Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo. Ponente: Victor L. Benavides P.

Transcripción

1 DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE PORTS ENGINEERING AND CONSULTANTS CORP., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN VERBAL DE HACER EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ, RELACIONADA AL NO PAGO DEL SERVICIO DE UTILIZACIÓN DE FAROS Y BOYAS. PONENTE: VICTOR L. BENAVIDES P. -PANAMÁ, PRIMERO (1) DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS (2006). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo Ponente: Victor L. Benavides P. Fecha: 1 de Febrero de 2006 Materia: Acción contenciosa administrativa Nulidad

2 Expediente: VISTOS: El licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, actuando en nombre y representación de PORTS ENGENEERING AND CONSULTANTS, CORP., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de nulidad con el fin de que se declare nula, por ilegal, la orden verbal de hacer emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, relacionada al no pago del servicio de utilización de faros y boyas. Mediante auto de 15 de septiembre de 2000 (fs ), la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente los efectos de la orden verbal de hacer, dictada por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. La presente demanda fue admitida por medio del auto de 22 de septiembre de 2000 (f.111), se le solicitó al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá que rindiera un informe de conducta y se le corrió traslado de la misma a la Procuradora de la Administración. I.La pretensión y su fundamento. El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad de la la orden verbal de hacer emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá consistente en el no pago a la sociedad demandante de lo acordado por la utilización del servicio de faros y boyas por los usuarios de los puertos. Vale destacar que dicha orden de hacer fue acreditada por la actora mediante dos testimonios (fs. 1-6 del expediente), tal como lo preceptúa el artículo 48 de la Ley 135 de Según el recurrente el acto impugnado infringe el artículo 2 de la Ley No.5 de 15 de abril de 1988, los artículo 67, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 104 y 106 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995 y el artículo 356 del Código Fiscal. La primera de estas disposiciones que se considera infringida es el artículo 2 de la Ley Nº5 del 15 de abril de 1988, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 2. Mediante el sistema de concesión administrativa, una persona jurídica o entidad se obliga, por su cuenta y riesgo, a realizar cualquiera de las actividades susceptibles de concesión a que se refiere esta Ley, bajo el control y fiscalización de la entidad concedente, a cambio de una retribución que puede consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación del Órgano Ejecutivo, el primero cobre a los usuarios de tales obras, por el tiempo que se determine en el acto que otorga la concesión, mediante la utilización o enajenación de bienes del Estado a favor del concesionario, incluyendo la facultad de rellenar

3 tales bienes del Estado a favor del concesionario, incluyendo la facultad de rellenar tales bienes, o por cualquier otra forma que se convenga." A juicio de la parte actora la norma transcrita fue quebrantada de forma directa por comisión, toda vez que mediante contrato de Concesión No se le concedió el manejo de dar el servicio y mantenimiento de faros y boyas en los puertos de Panamá y para tal efecto se estableció en la cláusula segunda que tenía el derecho de cobrar por los servicios prestados. Otra disposición que el actor considera como infringida es el artículo 67 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que dispone lo siguiente: "Artículo 67. Disposiciones generales Todo contrato que celebre el Estado se sujetará a las siguientes reglas: 1.Los contratos celebrados en la República de Panamá se sujetarán a las leyes panameñas. 2.En cuanto a su preparación, procedimiento de selección, celebración y aprobación, a las normas contenidas en las leyes orgánicas de la entidad licitante, de existir, y a las disposiciones de esta Ley, y se estimarán actos reparables del contrato, sujeto a su anulación conforme a las normas de procedimiento fiscal y contencioso administrativo. 3.Para poder contratar, se requiere que la persona cuente con el certificado de postor." Sostiene el recurrente que el acto atacado viola directamente por comisión el artículo transcrito, ya que se le ha dejado de pagar el servicio, mediante una comunicación verbal, dejando a Ports Engeneering and Consultants, Corp., en un estado de indefensión ya que no fue notificada legalmente y no se concedieron, de hecho, los recursos legales para poder acudir, agotándose la vía gubernativa, por el silencio administrativo de la autoridad demandada, ante los requerimientos y peticiones de nuestro representado. El artículo 70 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 dice: "Artículo 70. Los medios para el cumplimiento de los fines del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, la entidad contratante tendrá las siguientes potestades: 1Ejercer la dirección general, la responsabilidad del control y la vigilancia de la ejecución del Contrato, con el fin de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación. 2.Pactar las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilateral del contrato.

4 3.Resolver administrativamente el contrato por las causas establecidas en la ley, observando las formalidades en ellas previstas, referentes al reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones, a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas." Indica la recurrente que la norma transcrita fue vulnerada de forma directa por omisión porque se omitieron aplicar las formalidades dispuestas en la referida norma, al decidir de forma unilateral ordenar a los usuarios de los servicios de faros y boyas en los puertos que le pagaran directamente a la Autoridad marítima de Panamá. Otra disposición que se estima conculcada es el artículo 71 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 que dispone lo siguiente: "Artículo 71. La modificación unilateral Si durante la ejecución del contrato, para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no lleguen al acuerdo respectivo, la entidad, mediante acto administrativo, debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios necesarios." Manifiesta la parte actora que la norma en mención fue violada de forma directa por omisión, ya que no existe modificación alguna para cambiar unilateralmente el contenido del contrato de concesión, pues está cumpliendo a cabalidad el contenido del mismo. También se considera infringido el artículo 72 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995: "Artículo 72. La terminación unilateral Sin perjuicio de la resolución administrativa del contrato, prevista en el Capítulo XVII, la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada del contrato, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista deberá ser indemnizado por razón de los perjuicios causados con motivo de la terminación unilateral por la entidad contratante. Para esta terminación excepcional del contrato, se requerirá concepto favorable del Consejo de Gabinete." Afirma la parte actora que la norma transcrita fue violada de forma directa por omisión, toda vez que el contrato está vigente y su cumplimiento es de obligatorio cumplimiento para las partes. De igual forma, se cita como vulnerado el artículo de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995 que señala lo siguiente:

5 "Artículo 74. Cláusulas y condiciones usuales. Las entidades públicas podrán incluir, en los contratos que celebren, los pactos, cláusulas y condiciones usuales, dependiendo de la esencia y naturaleza del contrato y aquellas otras que se consideren convenientes, siempre que no se opongan al interés público o al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de los privilegios y prerrogativas del Estado, los cuales no podrán ser objeto de limitación, negociación o renuncia por la entidad pública. Cualquier condición contraria a esta disposición será nula de pleno derecho." Sostiene la demandante que la norma en mención fue violada de forma directa por omisión porque la Autoridad Marítima de Panamá desconoció los términos y condiciones pactadas en el contrato No Por su parte el artículo 76 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 dispone: "Artículo 76. Modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público. Cuando el interés público haga indispensable la incorporación de modificaciones en los contratos administrativos, se observarán las siguientes reglas: 1.No podrá modificarse la clase y objeto del contrato. 2.Los nuevos costos requerirán las autorizaciones o aprobaciones de acuerdo a su cuantía. 3.Las modificaciones que se realicen al contrato principal formarán parte de éste, considerándose el contrato original y sus modificaciones como una sola relación contractual, para todos los efectos legales. 4.El contratista tiene la obligación de continuar la obra. 5.Las demás condiciones que fije el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro. 6.Se podrá revisar el precio unitario de un renglón o el valor total del contrato, si las modificaciones alteran en un veinticinco por ciento (25%), o más, las cantidades del renglón o el valor total o inicial del contrato respectivamente." Aduce la actora que la norma transcrita fue quebrantada de forma directa por comisión, pues el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá ha alterado unilateralmente el referido contrato, modificando libremente su cláusula segunda, violando ésta norma y otras concordantes que señalan los procedimientos para modificar los contratos, por lo que su orden verbal de no pago, cae en la unilateralidad, la injusticia e ilegalidad, por no ajustarse a la norma citada y a la ley que regula el acto administrativo de contratación pública. El artículo 78 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1997 establece lo siguiente: "Artículo 78. Interpretación y ejecución del contrato.

6 Los contratos celebrados en la República de Panamá se interpretarán y ejecutarán de conformidad con las leyes panameñas. Las controversias que se susciten con ocasión de la interpretación, ejecución o terminación de los contratos, serán de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia." A juicio de la parte actora la norma en mención fue transgredida de forma directa por omisión puesto que se omitió cumplir lo ordenado en el precepto citado, ya que el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá ha anulado el contrato y ha señalado que en su opinión PORTS ENGENEERING AND CONSULTANTS, CORP., no está facultada para facturar directamente a agencias navieras, sin ser la autoridad correspondiente para ello. El artículo 104 de la Ley en mención expresa lo siguiente: "Artículo 104. Resolución del contrato por incumplimiento del contratista. Como causales de resoluciones administrativas, además de las que se tengan por convenientes pactar en el contrato, deberán figurar las siguientes: 1.El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 2.La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extinción del contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que pueda continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural. 3.La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por encontrarse éste en estado de suspensión o cesación de pagos, sin que se haya producido la declaratoria de quiebra correspondiente. 4.La incapacidad física permanente del contratista, certificada por médico idóneo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuere persona natural. 5.La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, o de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. PARÁGRAFO: Las causales de resolución administrativa del contrato se entienden incorporadas a éste por ministerio de Ley, aún cuando no se hubiesen incluido expresamente en el contrato." Indica la actora que la disposición citada fue conculcada de forma directa por omisión porque el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, unilateralmente ha contrariado el precepto citado ya que sin existir causal aplicable, ha dejado de cancelar a PORTS ENGENEERING AND CONSULTANTS, CORP., por el servicio que presta, sin emitir una resolución motivada, lo que le ha causado perjuicios. También se cita el artículo 106 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995 que a la letra dice:

7 "Artículo 106. Procedimiento de resolución. La resolución administrativa del contrato se ajustará a lo establecido en el Artículo 105, con sujeción a las siguientes reglas: 1.Cuando exista alguna causal para la resolución administrativa del contrato, la entidad pública adelantará las diligencias de investigación y ordenará la realización de las actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o acreditar la causal correspondiente. 2.Si la entidad licitante considera resolver administrativamente el contrato, se lo notificará personalmente al afectado o a su representante, señalándole las razones de su decisión y concediéndole un término de cinco (5) días hábiles, para que conteste y, a la vez, presente las pruebas que considere pertinentes. 3.Recibida por el funcionario la contestación, éste deberá resolver haciendo una exposición de los hechos comprobados, de las pruebas relativas a la responsabilidad de la parte, o de la exoneración de responsabilidad de la parte, o de la exoneración de responsabilidad en su caso, y de las disposiciones legales infringidas, resolución que deberá ser comunicada personalmente. Las resoluciones siempre serán motivadas. 4.Contra la resolución administrativa, no cabrá ningún recurso y agotará la vía gubernativa. 5.Las decisiones serán recurribles, en todo caso, ante la jurisdicción contencioso administrativa, a instancia del afectado, de conformidad con las disposiciones de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946 y por el Código Judicial. 6.La decisión que ordena la resolución administrativa del contrato, sólo podrá ejecutarse cuando se encuentre ejecutoriada. 7.Se remitirá, a la Dirección de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, copia autenticada de la resolución administrativa del contrato, a los dos (2) días calendario a partir de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada, para los efectos de lo que dispone la Ley. 8.Las lagunas que se presenten en este procedimiento se suplirán con las disposiciones pertinentes del procedimiento fiscal del Código Fiscal o, en su defecto, del procedimiento civil del Libro II del Código Judicial." Manifiesta la demandante que la disposición en mención fue quebrantada directamente por omisión, pues el Administrador de la Autoridad Marítima ha obviado el procedimiento que la norma citada señala, incumpliendo el mismo cuando es sabido que los funcionarios públicos deben cumplir lo estipulado en las normas y no imponer sus interpretaciones. Finalmente el demandante aduce que se ha quebrantado el artículo 356 del Código Fiscal, el cual es del tenor siguiente:

8 "Artículo 356. El Servicio de Faros y Boyas causará un derecho que se pagará por las naves nacionales y extranjeras que entren a los puertos Nacionales, con sujeción a la tarifa que fija el Órgano Ejecutivo a falta de una Ley Especial. El derecho a que se refiere este artículo se causará cada vez que la nave entre a un puerto nacional y se pagará antes de su salida del mismo. Las Naves Nacionales del servicio de cabotaje, pesca, bolicheras, y las que estén habilitadas para el servicio exterior, pagarán además, una tarifa anual por el uso de estos servicios." Afirma el recurrente que la norma transcrita fue violada directamente por omisión porque de forma verbal y sin que existiera una resolución motivada, la cláusula segunda del contrato que señala que ENGENEERING AND CONSULTANTS, CORP. deberá cobrar por sus servicios una tarifa que nunca podrá ser interior a B/.0.05 por TRB (Tonelaje Registrado Bruto), ha dejado de cumplirse contrariando la norma citada y causándole graves perjuicios económicos a la empresa. II.Intervención de terceros interesados. Mediante providencia de 13 de junio de 1001 (f.235) se admitió a Lloyds TSB Bank Plc. como parte para coadyuvar en la presente demanda. Manifiesta el tercero coadyuvante que el 10 de diciembre de 1998 Lockheed Martin Finance Corporation (LMFC), el Lloyds TSB Bank Plc., Ports Engeneering And Consultants, Corp., Overman de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá, celebraron contrato entre acreedores para facilitar el crédito que necesitaría Ports Engeneering And Consultants, Corp. (PECC), por efecto de sus obligaciones relacionadas con el Contrato de Concesión No Además, del acuerdo bancario PECC y el Lloyds Bank un contrato de servicio por el cual PECC le pagaría a dicho banco un honorario fijo mensual que podrá ser revisado por el banco parcialmente para la administración de las facturas de tarifa que representaran los importes de tarifa adeudados por los deudores de tarifa. Indica dicha institución bancaria que por medio de Convenio o instrumento de Cesión de 25 de enero de 1999 Ports Engeneering And Consultants, Corp. cedió, transfirió y traspasó a Lloyds TSB Bank Plc. y a Lockheed Martin Finance Corp., todas las sumas de dinero pagaderas o por cobrar de facturas de tarifas y ganancias de ésta, cuyas sumas serán fuente de repago principal para pagar a los acreedores a prorrata de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo entre acreedores firmado entre Lockheed Martin Finance Corporation (LMFC), el Lloyds TSB Bank Plc., Ports Engeneering And Consultants, Corp., Overman de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá fechado 10 de diciembre de1998. De igual forma, a través de la providencia de 2 de mayo de 2002 (f.766) se admitió como tercero coadyuvante a OVERMAN DE PANAMÁ quien señala que la orden de no pago le ha causado graves perjuicios y van en contravención directa con el Contrato No En su escrito señala el apoderado judicial de OVERMAN DE PANAMÁ que en el proceso civil interpuesto por PORTS ENGENEERING AND CONSULTANTS en

9 contra de MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL que esta última declara que efectivamente el señor Jerry Salazar le ordenó que no le pagara a PECC, lo cual prueba la existencia de la orden por parte de la Autoridad Marítima de Panamá y, además, dicha autoridad ha recibido de MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL, sin objeción alguna, los dineros cobrados en concepto de faros y boyas a los barcos que atracan en MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL y COLON CONTAINER TERMINAL y no ha remitido dichos dineros a la empresa concesionaria. Por otro lado, de foja 274 a 289 del expediente reposa un escrito de apelación contra el auto de 22 de septiembre de 2000 que admite la presente demanda contencioso administrativa de nulidad, el cual fue presentado por el licenciado Rodrigo Sánchez, quien comparece como parte en el proceso, que señala que la presente demanda no debió admitirse, pues como la parte actora pretende el restablecimiento de derechos subjetivos, entre ellos, que se ordene a la Autoridad Marítima de Panamá a cancelar las sumas cobradas por el servicio de faros y boyas, lo que debió interponerse fue una acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción y no de nulidad que tiene por objeto restablecer el orden jurídico vulnerado. Cabe destacar que el resto de los Magistrado que integran la Sala Tercera, mediante Resolución de 14 de marzo de 2002, confirmó el auto de 22 de septiembre de 2000, ya que el recurso de apelación impetrado por el licenciado Rodrigo Sánchez se presentó cuando la oportunidad procesal para ello había precluído con la ejecutoria de la referida resolución de 22 de septiembre de 2000, la cual fue notificada a la señora Procuradora de la Administración el día 25 de octubre del mismo año, es decir, casi dos meses antes de que la apelación fuese instaurada. Por lo tanto, es necesario resaltar que el resto de los Magistrados que integran la Sala nunca examinó si la demanda era o no admisible por razón del defecto indicado por el tercerista impugnante, pues el recurso había sido interpuesto de forma extemporánea. III. El informe de conducta del Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. Mediante la Nota NºADM LEG de 2 de octubre de 2000 (fs ) rindió su informe de conducta en el que señala que la demanda de nulidad fue mal planteada, pues la recurrente pide que se le satisfagan las pretensiones que reclamara para sí y si es así lo que correspondía era una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. También indicó que se le imputa falsamente haber impartido una orden verbal que ni siquiera impartió, toda vez que en ese momento no era Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá y lo único que hizo fue compartir a posteriori la opinión jurídica de Manzanillo International Terminal sobre la inconsistencia entre la Ley 31 de 1993 y las acciones tomadas por Manzanillo International Terminal sobre sus propias conclusiones legales. Añade que por esta razón el actor no pudo acreditar la existencia de la pretendida orden verbal, lo cual prentende hacer PECC con testimonios que presentan y que son contrarios a las propias afirmaciones hechas por la misma PECC en los hechos que afirma en su demanda. Agrega que si bien es cierto que junto con la demanda acompañó dos declaraciones rendidas ante Notario Público, tales testimonios no acreditan, no abonan lo que se afirma al respecto en la demanda y, además, dichas declaraciones se basan en hechos del que dicen tener conocimiento por haberlo oído de otros.

10 De igual forma, indica que el hecho que se le imputa, de haber existido, ya se ejecutó, es decir, que se cumplió desde el 7 de octubre de 1999, por lo que la acción ante la Sala Tercera perscribió. IV.La Vista de la Procuradora de la Administración. Cabe destacar que tanto la Produradora de la Administración como sus suplentes se manifestaron impedidos para conocer el presente negocio y la Sala Tercera declaró que los mismos eran legales (fs , , ), razón por la cual fue llamado el Fiscal Auxiliar de la República para que conociera de la misma y emitiera la vista fiscal. El Fiscal Auxiliar de la Repúbica, por medio de la vista No. 215 de 15 de mayo de 2001, señaló que la presente demanda debe ser negada y, por consiguiente, rechazada por los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dicho funcionario indica que la supuesta violación de las Leyes No.5 de 1988, No.56 de 1995 y los Contratos No.31 de 1993 y No , por comisión u omisión no se observa del estudio de las diferentes piezas procesales. Agrega que lo que se observa es que la parte actora interpuso la demanda como de nulidad, pero que, a su juicio, esta demanda debió ser interpuesta como de plena jurisdicción y, por lo tanto, prescribió su término de presentación. También señala el Fiscal Auxiliar que fueron los propios usuarios quienes optaron por pagar a la Autoridad Marítima de Panamá y, por lo tanto, no es imputable al Administrador de la Autoridad Marítima la decisión unilateral de realizar los pagos directamente y, además, esos pagos por imperio de la ley debieron realizarse a la Autoridad Marítima de Panamá, tal como lo establece el Contrato Ley con la Nación. Agrega que estamos ante una grave violación de la jerarquía de las leyes, pues el contrato de servicios administracivos que presta PECC, no puede pasar por encima de las normas de un Contrato Ley con la Nación, como lo es el No.31 de Finalmente, manifiesta que las pruebas testimoniales presentadas para acuerpar la demanda no llenan los requisitos que establece el Código Judicial porque son testimonios de oídas. V. Decisión de la Sala. Una vez cumplidos los trámites correspondientes, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones. El acto administrativo impugnado lo constituye la orden verbal de hacer emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. Dicha orden verbal fue acreditada por la actora mediante las declaraciones notariales juradas (fs. 2 a 6 del expediente) de Miguel Antonio Ulloa Beluche (rendida el 29 de mayo de 2000) y Magali Esther Cruz de George (rendida el 11 de julio de 2000), quienes señalaron que empleados de las empresas marítimas como Manzanillo International Terminal y Colon Container Terminal, les comunicaron que le estaban efectuando los

11 pagos a la Autoridad Marítima de Panamá, pues habían recibido requerimientos para tal fin de la jefa de facturación de la Autoridad Marítima de Panamá. Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, la Sala considera que la presente acción no debió ser tramitada como una demanda de nulidad, sino que correspondía a la parte actora impugnar la orden verbal de hacer emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, ya que esta clase de acción permite el restablecimiento del derecho subjetivo que se considera lesionado por el acto o contrato administrativo en cuestión. Ello es así, por cuanto el objeto de la demanda contencioso administrativa de nulidad es el de impugnar la legalidad de acto de carácter general, protegiendo dicha legalidad desde un punto de vista objetivo, en vías de preservar el orden jurídico abstracto. En el caso que nos ocupa la Sala observa que la orden verbal de hacer emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá que presuntamente le causa un agravio a los intereses de PORTS ENGENEERING AND CONSULTANTS, CORP. (PECC), no es un acto de carácter general que afecte intereses de tipo generales y abstractos, sino un acto de carácter particular que afecta intereses subjetivos del demandante y que, en consecuencia, debió ser impugnado a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. De conformidad con la jurisprudencia constante y reiterada de la Sala en esta materia, no procede acceder a la solicitud de la parte actora, como así lo ha expresado en fallos anteriores, entre los cuales citamos parte de la siguiente sentencia que establece claramente las diferencias: "19. LOS RECURSOS DE NULIDAD Y DE PLENA JURISDICCION. SUS DIFERENCIAS CARACTERISTICAS. "El recurso de nulidad puede proponerse únicamente contra actos de la administración, tales como Decretos, Resoluciones, Acuerdos y Resoluciones que contemplen situaciones generales. El contencioso de plena jurisdicción puede proponerse contra actos administrativos que afecten o vulneren derechos subjetivos. La "acción popular" puede ejercerla cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera; la de plena jurisdicción pueden proponerla las personas afectadas por el acto. La primera puede ejercitarse en cualquier tiempo; la segunda, sólo dentro de los dos meses siguientes a la publicación, notificación o ejecución del acto. En la demanda de anulación sólo cabe pedir la declaratoria de ilegalidad del acto acusado; en la de plena jurisdicción cabe con la declaratoria de ilegalidad pedir, a la vez, las prestaciones a que se aspira. La sentencia que le pone fin al recurso de nulidad, se limita a declarar la ilegalidad o legalidad del acto acusado; la sentencia que decide el recurso de plena jurisdicción, llamado también acción privada, declara nulo el acto acusado con la

12 finalidad de restablecer el derecho vulnerado. De todo ello se sigue que el recurso en que se pidió no sólo la ilegalidad del acto, sino también la indemnización o reparación de los daños que el acto ha ocasionado o pueda ocasionar, configura el recurso de plena jurisdicción; "la acción popular", en cambio, está limitada a obtener la declaratoria de ilegalidad del acto, con lo cual se restablece el orden jurídico.(v. Sentencia de 6 de septiembre de "Repertorio Jurídico." Año No. 9. Abril - Diciembre. Página 621). (MORGAN, Eduardo- Los Recursos Contencioso Administrativos de Nulidad y de Plena Jurisdicción en el Derecho Panameño. Talleres Gráficos. Centro de Impresión Educativa. Panamá p. 290." Por estas razones, la Sala opina que no debió dársele curso a la presente demanda al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943 y luego de ponderadas las especiales circunstancias del caso, considera que una vez tramitada, lo correspondiente es declararla no viable, en razón de la improcedencia de impugnar el acto en cuestión a través de la acción de nulidad, por no ser esta la clase de demanda que debió escoger el actor para ventilar su pretensión. Con esta decisión queda sin efecto la medida cautelar provisional tomada mediante el auto de 15 de septiembre de En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, actuando en nombre y representación de PORTS ENGENEERING AND CONSULTANTS, CORP., para que se declare nula, por ilegal, la orden verbal de hacer emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, relacionada al no pago del servicio de utilización de faros y boyas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, VICTOR L. BENAVIDES P. WINSTON SPADAFORA FRANCO.- ADÁN ARNULFO ARJONA L. JANINA SMALL.-Secretaria