DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2012

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1 DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEPENDENCIA: FISCALÍA CUARTA DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LAS SALAS DE CASACIÓN Y SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 2.- TIPO DE DOCTRINA: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES) 3.- TEMA: EXEQUÁTUR DE SENTENCIA DE DIVORCIO. CITACIÓN DEL DEMANDADO 4.- MÁXIMA LA CITACIÓN DEL DEMANDADO Y EN CONSECUENCIA EL INICIO DEL JUICIO, SE PRODUJO PRIMERO ANTE LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS, EN LOS CUALES SE ENCUENTRA PENDIENTE EL JUICIO DE DIVORCIO INCOADO POR LA CIUDADANA NAJIA BEL HAJ, CONTRA EL CIUDADANO MOHAMED BEROUAYEL. POR LO QUE ESTIMA ESTA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE EN EL CASO EN COMENTO, NO SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, EN VIRTUD DE LO CUAL, NO DEBE CONCEDÉRSELE FUERZA EJECUTORIA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, A LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE TAOUNATE, REINO DE MARRUECOS, EN FECHA 2 DE JULIO DE POR TANTO, QUEDANDO DETERMINADO QUE EL DOMICILIO TANTO DEL DEMANDANTE COMO EL DEMANDADO SE ENCONTRABA EN EL ESTADO MONAGAS, DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DONDE EFECTIVAMENTE FUE INTERPUESTA LA DEMANDA DE DIVORCIO, INCOADA POR LA CIUDADANA NAJIA BEL HAJ, CONTRA EL CIUDADANO MOHAMED BEROUAYEL, ANTE EL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, AUNADO AL HECHO QUE DICHA DEMANDA SE PROPUSO CON ANTERIORIDAD A LA ACCIÓN PRESENTADA EN EL REINO DE MARRUECOS, ASÍ COMO, LA CITACIÓN SE PRODUJO CON ANTELACIÓN A LA SENTENCIA CUYA FUERZA EJECUTORIA SE RECLAMA, POR LO QUE QUIEN SUSCRIBE, CONSIDERA QUE EL PODER JUDICIAL VENEZOLANO TIENE JURISDICCIÓN, EN RAZÓN DEL CRITERIO ATRIBUTIVO DE JURISDICCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 754 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 140-A DEL CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO. RAZONES POR LAS CUALES OPINA ESTA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE NO DEBE CONCEDÉRSELE FUERZA EJECUTORIA A LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA 2 DE JULIO DE 2009, POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TAOUNATE, REINO DE MARRUECOS, TODA VEZ NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 4 Y 6 DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, EN VIRTUD DE QUE EL JUZGADO PRIMERO DE TAOUNATE, REINO DE MARRUECOS, NO TENÍA JURISDICCIÓN PARA CONOCER DE LA CAUSA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA JURISDICCIÓN, TODA VEZ QUE LOS TRIBUNALES QUE TIENEN JURISDICCIÓN SON LOS VENEZOLANOS,

2 AUNADO AL HECHO QUE EXISTE UN JUICIO DE DIVORCIO PENDIENTE DE DECISIÓN, ENTRE LAS MISMAS PARTES, CON IDENTIDAD DE CAUSA Y OBJETO, ANTE LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS, ACCIONADO CON ANTERIORIDAD A LA SENTENCIA CUYO RECONOCIMIENTO ANTE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SE DEMANDA. 5.- CONTENIDO NÚMERO DE ESCRITO F4-TSJ /EXQ FECHA: 13/06/ RESUMEN Ahora bien, la sentencia extranjera cuyo pase legal se pretende en la República Bolivariana de Venezuela, es la dictada el 2 de julio de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia de Taounate, Reino de Marruecos, para resolver un proceso de divorcio de naturaleza contenciosa, lo cual se verifica de la copia certificada de la misma, cuyo contenido es el siguiente:... Apreciándose, que la referida sentencia fue dictada por la autoridad extranjera, para resolver un proceso que surgió en virtud de la demanda de divorcio presentada por el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL contra quien fuera su cónyuge, NAJIA BEL HAJ, así como que en dicha sentencia se declara el divorcio definitivo por falta de entendimiento entre ambos ciudadanos, con arreglo en lo dispuesto en la normativa de Taounate, Reino de Marruecos, reconociendo dicho Juzgado su carácter contencioso al señalar: el Tribunal ha comprobado la existencia del litigio y falta de entendimiento entre las partes, no teniendo mas remedio que aceptar la solicitud del demandante, de lo que se determina su naturaleza contenciosa. En este orden, pasamos a contrastar la sentencia extranjera que se solicita surta efectos legales en nuestro país, así como la solicitud de exequátur planteada, dentro del marco del Derecho Procesal Civil Internacional, lo que impone la necesidad de verificar el orden de prelación de las fuentes existentes en materia de Derecho Internacional Privado, previsto en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, de la siguiente forma:.. En tal sentido, siendo el caso que nos ocupa un supuesto de hecho vinculado con un ordenamiento jurídico extranjero, como es la Legislación del Reino de Marruecos, de acuerdo a la norma antes referida, corresponde determinar si existen normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela, que regulen lo relativo al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, de lo cual tenemos, que mediante el procedimiento de exequátur, se solicita se conceda fuerza ejecutoria en Venezuela, a una sentencia dictada por el por el Juzgado de Primera Instancia de Taounate, Reino de Marruecos, país con el cual la República Bolivariana de Venezuela no ha suscrito ningún Tratado Internacional en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras; razón por la cual, siguiendo con el orden de prelación de las fuentes, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano, y como consecuencia de ello se aprecia, que el Legislador internacional privatista consagró en el Capitulo X (De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras) de la Ley de Derecho Internacional Privado promulgada el 6 de agosto de 1998, mediante Gaceta Oficial número , las disposiciones concernientes a la eficacia de las sentencias extranjeras, y de la que emerge específicamente en su artículo 53, que derogó los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, y bajo la óptica de los requisitos en el contemplado, la determinación de si efectivamente en el presente caso, resulta procedente o no concederle fuerza ejecutoria a la referida sentencia, además de que la misma no sea contraria al orden público venezolano. Y para tales efectos, pasamos a confrontar si se cumplen los requisitos señalados en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, los cuales se señalan a continuación:.. En este contexto, del análisis efectuado de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Taounate, Reino de Marruecos en fecha 2 de julio de 2009, cuyo reconocimiento en la Republica Bolivariana de Venezuela se intenta alcanzar, se vislumbra que al verificarse si se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, encontramos que en cuanto al requisito previsto en el numeral 4 de la citada norma, el cual expresa que Que los

3 Tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley, se observa lo siguiente: El Capítulo IX de la Ley de Derecho Internacional Privado, denominado De la Jurisdicción y de la Competencia, en sus artículos 39 al 42, regula entre otros aspectos, los supuestos en los cuales la Ley le otorga jurisdicción a los Tribunales venezolanos. Asimismo se aprecia, que la presente causa está referida a una demanda de divorcio interpuesta por el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL ante los Tribunales del Reino de Marruecos, contra la ciudadana NAJIA BEL HAJ, que para ese momento tenía su domicilio en la República Bolivariana de Venezuela, siéndole aplicable al conflicto sobre la jurisdicción, lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que establece:.. Al respecto cabe subrayar, que la ciudadana NAJIA BEL HAJ, en fecha en fecha 6 de mayo de 2008, cuando el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL interpuso la demanda de divorcio en su contra, ante el Juzgado Primero de Taounate, Reino de Marruecos, se encontraba domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, tal como se evidencia de la sentencia dictada en fecha 2 de julio de 2009, por dicho Tribunal, en la que se señala: El Juzgado de Primera Instancia de Taounate, viendo los casos de familia, ha emitido el 2/7/2009 la sentencia cuyo tenor es el siguiente: Entre Mohamed Berouayel y entre Najia Bel Haj, domiciliada en la Urbanización Las Flores, calle 2, 04 Maturín, estado Monagas, Venezuela. Por lo que tomando en consideración lo que se entiende como domicilio de las personas físicas, es decir, el lugar donde tengan su residencia habitual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con lo previsto en el artículo 39 ejusdem, considera esta Representante del Ministerio Público, que efectivamente el juez venezolano es el que debe conocer el juicio de divorcio entre los ciudadanos MOHAMED BEROUAYEL y la ciudadana NAJIA BEL HAJ, por cuanto la referida ciudadana, cuando se intentó la demanda de divorcio en su contra ante los Tribunales del Reino de Marruecos, tenía su domicilio en la República Bolivariana de Venezuela, como se evidencia de la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Taounate, Reino de Marruecos, en la que se indica: El Juzgado de Primera Instancia de Taounate, viendo los casos de familia, ha emitido el 2/7/2009 la sentencia cuyo tenor es el siguiente: Entre Mohamed Berouayel, domiciliado en Douar Jamae Dlem Thar Souk, Taounate y entre Najia Bel Haj, domiciliada en la Urbanización Las Flores, calle 2, 04 Maturin, estado Monagas, Venezuela. Distinguiéndose en este sentido, lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que dispone: De, dicha disposición legal, se advierte, que contempla dos criterios atributivos de la jurisdicción a favor de los tribunales venezolanos, en cuanto a las acciones relativas al estado de las personas o relaciones familiares, el criterio del paralelismo, con el cual se le atribuye jurisdicción al Estado cuya Ley resulte aplicable para resolver el fondo del asunto. Y el de la sumisión, es decir, que un Tribunal tendrá jurisdicción cuando las partes decidan expresa o tácitamente someter la controversia al conocimiento de un determinado Tribunal, siempre que existan elementos que denoten una vinculación efectiva con el Estado a cuya jurisdicción se sometan, lo cual se evidencia con relación al demandante, de la interposición de la demanda y en cuanto al demandado, con cualquiera actuación procesal que no constituya oponer la falta de jurisdicción, tal como lo prevé el artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en los siguientes términos: La sumisión tácita resultará, por parte del demandante, del hecho de interponer la demanda y, por parte del demandado, del hecho de realizar en el juicio, personalmente o por medio de apoderado, cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva. Observándose, que la sumisión tácita como criterio atributivo de la jurisdicción, resultará por parte del demandante de interponer la demanda y del demandado, de realizar cualquier acto en el juicio, siempre y cuando no se trate de proponer la declinatoria de la jurisdicción u oponerse a una medida preventiva. Sobre lo cual se observa, que en el caso que nos ocupa, la ciudadana NAJIA BEL HAJ, en su condición de demandada, en fecha 18 de enero de 2009, compareció a la sala de consultas, en el referido Juzgado extranjero, con ocasión del juicio de divorcio que se estaba celebrando y se opuso a lo declarado por el demandante, señalando que dicho ciudadano se encontraba fuera del domicilio conyugal, de lo que se evidencia que no se sometió expresa o tácitamente a la jurisdicción de los Tribunales del Reino de Marruecos. Y en tal sentido, los Tribunales del Reino de Marruecos no tenían jurisdicción para conocer de la demanda de divorcio incoada en su contra, por el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, conforme al criterio de sumisión contenido en el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Debiendo destacar en cuanto a la Jurisdicción

4 de los tribunales que deben conocer del proceso de divorcio entre los ciudadanos MOHAMED BEROUAYEL y NAJIA BEL HAJ, que la Sala Política Administrativa de ese Máximo Tribunal de la República, en fecha 10 de marzo de 2009, se pronunció sobre la solicitud de regulación de la jurisdicción presentada por el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, en el juicio de divorcio intentado por la ciudadana NAJIA BEL HAJ en su contra, ante Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en los siguientes términos: De cuya trascripción se aprecia, que ese Máximo Tribunal de la República, al conocer de la solicitud de regulación de la jurisdicción presentada por el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, declaró Sin Lugar el Recurso de Regulación de Jurisdicción, y que el Poder Judicial venezolano sí tiene jurisdicción para conocer de la demanda de divorcio incoada por la ciudadana NAJIA BEL HAJ, ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con fundamento en el criterio atributivo de jurisdicción, establecido en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 754 del Código de Procedimiento Civil y 140-A del Código Civil Venezolano, toda vez que el último domicilio conyugal de dichos ciudadanos, estaba establecido en Venezuela, ambos cónyuges son de nacionalidad venezolana por naturalización y la niña habida en la unión matrimonial nació en la República Bolivariana de Venezuela. Pronunciamiento que comparte esta Representante del Ministerio Público, toda vez que en relación con la demanda de divorcio interpuesta por la ciudadana NAJIA BEL HAJ, en fecha 24 de marzo de 2008, ante los Tribunales venezolanos en contra del ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado: El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. El cambio de domicilio del cónyuge demandante sólo produce efectos después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual Apreciándose de igual forma, que en materia de divorcio, la ley o derecho aplicable es el del Estado en el cual el cónyuge demandante hubiere establecido su domicilio, entendiéndose por éste, de conformidad con el artículo 11 de la citada Ley, el lugar donde tiene su residencia habitual, la cual se determina por el transcurso de un año después de haber ingresado al territorio nacional, de conformidad con el artículo 23 trascrito. Respecto de lo cual, de la sentencia antes mencionada se desprende, que ambos ciudadanos tenían su domicilio conyugal en la República Bolivariana de Venezuela, cuando la ciudadana NAJIA BEL HAJ interpuso su demanda de divorcio contra el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, por las siguientes actuaciones:..acerca de lo antes mencionado, el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil venezolano, establece:.. Y por su parte, el artículo 140-A del Código Civil, dispone: De la normas que anteceden, se tenemos que los referidos ciudadanos tenían su último domicilio conyugal, es decir, el lugar donde establecieron de mutuo acuerdo su residencia, en la República Bolivariana de Venezuela, además de que su hija producto de su unión matrimonial, también nació en Venezuela, por lo cual son competentes por la Jurisdicción para conocer de la demanda de divorcio incoada por la ciudadana NAJIA BEL HAJ contra el ciudadano MOHAMED BEROAUYEL, los Tribunales venezolanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con lo establecido en los artículos 754 del Código de Procedimiento Civil y 140-A del Código Civil Venezolano. Y en tal sentido, en el presente caso no se da cumplimiento al requisito previsto en el numeral 4 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para la ejecución de la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Taounate, Reino de Marruecos, en la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que dicho Tribunal no tiene jurisdicción para conocer de la causa, de conformidad con los principios generales de la jurisdicción. Por otra parte, en cuanto al requisito establecido en el numeral 6 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para la procedencia de la ejecución de la sentencia extranjera en nuestro país, que dispone: Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera ; se distingue, que dentro de los requisitos o presupuestos necesarios para la procedencia del exequátur, se encuentra que no este pendiente ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera. Debiendo enfatizar, que a los fines de determinar el momento a partir del cual se considera se inicia el respectivo juicio, la Sala Constitucional en sentencia número del 12 de diciembre de 2005,

5 estableció que la citación es el acto procesal que da inicio a la relación procesal y el que origina o marca el comienzo de la litispendencia, de la siguiente manera:.. De lo que se infiere, que ese Máximo Tribunal de la República ha dejado sentado el criterio según el cual, la citación del demandado marca el inicio de la relación procesal entre las partes, así como el comienzo de la litispendencia en los juicios donde ella se opone. Por tanto, la condición temporal contenida en el supuesto del artículo 53 numeral 6 de la Ley de Derecho Internacional Privado, debe ser entendida como la fecha en la que ocurre la primera citación del demandado, y por ende, si el Tribunal extranjero previno primero en la citación, su sentencia tendrá efectos en nuestro territorio y el órgano jurisdiccional nacional debe declarar la terminación del otro proceso ventilado en el país, por la excepción de la cosa juzgada internacional, una vez declarado el pase del fallo de la sentencia extranjera, por estar cumplidos los requisitos para ello. Respecto de lo cual se aprecia, que el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, solicitante del exequátur, intentó la demanda de divorcio ante los Tribunales del Reino de Marruecos, el 6 de mayo de 2008, la cual fue resuelta el 2 de julio de 2009, mediante sentencia definitiva y ejecutoriada, traducida al idioma castellano por intérprete público colegiado, mientras que la demanda de divorcio interpuesta en la República Bolivariana de Venezuela por la ciudadana NAJIA BEL HAJ, ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, fue presentada el 24 de marzo de 2008 y admitida el 25 de marzo de 2008, en cuya oportunidad se ordenó notificar al Ministerio Público y emplazar a las partes para que comparezcan dentro de los cuarenta y cinco (45) días luego de la citación, al primer acto conciliatorio, siendo que el 2 de julio de 2008, los apoderados judiciales del ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, solicitaron la Declinatoria de Jurisdicción, insistiendo en su pretensión en fecha 10 de julio de De lo que se evidencia, que la citación del demandado y en consecuencia el inicio del juicio, se produjo primero ante los Tribunales venezolanos, en los cuales se encuentra pendiente el juicio de divorcio incoado por la ciudadana NAJIA BEL HAJ, contra el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL. Por lo que estima esta Representante del Ministerio Público, que en el caso en comento, no se da cumplimiento al requisito establecido en el numeral 6 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en virtud de lo cual, no debe concedérsele fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Taounate, Reino de Marruecos, en fecha 2 de julio de Por tanto, quedando determinado que el domicilio tanto del demandante como el demandado se encontraba en el estado Monagas, de la República Bolivariana de Venezuela, donde efectivamente fue interpuesta la demanda de divorcio, incoada por la ciudadana NAJIA BEL HAJ, contra el ciudadano MOHAMED BEROUAYEL, ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, aunado al hecho que dicha demanda se propuso con anterioridad a la acción presentada en el Reino de Marruecos, así como, la citación se produjo con antelación a la sentencia cuya fuerza ejecutoria se reclama, por lo que quien suscribe, considera que el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción, en razón del criterio atributivo de jurisdicción establecido en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 754 del Código de Procedimiento Civil y 140-A del Código Civil Venezolano. Razones por las cuales opina esta Representante del Ministerio Público, que no debe concedérsele fuerza ejecutoria a la sentencia dictada en fecha 2 de julio de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia de Taounate, Reino de Marruecos, toda vez no se cumplen los requisitos establecidos en los numerales 4 y 6 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en virtud de que el Juzgado Primero de Taounate, Reino de Marruecos, no tenía jurisdicción para conocer de la causa, de conformidad con los principios generales de la jurisdicción, toda vez que los Tribunales que tienen jurisdicción son los venezolanos, aunado al hecho que existe un juicio de divorcio pendiente de decisión, entre las mismas partes, con identidad de causa y objeto, ante los Tribunales venezolanos, accionado con anterioridad a la sentencia cuyo reconocimiento ante la Republica bolivariana de Venezuela se demanda.

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