JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PRIMERA NOMINACIÓN (2010)

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1 JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PRIMERA NOMINACIÓN (2010) Amanda Winter de Cordero, Jorgelina Di Stefano, Lucía Richardet Índice : ABUSO DEL DERECHO - Nulidad: aprovechamiento con intención de perjudicar para obtener beneficio desproporcionado. - Ejercicio abusivo de la facultad resolutoria con fundamento en el incumplimiento de cláusula que exige garantía adicional. ACCIÓN DE DESPOJO - Inapelabilidad de sentencia y demás resoluciones. ALLANAMIENTO - Litis consorcio pasivo. Efectos. AMPARO - Obligación de cobertura de la obra social. - Plazo de caducidad de la acción. Inicio del cómputo. Elección de la vía ordinaria. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - Rol del litigante contrario CONDOMINIO - Exclusión de uso y goce de la cosa común por un condómino. - Cercos en la campaña. Compatibilización de las normas del Código Civil y del Código Rural de la provincia. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Derecho de publicidad y propaganda. Sujeto pasivo de la obligación tributaria. - Prescripción: aplicación del art. 4027, inc. 3 del C.C. en materia salarial a los empleados públicos. - Impugnación de acto que deniega la habilitación de antena. - Excepción de incompetencia: alcances.

2 - Incompetencia territorial: forma de articulación. Tratamiento. - Competencia material: existencia de relación jurídico-administrativa. - Citación obligada o coactiva de terceros: vacío legal en la ley Personal contratado: diferencias con el transitorio. Continuación de la prestación de tareas vencido el contrato. Traslado. Falta de notificación formal de la disminución de remuneración en el nuevo destino. - Empleo público. Cesantía. COSTAS - Principio del vencimiento. Su justificación. DAÑOS Y PERJUICIOS - Daño causado por cosa riesgosa. Uso en contra de la voluntad del dueño o guardián. - Prioridad de paso. Cartel de Pare. - Mala praxis médica. Consentimiento informado. - Daño cierto. Principio de individualización del daño. - Incumplimiento contractual. Causa de justificación que enerva la obligación de indemnizar el daño. - Prueba testimonial. Testimonio de dependientes. - Aplicación de ley de defensa del consumidor (iura novit curiae). - Responsabilidad del municipio por caída de peatón. Bache en la calle. - Daño moral. Dificultad para revisar la suficiencia del monto fijado. - Lucro cesante. Incapacidad sobreviviente. Daños pasados y futuros: cómputo de intereses.

3 DESALOJO - Lanzamiento solicitado por adquirente en subasta. Invocación del carácter de poseedor por parte del ocupante: carga de la prueba. - Por tenencia precaria e invocación del demandado del carácter de poseedor DIVORCIO - Causal objetiva: improcedencia de su aplicación oficiosa. - Abandono voluntario y malicioso. EMBARGO - Incidente de inejecutabilidad e inembargabilidad de la vivienda única: legitimación activa del cónyuge del ejecutado. EMPLEO PÚBLICO - Prescripción: aplicación del art inc. 3 del CC en materia salarial de empleados públicos. - Personal transitorio o contratado. Rescisión del contrato o no renovación a su vencimiento. Derecho de indemnización. Exclusión de daño moral. - Personal contratado. Diferencia con el transitorio. - Empleo público. Cesantía EXCEPCION DE LITISPENDENCIA - Condición de procedencia. EXPROPIACIÓN - Imprescriptibilidad de la acción de expropiación irregular. Inconstitucionalidad del art. 36, ley HONORARIOS DE ABOGADO - Cesión del derecho a cobrar honorarios: calidad de monotributista del cedente y de contribuyente inscripto del cesionario. IVA. - Juicio ejecutivo. Mínimo reducido por art. 36 de la ley Sucesión: operaciones de inventario y avalúo tramitadas y aprobadas sin la intervención del abogado. Carácter provisorio de la regulación oficiosa. - Pedido de sustitución de embargo: aplicación del art. 83 de la ley Perforación de los mínimos arancelarios: aplicación excepcional.

4 INCONSTITUCIONALIDAD - Inconstitucionalidad de oficio: procedencia. Regulación de la misma cuestión por dos normas, de distinta manera. - Consolidación de los créditos contra la provincia. INSTRUMENTO PÚBLICO - Redargución de falsedad: innecesariedad de su promoción cuando exista otro instrumento de igual jerarquía que prueba la falsedad. Divergencia entre la cédula original y la copia. - Certificación notarial de firmas. Notario de otra provincia. Legalización por el Colegio de Escribanos. - Presunción de autenticidad y veracidad. Redargución de falsedad: Prueba. Improcedencia. INTERVENCIÓN DE TERCEROS - Citación obligada o coactiva de terceros en el proceso contencioso administrativo: vacío legal en la ley Intervención de terceros en el juicio ejecutivo. Inadmisibilidad. Supuesto de excepción. JUICIO EJECUTIVO - Ejecución fiscal. Inhabilidad de título. Incumplimiento de consignar en el título la fecha de vencimiento de cada uno de los períodos reclamados. - Intervención de terceros: inadmisibilidad. Supuesto de excepción. - Rechazo in limine de la ejecución. Restitución del pagaré al interesado. Atestación en el documento de que el pagaré fue objeto de ejecución y rechazado. - Constitucionalidad del art. 22 de la Ley Ejecución fiscal. Notificación de la intimación administrativa: condiciones de validez para que suspenda la prescripción. JURISPRUDENCIA - Fallos de la Corte Suprema de Justicia: valor vinculante. LOCACION

5 - Abuso del derecho. Cláusula contractual que exige otra garantía. MEDIDAS CAUTELARES - Contracautela. Pautas para su determinación. NOTIFICACIÓN - Cédula de notificación diligenciada por Juez de Paz. Innecesariedad de promover redargución de falsedad cuando exista otro instrumento de igual jerarquía que prueba la falsedad. - Divergencia entre la cédula original y la copia. - Notificación ficta por retiro del expediente (art. 151 CPCC): excepción a la regla general. NULIDAD - Nulidad procesal. Declaración de oficio. Requisitos. - Demanda de nulidad de acto jurídico fundada en vicios de la voluntad y lesión. Nuevo encuadramiento como negocio fiduciario. - Abuso del derecho. Nulidad del acto: aprovechamiento con intención de perjudicar para obtener beneficio desproporcionado. - Principio de convalidación: excepción. Demanda interpuesta contra persona muerta. PERENCION DE INSTANCIA - Causa en estado de dictar resolución: dictado de providencia ajena al curso normal del proceso. - Concepto de instancia. - Perención de instancia en las tercerías: plazo de perención (art. 339, inc 2 del CPCC). PREJUDICIALIDAD - Nulidad de la sentencia por inobservancia de prejudicialidad penal.

6 PRESCRIPCION - Prescripción: aplicación del art inc. 3 del C.C. en materia salarial a empleados públicos. - Imprescriptibilidad de la acción de expropiación irregular. Inconstitucionalidad del art. 36, ley Simulación. Acción entre partes. Cómputo del plazo de prescripción. - Prescripción abreviada concursal. - Suspensión de su curso por interpelación auténtica. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - Concepto y alcance. PRUEBA - Producción de prueba luego de vencido el período probatorio: necesidad de conducirse con particular diligencia. - Prueba testimonial. Necesidad de que los testigos expresen la razón de sus dichos. - Prueba anticipada: condiciones para que se produzca la misma prueba en la etapa probatoria. - Negligencia probatoria: presupuesto subjetivo y objetivo. Prueba informativa. Pedido posterior a su agregación. Improcedencia del desglose ordenado. - Prueba de constatación notarial: valor probatorio. QUIEBRAS - Avenimiento. Integración del activo para regular honorarios. Adquirentes de inmueble por boleto. - Honorarios de los funcionarios de la quiebra. Tope máximo. Utilización de porcentuales intermedios. Proporcionalidad. Porcentajes significativamente mayores para el síndico. - Comisión ficta del martillero. Principio general y casos en que procede. - Aportes de trabajadores autónomos. Legitimación de la AFIP para perseguir su cobro judicialmente. - Pedido de quiebra indirecta. Honorarios del abogado del deudor: aplicación del art. 83, inc. 1º, 2da. parte, ley 9459.

7 - Pago de tasa de justicia y aportes a la Caja de Abogados. Aplicación doctrina TSJ en caso Palmar. - Prescripción abreviada concursal. RECURSO DE APELACION - Aseguradora citada en garantía. Legitimación para recurrir. - Ausencia de apelación de la actora: no implica consentir los fundamentos de la sentenciante para el tratamiento de la apelación de la demandada. RECURSO DE CASACIÓN - Juicio de admisibilidad: pautas. Verificación de presupuestos formales y examen preliminar de la causa de impugnación invocada. RECURSO DIRECTO - Acción de despojo. Inapelabilidad de la sentencia y demás resoluciones dictadas durante el proceso. RESPONSABILIDAD CIVIL - Daño causado por cosa riesgosa. Uso en contra de la voluntad del dueño o guardián. - Cirugía plástica: obligación de resultado. - Prueba de la autoría o imputación material de la conducta dañosa: carga del damnificado. Excepción. - Causa de justificación: legítima defensa. Exclusión de la antijuridicidad. - Responsabilidad del Estado por acto lícito: presupuestos. SEGUROS - Privilegio del damnificado sobre la suma asegurada: alcance. Innecesariedad de traba de cautelar. SIMULACIÓN - Acción entre partes: momento inicial de la prescripción.

8 SOCIEDAD - Intervención. Condiciones para disponerla. - Sociedad Civil: disolución y liquidación. Socios y deudas sociales. TERCERÍAS - Carácter incidental. TERCEROS - Juicio ejecutivo. Intervención de terceros. Supuesto de excepción. ABUSO DEL DERECHO Nulidad del acto: aprovechamiento con intención de perjudicar para obtener beneficio desproporcionado. ( ) en modo alguno esta Cámara puede sostener la validez del acto atacado, pues ello implicaría avalar un ejercicio evidentemente abusivo del derecho por parte de la compradora, violatorio de los fines sociales, económicos, de la moral y de las buenas costumbres, que redundaría en un enriquecimiento indebido en desmedro del patrimonio de la accionante constituido por su vivienda. Ello autoriza, ante la existencia de un aprovechamiento abusivo e ilícito, manifiesto e incontrastable, que nace de las cifras y de la naturaleza de las cosas (CSJN, Fallos 313:1461), la declaración de nulidad del acto que ha impetrado la actora en su demanda. El acto abusivo, si bien genéricamente se adscribe en el ámbito de los ilícitos, es una especie de hecho ilícito ( ) y se distingue de éste en su propia génesis, pues en este último la ilicitud es inicial, mientras que el abuso supone un comienzo legítimo que luego se torna contrario a derecho por la desviación de sus fines o el exceso en los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, conformando así un standard de juzgamiento. Cuando el ejercicio del derecho trasvasa groseramente estos límites, se torna irregular y queda al margen de la órbita de juridicidad, no merece protección alguna y -por lo contrario- es pasible de las medidas idóneas para impedir su ejecución y poner fin a la situación abusiva, aún para invalidarlo y también -reunidos determinados recaudos- da nacimiento a la obligación de resarcir el daño causado. Básicamente, la primera derivación del abuso del derecho es despojar de virtualidad al acto desviado, privándolo de sus efectos

9 (LORENZETTI, Ricardo Luis, Abuso del Derecho, Contratos de Duración y Distribución de Bienes, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N 16, págs. 85 y ss.), por lo que, cuando el aprovechamiento -como en el caso- conlleva la clara intención de perjudicar en aras de obtener un beneficio objetivamente desproporcionado, se erige en un proceder contrario a la buena fe, la moral y las buenas costumbres, una desviación ex post facto de los fines tenidos en mira por la ley y un exceso que desborda con tal magnitud el derecho de crédito, que la sanción de invalidez del acto se torna en la única viable para neutralizar el acto abusivo. AUTOS: PALACIOS, GRACIELA DEL VALLE C/ ALICIA RAQUEL RODRIGUEZ DEMANDA ORDINARIA SENT. Nº 24 FECHA: 09/04/2010 Ejercicio abusivo de la facultad resolutoria con fundamento en el incumplimiento de cláusula que exige otra garantía. ( ) La demandada ejerció abusivamente los derechos que se habían convenido a su favor en el contrato de locación ( ), no tanto al haber requerido a la locataria otra garantía en reemplazo de la aceptada en la cláusula anterior, sino al ejercer la facultad resolutoria estipulada ( ) fundándose en el incumplimiento del aludido pedido. ( ) la conducta de la locadora de resolver el contrato sustentándose en que la locataria no haya ofrecido otra garantía infundadamente solicitada, para agregar a la que había sido aceptada tanto al celebrarse el contrato cuanto en las contrataciones anteriores ( ) configura un recurso abusivo de las facultades conferidas a la locadora en el negocio jurídico, en los términos del art del Código Civil, habiendo excedido en el ejercicio de su derecho, los límites impuestos por la buena fe contractual. AUTOS: ROMANINI ELIDA ESTHER C/ DORA GALLASTEGUI Y SUTIL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONSIGNACION MEDIDA DE NO INNOVAR SENT. Nº 123 FECHA: 15/12/2010 ACCIÓN DE DESPOJO

10 Acción de despojo. Inapelabilidad de la sentencia y demás resoluciones dictadas durante el proceso. ( ) rige en el caso lo normado en el art. 779 del Código de Procedimientos, precepto que si bien dispone que tales acciones tramitarán por el juicio abreviado (inc. 1º), en el segundo inciso establece que contra las sentencias que se dicten en los juicios de mantener la posesión (art del Código Civil) y de despojo no procederá recurso alguno, pero no harán cosa juzgada respecto de la legitimidad del derecho a la posesión o de poseer, quedando libres al vencido las acciones posesorias o petitorias que le correspondan. Tal como fue redactada la norma en cuestión, en cuanto veda la apelación de la sentencia acto de mayor trascendencia en el juicio- no quedan dudas que la prohibición apelativa alcanza a las demás resoluciones. Se ha entendido sobre el tema que si resulta prohibida la recurribilidad de la sentencia que resuelve propiamente el despojo también lo será de aquellas otras resoluciones que durante la tramitación del mencionado proceso se efectúen ( ) AUTOS: RECURSO DIRECTO INTERPUESTO POR MARIA JULIA FALETTI EN AUTOS: FALETTI MARIA JULIA C/ RAMON LEDESMA ACCION DE DESPOJO INTERDICTO DE MANTENER LA POSESION " A.I. Nº 260 FECHA: 06/09/2010 ALLANAMIENTO Litis consorcio pasivo: allanamiento de un litis consorte no produce efectos extintivos del proceso, sin perjuicio de la incidencia que pueda tener sobre las costas. ( ) el allanamiento no obliga al juzgador, quien siempre y en todos los casos debe analizar su procedencia (conf. art. 352, segundo párrafo, del mencionado cuerpo legal), por lo que en tanto esa renuncia a la contienda ha emanado sólo de uno de los litis consortes pasivos, siendo que la sentencia puede afectar el derecho del restante, quien expresamente ha controvertido la pretensión del actor objetando el allanamiento del Sr. San Martín, surge ajustado a derecho, como lo destaca el a quo, postergar la decisión hasta tanto el juzgador esté en condiciones de pronunciarse sobre todas las pretensiones esgrimidas en el proceso,

11 oportunidad en la que corresponderá analizar la licitud del allanamiento y en su caso, la relevancia del mismo en función de la naturaleza del litis consorcio pasivo conformado. ( ) el allanamiento parcial subjetivo carece de efectos extintivos respecto del proceso, que debe seguir su trámite (Carlo Carli, La demanda civil, pág. 158, Editorial Lex, año 1973 Mario Fornaciari, Análisis teórico práctico del derecho procesal civil Modos anormales de terminación del proceso, pág. 117, Editorial Depalma, año 1987), puesto que no puede producir consecuencias disvaliosas contra el litisconsorte que ha optado por defenderse (Fornaciari, obra citada, pág. 130), sin perjuicio de la trascendencia que pueda reconocerse en relación al régimen de las costas, a la renuncia a la contienda por parte del demandado Sr. Daniel San Martín, en el supuesto de que en definitiva la sentencia admita la pretensión del Dr. Raúl Perazzo ( ) AUTOS: "PERAZZO RAUL EDUARDO C/ DANIEL SAN MARTIN - Acción de reducción" A.I. Nº 89 FECHA: 09/ AMPARO Menor con discapacidad: obligación de cobertura de la obra social. ( ) La ley de creación de la APROSS (Ley Nº 9277) establece entre las prestaciones contempladas, la atención especial al discapacitado permanente o semipermanente, siendo las prestaciones realizadas por instituciones y/o profesionales independientes contratados directamente por APROSS, por lo que el afiliado no debe abonar ninguna suma ni realizar trámite de reintegro alguno. ( ) En tanto el objeto del amparo, más que una ordenación o aseguramiento de competencias, es el efectivo resguardo de derechos fundamentales no puede derivarse la obtención de la prestación requerida para el menor con discapacidad, al emprendimiento de un burocrático trámite administrativo tendiente a acreditar extremos que se hallan demostrados en la causa y cuyo cumplimiento es totalmente innecesario en relación a los fines que se persiguen (...). AUTOS: OVIEDO ROSANA DEL VALLE Y ARIEL GUILLERMO MEINERO (EN REP. DE ELIAS SAMUEL MEINERO) C/ APROSS - AMPARO

12 SENT. Nº 19 FECHA: 22/03/2010 Plazo de caducidad de la acción. Inicio del cómputo. Acudir a la instancia administrativa y aguardar su conclusión es incompatible con la celeridad de la vía excepcional del amparo, por lo que se considera que optó por la vía ordinaria. El art. 43 de la Constitución Nacional confiere una acción expedita, lo que conlleva la innecesariedad de agotar previamente la vía administrativa o estatutaria, para conjurar con celeridad la conducta que se dice lesiva. Por ello el plazo de caducidad comienza a computarse desde que aquélla acontece, o desde que el agraviado toma conocimiento de su existencia. Al no existir norma sustancial ni reglamentaria que asigne a las actuaciones administrativas efectos suspensivos o interruptivos del plazo de caducidad de la acción, el plazo para deducir la acción de quince días venció largamente a la fecha de la interposición de la demanda. No es admisible la tesis que establece que el...término comienza a computarse desde el agotamiento de la vía administrativa, puesto que el acudir a esta instancia y aguardar su finalización es conducta incompatible con la celeridad que debe caracterizar al proceso de amparo, entendiéndose que si se procedió de tal modo, el afectado ha optado por prescindir de esta vía excepcional. AUTOS: SODA JUAN CARLOS C/ ASOCIACION INDEPENDIENTE DOLORES - ACCION DE AMPARO SENT. Nº 115 FECHA: 26/11/2010 BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Rol del litigante contrario. El art. 104 del Código Procesal no prevé un traslado a la contraparte a los fines de contestar el beneficio solicitado.- Simplemente dispone la citación a la parte contraria o a quien haya de serlo para fiscalizar la prueba.- No obstante la claridad de la norma, hay quienes sostienen que la intervención de la parte contraria no sólo tiene por objeto el contralor de la

13 prueba que ofrece el solicitante, sino también discutir la procedencia del pedido por no ajustarse a los requisitos exigidos por la ley o al menos para producir prueba tendiente a desvirtuar las afirmaciones del peticionante ( ) Entre quienes interpretan que el rol del litigante contrario se limita a controlar la prueba, están Izquierdo, citado en Vénica ob. cit. t 1 pág. 314; Remigio Foro n 60 pág. 117, como así también Molina Sandoval y Aita Tagle, ( ) También nosotros adherimos a la última posición. ( ) El fundamento de que el litigante contrario y los demás sujetos intervinientes (con excepción del peticionario) en el beneficio mencionado actúen, no como parte procesal (con plenitud de poderes y facultades), sino como meros participantes, obedece a que el objeto de ese procedimiento está implicado por la urgencia ( ) de allí que las facultades probatorias que le corresponden a los intervinientes en dicho procedimiento se reducen y esto se traduce en la correlativa disminución de su estructura, lo que a su vez provoca que la resolución que le pone fin al beneficio mencionado sea mutable (art. 106 del CPC). AUTOS: RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES AMBROSIO Y CAROLINA CANALE C/ GUILLERMO CABRER - SOLICITA BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS A.I. Nº 03 FECHA: 03/02/2010 CONDOMINIO Exclusión de uso y goce de la cosa común por un condómino. La acción para ejercer el ius prohibendi que confiere el art del Código Civil, presupone, como uno de los requisitos, que el copartícipe que usa con exclusividad la cosa común excluyendo de ello a otro condómino, reconozca que el excluido es coposeedor de ella, circunstancia que no se da en el caso. El recurrente dejó de ser coposeedor del inmueble en cuestión. Por ello,...no es la acción que procura el cese del uso y goce excluyente por parte de un condómino la que debió deducir el Sr. Alarcón, sino la que le permitiría recuperar la posesión. AUTOS: ALARCON MARCELO OSVALDO C/ MARIO SORIA Y OBDULIO ANTONIO MAC DONELL - DIVISION DE CONDOMINIO - CESACION EXCLUYENTE Y PAGO VALOR LOCATIVO

14 SENT. N 1 FECHA: 12/02/2010 Condominio de cercos en la campaña. Normas del Código Civil y del Código Rural de la Pcia de Córdoba: mientras éstas regulan cuándo hay que levantar el cerco, las primeras establecen cuándo el condómino debe contribuir con los gastos de reparación o reconstrucción. (...) En materia de copropiedad de cercos, en tanto involucra únicamente el interés particular de los copropietarios, los conflictos que se susciten entre ellos deben solucionarse exclusivamente mediante aplicación de las normas sustanciales que regulan esa comunidad... La existencia de un cerco anterior en la línea divisoria de los campos de los litigantes, cuya reconstrucción era necesaria,... los condóminos del cerco reemplazante debían participar por partes iguales de los costos respectivos. Es posible compatibilizar las disposiciones del Código Civil y el Código Rural de la Provincia de Córdoba, (...) toda vez que cada provincia puede determinar cuándo los campos de sus respectivas jurisdicciones deben estar cercados, en razón del ejercicio del Poder de Policía (facultad no delegada al gobierno federal), cuestión diversa a la regulación de la relación entre los condóminos. El art. 119 del Código Rural establece que se deberá cercar el campo cuando el propietario lindero tenga animales por un valor equivalente al doble del que cueste el cerco en todo su perímetro, lo que no varía por el hecho de que la obligación sea satisfecha mediante reembolso al colindante que hubiera pagado por sí solo el valor del cerco divisorio. Cuando dicho cerco adquiera el carácter de medianero, que según el Código Civil (art. 2742) sucede cuando se determina el encerramiento de las dos heredades, escapa a la legislación provincial, y se aplica el art del CC, por lo que los condóminos están obligados en proporción de sus derechos, a los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared o muro. AUTOS: HIDALGO MANUEL ZARAVIA C/ JOSE RUBEN BAGGINI DEMANDA COBRO DE PESOS SENT. N 82

15 FECHA: 03/09/2010 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Derecho de publicidad y propaganda. Sujeto pasivo de la obligación tributaria: necesidad de vinculación económica o jurídica con el deudor para que responda el beneficiario de la publicidad o propaganda. ( ) la ley no puede designar arbitrariamente a los responsables del tributo, sino que tiene que tener en cuenta la vinculación jurídica o económica, de carácter permanente o accidental, que se manifiesta entre responsable y deudor (conf. GIULIANI FONROUGE, Derecho Financiero, Vol. I, pág. 479), por lo que si no se desprende de las actuaciones administrativas y tampoco se ha demostrado en el proceso jurisdiccional, la existencia de vínculo alguno entre el deudor permisionario, en el caso- y el sindicado como responsable por haber considerado la Administración en términos harto ambiguos- que se beneficia con la realización de la publicidad y propaganda, no puede en modo alguno asignarse a la firma actora la responsabilidad pretendida por el Municipio. AUTOS: FIAT ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA CARLOTA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PLENA JURISDICCIÓN SENT. Nº 28 FECHA: 12/04/2010 Prescripción: el plazo de prescripción del art inc. 3 del CC es aplicable en materia salarial a los empleados públicos. Interrupción de la prescripción por inicio de actuaciones administrativas. La demandada opuso la excepción de prescripción de todas las pretensiones salariales correspondientes a períodos de más de dos años desde que fueron líquidos y exigibles. Es pacífica la doctrina y jurisprudencia que (...) el art inc. 3 del Código Civil (prescripción de cinco años) es la disposición aplicable en materia salarial a los empleados públicos, dado que se trata de deudas que deben pagarse por plazos periódicos más cortos. (...) las actuaciones administrativas tendientes al agotamiento de la vía administrativa mediante los recursos necesarios como paso previo a la interposición de la demanda

16 contencioso-administrativa, interrumpen la prescripción en forma análoga a la demanda, tal como lo prevé el art de Cód. Civil. AUTOS: POLACK MARIA LIDIA C/ MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION SENT. N 43 FECHA: 19/05/2010 Impugnación de acto que deniega la habilitación de antena sobre edificio en zona AIS. Interpretación de la norma que prohíbe instalación. En el caso, el rechazo de la solicitud de habilitación del actor se fundó en la aplicación de la Ordenanza Municipal, donde dice que los edificios destinados a escuelas, establecimientos sanitarios, iglesias, deberán guardar una distancia mínima de 300 metros (Ord. Nº 776/1188/90). La antena que se solicita instalar se encuentra a 150 metros de la Iglesia Catedral, edificio considerado Patrimonio Arquitectónico o Cultural. ( ) La resolución dictada por al Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto y los decisorios que la mantuvieron, resultan nulos porque la interpretación que en los mismos se realiza de la normativa que constituye la motivación que las sustenta, carece de razonabilidad al no guardar coherencia con los términos del mismo decreto, no concordancia con los fines perseguidos en la norma reglada, incurriendo así en arbitrariedad en el ejercicio de la facultad discrecional, lo que convierte a dichos actos en antijurídicos. AUTOS: COLABELARDINO, MARIO GENIS C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SENT. N 78 FECHA: 23/08/2010 Excepción de incompetencia: alcances. ( ) Respecto de los alcances y límites de la excepción de incompetencia del tribunal que contempla el art. 24 inc. 1) de la ley 7182, el máximo Tribunal de la Provincia a través de su Sala Contencioso Administrativa- ha sentado la siguiente doctrina: En el marco de la Ley

17 7182, la excepción de incompetencia del Tribunal que debe ser opuesta en forma de artículo previo, tiene un régimen jurídico específico, que está legalmente predeterminado a dos supuestos claramente diferenciables: a) que la resolución reclamada no dé lugar a acción contencioso-administrativa o b) que la demanda haya sido presentada fuera de término (conf. art. 24 inc. 1). Dicho precepto debe ser interpretado sistemáticamente con el artículo 1 que contiene una cláusula general delimitadora de la "competencia" de la jurisdicción contencioso-administrativa, en función de una minuciosa definición de lo que es la "materia contencioso-administrativa". Dicha cláusula se complementa con otras, que como el artículo 2 definen los casos excluidos ( ) El análisis precedente se complementa con el artículo 6 que establece que la demanda contencioso-administrativa debe prepararse mediante el o los recursos necesarios para obtener de la autoridad competente de última instancia, el reconocimiento o denegación del derecho reclamado o interés legítimo afectado. Los artículos 7 y 8 establecen las pautas temporales para que la Administración se expida, definiendo igualmente el término para la interposición de la demanda según medie acto presunto producido por silencio, o acto expreso. Tales preceptos son los que proveen las directrices para establecer en cada caso concreto cuándo "la resolución reclamada no da lugar a la acción contencioso-administrativa" o bien cuándo "la demanda ha sido presentada fuera de término" (art. 24 inc. 1), siendo estos los típicos supuestos de "incompetencia" en el proceso contencioso-administrativo. AUTOS: "COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL SEGURO DE SALUD (APROSS) Demanda Contencioso Administrativa A.I. Nº 251 FECHA: 30/08/2010 Incompetencia territorial: forma de articulación. Tratamiento. ( ) diferir el tratamiento de la competencia del Tribunal en razón del territorio para la decisión sobre el fondo del asunto, siendo que la excepcionada ha podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa al haber contestado en forma subsidiaria la excepción, resultaría de un rigor formal incompatible con el sentido que a las normas involucradas ha asignado el Tribunal Superior de Justicia ( )

18 ( ) no pueden soslayarse las razones de conveniencia que, en orden a principios de economía procesal y atendiendo a que la competencia territorial no es el único fundamento en torno al cual se ha suscitado la cuestión litigiosa que nos ocupa, aconsejan el abordaje del cuestionamiento efectuado por la demandada al respecto. AUTOS: "COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL SEGURO DE SALUD (APROSS) Demanda Contencioso Administrativa A.I. Nº 251 FECHA: 30/08/2010 Competencia material: existencia de relación jurídico-administrativa. Improcedencia de resolver por aplicación exclusiva de normas de derecho común. ( ) la entidad autárquica con la que principió el vínculo (IPAM) contrató la gestión del Colegio Médico para viabilizar la satisfacción de la función esencial para la cual fue creada, esto es, la organización y administración del seguro de atención médica para los habitantes de la Provincia, por lo que el plexo normativo dentro del cual deberá resolverse la litis, no se limita al derecho privado, sino que se emplaza dentro del campo del Derecho Administrativo, aún cuando eventualmente también pudiera corresponder la aplicación de normas del derecho común, por lo que no resulta de aplicación al particular la norma del art. 2 inc. c) del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispositivo que no rige cuando las normas de derecho privado juegan conjuntamente con las de derecho público. Tiene dicho el Máximo Tribunal provincial que el debate relativo a la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo, así como el relativo a la constitucionalidad y racionalidad de las normas que rigen la rescisión o cumplimiento, como en el caso- de relaciones contractuales con la administración pública y obstan a la obligación resarcitoria, son cuestiones que importan indefectiblemente ingresar al ámbito del derecho público, impidiendo que la cuestión pueda dilucidarse exclusivamente en función de normas de derecho privado (TSJ, Sala CC, Auto N 295 del 22/09/09 en "Celano Graciela Ermelinda y otros c/ Municipalidad de Río Tercero- Ordinario- Recurso de Casación", publicado en Diario Jurídico de Córdoba N 1761 del 18/11/2009), habiendo remarcado también, interpretando la norma del art. 2 inc. c) de la ley 7182, que la clave de la cuestión es que corresponde a esta jurisdicción cuando no sólo

19 se ejerce la función administrativa sino que, además, se aplica un régimen de derecho público administrativo, entendido éste en sentido amplio, como comprensivo no sólo de normas sino también de los principios generales" (autos Morra, Victoria c/ Provincia de Córdoba, 07/03/2008, publicado en La Ley Online). AUTOS: "COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL SEGURO DE SALUD (APROSS) DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A.I. Nº 251 FECHA: 30/08/2010 Citación obligada o coactiva de terceros: vacío legal en la ley Procedencia. Aplicación supletoria. Normas del CPCC que la admiten. ( ) aún cuando el citado art. 22 del CPCA no prevé la citación obligada de terceros, habida cuenta de lo dispuesto en el art. 13 del referido ordenamiento y en función de lo establecido en el art. 434 del Código de Procesal Civil, de la petición de citación de la señora A.M.V. que formula el representante de la repartición accionada, se corre vista a la actora por el plazo legal. ( ) ( ) La doctrina de este fuero acepta tradicionalmente las siguientes modalidades acerca de la citación coactiva de tercero: a) denuncia de litis (litis denuntiato), por la que el demandado cita a aquel respecto del cual la ley le faculta a repetir, en caso de ser vencido; b) citación del tercero colegitimado, cuando la citación persigue participar al tercero que por la ley sustancial se encuentra legitimado para demandar o ser demandado. Se convoca al tercero para que, en caso de creerlo conveniente, comparezca y se constituya en litisconsorte de alguna de las partes del pleito; c) llamamiento del tercero pretendiente. En este supuesto su citación participa esencialmente del concepto de intervención voluntaria. El tercero es convocado por estimárselo titular de todo o parte del derecho o de la cosa debatida en el juicio, y d) Laudatio o nominatio autoris, caso en que el demandado que soporta una pretensión real en su contra llama al tercero en cuyo nombre posee (art del C.C.) para que asuma la defensa de la causa y lo libere de aquélla. AUTOS: GARRAZA, GLADYS ESTHER C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

20 A.I. Nº 261 FECHA: 06/09/2010 Personal contratado: diferencias con el transitorio. Continuación de la prestación de tareas vencido el contrato. Traslado del agente. Derecho a diferencia de haberes hasta que el agente tomó conocimiento pleno de su nueva situación. Ausencia de derecho a percibirla a partir de la toma de conocimiento. Teoría de los actos propios. El personal contratado es aquel cuya relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado cierto y presta funciones de manera personal y directa de servicios, explotaciones, obras o tareas de naturaleza excepcional, mientras que el personal transitorio es el que se emplea para la ejecución de determinados servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional y que por estas mismas características o por necesidades de servicio no convenga o no fuere posible realizar con el personal de la planta permanente. ( ) el contratado sería un personal especializado, necesario para efectuar tareas especiales o excepcionales, mientras que transitorio vendría a ser el convocado para cumplir tareas estacionales o eventuales, no necesariamente capacitado para cumplir funciones específicas. Normalmente, cuando un empleado público está sujeto a un contrato por plazo cierto y determinado, la extinción del vínculo opera de pleno derecho, por el solo vencimiento del término convenido y, si continúa en sus funciones luego de ello, se considera en principio que es un funcionario de facto. Sin embargo, en el caso el contrato expresaba que cuando el contratado continuara prestando servicios luego de vencido el contrato, se consideraría al contratado como personal transitorio. Para este tipo de relación laboral, se aplica el principio adoptado por el art del Código Civil, pues se configura la continuación de la concesión vencida, situación que perdurará hasta que el concedente adopte una decisión al respecto. ( ) Al continuar cumpliendo sus funciones luego de extinguido el contrato, el actor tenía justificadas razones para considerar que continuaba percibiendo la misma remuneración, puesto que no había sido notificado de que hubiera mediado algún cambio al respecto. Si bien la Administración estaba facultada, como principio, para disponer que las nuevas tareas

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