ACCESO A LA JUSTICIA EN CASO DE DISCRIMINACION DE GÉNERO 1 Mabel Bianco *

Transcripción

1 ACCESO A LA JUSTICIA EN CASO DE DISCRIMINACION DE GÉNERO 1 Mabel Bianco * La feminización del VIH/SIDA en todo el mundo y en nuestra región, especialmente en los países del Cono Sur, es un problema documentado y que se asocia directamente a la feminización de la pobreza. Desde los comienzos de la epidemia a principios de los 80, la Organización Mundial de la Salud OMS- a través de Jonathan Mann, el primer director del Programa Mundial de SIDA, reconoció los Derechos Humanos de las personas enfermas con Sida o infectadas. Mann señaló que las personas enfermas y/o infectadas eran las más marginadas y excluidas en las sociedades por motivos de orientación sexual, hábitos sexuales y/o consumo de drogas. Por eso la vulnerabilidad de estas personas era un factor determinante de la enfermedad agravado por el no reconocimiento de sus derechos a la atención y otros como la discriminación y marginación a la que los condena la sociedad. Las mujeres fueron incorporándose en este grupo de alta vulnerabilidad debido a la subordinación social, cultural, económica y sexual debido a las desigualdades e inequidades de género. En 1990 la OMS dedicó el Día Internacional de lucha contra el SIDA (1º de Diciembre) a llamar la atención sobre la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH/SIDA. Sin embargo poco se avanzó en este reconocimiento, y especialmente en adoptar medidas para disminuir esa alta vulnerabilidad. Esto llevó a que 15 años después, el VIH/SIDA está predominando en muchos países del mundo en las mujeres, especialmente las jóvenes de 15 a 24 de edad. Cuando se consideran las nuevas infecciones por el VIH, en algunos países del Cono Sur como Argentina y Brasil, ya las mujeres superan a los varones. Los avances en los derechos de las mujeres en la legislación y en la vida cotidiana que ocurrieron en nuestros países, sin embargo no lograron modificar la subordinación sexual, que es todavía una realidad que no puede cambiarse por leyes, sino que requiere cambios culturales profundos en los cuales aún poco se ha avanzado. Esta es la gran deuda pendiente con las mujeres en el mundo y también en nuestros países. La discriminación y estigmatización de las mujeres que viven con VIH/SIDA es todavía muy grave en todo el mundo y también en América Latina y el Caribe. Esto requiere un mayor respeto a la confidencialidad de esta condición en las mujeres, que las políticas públicas deben garantizarla. La Relatora de los Derechos de la Mujer y la CIDH deben atender a esta forma de discriminación que padecen las mujeres y a como los países 1 Presentación realizada en el panel Acceso a la justicia cuando las mujeres son víctimas de Discriminación, Reunión de Expertas /os Una mirada al acceso a la Justicia en los países del Cono Sur, Comisión Interamericana de Derechos humanos, Senado de la Nación, Buenos Aires, septiembre * Médica, Epidemióloga, Presidenta de la Fundación para Estudio e y Miembro del Grupo de Referencia sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos de ONUSIDA.

2 adoptan políticas explicitas para eliminarla, especialmente respecto a los testeos compulsivos u obligatorios. Me referiré a un caso real vinculado a la discriminación que padeció una mujer joven pobre que resultó VIH positiva en un test realizado en el control prenatal y luego en un examen ocupacional. Claudia tenía estudios técnicos de enfermera y padeció una clara discriminación por su condición de vivir con el VIH/SIDA. Ella trabajaba como enfermera en un Sanatorio Privado de la Ciudad de Buenos Aires. Casada y madre de dos hijos, ante un tercer embarazo el médico ginecólogo que la atendió en el Sanatorio en que trabajaba, le pide se realice el test del VIH como parte de los estudios por el embarazo. Se realizó el test en el sanatorio en que trabajaba. Nunca se le informó el resultado, el médico que lo pidió le indicó solicitarlo en medicina laboral. Allí la remitieron al médico tratante y este finalmente le dijo que estaba bien pero que no podía entregárselo porque se había perdido. Claudia tuvo su hijo (el tercero) y al tiempo perdió su trabajo porque se le informó que se reestructuraba el área en el que ella se desempeñaba. A los meses su hijo, que presentaba fiebre y episodios infecciosos a repetición, es detectado como VIH positivo. Su esposo fallece a los meses por una infección cerebral y recién en el estadio final previo a su muerte durante su internación se entera por casualidad por un médico que tenía SIDA. Al mes del fallecimiento de su esposo, ella y sus hijos se hacen el test y resultan infectados ella y su tercer hijo. Ante esta noticia Claudia asocia la infección con el VIH como causal de su despido. A partir de ese momento quiere volver a conseguir trabajo pero siempre se encuentra con el examen preocupacional como impedimento. Llega a evadirlo consiguiendo que a una amiga se le extraiga sangre y así se incorpora como enfermera en otro Sanatorio privado. A los 3 o 4 meses de trabajar le exigen un nuevo control o chequeo, esta vez no lo puede evadir y después de efectuárselo un día al entrar a su trabajo es informada que ha sido despedida y que pase a cobrar su indemnización. Consulta a un abogado que le dice que no puede hacer nada porque no había pruebas de las causas del despido, pero como ella dijo luego nunca nadie le explicó que no podían hacerle el test sin su consentimiento y que esto era una causal suficiente si ese abogado hubiera conocido la ley de SIDA y también la ley contra toda forma de discriminación, y además hubiera querido tomar el caso de Claudia. Este es un caso paradigmático de cómo las mujeres de sectores pobres no pueden acceder a la justicia porque no se les explica ni informa acerca de sus derechos y cuando se las discrimina no encuentran como reclamar ni quien las quiera defender. Es interesante señalar existen antecedentes en la jurisprudencia de reclamos por despidos ante test de VIH en estudios pre-ocupacionales o de control ocupacional periódico realizados sin consentimiento y que resultaron exitosos, pero en todos los casos los demandantes eran varones. Lamentablemente Claudia falleció en 1998 a los 30 años. Si

3 bien ella luego trabajó con grupos de ONGs con trabajo en SIDA y participó en la lucha por el acceso a la medicación antirretroviral, recién en ese momento tuvo acceso a información como por ejemplo que el test del SIDA no puede realizarse sin consentimiento, pero no llegó a poder utilizar la justicia cuando la necesitó para reclamar por una discriminación clara y evidente. A diferencia de lo que le ocurrió en 1993 cuando no tenía a nadie a quien consultar y que la asesorara para litigar por haber sido discriminada en dos oportunidades del acceso al trabajo por su condición de vivir con el VIH, en 1996 cuando las personas viviendo con VIH/SIDA y algunas ONGs iniciaron los reclamos al Ministerio de Salud de la Nación para el acceso al tratamiento con el nuevo cóctel de tres drogas, ella y otras personas que se veían privados de acceder a dicho cóctel fueron asesoradas y pudieron acceder a la justicia. En esa oportunidad se decidió que con el objeto de evitar la discriminación y estigmatización de las personas viviendo con el VIH aún vigente, el amparo lo presentarían las ONGs, fundamentándose esto en preservar la confidencialidad de las personas respecto a su condición serológica para el VIH. En esa ocasión y por el tipo de amparo esto fue posible, algo que no lo era en el caso de su discriminación laboral. Sin embargo el abogado al que ella le consultó en aquella oportunidad, un especialista varón en derecho laboral no se interesó por su caso. Cabe preguntarnos porqué? Por ser mujer y pobre? Por ignorar la legislación vigente? Es evidente que es necesario capacitar a los abogados laboralistas en estos aspectos así como,en los relativos a la discriminación de género en otros aspectos laborales como: a igual trabajo igual remuneración, y otros. Pero esta capacitación debe ser una responsabilidad de los gobiernos y no meramente la sanción de leyes. La Relatoría de los Derechos de la Mujer y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen un importante papel a desempeñar en este sentido. Además de esta discriminación, es necesario ampliar a otras que padecen habitualmente las mujeres que viven con el VIH/SIDA. A diferencia de la actitud hacia los varones que viven con el VIH/SIDA, nuestras sociedades en el Cono Sur tienden a desalentar la actividad sexual de las mujeres que viven con el VIH. Y más aún a tener hijos. Es por ello que a pesar de estar prohibida en la mayoría de nuestros países la anticoncepción quirúrgica, en el caso de las mujeres que viven con el VIH habitualmente observamos se les facilita, cuando no se las obliga, a la esterilización. Chile es un buen ejemplo de esto, pero no el único. En un estudio reciente realizado por FEIM sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con el VIH en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, en algunos hospitales los médicos infectólogos que atienden a estas mujeres expresaron como cambió el concepto anterior de que estas mujeres no tuvieran hijos para no transmitirla, debido a que con los tratamientos combinados o cócteles ahora sobreviven con una buena calidad y se puede evitar la transmisión al hijo, ahora si desean tenerlos. Sin embargo refirieron en muchos casos ellos ayudan a las mujeres a tramitar la autorización para la esterilización a través de los Comités de Bioética

4 en los hospitales públicos. De este relato surge una incoherencia habitual, reconocen ahora las mujeres que viven con el VIH tienen mayores posibilidades de vida, no solo en años sino en calidad y disminuyó el riesgo de transmisión al hijo, pero luego reconocen las ayudan a gestionar permisos para esterilizarse. Nos preguntamos cuan voluntarias son esas esterilizaciones? Quién le informa a esas mujeres sus posibilidades reales de embarazarse y que su hijo o hija sea negativo antes de decidir la esterilización? Porque ahora con el tratamiento preventivo a las embarazadas, hay países como Francia en los que la transmisión madre-hijo es cero, lo saben estas mujeres que se esterilizan? Este es un problema de discriminación que en general esta oculto, pero que debe controlarse para que no ocurra en nuestros países. Para eso los gobiernos tienen que tener políticas explícitas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH, y la justicia debe velar por sancionar a quienes contravienen esos derechos. La Relatora Especial sobre Derechos de la Mujer de la CIDH puede tener un papel clave en este sentido. En el campo del derecho de familia hay otros aspectos como la tendencia en algunos países a promover el testeo obligatorio prematrimonial, algo que atenta contra el derecho al testeo voluntario. Aún la discriminación al que resulta positivo en la formalización de la familia y en otros aspectos es muy importante y no se justifica poner a las personas en ese riesgo. El testeo obligatorio en las embarazadas es otro grave atropello a los derechos de las mujeres.en los últimos años, hay un resurgimiento de esta tendencia como medida de salud pública necesaria por la existencia ahora de tratamiento y para disminuir la transmisión madre-hijo. Algo que no se justifica en ningún caso, porque el test debe ofrecerse siempre pero no imponerse. Respecto al tratamiento es necesario aclarar que es todavía paliativo, o sea frena la acción del virus pero no la acaba ni hace que este desaparezca. Pro otra parte si bien la transmisión madre- hijo se puede disminuir con el tratamiento preventivo, las mujeres cuando se les explica e informa acerca de los beneficios para ella y su hijo la gran mayoría acepta hacerlo y además lo hace sabiendo que hace, como y porque cuidarse ella durante el embarazo, el parto y después y también a su bebe. Quienes abogan esta tesis dan una interpretación errónea a la oferta de rutina del test a toda embarazada propuesta por ONUSIDA, convirtiendo esto en aplicar de rutina el test a toda embarazada o sea sin su consentimiento. El VCT o sea la consejería previa al test y que este sea voluntario, son en sí mismos elementos preventivos fundamentales para el futuro de esa mujer y su hijo /a frente a los cuidados y el tratamiento. El test de VIH obligatorio para las embarazadas se implementó hace algo más de un año en Perú al modificar la ley de SIDA. No sería raro que esto ocurriera en otros países de la región. Por eso creemos que tanto la CIDH como la Relatora tienen un importante papel frente a estas frecuentes discriminaciones de género y atropello a los derechos sexuales y reproductivos en países del Cono Sur y de la región. Por eso recomendamos:

5 Aconsejar a los gobiernos sobre las discriminaciones más frecuentes vinculadas al género y al VIH/SIDA como son la discriminación en el acceso al trabajo, la discriminación en el derecho de familia y la discriminación al ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales. Que las misiones a los países de la CIDH y la Relatora revisen el respeto de estos derechos. En ese sentido es clave en el Cono Sur el derecho al ejercicio de la sexualidad y la reproducción sin ningún tipo de coerción ni violencia. En nuestros países las mujeres que viven con el VIH/SIDA se ven forzadas muchas veces a esterilizaciones involuntarias o no consentidas. Irónicamente no siempre tienen acceso a los servicios de Planificación Familiar y menos a abortos seguros. Promover la vinculación con las mujeres viviendo con VIH/SIDA y con organizaciones del movimiento de salud de las mujeres que defienden los Derechos Sexuales y Reproductivos a través de las redes regionales y /o sus organizaciones nacionales, para identificar los problemas específicos en cada país. Incorporar el vinculo con estas organizaciones en las visitas a los países, y en forma permanente, para establecer mecanismos de monitoreo social del respeto de los derechos humanos de las mujeres que viven con VIH / SIDA y eliminar formas de discriminación y estigma aún vigentes. Incorporar el mayor riesgo de las mujeres que viven con el VIH a padecer violencia contra la mujer, incluida la sexual, y a adoptar protocolos de atención específicos. Buenos Aires, 13 de septiembre del 2005