría General que dicha institución se

2 2 limitó a plantear una solicitud que según el texto transcrito parece que pretende adquirir un inmueble, al amparo del Reglamento General de Juntas de Educación Pública. Sin embargo, el escrito de dicha solicitud no es claro, y además omiso, ya que no aporta la documentación idónea donde se acrediten los requisitos legales y técnicos necesarios para resolver el trámite sugerido conforme lo exige la normativa de contratación administrativa, adicional al hecho que se cita el Reglamento General de Juntas de Educación, DE MEP, cuando el vigente corresponde al DE MEP, publicado en el diario oficial La Gaceta N 52 del 14 de marzo de Ahora bien, en el supuesto que la pretensión de la Administración fuera adquirir un bien inmueble por medio de un procedimiento de excepción, es importante señalar que dicha solicitud se encuentra reglada en el artículo 71 de la LCA, el cual establece: Artículo 71. Procedimiento aplicable y límites. Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra directa, dispuesta en leyes especiales. Podrá adquirirse por compra directa, previa autorización de la Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta. Nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado en el avalúo, por el órgano administrativo especializado que se determinará reglamentariamente. En ese sentido, dicha normativa se complementa con los artículos 131 inciso j) y 157 del RLCA, al establecer: Artículo Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República:/ ( ) j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto para la finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección General de la Tributación./ ( ) En el caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para analizar la gestión, (el subrayado no es del original). Artículo 157.-Adquisición de inmuebles. Para adquirir bienes inmuebles la Administración debe seguir el procedimiento de licitación pública, salvo los casos en que leyes especiales la autorizan para ejercer las facultades de expropiación o bien cuando medie autorización de la Contraloría General de la República./ En el cartel respectivo, se indicará que el inmueble sujeto de adjudicación será sometido a un avalúo realizado por el órgano especializado de la administración respectiva o en su defecto de la Dirección General de Tributación, tratándose del Gobierno Central, o de la dependencia especializada de la

3 3 respectiva Administración, a efecto de que el precio de adquisición en ningún caso supere el monto de dicho avalúo./ Si el monto fijado en el avalúo es igual o mayor al precio establecido en la oferta, la compra se hará sobre el precio ofertado. En caso de que la estimación definida en la valoración pericial sea inferior a lo cobrado por el oferente, éste podrá rebajar el precio para que se ajuste al avalúo o, por el contrario, dejar sin efecto su oferta sin responsabilidad alguna de su parte por ese motivo. En este último supuesto, la Administración procederá a realizar el avalúo del bien ofertado que se encuentre en segundo lugar bajo las anteriores reglas y así sucesivamente./ Además, de previo a dictar el acto de adjudicación, deberá constar en el expediente una justificación técnica en la cual se acredite que el bien es apto para la necesidad que se pretende satisfacer, haciendo referencia a la relación entre los fines y las características del inmueble. Adquirir un bien sin que se haya realizado este estudio generará responsabilidad disciplinaria (el subrayado no es del original). Según lo que se concluye de los anteriores preceptos, este órgano contralor podrá autorizar la compra directa de un bien inmueble, cuando la Administración demuestre que el terreno que se desea adquirir, resulta por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, el más apto para alcanzar la finalidad propuesta. En relación con este tema, debe sumarse lo también dispuesto por el artículo 139 del Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas, Decreto Ejecutivo N MEP, vigente, que exige a las Juntas de Educación y/o Administrativas, lo siguiente: Artículo 139. Cuando las Juntas deban adquirir inmuebles que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se determine como los únicos apropiados para la finalidad propuesta, se requerirá autorización de la Contraloría General de la República. Además deberá contar con un dictamen favorable de la DIEE; y su trámite de inscripción se llevará a cabo por medio de la Notaría del Estado.(el resaltado no es del original). En el caso concreto, es criterio de este órgano contralor, que de encontrarse esa Administración interesada en adquirir un bien inmueble, al amparo de las normas descritas, deberá aportar en su escrito de solicitud, la siguiente información: a) Dictamen favorable de la DIEE-MEP, según lo plasma el Reglamento de Juntas a partir del artículo 139 del Decreto Ejecutivo N MEP vigente. Dicho dictamen debe consistir en un estudio técnico que justifique las razones que amparan la compra de un inmueble determinado, precisamente en función de su ubicación, naturaleza condiciones y situación, con indicación expresa de si existen en la zona analizada algunos otros inmuebles que cumplieran esa finalidad y la razón del por qué no resultaron aptos para la finalidad propuesta. b) Las razones que justifiquen el apartarse de realizar el procedimiento ordinario correspondiente, llevando a cabo para ello una compra directa.

4 4 c) Avalúo administrativo del inmueble en interés, realizado por funcionario competente de la Administración o por la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda. d) Justificación técnica del por qué el inmueble a proponer es el único o el más apto para el objeto contractual dispuesto. Ello, al amparo de los artículos 71 de la Ley de Contratación Administrativa en complemento con el 131 inciso j) de su Reglamento. e) Describir, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la justificación técnica suscrita por el profesional respectivo, donde se acredite que la propiedad a comprar, resulta apta para cumplir la finalidad propuesta, es decir, que es idónea técnicamente para los fines propuestos. f) Promesa de venta del propietario titular del inmueble en interés, en donde acepte la venta del inmueble en cuestión por el monto indicado en el respectivo avalúo. g) Declaración jurada del oferente propietario del inmueble, donde declare bajo fe de juramento no tener prohibiciones para contratar con el Estado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, al igual que encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales. Así mismo, deberá aportar certificación en la que se acredite encontrarse al día con las obligaciones sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y FODESAF. h) Personería jurídica del oferente en caso de ser persona jurídica. Al igual que certificación registral del inmueble. i) Certificación de contenido económico presupuestado por la Junta o el MEP, para la erogación del bien a adquirir. j) Expediente administrativo correspondiente, donde consten todas las actuaciones relacionadas, debidamente foliado y en orden cronológico. k) Acuerdo de la Junta de Educación mediante el cual se acredite la autorización de la presidenta de la Junta de Educación para formular la gestión de autorización. En vista que la integridad de dicha información no fue aportada con su gestión, le comunicamos que este órgano contralor se encuentra inhibido para brindar trámite a la solicitud en los términos presentados, sin perjuicio que una vez se complete esta, pueda ser presentada una nueva gestión para su debido análisis.

5 5 Así las cosas, lo procedente es denegar la solicitud presentada por la ausencia de la información requerida para resolver de conformidad. Atentamente, Edgar Herrera Loaiza Gerente Asociado María Auxiliadora Agüero Barboza Fiscalizadora Asociada MAB/yhg Ci: Archivo Central NI: G: