Identificación de las Necesidades Alimentarias y No Alimentarias de los Desplazados Internos

Transcripción

1 Identificación de las Necesidades Alimentarias y No Alimentarias de los Desplazados Internos Una Encuesta Conjunta de las Poblaciones Desplazadas Internamente en Colombia Marzo de 2005

2 Identificación de las Necesidades Alimentarias y No Alimentarias de los Desplazados Internos Una Encuesta Conjunta de las Poblaciones Desplazadas Internamente en Colombia Marzo de

3 Agradecimientos Este informe presenta el resultado de un proceso de cooperación entre el Comité Internacional de la Cruz (CICR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que comenzó hace más de seis meses en Bogotá, Colombia. También representa una de las primeras oportunidades en que las dos organizaciones, aunque persiguen objetivos diferentes (el PMA, como Agencia de las Naciones Unidas para ayuda alimentaria, y el CICR, en el papel conferido por los Convenios de Ginebra y protocolos adicionales), han trabajado juntos en el área de evaluación de necesidades. Esperamos que no sea la última y que el proceso pueda ampliarse en Colombia y replicarse en el mundo. Del respecto mutuo que existe entre el Gobierno de Colombia, el PMA y el CICR de sus propios puntos de vista, el Gobierno presenta sus comentarios a este informe en la página 56 Esta Evaluación Conjunta no hubiera sido posible sin la participación dedicada y la contribución del personal de nuestras respectivas organizaciones y socios. Las siguientes personas merecen especial gratitud y reconocimiento por sus incansables esfuerzos desde que la idea fue concebida hasta la finalización del Informe: CICR-Colombia: Séamus Dunne, Samantha Paiella, Viviana Jiménez, Luis Eduardo Pérez, Liliana Valdés, Sandra Ruiz, Luis Miguel Hernández, Fáber Zapata, Edilma Barrientos, Ana Lucía Gallego, Corina Eggenberger, Yesmi López, Idelma Álvarez, Oscar Silva, Alexandra Manescu, Darío Calderón. PMA-Colombia: Jorge Fanlo, Manuela Ángel, María Claudia Marín, María Cecilia Cuartas, Nicolás Gutiérrez, Luis Fernando Amaya, Oscar Rodríguez, Yolanda Benavides, Liana Martán, María Lucía Osorio, Gloria Miranda, Romys Gutiérrez, Mauricio Moreno, Fredy Duque, Julia Marín, Carmen Saavedra. PMA Oficina Regional en Panamá: Philip Clarke, Omar Bula-Escobar, Deborah Hines, Raoul Balletto, Piero Terranera. CICR-Ginebra: Ana Gerlin Hernández Bonilla, Olivier Couteau, Yves Giovannoni, Christoph Kleber, Antje Van Roeden, Thomas Gurtner. PMA-Roma: Nicole Steyer, Samir Wanmali, David Kaatrud, Els Kocken, Sheila Grudem, Nicholas Crawford, Jelena Milosevic, Annalisa Conte, Wolfgang Herbinger, Carlo Scaramella. Peter Goossens Director de País PMA ColombiaCICR Colombia Jean-Pierre Schaerer Jefe de Delegación 3

4 Tabla de Contenido Introducción 5 Situación de la población desplazada en Colombia: una revisión de la literatura 7 El juego de números 7 Dinámica del desplazamiento 8 Estructuras gubernamentales de apoyo: las políticas y su ejecución 10 Situación socio-económica de las familias desplazadas 12 Fundamento y alcance de la Evaluación Conjunta de Necesidades PMA-CICR 14 Metodología de la Evaluación Conjunta de Necesidades PMA-CICR 15 Cubrimiento geográfico y tamaño de la muestra 15 Recolección de datos y encuestas de hogar 16 Digitación y análisis de datos 17 ANTIOQUIA 18 CAQUETÁ 23 CHOCÓ 27 CUNDINAMARCA 30 CESAR/LA GUAJIRA 34 NORTE DE SANTANDER 37 Exposición al riesgo y respuesta de las familias 40 Tipologías de consumo de las familias: clasificación por familias vulnerables 42 Nivel más bajo de consumo 42 Bajo nivel de consumo 43 Nivel normal de consumo 43 Buen nivel de consumo 44 Interpretación de los resultados 44 Resultados generales y conclusiones Los patrones demográficos revelan una población joven La seguridad alimentaria y la económica se entrelazan Los patrones de gasto se orientan prioritariamente hacia los alimentos Patrones actuales de consumo de alimentos Redes sociales y asistencia externa 52 Recomendaciones 53 Recomendaciones de políticas 53 Recomendaciones operacionales 55 Comentarios de la Red de Solidaridad Social 57 Anexo I: Términos de referencia 64 4

5 Introducción Cuarenta años de conflicto en Colombia y las crecientes desigualdades económicas han llevado a un deterioro severo de las condiciones básicas de vida de la población en general y de los afectados por el conflicto poblaciones desplazadas y comunidades receptoras, en particular. Se estima que desde 1985 han sido desplazadas entre dos a tres millones de personas, lo que constituye la tercera población internamente desplazada más grande del mundo. Los nuevos desplazamientos promedian por año desde el 2000, aumentando notoriamente en el 2002 con más de desplazados. Las últimas cifras indican que en el 2003 fueron desplazadas entre y personas. Los patrones de desplazamiento son predominantemente de las áreas rurales a las áreas urbanas. Las áreas de desplazamiento forzado por los actores armados autodefensas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, ocasionalmente, la Fuerza Pública han aumentado sustancialmente, afectando ahora a la mayoría del país. Esto parece indicar que los grupos armados utilizan cada vez más el desplazamiento como una estrategia militar. Antes del desplazamiento, los campesinos afrontan amenazas, asesinatos, desaparición forzada, ataques directos o confrontaciones armadas. Después del desplazamiento, estos riesgos no desaparecen sino que son menos notorios. La violencia y la intimidación continúan, haciendo que las personas desplazadas sean renuentes a su identificación, es decir, registrar oficialmente su condición de desplazado, debido a las circunstancias que precipitaron su desplazamiento. En su huída de la violencia, los hogares rurales abandonan la tierra: el principal bien que les permite obtener seguridad alimentaria y de sostenimiento. Otros bienes, como animales, herramientas y vivienda, también son abandonados. En esencia, las familias desplazadas llegan a las áreas urbanas y sus alrededores sólo con bienes que pueden negociar fácilmente (dinero, objetos de valor) y su propia mano de obra. En la reubicación, las familias desplazadas están, en efecto, económicamente marginadas, ya que sus habilidades principalmente agropecuarias no son fácilmente aplicables a una economía urbana. Dado que gran parte de esta economía utiliza el dinero como base para el intercambio de bienes y servicios, las personas desplazadas están especialmente en riesgo, ya que no siempre tienen ingreso disponible. Esto limita la capacidad de los desplazados para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación y salud. Otros factores económicos agravan el problema. De acuerdo con un informe del Banco Mundial del 2002, alrededor de 64% de la población es pobre y 23% vive en extrema pobreza 3. Cuando se compara la incidencia de la pobreza en las áreas rurales y urbanas, las estadísticas indican que la población rural está en peores condiciones. Se considera que un 80% de la población rural y un 55% de la población urbana es pobre. 4 1 CODHES 2 RSS 3 Banco Mundial, Informe sobre la Pobreza en Colombia. Washington D.C.: Publicaciones del Banco Mundial. Las Cifras se refieren a Ibid. 5

6 Sin embargo, dado el volumen del desplazamiento desde 1999, los procesos de empobrecimiento en las áreas urbanas se acentuarán probablemente. El aumento significativo de la población urbana limita la disponibilidad, accesibilidad y cubrimiento de los servicios sociales, servicios públicos (agua potable, saneamiento básico) y vivienda para los residentes. Sumado a las escasas oportunidades de empleo, la situación de los hogares desplazados es precaria y tiene implicaciones tanto en la dimensión monetaria como no monetaria de la pobreza. El Informe sobre la Pobreza en Colombia preparado por el Banco Mundial recoge las dimensiones monetarias de la pobreza y el aumento de la población desplazada. Aunque los datos no permiten establecer la causa de la migración, existe una correlación entre el aumento de los índices de pobreza de los migrantes recientes entre 1995 y 1999 y el crecimiento del desplazamiento interno. La Tabla 1 compara los índices de pobreza de diferentes subgrupos de la población en las áreas urbanas durante estos años. Independientemente de la razón, el estudio establece claramente que los migrantes recientes se han vuelto particularmente vulnerables a la pobreza, uniéndose a otros grupos de población tradicionalmente considerados vulnerables. 5 Tabla 1. Índices de Pobreza Urbana de Diferentes Subgrupos de Población: Colombia Urbana 48% 55% 63% 72% 63% 69% 62% 69% 55% 64% 35% 37% Niños menores de 2 años De 2 a 6 años De 7 a 13 años De 14 a 17 años Más de 65 años de edad Migrantes recientes (1) Migrantes <5% (2) Migrantes <10% (3) Migrantes <25% (4) Mujeres No propietarios de vivienda Incapacitados Pensionados 50% 46% 43% 42% 48% 57% 60% 20% 64% 60% 54% 44% 55% 63% 60% 24% Adaptado del Informe sobre Pobreza en Colombia (2002) (1) Se refiere a las personas que vivieron menos de 1% de su vida en la ciudad actual (2) Se refiere a las personas que vivieron menos de 5% de su vida en la ciudad actual (3) Se refiere a las personas que vivieron menos de 10% de su vida en la ciudad actual (4) Se refiere a las personas que vivieron menos de 25% de su vida en la ciudad actual En la mayoría de los casos, las redes de seguridad socio-económica en las áreas urbanas, aunque más variadas que en el campo, son de difícil acceso, inadecuadas, no confiables y no sostenibles. En este contexto, los hogares desplazados que no tienen acceso a una fuente estable de ingreso, para los cuales el acceso a los servicios sociales es difícil, afrontan desafíos considerables para satisfacer sus necesidades básicas. 5 Ibid. 6

7 Situación de la población desplazada en Colombia: una revisión de la literatura El juego de números Se estima que desde 1985 se han desplazado entre dos y tres millones de colombianos. El número exacto es un tema de debate entre el Estado y la sociedad civil en Colombia. La falta de una metodología estándar para hacer un seguimiento de las poblaciones desplazadas a través del tiempo, dificulta determinar los que han regresado a su lugar de origen, los que se han reubicado y los que continúan siendo desplazados internos. A pesar de estos problemas, tanto el Gobierno como la sociedad civil están de acuerdo en dos amplias tipologías de desplazamiento: masiva e individual. La primera, como su nombre lo indica, implica un gran número de personas desplazadas como resultado de la violencia. El desplazamiento individual implica el movimiento en una forma más puntual, pero también como resultado del conflicto armado. Estas dos tipologías constituyen la base de los sistemas utilizados por el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional para hacer un seguimiento de los movimientos de la población desplazada. Dado su volumen, la estimación del número de desplazados masivamente es más fácil. El desplazamiento individual (una familia a la vez) es más difícil de rastrear, ya que las personas no se registran oficialmente por miedo a ser víctimas de nuevos actos de violencia o transformarse en objetivo de grupos armados. La agencia gubernamental responsable de coordinar las acciones en favor de la población desplazada, la Red de Solidaridad Social (RSS), suministra datos oficiales sobre el número de desplazados, lugar de origen, sitio de asentamiento y razones del desplazamiento. Hasta ahora, se han registrado oficialmente desplazados en el Sistema Único de Registro (SUR) de la RSS. De este número, personas, 84% de toda la población desplazada registrada, fueron desplazadas durante el periodo Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) afirman que las cifras oficiales subestiman drásticamente el número de desplazados. Utilizando su Sistema de Información de Desplazados (SISDES), CODHES estima que, desde 1985, han sido desplazadas 3.2 millones de personas. Durante el período , las cifras del SISDES indican que fueron desplazadas 2.4 millones como resultado de la violencia. Si se comparan con los datos de RSS, aproximadamente 1.7 millones de personas no habrían sido contabilizadas en el sistema de registro oficial. 7 Existen discrepancias similares en las estimaciones para el Durante la primera mitad del 2004, RSS/SUR registraron nuevos desplazados. CODHES estima que, entre enero y junio de 2004, han sido desplazadas personas como resultado de la violencia, más de casos adicionales. El CICR, con base en la información compilada por sus oficinas de campo, proyecta que, hacia finales del 2004, habrá asistido unos nuevos desplazados en las 16 ciudades donde está presente. 6 RSS/SUR CODHES Personas desplazadas Recepción por departamento por trimestre 1999 a 2004 (Septiembre 2004). 7

8 Otra tendencia importante, durante el , es una disminución relativa del desplazamiento masivo y un aumento del desplazamiento individual. Ello ha quizás contribuido a la discusión sobre el número de desplazados. En el caso de los desplazados individuales, la incapacidad de determinar exactamente su número parece confirmar que las preocupaciones relacionadas con la seguridad y la protección priman sobre los beneficios resultantes del registro en el SUR. Las diferencias en los registros del CICR y la RSS parecen apoyar esta observación. En resumen, aunque hay diferencias significativas en la estimación del número de desplazados, tanto acumulados en el tiempo como en los nuevos casos, la magnitud del problema merece atención. Se están realizando esfuerzos entre el Gobierno, la sociedad civil y las agencias internacionales para armonizar y mejorar la calidad de los sistemas de registro. Mientras tanto, para fines de planeación, pueden utilizarse las cifras de los últimos cinco años, que independientemente de su fuente indican que cada año se han desplazado entre y personas. Dinámica del desplazamiento El desplazamiento por la violencia es el resultado de acciones de la guerrilla y de las autodefensas ("tomas" de municipios, bombardeos, amenazas, asesinatos selectivos, secuestros, asesinatos de líderes y masacres). Ocasionalmente el desplazamiento es también el resultado de acciones de la fuerza pública. A menudo, el principio de distinción entre quienes participan y quienes no participan en las hostilidades no es respetado, involucrando a la población civil en el conflicto. El objetivo de las acciones armadas es principalmente el control sobre los recursos naturales (expansión territorial). A ello se suma como fuente de ingresos el tráfico de drogas y la extorsión. Aunque el Gobierno de Colombia ha retomado el control de algunas áreas del país, aun debe establecer la autoridad civil en las regiones bajo el control de grupos armados. En años recientes, se han introducido una nueva modalidad para el control de los movimientos de la población: las restricciones. Éstas pueden implicar desde un control de la libre circulación hasta el aislamiento de comunidades enteras. Las restricciones conllevan un ingreso selectivo de bienes y limitaciones en el acceso a los servicios de salud y a la ayuda humanitaria. Ello crea la impresión desde un punto de vista externo que las comunidades aisladas son parte de las acciones y objetivos de los actores armados. Así, los civiles son vistos cada vez más como objetivos militares, precipitando mayor inseguridad e inestabilidad. En ciertos casos, a la población se le permite llevar alimentos y otros productos básicos sólo en cantidades limitadas. Los grupos armados tienen puntos de verificación para controlar el movimiento de personas y bienes (por ejemplo, combustibles, alimentos, enlatados y medicinas). En estas mismas áreas, la Fuerza Pública acude a similares estrategias, aumentando así esta situación de restricción. 8 Según CODHES, personas en 20 municipios están afectadas por las restricciones., Los actores armados buscan refugio en tierras y territorios ancestrales, utilizando a sus habitantes como escudos humanos para evitar acciones punitivas de otros actores 8 Luis Eduardo Pérez Murcia Evaluación conjunta rápida de las necesidades en Colombia. Bogotá. CICR/PMA 8

9 armados. 9 Las mujeres están particularmente en riesgo en estas zonas, ya que son comunes la violencia sexual y otras formas de violencia doméstica. Las restricciones afectan especialmente a las poblaciones indígenas o afro-colombianas, envueltas en el conflicto debido a que están ubicadas en áreas aisladas en las cuales están presentes los actores armados. Se estima que el 6% de la población desplazada es indígena y el 18%, afro-colombiana, aunque conjuntamente indígenas y afro-colombianos representan sólo el 11% de la población total. 10 Estas comunidades están fuera del alcance de la asistencia humanitaria, ya que residen en áreas donde históricamente la presencia del Estado ha sido precaria y los servicios sociales, limitados. Esto ha provocado un profundo estado de exclusión económico, político y social. Las cifras oficiales de la RSS muestran que 13 de los 32 departamentos de Colombia han recibido el 75% de los desplazados, es decir, más de un millón de personas. Estos departamentos son: Antioquia, Bolívar, Sucre, Magdalena, Valle, Bogotá, Cesar, Córdoba, Santander, Atlántico, Chocó, Norte de Santander y Nariño. Los primeros seis, han recibido más del 48% del total de desplazados. En el 2004, 904 de los municipios, o sea, el 80%, han sido afectados por el desplazamiento. En comparación, sólo 420 municipios fueron afectados en el Los colombianos que se ven obligados a huir del conflicto en las áreas rurales tratan de integrarse en las áreas marginales de las ciudades, aumentando la urbanización acelerada. En las ciudades, en lugar de encontrar seguridad, los desplazados se exponen a la criminalidad y la violencia, en ocasiones perpetrada por los mismos grupos que operan en áreas rurales, lo que los obliga a huir de nuevo. Rara vez, las autoridades reconocen el desplazamiento intra-urbano e inter-municipal, porque estas personas no han huido más allá de su sitio habitual de residencia. Esto limita su acceso a la asistencia humanitaria y a sus derechos en términos de protección y servicios. Suelen existir tensiones entre los desplazados y las comunidades donde se establecen, ya que la afluencia de desplazados aumenta la presión sobre los recursos ya escasos. Los desplazados compiten por puestos de trabajo no calificado, principalmente en el sector informal, con la población no desplazada. Esta competencia reduce aún más los ya bajos salarios y se presta para una explotación de la mano de obra informal. Los servicios de salud y de saneamiento existentes en los centros urbanos, que no funcionan muy bien, se recargan debido al aumento del número de personas que requieren estos servicios. Finalmente, el desplazamiento no es sólo el resultado de la violencia, sino también consecuencia de la fumigación de cultivos de coca de familias campesinas. Éstas son consideradas económicamente desplazadas más que desplazadas por la violencia. Como tales, tienen derecho a una limitada asistencia oficial a través del Plan Colombia, pero no se incluyen en las cifras totales del desplazamiento interno. 9 David, Shelton et al Poblaciones Indígenas y Poblaciones Afrocolombianas en Marcelo Giugale, Oliver Lafourcade y Connie Luff (eds.), Colombia: Fundamento Económico de la Paz. Washington D.C.: Publicaciones del Banco Mundial. 10 RSS/SUR

10 Estructuras gubernamentales de apoyo: las políticas y su ejecución En 1997, el Gobierno de Colombia promulgó la Ley 387 (en adelante, Ley 387/97) y creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD). Este sistema incluye ministerios y agencias estatales que abarcan varias áreas, como agricultura, seguridad social, salud y educación. El SNAIPD es responsable de dar una respuesta integral a las necesidades de las personas desplazadas. En 1999, después de una evaluación del progreso hecho, el Gobierno designó a la RSS como la agencia responsable de la planeación, coordinación y prestación de servicios a las poblaciones desplazadas. La RSS, en esencia, se encargaría de asegurar que el SNAIPD cumpliera su objetivo y su mandato inicial. La autoridad dada a la RSS se consolidó mediante la Ley 487, promulgada en En ese mismo año, se preparó un Plan de Acción (Documento CONPES 3057) para poner en marcha la política del Gobierno hacia la población desplazada. En síntesis, la política y el plan de acción comprenden cuatro elementos: (a) medidas de prevención; (b) asistencia humanitaria; (c) retorno, reubicación y estabilización económica; (d) protección. Sobre estos cuatro pilares, el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional basan sus esfuerzos. En teoría, el reconocimiento del Gobierno del problema de los desplazados y la respuesta propuesta, son un paso en la dirección correcta. Sin embargo, existe un gran vacío entre las prioridades de la política y la práctica operacional. De acuerdo con los datos del SNAIPD, que comprenden el período , del total del presupuesto asignado para los desplazados, el 37% fue destinado a asistencia humanitaria y el 52% a reubicación, lo que representa, respectivamente, 43% y 19% de las necesidades identificadas. 11 Aunque las agencias nacionales e internacionales complementan los recursos del Gobierno, la asistencia oficial se dirige sólo hacia la población registrada. Por tanto, se estima que la ayuda oficial alcanza sólo a 17% de los desplazados. 12 Más allá de los aspectos relacionados con el registro, otra de las razones que explica los bajos niveles de asistencia es que los desplazados no siempre son conscientes de sus derechos, deberes y obligaciones. Las Unidades de Atención y Orientación (UAO), organismos que tienden un puente entre los desplazados y las instituciones de ayuda humanitaria, apoyan a los desplazados a encontrar ayuda estatal. No obstante, su efectividad se ve afectada por una carencia general de apoyo efectivo de las autoridades municipales y departamentales. También existe preocupación entre los principales 'stakeholders' sobre la utilidad y pertinencia de la asistencia humanitaria entregada por el Gobierno, actualmente limitada, por ley, de tres a seis meses. La falta de atención (cubrimiento y alcance) prestada a las medidas de estabilización económica, significa que, después de tres o, en el mejor de los casos, seis meses de asistencia inicial, la población desplazada no tiene ninguna opción real, ya que no posee recursos para retornar a su lugar de origen o para reubicarse. 13 Aún cuando el objetivo del Gobierno es facilitar el retorno de familias desplazadas (aproximadamente personas) hacia el 2006, no está siempre en capacidad de garantizar seguridad y asistencia, particularmente en aquellas áreas donde las condiciones de seguridad pueden cambiar de un momento a otro. 11 RSS Ibid. 13 Arboleda, Jairo y Elena Correa Desplazamiento Interno Forzado en Giugale et al., (eds.) Colombia: Fundamento Económico de la Paz. Washington D.C.: Publicaciones del Banco Mundial. 10

11 Hasta la fecha, sólo familias desplazadas (alrededor de personas) han sido asistidas por la RSS al retornar a su lugar de origen. En muchos casos, las condiciones no son favorables para una reintegración sostenible. Aunque la política del Gobierno considera la entrega de subsidios de vivienda, actividades de generación de ingresos, capacitación vocacional y títulos de propiedad, los que retornan rara vez obtienen estos beneficios. De acuerdo con el CICR, sólo 11% de los desplazados individualmente desean regresar, mientras que más del 46% quieren permanecer donde se han ubicado y casi 19% quisieran ser reubicados en otras áreas. Otro vacío entre la política y la práctica es la cantidad de recursos humanos, técnicos y financieros dedicados al SNAIPD y a la RSS. En el caso de los ministerios sectoriales que forman parte del SNAIPD, las obligaciones con los desplazados se suman a responsabilidades ya existentes, especialmente en términos de recursos financieros. La coordinación, a lo largo de las líneas sectoriales, sigue constituyendo un desafío, ya que las prioridades de la política común no se traducen en una implementación de políticas complementarias. Los recursos financieros y la capacidad técnica limitados tienen como consecuencia que los servicios prestados sean deficientes en recursos, diseño e implementación. Esto se manifiesta particularmente a nivel municipal, ya que los gobiernos locales no tienen la capacidad de manejar la gran afluencia de desplazados ni prestarles los servicios sociales y económicos necesarios. La disyuntiva de tener que satisfacer las necesidades de los desplazados o aquéllas de la población no desplazada, es especialmente difícil a nivel municipal, dado que los presupuestos no pueden cubrir el aumento de la demanda general. Una decisión reciente de la Corte Constitucional (T-025) señala que el Gobierno no ha cumplido sus responsabilidades y obligaciones legales frente a la población desplazada. Declara que el estado de desplazamiento forzado y la falta de protección son inconstitucionales. La decisión de la Corte reorienta la política del Gobierno de un enfoque centrando en la asistencia a un enfoque global y constitucional con base en los derechos ciudadanos. Hacia comienzos del 2005, todas las instituciones que conforman el SNAIPD deben presentar políticas realistas con base en necesidades claramente identificadas, financiamiento y compromisos. Sin embargo, dada la experiencia anterior, es razonable suponer que el SNAIPD tardará en su tarea de reorientación burocrática y operacional. En este contexto, los mecanismos existentes para apoyar a los desplazados, principalmente la asistencia humanitaria, pueden ser potencialmente mucho más que aportes de recursos a corto plazo y representan una red importante para la población desplazada. Sin embargo, estos mecanismos sólo pueden conducir a soluciones sostenibles siempre y cuando el Gobierno asuma su responsabilidad y se establezcan e implementen políticas claras y adaptadas. Estos mecanismos todavía requieren un perfeccionamiento, de modo que puedan preparar el terreno para un mejoramiento estructural con el tiempo. 11

12 Situación socio-económica de las familias desplazadas De acuerdo con un estudio realizado por el PMA en el 2003, el tamaño promedio de una familia desplazada es de 6 personas, con una tasa de dependencia de casi 31% % de la población desplazada es menor de 15 años de edad. 15 De los y niñas que asistieron una vez a la escuela, 60% desertaron entre los 6 y 7 años de edad. Dentro de las cohortes de años, 79% de los y niñas están asistiendo a la escuela, con la tasa de deserción más alta entre años, que alcanza a 14%. 16 La principal razón dada para no acudir a la escuela, según se deduce del estudio mencionado, fue por razones económicas, seguido por la importancia de trabajar y ayudar a los miembros de la familia. Cuando se comparan las condiciones socio-económicas de los hogares desplazados con las del quintil de ingreso más bajo de las áreas urbanas especialmente en el área de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el cuadro es desolador. Las Necesidades Básicas No Satisfechas se refieren a un índice compuesto de cinco indicadores: (a) vivienda; (b) acceso a los servicios; (c) condiciones de vida (más de tres personas duermen en un mismo cuarto); (d) matrícula escolar; (e) dependencia económica. Comparando las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población desplazada con las de la población no desplazada, 70% de los hogares desplazados son deficientes en dos o más indicadores, principalmente en el área de vivienda y condiciones de vida. Por otra parte, sólo 10% del quintil de ingreso más bajo de la población no desplazada en las áreas urbanas, tiene deficiencias en dos o más indicadores. 17 Con respecto a la seguridad alimentaria, una encuesta realizada en el 2003, con una muestra de familias desplazadas, indica que, en promedio, los hogares compran el 80% de su alimento. 18 Esto último implica que el acceso a fuentes de ingreso, estables y suficientes, es crítico. Las familias desplazadas ganan en promedio sólo 68% del salario mínimo en Colombia ( pesos por mes), del cual 79% proviene de ingresos de mano de obra. En términos de salud y nutrición, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó una encuesta de salud y nutrición de las familias desplazadas y no desplazadas en seis áreas urbanas en Colombia. 19 El estudio encontró tasas de desnutrición crónica (16%) y de desnutrición aguda (4%) en los niños y niñas menores de 5 años. La prevalencia de la desnutrición aguda en la población desplazada fue 1.5% más que en la población no desplazada, pero no se diferenció dramáticamente de los hogares más pobres no desplazados. Algunos indicadores de salud entre los niños y niñas de familias desplazadas merecen especial atención. Entre los menores de 5 años, el estudio de la OPS indica que los niños y niñas de los hogares desplazados tienden a sufrir más de diarrea, infecciones respiratorias agudas e infecciones cutáneas. Para el 33% y 77%, respectivamente, se reportó que 14 Econometria Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaría de la población desplazada por la violencia en Colombia. 15 Ibid 16 Ibid. 17 DANE Encuesta de Vida. 18 Econometría, PAHO/WHO Estado de perfil epidemiológico de la población desplazada y la población vulnerable en Cali, Cartagena, Montería, y Soacha. 12

13 sufría de diarrea y de infecciones respiratorias agudas. La alta prevalencia de anemia, de más de 50%, puede considerase severa y tiene implicaciones directas sobre el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, incluyendo su capacidad de aprendizaje. Los párrafos anteriores ofrecen una visión general de los principales factores que contribuyen a la crisis del desplazamiento en Colombia. Existe una revisión más completa de la literatura (Pérez, 2004), cuya lectura se recomienda como una fuente complementaria de información que debería leerse junto con los resultados de esta Evaluación Conjunta. 13

14 Fundamento y alcance de la Evaluación Conjunta de Necesidades PMA-CICR Un mejor entendimiento e identificación de las necesidades de las familias desplazadas es fundamental para asegurar una respuesta efectiva. La problemática de los desplazados en Colombia tiene múltiples facetas y requiere la acción concertada por parte del Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Aunque con diferentes mandatos y procedimientos operacionales, las actividades del PMA y del CICR en Colombia contribuyen directamente a mejorar la vida y el sustento de los desplazados. Ambas organizaciones tienen amplia experiencia en satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas por las emergencias naturales y aquéllas producidas por el hombre. Sin embargo, un área de común interés para ambas organizaciones es apoyar mejor al Gobierno para implementar soluciones sostenibles mediante políticas y programas claros y adaptados. A su vez, la identificación de las necesidades se basa en una evaluación de las características socio-económicas actuales de los hogares desplazados y un análisis sobre cómo estas características contribuyen a la vulnerabilidad actual y futura de las mismas. Al mismo tiempo, el CICR y el PMA reconocen la necesidad de comprometerse más activamente con el Gobierno. La evolución del conflicto en Colombia y sus efectos, requieren asistencia humanitaria a corto plazo, junto con el desarrollo de políticas a mediano y largo plazo. El Gobierno es responsable de la formulación e implementación de políticas frente a la población desplazada. El PMA y el CICR tienen la posibilidad de prestar su apoyo operacional y asesoría dentro de este proceso. Las áreas comunes de interés entre el PMA y el CICR fueron la base de discusiones sobre una Evaluación Conjunta en Colombia. El proceso se inició a comienzos del 2004 y, en julio del mismo año, se definieron modalidades específicas. Se prevé que el trabajo conjunto PMA-CICR tenga dos fases. La fase inicial, preparatoria, tuvo lugar entre julio y agosto de El principal objetivo de esta fase fue una revisión de las fuentes secundarias y de la literatura relacionada con la evolución del desplazamiento y sus efectos en Colombia. El resultado de la fase inicial fue una revisión completa de la literatura. 20 La segunda fase, desarrollada entre agosto y septiembre de 2004, consistió en la recolección de datos mediante encuestas en hogares y discusiones con grupos focales en seis departamentos de Colombia. Este informe constituye el principal producto de esta segunda fase. Entrega una imagen de la condición socio-económica de los hogares desplazados y provee criterios a tener en cuenta para asistirlos. Además, el documento ofrece algunas recomendaciones iniciales sobre opciones de políticas y programas. 20 Luis Eduardo Pérez Murcia Misión Evaluación Conjunta Rápida de las Necesidades en Colombia (CJRNA) CICR y PMA: Investigación de la Fase Preparatoria. Bogotá: CICR/PMA. 14

15 Metodología de la Evaluación Conjunta de Necesidades PMA-CICR Cubrimiento geográfico y tamaño de la muestra Dado el nivel de complejidad para determinar el número exacto de desplazados internos, descrito en la sección anterior, y el cronograma definido para las actividades de recolección, digitación y análisis de datos, los resultados de la presente evaluación de necesidades no pretenden ser estadísticamente representativos de la población total de desplazados en Colombia. Al seleccionar las áreas geográficas (departamentos y municipios) donde se implementaría la evaluación, se diseñó un esquema de muestreo mediante el análisis y revisión de fuentes secundarias y documentación. Las fuentes secundarias/reportes y estadísticas consultadas fueron: Econometría Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población desplazada por la violencia en Colombia (1.503 hogares en 41 municipios distribuidos en 20 departamentos); CODHES/RUT/RSS Encuesta Nacional de caracterización de la población desplazada (1.933 hogares en 112 municipios distribuidos en 29 departamentos); CICR Estadísticas: Asistencia humanitaria de emergencia; Organización Internacional para la Migración Diagnóstico sobre la población desplazada en seis departamentos de Colombia (2.534 familias desplazadas y no desplazadas); Mónica Trujillo Estudio de caso de las necesidades alimentarias de la población desplazada de Colombia; y PMA. Informes de Monitoreo. Documentación adicional: UNDP Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia; Banco Mundial. Estudios sobre la Pobreza. 2001/2003; Banco Interamericano de Desarrollo. Colombia: Country Briefs. El proceso de selección de sitios geográficos y el tamaño de la muestra se realizó conjuntamente entre el PMA y el CICR y comprendió las siguientes etapas: 1. Departamentos donde el PMA y el CICR prestan actualmente asistencia humanitaria. Esto dio como resultado 29 de los 32 departamentos. 2. De esta lista inicial, se redujo la muestra a 17 departamentos, utilizando un criterio basado en los datos suministrados por la RSS: zonas tradicionales de recepción (departamentos que tienen ciudades grandes y áreas semi-urbanas que han servido históricamente como destino principal de los desplazados). 3. Utilizando los datos de la RSS y CODHES, el número de departamentos se redujo todavía más, introduciendo criterios adicionales como: (a) la presencia de un gran número (> personas) de nuevos desplazados durante el ; (b) 15

16 departamentos con zonas bloqueadas (áreas donde es limitado el acceso o entrada de la ayuda humanitaria). Esto llevó a que 12 departamentos permanecieran en la muestra. 4. Una depuración adicional de los 12 departamentos se realizó con base en un nuevo análisis de los datos del estudio CODHES 2004 (1.933 familias) y la encuesta de Econometría del Se examinaron las variables relacionadas con los gastos del hogar (alimentos y no alimentos), la incidencia de la pobreza, las características demográficas y el nivel de acceso a los servicios de salud con el fin de dar un cuadro indicativo del estado socioeconómico de los hogares en relación con la inseguridad alimentaria. 5. Finalmente, las limitaciones logísticas (número de vehículos, personas, condición de las carreteras), consideraciones de seguridad y costos relativos (financieros, tiempo) fueron introducidas en el proceso de selección para reducir la muestra y para verificar potenciales posibilidades y limitaciones en la recolección de los datos. Con base en las etapas 4 y 5, se escogieron seis departamentos 21 como muestra para la evaluación de las necesidades. Las limitaciones logísticas y de seguridad fueron los factores determinantes cuando se seleccionaron los sitios finales para el estudio. Dentro de cada departamento, la capital del departamento y los municipios con áreas peri -urbanas fueron seleccionados para la encuesta. Esto se resume en la siguiente tabla: Tabla 2. Sitios del estudio para la Evaluación Conjunta de Necesidades Departamento Ciudad Capital Municipios Semi-urbanos Población PID (Registrada) Antioquia Medellín Sonsón 223,897 Bogotá D.C. Bogotá Soacha 79,043 Caquetá Florencia 35,865 Cesar/La Guajira Valledupar San Juan de Cesar 99,588 Codazzi Becerril Chocó Quibdó Istmina 44,635 Norte de Santander Cúcuta Ocaña 42,027 Fuente: RSS PIDs Registrados de Recolección de datos y encuestas de hogar La fase de recolección de datos se realizó en asociación con una firma nacional de consultoría, Econometría. Los cuestionarios fueron elaborados conjuntamente por el PMA y el CICR y se compartieron con Econometría para el diseño en un formato. Los equipos de encuestadores estuvieron conformados por personal del PMA, del CICR y de Econometría. Los equipos de encuestadores participaron en una capacitación de un día que comprendió los objetivos generales de la evaluación y la revisión de un conjunto de cuestionarios cualitativos (grupos focales) y cuantitativos (hogares). Ambos cuestionarios se revisaron incorporando los cambios propuestos por los participantes. 21 Cesar y La Guajira fueron considerados como un solo departamento, ya que en La Guajira se seleccionó únicamente un municipio cercano al Cesar (San Juan del Cesar). 16

17 Los equipos de encuestadores, conformados por 10 personas, fueron enviados a cada uno de los departamentos por un período de 7 días. Dadas las limitaciones de tiempo y seguridad, cada equipo realizó 80 encuestas de hogares y 3 discusiones de grupo focal por departamento. Esto produjo un total de 480 encuestas de hogares y 18 grupos focales para los seis departamentos. Los hogares se escogieron al azar en cada barrio/área semi-urbana con base en listas de hogares preparados por las subdelegaciones del CICR y las suboficinas del PMA en consulta con las autoridades locales. Los grupos focales, divididos por sexo, se organizaron conjuntamente con las autoridades a nivel municipal. Digitación y análisis de datos La tarea de recolección de datos en la encuesta de hogares se asignó a Econometría, que suministró los datos sin tabular de 480 hogares. El análisis de los datos fue responsabilidad de un equipo conformado por personal del PMA, el CICR y Econometría. Los datos de los hogares se analizaron con el programa estadístico SPSS y produjeron estadísticas descriptivas y frecuencias simples. El análisis de los datos sobre hogares se centró en variables claves como características demográficas, fuentes de ingreso y crédito, patrones de gasto, educación, exposición al riesgo y acceso a asistencia externa. Cada una de estas variables también se cruzó donde era apropiado con el tiempo del desplazamiento Finalmente, se analizaron los datos cualitativos de las discusiones con grupos focales, utilizando un esquema analítico de riesgo y de medios de sustento desarrollado por la Unidad de Análisis de Vulnerabilidad y de Mapeo del PMA en Roma. Los grupos aportaron información valiosa sobre riesgos y medios de sustento en cada departamento. 17

18 ANTIOQUIA Desde 1995, se han registrado más de personas internamente desplazadas ante la RSS/SUR en Antioquia. Esto representa, con base en los datos de registro de la RSS, aproximadamente 16% del número total de desplazados a nivel nacional. Medellín y Sonsón fueron escogidos como sitios de estudio, donde se encuestaron ochenta hogares mediante cuestionarios de hogar. Además, se realizaron discusiones de grupo focal en Regalo de Dios (Medellín), Moravia (Medellín) y Sonsón. La siguiente tabla, muestra la distribución de hogares con respecto a su tiempo de desplazamiento. Tabla 3. Duración del Desplazamiento de Hogares seleccionados en Antioquia Tiempo Desplazado Número de Familias Porcentaje (%) No responden Meses Meses Más de 9 Meses Total Los hogares con hombres como jefe de hogar comprenden el 56% de la muestra y el tamaño promedio del hogar es de cuatro personas. El número promedio de años de escolaridad del jefe de hogar es de tres años, pero el 85% de éstos son funcionalmente alfabetos, es decir, pueden leer y escribir un mensaje sencillo. Sin embargo, cuando se desagrega por sexo, sólo el 43% de las mujeres jefes de hogar son funcionalmente alfabetas. Si bien existe la posibilidad que personas internamente desplazadas se beneficien de programas de apoyo especializado, el cubrimiento actual es bajo. En términos de apoyo de agencias externas y considerando el tiempo del desplazamiento, 52% de la muestra indica no recibir asistencia externa. Del porcentaje restante, la mayoría de hogares (21) señala haber recibido asistencia de la Cruz Roja Colombiana. De las 425 personas de la muestra, dos tercios tienen menos de 18 años. El 62% de todos los niños y niñas de 6-14 años asisten a la escuela, y 32 hogares reportan que sus hijos reciben una comida en la escuela. Con respecto al tiempo de desplazamiento y la asistencia escolar, llama la atención que los niños y niñas que pertenecen a los hogares con menos de tres meses de desplazamiento sólo representan 11% de todos los que asisten a la escuela. Las discusiones con grupos focales revelan que no existen escuelas en ciertos barrios. Las mujeres, en particular, están interesadas en la calidad de la educación y señalan que los profesores son, por lo general, voluntarios y que, probablemente, no todos tienen el compromiso necesario con el proceso educativo. Los costos asociados con la escolaridad fueron también mencionados en las discusiones con los grupos focales. Los precios de los uniformes, las matrículas escolares y los materiales de estudio constituyen una carga para los presupuestos familiares. A menudo, los padres deben tomar la dolorosa decisión de retirar sus hijos de la escuela y reasignar los recursos a otras necesidades del hogar. 18

19 Los hombres amplían la discusión de la educación a los problemas de salud de los niños y niñas. Identifican los sistemas de saneamiento deficientes como causa de las condiciones inadecuadas de salud y consideran que la incapacidad de los hogares para costear la compra de medicamentos es una gran limitación. El sector informal es la principal fuente de medios de subsistencia de los colombianos pobres y los hogares desplazados no son una excepción. A los jefes de hogar se les formularon cuatro preguntas interrelacionadas referentes a la generación de ingreso para la subsistencia: (a) si están trabajando y el número de días trabajados en los últimos 30 días; (b) el tipo de trabajo que realizan y el número de días trabajados; (c) la forma en que fueron remunerados; (d) las fuentes primarias de ingreso del hogar en los últimos 3 meses. El 64% de los hogares de la muestra no está trabajando. Solamente 19, indican haber trabajado en los últimos 30 días, en promedio, 7 días. En todos los casos, la remuneración es en dinero. A su vez, la fuente primaria de ingreso en los últimos tres meses, reportada por el 53% de los hogares, es mano de obra no calificada. Tanto las mujeres como los hombres participan en esta actividad de generación de ingresos. Los hombres se dedican principalmente al trabajo manual y la venta de alimentos preparados, mientras que las mujeres trabajan principalmente como empleadas domésticas (lavado y planchado). Las percepciones de los hombres y las mujeres en los grupos focales concuerdan con los resultados de las encuestas de hogares. Un aspecto identificado por ambos es que los salarios para mano de obra no calificada son extremadamente bajos; en algunos casos, apenas alcanzan para cubrir los costos del transporte. En promedio, el salario diario es de alrededor de pesos. Las mujeres, en particular, señalan que la falta de fuentes confiables de ingreso lleva a estrategias de racionamiento para reducir el consumo de alimentos y los gastos en servicios sociales. Dos tercios de los hogares no tienen acceso al crédito formal ni informal. La falta de un ingreso estable y la incapacidad de tener acceso al crédito merece particular atención, ya que la economía urbana y la sociedad operan principalmente con base en dinero y ciertas necesidades (vivienda, servicios públicos, transporte y alimentos) son de importancia básica. Las preguntas sobre gastos del hogar se basaron en los costos estimados mensuales alimentarios y no alimentarios. Un resultado interesante del análisis de los datos es que el tiempo del desplazamiento no afecta los patrones generales de gasto. El gasto promedio mensual de los hogares encuestados es de pesos. De esta suma, el 44% se destina a elementos no alimentarios. Vivienda y servicios públicos (agua, electricidad, combustible) representan 25% de todos los gastos no alimentarios. 19

20 Gastos No Alimentarios Desagregados para Antioquia (N=78) Salud 6% Tra nsporte 4% Alimentos 56% Otros 44% Agua, Luz, & Combustible 12% Educación 3% Alcohol 1% Vestuario 1% Vivienda & Arriendo 13% Deudas 4% Los gastos en educación y salud son considerablemente menores; comprenden sólo 9% de los gastos no alimentarios. Dado que educación, salud y saneamiento son señalados en los grupos focales como áreas problemáticas, la baja proporción de gastos dedicados a estas áreas podría indicar la incapacidad de los hogares desplazados de sufragar estos servicios. El restante 56% de los gastos del hogar se destina a los alimentos. Cereales, papa/yuca, azúcar y panela (azúcar sin procesar) comprenden el 35% de los gastos alimentarios. La dependencia de carbohidratos como fuente principal de alimento es compensada con el restante 21% de gastos alimentarios, destinados a elementos con contenido proteínico: carne y pescado, huevos, leguminosas (fríjoles y lentejas), leche y queso. No obstante, la alta dependencia de cereales y tubérculos como principales alimentos comprados, indica que la diversidad de alimentos es baja. 20

21 Gastos Alimentarios Desagregados para Antioquia (N=78) Cereales 16% Otros 44% Alimentos 56% Papa/Yuca 7% Leche y Queso 4% Panela y Azúcar 12% Carne y Pescado 4% Huevos 7% Fríjoles y Lentejas 4% Verduras 2% En los grupos focales, los temas recurrentes de discusión entre mujeres y hombres son el ingreso insuficiente y los altos precios, factores claves que explican la falta de acceso y consumo de cantidades adecuadas de alimentos. Igualmente, los participantes en los grupos focales indican que los alimentos se compran a veces a crédito en tiendas y/o son donados por amigos y vecinos, lo que muestra que una parte de los gastos generales en alimentos son probablemente destinados al pago de deudas por concepto de alimentos. Los datos socioeconómicos de los hogares de la muestra en Antioquia indican que: Las tendencias demográficas sugieren que una gran proporción de la población de la muestra (67%) está por debajo de los 18 años de edad, lo que conlleva altas relaciones de dependencia económica. Más de 60% de los niños y niñas entre 6-14 años asisten a la escuela, pero los costos asociados, como matrículas, uniformes y material escolar, son a menudo un problema para los padres. El nivel de educación entre los adultos se limita a una alfabetización funcional relativamente alta. Sin embargo, la movilidad económica es limitada, dado que los jefes de hogar tienen en promedio sólo tres años de escolaridad. Los hogares desplazados en Medellín y Sonsón dependen en gran medida de una sola fuente principal de ingreso: mano de obra no calificada. La mitad de los entrevistados no recibe asistencia externa y alrededor de dos tercios tampoco tiene acceso al crédito. En términos de estrategias de subsistencia, las mujeres desempeñan principalmente actividades de ayuda doméstica, mientras que los hombres trabajan por días se dedican a la venta ambulante de alimentos preparados. Los ingresos en mano de obra son bajos, dado que el número promedio de días trabajados en un mes es 7 y esto no 21

22 alcanza a asegurar una fuente estable de ingresos. En los grupos focales, las mujeres y los hombres reportan que reciben sólo pesos por un día de trabajo. La falta de un ingreso estable hace que los hogares tengan que tomar la difícil decisión de cómo asignar sus escasos recursos, escogiendo entre varias prioridades como alimento, salud, educación, alojamiento y transporte. Los patrones de gasto mensual de los hogares indican que el alimento es una prioridad básica; el 56% de los gastos mensuales se destinan a alimentos. Los cereales y los tubérculos son las compras principales, aunque los alimentos ricos en proteínas, como carne, pescado, leche, queso y huevos, también son importantes. Los gastos no alimentarios son principalmente vivienda y servicios públicos. El gasto en salud y educación es bajo en comparación con los gastos no alimentarios, lo que indica que el acceso a estos servicios puede estar más allá del alcance de los hogares de la muestra. 22