TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Via Laietana, 56, 3a. planta

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1 NOTIFICADO: 30/07/13 FINE: N/REF: S/REF.: 6 BAR-F.P 2610 LETRADO: MONTSERRAT ESCODA MILA VIA LAIETANA 16 6 JDO: TSJC Nº 4 DE BARCELONA AUTO: 204/12 COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUN Contra AJUNTAMENT DE BARCELONA JAUME GUILLEM I RODRIGUEZ Procurador dels Tribunals TEL.: FAX: BALMES 62 PRAL.1ª BARCELONA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Via Laietana, 56, 3a. planta Recurso de apelación 204/2012 Sección: APELACIÓN Parte apelante: COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA. Representante de la parte apelante: JAUME GUILLEM RODRIGUEZ Parte apelada: AJUNTAMENT DE BARCELONA Representante de la parte apelada: JESÚS SANZ LÓPEZ ILMOS/A. SRES/A.: Presidente: D. Eduardo Barrachina Juan Magistrados/a: D. Joaquin Borrell Mestre D. Luis Fernando Gómez Vizcarra En Barcelona, a 29 de julio de Dada cuenta; y AUTO ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- Por la representación de la parte apelada se formula incidente de nulidad de actuaciones, del que se dió el oportuno traslado a la parte contraria con el resultado que es de ver en autos. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Con fecha 28 mayo 2013 se dictó por esta Sala la Sentencia número 632/2013, de 28 mayo, por la que se estimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la CONC-CCOO contra la sentencia número 63/2012, de 1 de marzo, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona y se anuló la comunicación del Gerente de Recursos Humanos y Organización del Ayuntamiento de Barcelona, en respuesta a la reclamación formulada al Alcalde del Ayuntamiento por la parte actora, sobre el incremento del 1% adicional en los ejercicios de la masa salarial bruta de la plantilla del personal funcionario debiendo en consecuencia la Administración demandada efectuar dicho incremento para los ejercicios

2 Por don Jesús Sanz López, Procurador de los Tribunales y del Ayuntamiento de Barcelona de conformidad con lo establecido en el artículo 241 de la LOPJ, relacionado en lo menester con lo que dispone el artículo 44.1.a de la LOTC, se formula demanda de incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia número 632/2010 a la que se hecho referencia dictada en el Rollo de apelación número 204/2012. Entiende el demandante que dicha sentencia lesiona directamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, especialmente en el aspecto del derecho a una sentencia cuya motivación sea coherente con la decisión. Destaca que la sentencia de apelación contiene una decisión cuyo sentido resulta totalmente contradictorio con la motivación previamente expresada por la propia Sala y no aporta crítica argumental hacia los postulados de la motivación de la sentencia de primera instancia que revoca. Asimismo considera que la mencionada sentencia impugnada conculca de forma grave el principio de igualdad a que se refiere el artículo 14 CE por la vía de dar lugar a una interpretación de la normativa de la que se deriva el tratamiento igualitario de situaciones intrínsicamente desiguales, privilegiando en forma arbitraria e injustificada los derechos retributivos de determinados funcionarios por razón exclusivamente del ente público del que dependen y a cargo de los presupuestos de este ente, que en el caso concreto es el Ayuntamiento de Barcelona. Subraya que la sentencia de apelación afecta desigualmente a diferentes grupos de funcionarios que se encuentran sometidos al régimen retributivo general, en el sentido que supone, dentro de este único régimen retributivo general, privilegiar a unos determinados grupos de funcionarios otorgándoles el derecho diferencial a percibir mejoras retributivas adicionales al 100% del Complemento Específico mensual en las dos pagas extraordinarias, derecho que en cambio resulta negado al resto de funcionarios del régimen retributivo general, los cuales y por el hecho de que no cobraban el 100% del Complemento Específico mensual, en las dos pagas extraordinarias, se ven injustificadamente discriminados con la privación de mejora retributiva alguna adicional a la percepción de este 100% del Complemento Específico mensual. Las razones de esta desigualdad de trato entre funcionarios sometidos al mismo régimen general de retribuciones no se apoyan en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con los criterios juicios de valor generalmente aceptados y mucho menos cuando suponen para estos funcionarios privilegiados incrementar el Complemento Específico de sus dos pagas extraordinarias hasta alcanzar valores superiores al 100% de la que les corresponde en función del puesto de trabajo, con el consecuente aumento del gasto público no justificable por razones de equidad y eficiencia en la asignación de recursos. Solicita a la Sala que se declare la nulidad de la sentencia número 632/2003, de 28 mayo 2013 dictada por esta Sección en el rollo de apelación número 204/2012; que se ordene reponer las actuaciones del referido recurso al momento inmediatamente previo al dictado de la sentencia declarando la nueva; y que se ordene dictar una nueva sentencia de apelación en la que se cumplan los requisitos de motivación exigidos desde el punto de vista del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguidamente se pronuncie una nueva decisión que resulte coherente con la motivación previa y también con los postulados exigidos por el derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Don Jaume Guillen Rodriguez, Procurador de los Tribunales y de la COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CONC -CCO) se opone a las pretensiones

3 del Ayuntamiento de Barcelona. Destaca que según el artículo de la LOPJ no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Indica que la Administración en este incidente insiste en los mismos argumentos que expuso en la contestación de la demanda y en su escrito de oposición al recurso de apelación, intentándolo sin ningún tipo de causa. Lo anterior se acredita porque toda la primera parte de su escrito la dedica a desvirtuar la sentencia de la Sala que estima el recurso de apelación interpuesto por la actora. Y recuerda que ambas partes ya tuvieron ocasión de defender sus intereses y sus argumentaciones tanto fácticas como jurídicas en el momento de formular sus escritos de demanda y de contestación y posteriormente en los de interposición del recurso de apelación y oposición al mismo. Añade que la Administración, aunque alegue la falta de coherencia y de motivación adecuada y suficiente de la sentencia cuya anulación pretende, lo que en realidad efectúa es una crítica de la sentencia propia de un recurso y no del incidente de nulidad interpone. Así ante una sentencia que no es conforme a sus intereses y dado que no tiene otra posibilidad de recurso intenta la nulidad de actuaciones. Mantiene que la sentencia cuya nulidad se pretende es coherente y motivada y que no vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. No existe incoherencia por cuanto acepta los argumentos de la parte apelante que habían sido desarrollados en la demanda y que no fueron acogidos por la sentencia de instancia, de ahí la censura jurídica de la sentencia de instancia. En definitiva la Administración no ofrece ningún motivo que acredite que se ha producido una nulidad de actuaciones, sino que pretende obtener un pronunciamiento nuevo e idéntico de la sentencia de instancia, sentencia que por otra parte se apartó del criterio mantenido por la Sala del Tribunal Superior de Justicia que constató en Apelación que dicha sentencia de instancia no había aplicado correctamente el Ordenamiento jurídico en base a los hechos y fundamentos jurídicos expuestos en la demanda. Recuerda que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la tutela judicial efectiva se otorga y garantiza por los Tribunales, tanto si se dicta un pronunciamiento a favor como en contra de la pretensión deducida por las partes litigantes. Entiende que la sentencia de apelación tampoco vulnera el derecho fundamental a la igualdad ante la ley del artículo 14 de la CE. Afirma que la Administración considera que la resolución judicial supone dar un trato diferenciado al personal funcionario y privilegiar a un determinado grupo de funcionarios que no identifica, cuestión ésta que es claramente propia del fondo del asunto y no susceptible de la solicitada nulidad de actuaciones. Manifiesta que la vulneración del principio de igualdad se podría predicar si, en la tramitación procesal se hubiera producido esta, de manera que se hubiese beneficiado a una parte en detrimento de la otra, produciéndose una desigualdad en los medios de defensa. Ahora bien, invoca la desigualdad por el hecho que la decisión judicial, a exclusivo criterio de la Administración, supone una distinción entre los colectivos de funcionarios y tal argumento no ampara tampoco este incidente de nulidad de actuaciones. Solicita que se inadmita el presente incidente de nulidad actuaciones promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, con imposición de costas.

4 SEGUNDO.- El artículo de la LOPJ dispone que "1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración del derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario..." Del tenor literal del artículo citado se desprende que se trata de un incidente excepcional y subsidiario que constituye un remedio para aquellos casos en que la nulidad radical, por el momento en que se produjo el vicio que la causó, no haya podido ser declarada de oficio ni denunciada por vía de recurso, tratándose sin embargo de defectos graves generadores de innegable indefensión. Se trata pues de un procedimiento extraordinario pensado para prestar tutela frente a cualquier vulneración de los derechos fundamentales mencionados en el artículo 53.2 CE, y que no se puede concebir como una tercera instancia contra la sentencia definitiva recaída en autos. Así pues en este incidente no se puede discutir la posible incorrección de la sentencia impugnada más que por la causa y con los requisitos establecidos en el artículo LOPJ invocado por la recurrente. Nos hallamos ante un proceso que constituye un amparo judicial general de los derechos fundamentales es decir: del principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la CE y de los derechos reconocidos en la Sección primera del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 29), más el derecho de objeción de conciencia al servicio militar, previsto en el artículo 30.2 CE. Como requisitos se exigen que la posible vulneración de tales derechos no haya podido denunciarse antes de recaer la resolución que ponga fin al proceso, así como que la resolución del proceso no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario, resultando además improcedente un incidente de nulidad de actuaciones en el que se pretendan plantear nuevamente las vulneraciones de derechos fundamentales que hayan sido objeto de debate en el proceso previo. Y como hemos señalado antes en este proceso no se pueden sustentar cuestiones distintas de la lesión de alguno de aquellos derechos fundamentales pues su finalidad no consiste en una nueva revisión completa de lo aportado en el proceso sino en los aspectos determinados que son objeto de denuncia por el recurrente porque en definitiva este incidente excepcional no puede servir de medio de expresión de argumentos que fueron tenidos en cuenta en la sentencia cuya nulidad se pretende. Por ello no entraremos aquí a examinar las críticas que sobre el fondo del asunto efectúa la recurrente, más que en aquéllos aspectos que son necesarios para resolver el incidente. TERCERO.- A) La novedad de la Ley Orgánica 6/2007 consiste en que extiende el ámbito del incidente de nulidad actuaciones a la tutela no sólo de derechos y garantías procesales derivados de la Constitución, sino también de todos los derechos fundamentales sustantivos indicados por el artículo 53.2 CE. B) De entrada conviene destacar que en general el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige la congruencia de las sentencias. Cuando se da una respuesta

5 judicial de fondo el artículo 24.1 CE garantiza una respuesta a las pretensiones ejercitadas y asimismo garantiza que el órgano judicial no se pronuncie en la sentencia sobre una cuestión que no haya sido objeto de un debate contradictorio entre las partes. Desde el punto de vista constitucional la necesaria congruencia se justifica por la falta de respuesta, la falta de tutela que pueda conllevar la incongruencia omisiva y por la indefensión que, en su caso, determine la incongruencia extra petita. La doctrina del Tribunal Constitucional admite una respuesta genérica a las pretensiones de las partes aunque la sentencia en cuestión no se pronuncie sobre todas las alegaciones concretas e incluso admite una falta de respuesta siempre que el silencio judicial pueda razonablemente ser entendido como una desestimación tácita. En este caso para ser admisible se requerirá que del conjunto de los razonamientos de la resolución judicial se deduzca razonablemente que el órgano judicial ha valorado la pretensión que se afirma sin respuesta, así como los motivos que sustentan y fundamentan una tácita respuesta de la misma. Por su parte el artículo CE exige la motivación de las sentencias, con fundamento en el Estado de Derecho, donde los órganos judiciales han de la razón del Derecho interpretado y aplicado. Se precisa pues una resolución fundada en derecho. El Tribunal Constitucional ha afirmando que resulta indiferente la extensión de la motivación y admite la suficiencia de ésta por remisión a otras sentencias. Al igual que la exigencia de congruencia de la sentencia, la cuestión relativa a la suficiencia de motivación ha de resolverse en cada caso. Concretamente, se ha llegado a admitir una respuesta de plantilla, válida para resolver cualquier tipo de pretensión (sobre todo útiles para resolver recursos) sin ningún tipo de concreción o individualización relativa al supuesto hecho que resuelven, y sin que en la fundamentación jurídica existan referencias concretas que permitan singularizar su razonamiento como referido específicamente al caso enjuiciado. Por otra parte tutela judicial sólo puede satisfacer las exigencias constitucionales si aparece revestida de caracteres mínimamente razonables. Ello permite comprobar si la respuesta contenida la sentencia cumple con las exigencias mínimas de ausencia de irrazonabilidad (STC 164/dos, 17 septiembre) y de arbitrariedad, inherentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Respecto a la indefensión la doctrina constitucional exige que además de ser cierta e imputable al órgano judicial, para ser constitucionalmente relevante, ha de determinar un perjuicio para el que la afirma y no ser imputable al mismo. La indefensión, en términos constitucionales exige que la misma haya tenido incidencia en el fallo. C) la cuestión que se ha suscitado en el pleito finalizado por la sentencia de apelación 204/2013, de 28 de mayo, es estrictamente jurídica pues trata de dilucidar si como sostenía la parte apelada, el incremento de la masa salarial del 1% (en cada uno de los ejercicios referidos) para aumentar el Complemento Específico en las pagas extraordinarias ha de interpretarse en el sentido de que sólo es aplicable en aquellos casos en que no se haya incluido ya el 100% citado complemento o si, por el contrario, como sostiene CCOO y acepta la sentencia de apelación, ha de

6 aplicarse también a aquellos casos en que las Administraciones públicas ya hayan incluido en la citada paga el 100% del citado Complemento Específico. Sobre esta cuestión jurídica ya se había pronunciado en otros casos sustancialmente iguales y referidos a otros Ayuntamientos esta propia Sala y Sección. Así en las sentencias números 1074/2011, de 11 octubre 2011; 745/2012 de 20 junio 2012; 1323/2012, de 30 noviembre 2012; 424/2013, de 11 abril 2003, y 133/2012, de 7 mayo de En estas sentencias así como en la sentencia 632/2013, de 28 mayo 2013, con la única excepción de la número 745/2012 (citada en su escrito por la recurrente), esta Sección ha mantenido idéntica interpretación. Ha tenido en cuenta el Acuerdo de la Mesa de negociación de las Administraciones Públicas de medidas retributivas que afirma que "los aumentos retributivos aprobados relacionados con la percepción progresiva de las pagas extraordinarias del complemento específico, no podrán ser compensados o absorbidos por mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previos y, por tanto generarán un derecho a percibir los incrementos en cuantía total". Y partiendo que de forma expresa se menciona que no cabe la compensación o la absorción entiende que esto se confirma en la Ley de Presupuestos cuando se dice que "estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes administraciones públicas en el marco de sus competencias". A la vista de lo anterior esta Sección ha considerado que la interpretación gramatical no ofrece dudas pues de forma expresa el Acuerdo menciona que no pueden ser objeto de compensación o absorción (es decir que no se admite neutralizar) los incrementos salariales que se produzcan. Asimismo ha destacado que la referencia a la expresión "al margen" impide la posibilidad de aplicar técnicas de compensación y absorción salarial. Finalmente y aún reconociendo que el aumento del 1% tiene una función finalista en aras a alcanzar un objetivo de equiparación de las 14 pagas al 100% de la masa salarial (por masa salarial se entienden todas percepciones salariales, esto es, tanto la retribución por salario base como la de complementos) destaca que el legislador fruto de los Acuerdos alcanzados, era consciente de que en algunos Municipios esta finalidad había sido asumida y aún así consideró que en estos casos no cabía la técnica neutralizadora, por lo que admitía que el aumento del 1% anual se debe llevar a cabo, incluso en aquellos municipios que ya abonaban las 14 pagas en un 100% de los complementos y que no entenderlo así implica una infracción de la Ley de Presupuestos. A la vista de lo que hemos expuesto consideramos que el criterio de esta Sección sobre la cuestión controvertida es claro y reiterado y se encuentra explicitado además de en la sentencia objeto de impugnación, en otras cuatro sentencias. Únicamente y sin explicar las razones esta Sección se apartó del criterio expuesto en la segunda Sentencia dictada sobre la cuestión que lleva el número 745/2012 (citada en su escrito por la recurrente). No consta por otra parte que ninguna de las sentencias dictadas fufera objeto de recurso de casación pra unificación de doctrina. D) Esta Sección al dictar en apelación la sentencia número 632/2013, de 28 mayo de 2013, valoró los argumentos recogidos en la sentencia número 63/2012 de 1 de marzo de 2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona, que aún conociendo el criterio de esta Sección, efectuó una

7 interpretación de la normativa aplicable desestimando la pretensión de la actora y acogió los argumentos esgrimidos por la parte demandada. No se trataba en este caso en el recurso de apelación de discutir en concreto todos los argumentos de la sentencia de instancia, que eran los mismos o similares a los utilizados por la demandada y que ésta en su momento procesal ya había expuesto durante el procedimiento, sino de aplicar unos criterios consolidados al menos en cuatro sentencias, por esta Sección respecto a la cuestión debatida y que coinciden con los expuestos por la parte actora. Ambos argumentos (los de la actora y los de la parte demandada), eran bien conocidos por las dos partes y por este Tribunal, que finalmente ha adoptado frente a la cuestión suscitada aquella interpretación de la normativa aplicable que consideró ajustada a derecho y más acorde con la voluntad del legislador, y que ha desestimado tácitamente la interpretación efectuada por la juez a quo. Tampoco era procedente en la apelación que la sentencia discutiera los argumentos contenidos en sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia. Al contener el fallo de la sentencia un pronunciamiento favorable a las pretensiones de la actora y al estar fundamentada en derecho dicha decisión judicial, en la interpretación que se explicita en la propia sentencia, puede afirmarse que la ésta es congruente y que está motivada. En consecuencia entendemos que no se ha producido la violación del derecho fundamental del artículo 24 CE que ha alegado el Ayuntamiento de Barcelona. CUARTO.- A) El artículo 14 de la Constitución española consagra la igualdad como principio y como derecho de la persona, sin perjuicio de que la igualdad también aparezca recogida en otros artículos del texto constitucional (por ejemplo 1.1, 23.2, 31, 32, 39.2, 68.1, 69.2, 130.1, ). La igualdad ha de valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del ámbito de relaciones en que se proyecta (STC 209/1998, de 10 noviembre) y tal valoración no puede realizarse en abstracto sino referida a situaciones fácticas o relaciones jurídicas concretas y supone no sólo la prohibición de discriminación sino también un mandato de tutela antidiscriminatoria que la jurisprudencia constitucional ha conectado con el artículo 9.2 CE. El primer inciso del artículo 14 CE consagra la igualdad ante la ley en referencia no sólo a la eficacia general de la ley, sino también a su contenido. No se trata solamente de una exigencia a la forma externa del mandato legal sino también a su contenido jurídico material como mandato legislador que va más allá de la realización de la legalidad. La jurisprudencia constitucional, pese a que el texto constitucional haya utilizado un término clásico "ante la ley", ha aceptado desde un primer momento, la utilización del parámetro de la igualdad para examinar la constitucionalidad del contenido de las leyes, o sea la igualdad en la ley y el sometimiento de todos los poderes públicos incluido el legislador al principio de igualdad. En este caso la igualdad es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva razonable. Asimismo la igualdad como concepto relativo y relacional requiere elementos de comparación entre las situaciones, lo que depende también de la perspectiva desde

8 la que se establezca la comparación, cuáles sean las notas o características a tener en cuenta para equiparar situaciones o establecer diferencias, o, lo que es lo mismo determinar cuándo dos situaciones son equiparables, cuando sus similitudes deben predominar sobre sus diferencias. Pero el mandato de igualdad no sólo se dirige a los poderes públicos legisladores, sino también a los poderes públicos en el momento de aplicación de las normas jurídicas, lo que se ha venido en llamar igualdad en la aplicación de la Ley que supone que los poderes públicos están obligados a aplicar de igual modo la misma norma a supuestos equiparables, exigiéndose aquí también la razonabilidad de la diversidad de trato frente a un mismo mandato jurídico que ha de ser aplicado por el operador jurídico sea este la Administración, sea el Órgano Judicial, sin distinción de personas. No puede haber diferencias de trato entre justiciables en situaciones comparables. Para que se dé la vulneración del principio de igualdad es preciso que las resoluciones contradictorias provengan del mismo órgano judicial; que los supuestos en ellas resueltos guarden entre sí una identidad sustancial; y que la resolución en que se produce el cambio de criterio que se recurre, no ofrezca fundamentación adecuada que justifique dicho cambio, a fin de excluir tanto la arbitrariedad como la advertencia del mismo por los justiciables. Para poder comprobar la lesión es preciso: la acreditación de un tertium comparationis, pues el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial dictadas en casos sustancialmente iguales en forma contradictoria. Los supuestos de hecho enjuiciados deben ser, así pues, sustancialmente iguales en todos los casos, siendo iguales entre sí se puede efectivamente pretender que la solución dada por uno deba ser igual a la del otro; la identidad de órgano judicial, no sólo de la Sala, sino también de la Sección, al considerarse cada una de estas como órgano jurisdiccional con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación de la Ley; la existencia de alteridad en los supuestos contrastados es exigible en todo alegato de desigualdad en la aplicación de la ley "la referencia a otro, no cabiendo la comparación del justiciable consigo mismo; la inexistencia de motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio bien lo sea para separarse una línea doctrinal previa y consolidada bien lo sea con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual. El tratamiento desigual ha de concretarse en la quiebra injustificada del criterio aplicativo consolidado y mantenido hasta entonces por el órgano jurisdiccional o de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició (SSTC 54/2006 del 27 febrero Sala primera; , de 30 enero Sala segunda). El cambio de criterio es legítimo cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas que excluyan todo significado de resolución ad personam (STC 117/2004, de 12 julio), sin que sea legítimo el cambio si constituye tan sólo una ruptura ocasional en una línea que se viene manteniendo con normal uniformidad antes de la decisión divergente o se continúa con posterioridad (STC 201/2001 de 15 octubre).

9 En colusión lo que prohíbe el principio de igualdad en la aplicación de la ley es el cambio irreflexivo o arbitrario, una ruptura ocasional en la línea precedente, pero el cambio será legítimo cuando sea razonado, razonable y con vocación de futuro; esto es destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas. B) de lo actuado en estos autos no se desprende que se haya vulnerado el principio de igualdad al que se refiere el artículo 14 CE. En primer lugar como hemos indicado antes esta propia Sala y Sección ya se había pronunciado sobre esta cuestión jurídica en otros casos sustancialmente iguales aunque referidos a otros Ayuntamientos. Así en las sentencias números 1074/2011, de 11 octubre 2011; 1323/2012, de 30 noviembre 2012; 424/2013, de 11 abril 2003, y 133/2012, de 7 mayo de La sentencia que ahora se impugna adopta idéntica solución fundada en la misma interpretación que figura en aquellas. Únicamente y sin motivar las razones se apartó del criterio expuesto la segunda sentencia que se dictó sobre la cuestión debatida 745/2012, de 20 junio 2012 lo que constituye una ruptura ocasional en la línea adoptada por esta Sección. Por otra parte no consta que ninguna de las anteriores sentencias dictadas por esta Sección hubieran sido objeto de recurso. No puede pues afirmarse que haya existido una diferencia de trato en la aplicación de la ley por parte de esta Sección. Tampoco compartimos que desde el punto de vista constitucional la sentencia que se impugna haya incidido en lesión del derecho fundamental a la igualdad ante la ley. No ha quedado acreditado la circunstancia de que la sentencia de apelación haya dado un trato diferenciado a un determinado grupo de funcionarios, que por cierto no se identifica, distinguiendo entre los colectivos. La sentencia se ha limitado a interpretar la normativa vigente y a exigir su cumplimiento en sus términos precisos y tal como lo ha interpretado de acuerdo con la voluntad del legislador. QUINTO. -Por todo lo expuesto procede desestimar íntegramente el presente incidente de nulidad e imponer las costas a la parte que lo promovido. VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA: DENEGAR el presente incidente de nulidad de actuaciones e imponer las costas al Ayuntamiento de Barcelona que lo ha promovido. Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno ante este Tribunal, en virtud de lo establecido en el art de la LOPJ. Así lo acuerdan y firman los Illmos/as. Sres./as Magistrados anotados al margen, de todo lo cual yo el/la Secretario Judicial doy fe.

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