CRÓNICA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2009 TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Transcripción

1 CRÓNICA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2009 TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO RESULTA INCONSTITUCIONAL QUE LA SEPARACIÓN DE LOS MIEMBROS DE INSTITUCIONES POLICIALES SE DETERMINE EN RAZÓN DE SU APTITUD PARA EL BUEN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD POLICIAL, LA EDAD MÁXIMA CORRESPONDIENTE A SU JERARQUÍA, Y LOS MÉRITOS INDIVIDUALES, NI QUE LA CERTIFICACIÓN POLICIAL TENGA POR OBJETO EL HECHO DE NO ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL, AL TRATARSE DE UN REQUISITO DE INGRESO, Y NO DE PERMANENCIA

2 CRÓNICA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2009 MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO SECRETARIOS: LUIS ÁVALOS GARCÍA Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO RESULTA INCONSTITUCIONAL QUE LA SEPARACIÓN DE LOS MIEMBROS DE INSTITUCIONES POLICIALES SE DETERMINE EN RAZÓN DE SU APTITUD PARA EL BUEN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD POLICIAL, LA EDAD MÁXIMA CORRESPONDIENTE A SU JERARQUÍA, Y LOS MÉRITOS INDIVIDUALES, NI QUE LA CERTIFICACIÓN POLICIAL TENGA POR OBJETO EL HECHO DE NO ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL, AL TRATARSE DE UN REQUISITO DE INGRESO, Y NO DE PERMANENCIA Cronista: Lic. Héctor Musalem Oliver El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma integral al sistema penal con la finalidad de dotar al estado mexicano de los instrumentos idóneos para perseguir el delito, y garantizar la convivencia pacífica de la sociedad y el cumplimiento de la ley. En el marco de dicha reforma, el 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objeto es regular la integración, organización y funcionamiento de dicho Sistema, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. Derivado de lo anterior, el 30 de enero de 2009 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 94, fracción I, inciso a), y 97, apartado B, fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 1 Funcionario adscrito a la Unidad de Crónicas de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 1 Artículo 94. La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas: I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él. Artículo 97. La certificación tiene por objeto: [ ] B. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales: [ ] - 1 -

3 El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a dicha acción, a la que correspondió el número 23/2009 y, por razón de turno, designó al señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que actuara como instructor en el procedimiento, quien la admitió y requirió al Congreso y al Ejecutivo Federal para que rindieran sus respectivos informes; asimismo se dio vista al Procurador General de la República para que formulara el pedimento respectivo. En sus conceptos de invalidez, el accionante consideró que eran inconstitucionales las normas impugnadas, en síntesis, por los siguientes motivos: a) El hecho de que se considere suficiente para la conclusión del servicio de un integrante la concurrencia de la convocatoria a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos o que, habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él, constituye una restricción desproporcional a los derechos laborales de los sujetos receptores de la norma, además de generar incertidumbre jurídica. b) Se vulnera el principio de presunción de inocencia puesto que se establece como consecuencia de estar sujeto a un proceso penal la no obtención del certificado único policial, el cual, es un requisito de permanencia en la institución. Concluidos los trámites procesales respectivos en la acción de inconstitucionalidad intentada, el señor Ministro ponente Aguirre Anguiano presentó ante el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su proyecto de resolución, el cual se analizó en sesión celebrada el 14 de abril de Respecto al análisis del primer concepto de invalidez que aducía que el artículo 94, fracción I, inciso a) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preveía una restricción desproporcional al derecho al trabajo de los miembros de las instituciones policiales con trasgresión a los artículos 5 y 123, Apartado B, fracción XIII, constitucionales; y que, vulneraba la garantía de certeza jurídica, porque la frase causas imputables a él generaba incertidumbre, el Ministro ponente indicó que el derecho al V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público

4 trabajo no es ilimitado, sino que, tratándose del que corresponde a los miembros de instituciones policiales, se encuentra limitado por la propia Constitución Federal. En ese orden de ideas, agregó el Ministro ponente, en la norma estudiada se establece un sistema que permite hacer una carrera profesional digna a los miembros de las instituciones policiacas, y que a la vez hace posible separar oportunamente a los malos elementos como estrategia esencial para hacer frente a la delincuencia y erradicar la corrupción en beneficio del interés principal de la sociedad. Por lo anterior, se indicó por el Tribunal Pleno que el precepto analizado no implicaba una restricción desproporcional al derecho del trabajo, pues para que se actualice la causa de separación, se establecen diferentes factores relacionados directamente con la aptitud para el buen ejercicio de la actividad policial, la disposición de mejorar su grado jerárquico, la capacidad y los méritos individuales para permanecer en la institución, con lo que razonablemente se asegura la capacitación, actualización y profesionalización a efecto de que un agente de las instituciones policiales pueda permanecer en ellas. Ahora bien, se precisó por los señores Ministros que el artículo impugnado no era violatorio de la garantía de certeza jurídica, pues si bien es imperativo de las leyes que su contenido ofrezca un conocimiento seguro y claro, a fin de evitar o reducir interpretaciones que den motivo a dudas, incertidumbre o confusión, la Constitución Federal no condiciona la constitucionalidad de los ordenamientos normativos al hecho de que describan detalladamente el significado adecuado de los vocablos utilizados en su redacción. En consecuencia, por unanimidad de 11 votos, el Tribunal Pleno reconoció la validez del artículo 94, fracción I, inciso a), de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para finalizar, se analizó por el más Alto Tribunal del país, el segundo concepto de invalidez por medio del cual el accionante señaló que el artículo 97, apartado B, fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vulneraba el principio de presunción de inocencia, puesto que establecía como consecuencia de estar sujeto a un proceso penal, la no obtención del certificado único policial, el cual, es un requisito de permanencia en la institución

5 El Ministro ponente indicó que el argumento vertido por el promovente sobre la inconstitucionalidad del precepto analizado resultaba infundado, pues no obstante que el principio de presunción de inocencia no puede permitir la realización de actos de privación, el no estar sujeto a un proceso penal, en realidad, es un requisito de ingreso y no de permanencia, de manera que no implica privación alguna a los integrantes de las instituciones policiales. Respecto a este punto, la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos mencionó que de conformidad con diversos preceptos de la ley en estudio, la referencia a la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública no solamente se trata de un requisito de ingreso, sino también de permanencia, por lo que consideró que sí podría darse una violación al principio de presunción de inocencia. En ese sentido y en relación a lo manifestado por la señora Ministra Luna Ramos, el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que una solución al problema planteado era determinar la constitucionalidad del precepto a partir de una interpretación conforme, mediante la cual se precisara que si bien el artículo 97, apartado B, fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se refería a la certificación en general, sin hacer la distinción respecto de la de ingreso y la de permanencia, es decir, el requisito de no estar sujeto a proceso penal sólo resultaba exigible tratándose de la certificación de ingreso, no así para la certificación de permanencia. La anterior postura fue aceptada por el señor Ministro ponente, por lo que la Suprema Corte sostuvo que la interpretación de una norma general analizada en acción de inconstitucionalidad debe partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, lo que se traduce en que cuando una disposición legal admita más de una interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando una norma legal admita distintas interpretaciones, siempre que sea posible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optará por acoger aquella que haga a la norma impugnada compatible con la Constitución, es decir, adoptará el método de interpretación conforme a ésta, que conduce a la declaración de validez constitucional de la norma impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abstracto, la inconstitucionalidad de una norma. Así las cosas, el Tribunal Pleno puntualizó que el precepto tildado de inconstitucional, en su debido contexto normativo, debía interpretarse en el sentido de que - 4 -

6 el no estar sujeto a un proceso penal es un requisito de ingreso y no de permanencia, y el hecho de que, en la aplicación, pueda considerarse como un factor para no otorgar el certificado único policial, no debía llevar a la inconstitucionalidad de la norma, la cual no establece ese requisito como de permanencia. Entonces, contra lo interpretado por el accionante, el no estar sujeto a un proceso penal, no puede considerarse como un requisito de permanencia en las instituciones policiales, sino un requisito de ingreso, como se desprende de una interpretación del precepto impugnado conforme a la Constitución Federal. En tal virtud, el más Alto Tribunal del país, por unanimidad de 11 votos, determinó que la acción de inconstitucionalidad era procedente pero infundada, por lo que en términos de la interpretación conforme antes descrita, se reconoció la validez del artículo 97, apartado B, fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El señor Ministro Franco González Salas formuló salvedades y los señores Ministros Aguilar Morales, Zaldívar Lelo de Larrea y Luna Ramos reservaron su derecho para formular votos concurrentes