Si tocás pito te dan cumbia (Esbozo antropológico de la violencia en Montevideo) Ricardo Fraiman y Marcelo Rossal

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1 Si tocás pito te dan cumbia (Esbozo antropológico de la violencia en Montevideo) Ricardo Fraiman y Marcelo Rossal

2 Título original: Si tocás pito te dan cumbia. Esbozo antropológico de la violencia en Montevideo Primera edición, diciembre , Ricardo Fraiman y Marcelo Rossal Fotografía: Nicolás Scafiezzo Foto de tapa (Euskal Erría): Nicolás Scafiezzo Arte y diseño de tapa: Meggy Martínez Diagramación y producción gráfica: Cebra Comunicación Visual Edición de fotografía: Armando Sartorotti y Nicolás Scafiezzo Retoque digital: Lucía Martínez Corrección: Soledad Menéndez ISBN: Depósito legal: Impreso en Uruguay Impreso por Cebra Comunicación Todos los derechos reservados.

3 Contenido Ag r a d e c i m i e n t o s... 5 Pr ó l o g o El Es ta d o u r u g u ay o y s u s j ó v e n e s Juventud y violencia Los jóvenes, el delito y el trabajo Metodología Ma lv í n a l s u r Breve historia de la juventud de Malvín Adolescentes y jóvenes en la playa La Estudios en barrio ajeno: los planchas La violencia cotidiana Los referentes locales y la inseguridad Ma lv í n No r t e Arquitectura política Comunidad(es) Acontecimiento e intervención Ciudadanía, comunidad y vecino Es t i g ma, j u v e n t u d y d r o g a s Estéticas y drogas Intercambio y consumo Hay chorros Le v iat á n y e l Es ta d o s o c ia l (m a n o s d e r e c h a e izquierda d e l Es ta d o) La Policía y el barrio El La exclusión secundaria. La violencia del Estado hacia los jóvenes Co n c l u s i o n e s Bibliografía Ac e r c a d e l a s f o t o s

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5 AGRADECIMIENTOS A todos los adolescentes, jóvenes y vecinos de Malvín, Malvín Norte y Nuevo Malvín que prestaron su concurso para que la investigación fuese posible. A las autoridades y funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Intendencia Municipal de Montevideo (Centros Comunales Zonales 6 y 7), el Ministerio del Interior, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las organizaciones no gubernamentales que siempre colaboraron con la realización de este trabajo. A Fernando Balbi, Mauricio Boivin, Ana Clara Borrazás, Graciela Borrazás, Aurelio Borsani, Patricia Borsani, Deborah Bronz, Edmundo Canalda, Patricia Carabelli, Marcelo Castillo, Cecilia Corena, Aníbal Corti, Nicolás Fraiman, Ricardo Fraiman, Soledad Gracia, María Esther Mancebo, Natalia Montealegre, Constanza Narancio, Elena Núñez, Paulo Maia, Mónica Olivera, Rafael Paternain, Silvana Péndola, Eduardo Pirotto, María Pita, Álvaro Rico, Blanca Rodríguez, Matías Rodríguez, Sonia Romero, Alejandra Rosencof, Ismael Rossal, Luis Rossal, Laura Ruggiero, Florencia Santagata, José Seoane, Mariana Sotelo, Héctor Suárez, María Trabal, Jorge Varela y Virginia Varela, por su apoyo, sin el cual esta investigación no habría podido llevarse a cabo. 5

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7 PRÓLOGO Conocimiento e interés Los señalamientos son muchos. Las demandas provienen desde lugares diversos. Las carencias son disimuladas con dificultad. No hay que hacer esfuerzos desmedidos para advertir que las ciencias sociales uruguayas han mirado desde lejos y con desdén los asuntos de la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Las razones son múltiples, y no es momento para esos balances. Sin embargo, en los últimos años el campo disciplinar se ha ensanchado: un repertorio de voces nuevas se expande en una saludable diversidad. Sin prejuicios paralizantes y al margen de cualquier cotización de objetos prestigiosos, se ha ido acumulando evidencias y reflexiones sobre violencias visibles e invisibles, sobre la evolución y las causas de la criminalidad convencional, sobre las determinantes estructurales de la inseguridad, sobre los rasgos más sobresalientes de los diseños institucionales y de las lógicas de las políticas públicas. Siempre habrá exigentes dispuestos a observar que en todo esto no hay ciencia ni explicación. Del mismo modo, habrá quienes reprochen hermetismo, falta de claridad y exceso de tecnicismo. Entre la arrogancia de unos y la pereza de otros, nuestras ciencias sociales se inhabilitan para registrar dimensiones trascendentes sobre el contexto presente. Y la violencia, la criminalidad y la inseguridad son asuntos centrales de las dinámicas sociales, y no meros epifenómenos determinados por la economía o por las macro estructuras. Acontecen además en momentos de fuertes desplazamientos, de explosión de significados y de disolución de viejos marcos generales. La cristalización de una modernidad líquida demanda más que nunca una reflexión densa sobre la vida social. Por eso, una mirada realista no estriba en observar las cosas tal como son sino en cómo se relacionan. Ricardo Fraiman y Marcelo Rossal han logrado la versión más realista sobre la inseguridad en el Uruguay contemporáneo. 7 Memorias de las violencias No hay ninguna posibilidad de abordar el objeto en el estado actual sin incursiones genealógicas. Aproximarse a la juventud y a sus inmediaciones de violencias fuera de toda referencia histórica es la mejor manera de esencializar un fenómeno y, por lo tanto, renunciar al conocimiento. En ese empeño, Fraiman y Rossal nos recuerdan cómo el proceso de construcción del Estado uruguayo sobre los ejes del trabajo, la escuela y el espacio político obliteró todas las diferencias culturales. Nos recuerdan, también, que durante la dictadura el subversivo a reprimir era el joven extraviado. Ese impulso persiste en la democracia recuperada, y las violencias estatales son desatadas sobre los jóvenes drogadictos, o sobre aquellos de clase media que frecuentaban los recitales masivos.

8 Los años noventa son de desmontaje y de resignificaciones. Un neoliberalismo amortiguado fue destruyendo de a poco el tejido social, al punto que la desigualdad socioeconómica es confundida con diferencias culturales: muchos creen ver comunidades culturales particulares donde sólo hay marginación y falta de oportunidades. Con la agudización de la crisis socioeconómica, y hasta el día de hoy, los discursos de la inseguridad disociarán la delincuencia de la precariedad laboral. Los menores, los jóvenes, la pasta base y los asentamientos dan vida a un monstruo, cuya elaboración sólo se entiende a través de una reflexión sobre nuestra historia reciente, sus procesos subyacentes y sus discursos dominantes. Contradicción esencial 8 La postura de los autores no deja lugar a dudas: la precariedad laboral es una forma de la inseguridad social, y a mediano plazo produce un aumento de la delincuencia. Para abonar este aserto no hay necesidad de recurrir al análisis sociocéntrico o al discurso de clase. Tampoco se busca el auxilio de bases de datos, relaciones de variables o modelos econométricos complejos. En un libro plagado de sutilezas teóricas, los autores trabajan sobre hipótesis tipológicas que hacen foco en los factores simbólicos e imaginarios (y no por ello, menos reales) de la desigualdad: la moralidad del proveedor se vuelve un imperativo práctico y corporal para los varones jóvenes y pobres, al tiempo que la pretensión de consumo envuelve y regula los sistemas de expectativas. Con un ligero aire mertoniano, los autores afirman que si no se produce éxito en la provisión y en el consumo se genera un malestar en vastos sectores (masculinos y jóvenes), que no sólo incluyen a los que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. 1 En medio de una cruzada moral que pregona hasta el hartazgo la pérdida de valores, la mirada aguda de dos antropólogos revela que el nuevo monstruo es el producto silencioso de una normalidad dominante arraigada en el machismo y en la obligación de ser sin tener los medios para ello. Fraiman y Rossal le rinden el mejor homenaje a las ciencias sociales: sin el hallazgo de una contradicción esencial el conocimiento es pura impotencia. Una explosión de evidencias Malvín es la zona elegida para la exploración etnográfica. Allí se condensa todo el espectro social de Montevideo, y en un mismo territorio pueden observarse las interacciones entra las distintas clases sociales. Los autores apuestan por un 1 La moralidad del proveedor es un imperativo simbólico, normativo, construida sobre relaciones de género desiguales, donde el hombre debe ser el principal proveedor. Por su parte, la presión consumista lleva a una forma de esclavitud simbólica diferente a la del proveedor: si en este caso existe el cuidado del otro, en el consumo sólo vale la satisfacción inmediata del deseo individual.

9 análisis específico de discursos y prácticas sobre las violencias y las juventudes. El resultado de la investigación es un esquema constructivista que ilumina sobre el vitalismo espontáneo en las prácticas cotidiana de la juventud de clases medias, sobre las tipologías de chorro, plancha, polvorilla, sobre la victimización permanente de los adolescentes y sobre la centralidad del problema del consumo de la pasta base y sobre aquello que lo provoca: la falta de expectativas y la dificultad para imaginar futuros. Mientras que los adolescentes viven a diario la experiencia de la violencia, y ostentan mejores referencias comprensivas del problema que los aqueja, el mundo adulto desarrolla miedos a partir de cosas no definidas, confusas y complejas. En cualquier caso, y por distintas razones, las entrevistas revelan opiniones francamente negativas sobre la acción de la policía. Pero esta etnografía no se queda con el mero registro de subjetividades : la comprensión de los procesos de estigmatización vinculados con la pobreza en las sociedades actuales, debe incluir los efectos concretos de la intervención del Estado y de los agentes paraestatales que actúan en los márgenes. Amparados en la noción de arquitectura política, Fraiman y Rossal aseguran que las diferentes unidades habitacionales de Malvín Norte (asentamiento, cooperativas de viviendas, complejo habitacional de origen público, agrupamiento urbano tradicional) no favorecen las interacciones entre los jóvenes. Por ejemplo, la cooperativa construye una comunidad fundada en el igualitarismo que rechaza las diferencias para evitar el mercado, y queda expuesta a la siguiente paradoja: si nos asentamos en un ideal comunitarista para realizar políticas públicas contribuiremos siempre a la fragmentación. La comunidad es un espacio discreto que se diferencia claramente de un afuera y de un otro; la comunidad política, en cambio, es un espacio abstracto, integrado por ciudadanos, que es una instancia universal. Y es desde esta comunidad política que se construyó el cooperativismo uruguayo. El efecto paradójico del recorrido de algunas cooperativas de vivienda es que se han constituido comunidades efectivamente aparte: parcialidades. Por su parte, la lógica estatal introduce los principios de la vulnerabilidad y la incertidumbre. El mejor ejemplo de eso es Euskal Erría: nunca del todo propietarios, sus habitantes viven sujetos a presiones que no provienen sólo del mercado, sino principalmente del Estado. Socio mayoritario de estas moles de cemento regidas por una forma contractual basada en el mercado, al cual restringe de hecho en base a interminables cuotas, reajustes y colgamentos que eternizan la condición de deudor, evitando la apropiación necesaria para relacionarse como un igual en el mercado. La investigación de Fraiman y Rossal nos enseña que un ejercicio intelectual realista no puede fundarse en la abstracción de las variables, ni en las ingenuidades de las subjetividades puras, ni en el prisma de los formalismos jurídicos. Por fuerza, tiene que arraigar en el estudio de los discursos, las prácticas y las lógicas no intencionales de las cosas que están allí. Sólo de esa forma, el conocimiento se transforma en crítica. 9

10 Los excluidos 10 Los autores introducen una obligación: la de modificar la comprensión de nuestro entramado social y de sus dificultades de reproducción. El manejo de herramientas teóricas insuficientes implica malos resultados para la gestión de las políticas. Por ejemplo, hay que asumir que en los barrios de Montevideo y en las ciudades del interior del país poco existe de comunidad local concreta. No se puede confundir el vecinazgo reglado por el contrato entre cuasipropietarios con una comunidad que requiere de valores en común y de todo un repertorio simbólico que posibilita la identidad. Esta comprensión condiciona el alcance de las políticas públicas. Para el caso de las Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana se verifica cómo los jóvenes quedan excluidos de la participación, pues existe un dispositivo que considera la convivencia y la seguridad por fuera del reconocimiento de las violencias estatales. Los jóvenes no son vecinos, como sí lo son los comerciantes, las amas de casa, los abuelos y las abuelas. Para el discurso hegemónico del vecino de Malvín Norte, la confluencia de juventud, pasta base y pobreza es la que produce la inseguridad. Con su acción en el territorio, las Mesas Locales acaban reproduciendo estigmas y reforzando aquello que se proponían resolver. Un conjunto de efectos no deseados nos obligan a mirar las dificultades objetivas para la inclusión de los adolescentes provenientes de hogares pobres, y la incapacidad generalizada para construir canales de diálogo con los jóvenes en general. La violencia simbólica y una estructura de oportunidades restringida deberían ser la plataforma para una acción política transformadora. Una etnologización que hable de hordas peligrosas (como en el discurso conservador) o de cultura alternativa (como en ciertas zonas de la academia o del periodismo de vanguardia) nos dejaría sin un objeto real para el conocimiento social y para la praxis política. Urgencias transformadoras No puede haber una auténtica transformación sin un profunda problematización. Aunque resulte poco novedoso, el cambio es hijo del conflicto. El mismo puede surgir de un malestar social difuso o de una incomodidad subjetiva e individual con el funcionamiento de las instituciones. En cualquier caso, una programación ambiciosa de reformas tendrá que hacer pie en una acumulación de reflexividades, o sea, de un conocimiento realista sobre los contextos, los procesos y las identidades. En un campo dominado por la hiperrealidad y por el quietismo conservador de sus prácticas institucionales, los esbozos antropológicos de Fraiman y Rossal fortalecen las capacidades de escucha, de visión, de memorización y de

11 problematización. Romper las antinomias, sustituir la sustancia por las relaciones, combinar la objetividad con la subjetividad, otorgar precisión a partir de una realidad imprecisa, son algunas de las estrategias utilizadas por los autores para dimensionar los problemas de la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Nadie puede soslayar que esta etnografía tiene su complejidad. Pero es una complejidad nacida del rigor y de la sobriedad, y alejada de la pedantería escolástica y de la especialización. Para unas ciencias sociales cada vez más confinadas en la hipersensibilidad, es decir, en la falta de convicciones y en el deseo obsesivo de agradar, la vena crítica y polémica de este texto recupera la pretensión de verdad sin la cual no hay empresa sociológica. No es cierto que una política institucional deba alimentarse solamente de un conocimiento funcional y adaptativo. La neutralidad y la estandarización son expedientes para una gestión reproductora de discursos, prácticas y estructuras de poder. Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana en el Uruguay contemporáneo exigen transformaciones institucionales de fondo, que sólo pueden ser encaradas con voluntad política, firmeza programática y verosimilitud científica. Ricardo Fraiman y Marcelo Rossal han generado un relato cargado de claves para una inteligencia sectorial. Rafael Paternain 11

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13 1 INTRODUCCIÓN El Estado uruguayo y sus jóvenes Desde hace más de cien años Uruguay participa de un proceso de ampliación del Estado, con sus impulsos y sus frenos (Real de Azúa, 1964), que llegó, innegablemente, a consolidar una sociabilidad con fuerte presencia estatal. Este proceso aseguró un crecimiento de la integración social que puede medirse en su apogeo, a través de su principal indicador: el salario real en su máximo histórico. Hecho ocurrido en 1957, precisamente el año del fracaso electoral del neobatllismo. Para Robert Castel (2004) el Estado como garante de la cohesión social es una construcción reciente en América Latina, a diferencia de Europa occidental. Si así fuera, la idea de Castel reforzaría la hipótesis de la excepcionalidad uruguaya (Vanger, 1980) en el campo latinoamericano. Pues el Estado social empieza a constituirse en Uruguay como parte de un proceso de crecimiento de las funciones estatales que comienza muy tempranamente, con un desarrollo de las leyes sociales desde el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez que se va intensificando, con algunos momentos de freno. De acuerdo a la propia tesis de Castel es con los seguros vinculados al trabajo que el Estado empieza a involucrarse en la regulación de las relaciones laborales: Gracias al seguro, los trabajadores están protegidos contra los principales riesgos sociales (accidente, enfermedad, vejez sin ingresos) y el Estado es garante de estas protecciones (Castel, 2004: 71). En Uruguay, el Banco de Seguros del Estado (1911) es producto pleno del batllismo y costó al gobierno uruguayo de aquel entonces, un enfrentamiento directo con el Imperio Británico, potencia imperial de ese momento (Barrán, 1984). Allí radicaría la peculiaridad de las formas de constitución de los indudablemente más débiles Estados sociales latinoamericanos, a diferencia de los europeos. El problema parece tener, además de la profundidad histórica, una fuerte carga geopolítica. En el proceso de constitución del Estado social uruguayo se produciría una sacralización de la politeia en un marco secularizador signado fuertemente por una religión civil (Guigou, 2003) que pone en un lugar central al ciudadano como sujeto del Estado. Esto implica el soterramiento de las múltiples diferencias que nutrieron de ciudadanos al Estado uruguayo mediante una fuerte presencia de sus instituciones, con un lugar central de la escuela pública (Demasi, 1995). El trabajo, la escuela y el espacio político constituyeron una tríada que obliteró diferencias culturales. A fines de los años cincuenta, tras el momento de máximo salario real de la historia uruguaya, comienza un creciente estancamiento en todos los aspectos de la economía nacional. La crisis del modelo de sustitución de importaciones se fue 13

14 14 dando de forma lenta y segura, y hubo fuertes reacciones del Estado uruguayo a comienzos de los años sesenta con el Plan CIDE. 1 De todos modos, las concepciones desarrollistas de dicho plan son derrotadas en la práctica hacia 1968 con la puesta en práctica de un liberalismo conservador 2 (Rico, 1989), que al aumentar la represión va dejando fuera de escena cualquier alternativa progresista o siquiera desarrollista. Por otra parte, los planes desarrollistas son impugnados por la izquierda revolucionaria (Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros); aunque el surgimiento del Frente Amplio en febrero de 1971 y el programa del sector mayoritario del Partido Nacional recojan buena parte de los dictados del señalado Plan CIDE. Casi toda la inteligentsia nacional impugnaba al liberalismo conservador, pero éste inauguraba años de represión que desembocarían en la más cruel dictadura que hubiere conocido jamás el país. Al margen de los intelectuales, pero con la anuencia de grandes estancieros y empresarios, la dictadura militar profundizaba el ciclo iniciado en 1968; reprimiendo, en primer lugar, a las juventudes revolucionarias y al movimiento estudiantil y luego a los sindicatos y partidos de izquierda, e intelectuales y artistas hasta llegar por fin a la proscripción de los dirigentes de los partidos tradicionales que demostraban convicciones democráticas. La dictadura militar tuvo rasgos que son comunes a otros regímenes de la región, así como características propias. Común a la región es la represión a las generaciones de jóvenes militantes, muchas veces generaciones de recambio de varios campos sociales: político, sindical, intelectual. La dictadura uruguaya fue la que apeló al encarcelamiento de los opositores como medida represiva por antonomasia; a diferencia de lo ocurrido en otros países donde se apeló a las desapariciones masivas. Un país pequeño que controlado territorialmente por una Policía y un Ejército que llegan, junto a la escuela, a todos sus confines tuvo un Estado muy eficaz para llegar a encarcelar a más de 7000 militantes en una década. También se incrementaron los procesos emigratorios iniciados en los años sesenta y las destituciones masivas de funcionarios públicos tuvieron como resultado un casi completo 1. Hija de la Carta de Punta del Este que formalizaba la Alianza para el Progreso entre Estados Unidos y los países del sur y centro de América, la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico (CIDE) fue la oficina encargada de elaborar los planes desarrollistas para Uruguay que dicha alianza implicaba. Véase: Garcé, El liberalismo conservador implicó la llegada al gobierno, sin mediación por parte de los políticos formados en el liberalismo democrático, de prácticas dialógicas, de los representantes directos de la clase dominante: empresarios y abogados de corporaciones pasan a ocupar los ministerios vinculados a la producción: Industrias, Hacienda y Obras Públicas. Al mismo tiempo, se clausuró todo posible diálogo con la guerrilla urbana tupamara y se prohibió incluso mencionarlos; se cerraron diarios y semanarios por ello; se practicaron medidas de excepción y se reprimió al movimiento estudiantil con saldos cruentos en una medida inédita para el país.

15 control de todo el aparato burocrático, antes coto de los partidos tradicionales que coparticipaban del manejo de los asuntos del Estado (Rama, 1971). Como ejemplo más acabado de control del aparato burocrático del Estado de parte de la dictadura se puede mencionar la categorización de sus empleados en A, B y C y la obligación de firmar un certificado de fe democrática, haciendo abdicar a los empleados públicos dudosos de cualquier posible impugnación subversiva de la sacrosanta democracia occidental, a la que se venía a proteger mediante su abolición (Perelli y Rial, 1986). El ejemplo de subversivo a reprimir era un joven extraviado. Los diarios que dieron la noticia de la intervención de la Universidad de la República fueron muy expresivos de lo que habría de modificarse en el país. El recinto sacro del conocimiento, el claustro de la virtud y el saber, se había transformado en la fábrica de subversivos. Los cuales, claro está, eran en su mayoría jóvenes. Las autoridades interventoras dispusieron una visita masiva y publicitada a la sede de la Universidad (Demasi, 1999) donde se expuso una suerte de museo de la subversión. Se suponía que el joven era sujeto de la manipulación de una psicopolítica que emanaba principalmente de Moscú, centro de irradiación del marxismo internacional, o de su subsede en La Habana. Dispositivos como éste llevaron a una construcción del subversivo siempre joven como una alteridad tan radical, que de innombrable 3 y extranjera, terminó en monstruosa: tupas ratas vuelvan a las cloacas, llegó a proclamar alguna consigna de grupos paramilitares de la época (Demasi, Rico y Rossal, 2004). Durante once años la dictadura se aplicó a transformar a los jóvenes; imbuidos sus gobernantes con la idea de que tal transformación obtendría un nuevo país alejado de la amenaza del marxismo y la subversión. Cabellos cortos, uniformes limpios, horarios cumplidos a rajatabla, Educación Física para todos, marchas cuasi-militares de liceales uniformizados. Los procesos de estigmatización, así como los discursos de tolerancia, siempre se realizan desde algún campo del poder. En los años sesenta se configuró en Uruguay un discurso estigmatizador que criminalizó las disidencias hasta un punto nunca visto en el siglo XX: el subversivo era la alteridad monstruosa del poder y el Estado uruguayo. Luego del golpe de Estado se profundiza ese proceso de estigmatización de la disidencia política hasta que la recuperación democrática lleva a un punto de reencuentro en el cual la exclusión pasa a ser la dictadura y las disposiciones represivas. 4 Esta primavera democrática se cierra con la violencia estatal nuevamente en las calles; especialmente hacia los jóvenes. Del significante democracia enfrentando a dictadura (Panizza, 1987), se pasa al tema de la paz respecto a los peligros de A finales de los años sesenta el gobierno de Pacheco Areco prohibió la mención pública de la palabra tupamaro. 4. Panizza (1987) habla del significante democracia enfrentado al significante dictadura.

16 16 la memoria de la violencia del Estado. El campo del poder legisla: está prohibido recordar las desgracias; 5 las producidas por Leviatán, claro. No se comporta así con la intolerancia de los sectores que esbozaban alguna disidencia; en especial en lo que a derechos humanos respecta. Se desarrolla la ideología de los dos demonios. En lo concreto y cotidiano, la represión estatal se anuda a la represión cultural y vuelven las prohibiciones que tienen su cara más dura en las calles y contra los jóvenes. Razzias y apaleamientos en los recitales de rock dan la tónica de hacia quiénes va dirigida la represión. También hay represión estatal contra exposiciones de arte y letras de música: una generación entera es reprimida en sus espacios de expresión pública más importantes (Carassale y Macadar, 2004: 172). En abril de 1989 los menores de 35 años votan en contra de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero son derrotados en las urnas (Moreira, 2004). Se había pasado ya de la represión al subversivo a la represión del joven y de lo que podría llamarse la cultura en un sentido débil juvenil (Regillo, 2000) montevideana. La nueva alteridad monstruosa la signaban los punks, los heavy metal, los seguidores de las nuevas bandas nacionales de rock: jóvenes y drogadictos. Por aquellos tiempos se configuraba una actitud que no sólo era contestataria del poder político, económico y militar; también se atacaba lo establecido desde el punto de vista académico y cultural. Incluso a los dominantes en capital cultural del amplio campo de la izquierda. La violencia generalizada hacia el joven drogadicto se ejercía desde todas partes, desde cualquier lugar de poder. Pero en general, se dirigía hacia muchachos de las clases medias, con un acceso medio al capital cultural, que solían acceder a recitales masivos: la música rock era absolutamente dominante entre los jóvenes. En los noventa aparece una nueva configuración política, o más bien, pospolítica (Demasi, Rico y Rossal, 2004). Luego de la derrota político-generacional de abril de 1989 se entronizó en el país aunque en forma amortiguada una política de desmontaje del Estado. Con la dimisión neoliberal del Estado (Bourdieu, 1999c), su mano izquierda fue debilitada y llevada a una situación de desmantelamiento práctico y desvalorización imaginaria que abonó discursos antiestatalistas tanto por derecha como por izquierda. Este desmantelamiento se efectuó de forma gradualista en Uruguay (Midaglia y Robertt, 1999) e implicó la asociación paulatina con un entramado de entidades no gubernamentales. El centro de la dimisión estatal radicó en los años noventa: crecimiento económico y discurso neoliberal en alza, pero una cierta forma de neoliberalismo 5. Aludimos a la ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado mediante la cual se estableció la amnistía sobre los delitos cometidos por los militares y policías durante la dictadura cívico-militar.

17 amortiguado 6 por la actividad sindical de los funcionarios estatales y los jubilados. En 1992, el traspié de las políticas neoliberales en cuanto a la privatización de las empresas públicas estuvo signado por otro traspié previo, dado como producto de la realpolitik del elenco entonces gobernante: la reforma constitucional que obliga a otorgar reajustes preferenciales en los haberes de los jubilados. Y aquí bien vale una digresión: la propuesta para llevar la inversión en educación pública al 4,5% del producto bruto interno (PBI) no fue aprobada en el plebiscito constitucional del año La amortiguación al neoliberalismo no abandonó su condición amortiguadora pues la amortiguación es un proceso que comienza inmediatamente después del freno (Real de Azúa, 1984 y 1964) cuando se trató de disponer de amplios recursos para la educación, y por ende, para los más jóvenes. La amortiguación al neoliberalismo protegió a dos sectores sociales incluidos en el propio Estado: jubilados y funcionarios públicos cobran sus haberes en la ventanilla estatal. La dimisión del Estado se focalizó entonces en los espacios pasibles de ser tercerizados: las políticas sociales, transferidas al tercer sector, y las empresas deficitarias, con las cuales se ensayó reducciones a expresiones mínimas de la participación estatal. Si se mira con atención los preceptos de Washington, éstos se intentaron cumplir mediante una estrategia triple: desmantelar, desplazar y resignificar. Desmantelar aquello que se signaba como supernumerario. Desplazar de lo público a lo privado. Resignificar lo privado que ahora pasa a atender objetivos no lucrativos. Durante el neoliberalismo amortiguado del gobierno de Luis Alberto Lacalle ( ) se hizo hincapié en el desarrollo de una paraestatalidad 7 sustitutiva de las funciones estatales. Más allá del cumplimiento efectivo de las mismas, en este período se dio un inmenso lugar a las organizaciones no gubernamentales que pasaron a participar de la realización de las políticas públicas. Luego de años de cierto laissez faire, el Estado uruguayo retorna a través de la alianza con las organizaciones no gubernamentales, iniciada, como veíamos, en el período anterior. Hoy existe una significativa inversión social, y la anquilosada máquina estatal requiere de las ONG que han trabajado en el terreno y poseen el conocimiento práctico de los sectores sociales hacia los cuales se aumenta dicha inversión. Ahora bien, una intervención paraestatal en los márgenes del Estado (Das y Poole, 2004) es inevitable, como también lo es el financiamiento trasnacional y Esta categoría rinde tributo a la sociabilidad uruguaya de tramo largo ya problematizada y establecida por Carlos Real de Azúa (1984). 7. Lo que por ahora entenderemos por un conjunto de funciones del Estado cuya ejecución se delega a la sociedad civil. Véase: Fraiman y Rossal, Apuntes para entender la crisis de la celulosa: incomprensiones del mutuo impar más semejante. Más adelante se tratará esta categoría en detalle.

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