Proyecto de ley. Artículo 2º Serán funciones del CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:

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1 Proyecto de ley Artículo 1º Créase el CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado, la que tendrá como misión garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la Ley N de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas relacionadas con la problemática. Artículo 2º Serán funciones del CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género de modo tal de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva; b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del PODER EJECUTIVO, el PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial; c) Celebrar convenios y coordinar acciones con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita; d) Realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa y sensibilización destinadas a operadores del sistema de administración de justicia y otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de género;

2 e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y asesoramiento legal integral en las diferentes jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la Administración Pública Nacional; f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género; g) Fomentar la producción y difusión de informes e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia de género, así como con la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, y la eficiencia del accionar de los organismos involucrados en su prevención, sanción y erradicación; h) Promover la unificación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas periódicamente. Artículo 3º El gobierno y la administración del CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO estarán a cargo de un Director Ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de Subsecretario de la Nación. Artículo 4º El Director Ejecutivo el CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano argentino y poseer título de abogado expedido por una universidad nacional b) Acreditar 5 (cinco) años de antigüedad en la matrícula c) Acreditar experiencia y conocimientos en materia de violencia de género y derecho de familia. Artículo 5º El Director Ejecutivo del CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

3 a) Ejercer la administración y dirección del personal del CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes. b) Dictar y hacer cumplir el reglamento interno del CUERPO. c) Promover la formación continua de las y los integrantes del CUERPO. d) Aprobar y coordinar la implementación del plan operativo anual. e) Establecer las reglas y requisitos para la admisión de solicitudes de patrocinio letrado para constituirse como querellante en causas penales de violencia de género. f) Promover las relaciones institucionales del CUERPO y suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos, ya sea de manera independiente o en coordinación con otros organismos con competencia en la materia. g) Requerir a otros organismos de la Administración Pública Nacional la comisión transitoria de personal idóneo en la materia que fuere necesario para el funcionamiento del CUERPO. h) Elevar el anteproyecto de presupuesto del organismo. i) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo. j) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros. k) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del CUERPO. l) Proceder a la confección y publicación de la Memoria Anual del CUERPO. Artículo 6 El CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO contará con una Comisión Interdisciplinaria para el abordaje integral de la violencia de género, que estará conformada por profesionales del derecho, las ciencias sociales y la salud que posean título

4 universitario y acrediten conocimientos especializados en la problemática de género así como experiencia laboral atinente no inferior a 5 (cinco) años. Serán funciones de la Comisión: a) Auxiliar a las abogadas y abogados del CUERPO, así como también a otros profesionales del derecho que intervengan en causas de violencia de género que así lo requieran, brindando asesoramiento técnico especializado en aras de procurar un abordaje integral. b) Promover la unificación de criterios y la sistematización de información pertinente entre los diferentes organismos y organizaciones abocados a la recepción de denuncias de violencia de género a los fines de evitar revictimizaciones y la judicialización innecesaria de casos que requieran de otro tipo de abordaje. c) Evaluar la procedencia de las solicitudes de patrocinio jurídico para actuar como querellante en causas penales. d) Proponer recomendaciones de acciones y medidas reparatorias relacionadas con tipos y modalidades de violencia ejercida en razón del género que no constituyan delito. e) Realizar informes de riesgo en el marco de causas por violencia de género, cuando sea necesario. f) Producir y divulgar estadísticas, informes e investigaciones relacionados con la violencia de género. g) Difundir la misión, las funciones y el trabajo llevado adelante por el CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. h) Capacitar y sensibilizar a las y los integrantes del CUERPO así como a otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de género. Artículo 7º El CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO se constituirá como una carrera especial dentro de la administración pública y con su escalafón propio. El ingreso a ella sólo podrá tener lugar mediante concurso público de oposición y antecedentes y exigirá una instancia obligatoria de formación especializada en la materia.

5 Artículo 8º - Las abogadas y abogados del CUERPO no podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos de violencia de género. Artículo 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

6 FUNDAMENTOS En los últimos doce años la agenda por la igualdad y la no violencia de género ha cobrado una visibilidad inusitada. Se han reconocido derechos que pocos años atrás no estaban problematizados de manera extendida, cuyo tratamiento ha sido promovido por y desde el Estado. Se sancionaron normas que constituyeron verdaderos hitos legislativos tendientes a reparar una histórica relación de desigualdad que ha mantenido durante siglos a las mujeres en una posición de subordinación. Ejemplos de ello son la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas; la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; la Ley N que modifica el Código Penal agravando los homicidios cometidos por razones de género; la decisión de otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belem Do Para - entre tantas otras, registrándose también importantes avances en la agenda por la diversidad con la Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio Igualitario. Por su parte, se crearon dispositivos y se generaron instancias institucionales a fin de darles cumplimiento. Sin embargo, todavía es mucho lo que queda por hacer para remover los patrones socioculturales que continúan discriminando y cosificando a las mujeres y que generan desigualdad, violencia y muerte. La problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno sino que también está presente en la agenda mediática e interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el pasado 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna de Ni una menos son la expresión de un reclamo que llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los derechos consagrados en un plexo normativo ejemplar. De diferentes edades, sexos y géneros, orígenes étnicos, de variadas procedencias políticas, sociales, geográficas, con distintos niveles de formación y trayectorias, todas alzaron la voz contra las diferentes expresiones de la violencia de género, consensuando la necesidad de

7 concretar avances en torno de cinco puntos muy precisos, uno de los cuales es abordado por el presente proyecto: garantizar el efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género constituye, en efecto, una materia pendiente impostergable. Poner a disposición de las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del estado nacional, sean de orden administrativo o judicial o de otra índole, que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos; disponer de servicios de asistencia jurídica gratuita; asegurar las garantías del debido proceso; adoptar medidas como la presente para asegurar la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial, son pasos necesarios que debemos dar para evitar que este tipo de violencia siga escalando hasta sus expresiones más extremas y cobrándose vidas. De acuerdo con los datos de la Asociación Civil La Casa de Encuentro, en 2008 una mujer fue asesinada cada 40 horas. En 2014, cada 30. En los últimos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1808 femicidios, que dejaron cerca de 1500 niñas y niños sin madres, no siendo pocos los casos en los que quedaron bajo la tutela de los asesinos. Por su parte, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires informa que durante 2014 las Comisarías de la Mujer y la Familia registraron denuncias por violencia familiar, es decir, un promedio de 445 denuncias por día, que representan un aumento del 43% respecto al año 2012 y del 38% respecto de Paralelamente, la central de atención telefónica de emergencias 911 recibió un total de llamadas por violencia familiar, que equivalen a un promedio de 1090 llamadas diarias. En cuanto a los casos que llegan a instancia judicial, según las investigaciones del OVG en base a la información que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) le remite periódicamente, durante los años 2011, 2012 y 2013, más del 50% de las causas iniciadas en el fuero penal por hechos típicos de violencia familiar (lesiones leves, graves, amenazas, pero también homicidios, abusos sexuales, otros delitos contra la integridad, apremios ilegales y

8 otros delitos contra la libertad) fueron archivadas y sólo el 5% elevadas a juicio. En este sentido, el OVG ha recomendado la organización de un servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito específico y especializado para víctimas de violencia de género en el ámbito de las relaciones intrafamiliares, que tramiten causas en el ámbito penal. Es importante destacar la desigualdad de posibilidades para acceder a la justicia que tienen las víctimas de violencia de género en función de su localización geográfica. El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito. Allí se detalla que la provincia de Buenos Aires cuenta con siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y una dependencia gubernamental que brindan este servicio. En la Ciudad de Buenos Aires también son siete las ONG y hay once dependencias gubernamentales que dan patrocinio jurídico gratuito. Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza cuentan con una ONG cada una para brindar patrocinio. Para el resto de las provincias no se posee información sobre servicios de esta índole 1. El Documento regional de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe presentado en el marco del vigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, Beijing+20, conferencia de la que se desprendieron una Declaración y una Plataforma de Acción suscritas por la Argentina y que constituyen un faro que ilumina el sendero de la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres a nivel mundial, señala que: A pesar de los avances legislativos, en la realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. De las mujeres que denuncian, nada garantiza 1 Informe nacional REPÚBLICA ARGENTINA (2015). En el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. División de Asuntos de Género de la CEPAL camino a Beijing+20. Disponible en:

9 que encontrarán justicia. Los procesos judiciales siguen sin ser expeditos, sencillos e idóneos en los tiempos. Las investigaciones y juicios largos y lentos, la ausencia de asesoría legal para las víctimas, la falta de traductores para mujeres indígenas o que hablen otro idioma, la falta de información sobre cómo acceder a las instancias judiciales y la revictimización de las mujeres durante el proceso judicial son dificultades que también enfrentan las mujeres. (CIDH, 2011). Las mujeres también continúan confrontado violaciones a sus derechos en base a valoraciones culturales. Padecen múltiples dificultades de acceso a la justicia, sobre todo las de escasos recursos, las que viven en zonas rurales o las indígenas y afrodescendientes. El alto costo de los procedimientos judiciales es una de las dificultades; igualmente lo es el hecho de que la representación gratuita no se aplica en general a las víctimas de violencia. Las indígenas experimentan obstáculos especiales. Los Estados que reconocieron los sistemas de justicia tradicionales no implementaron mecanismos de armonización legislativa, por lo que se hace necesario contar con el patrocinio jurídico especializado en estas temáticas para fortalecer los reclamos ante la justicia y exigir el pleno reconocimiento de los derechos consagrados en la normativa vigente en el territorio nacional. 2 El genuino reclamo por un real acceso a la justicia para las víctimas de la violencia de género se funda en cifras fragmentarias pero escalofriantes y se presenta hoy como un desafío impostergable para que, efectivamente, no haya ni una más. Por todo lo expuesto le solicitamos que nos acompañen sancionando el presente proyecto de ley. 2 Documento regional de la Sociedad Civil Beijing+20 América Latina y Caribe, 2015, pág. 11. Disponible en: https://beijing20sociedadcivil.wordpress.com/2015/04/15/informe-regional-de-la-sociedad-civil-beijing20- america-latina-y-el-caribe/

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