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1 INFORME No. DFOE-SOC-IF de setiembre, 2010 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA INFORME SOBRE EL SERVICIO DE TRATAMIENTO A MENORES DE EDAD CON ADICCIÓN A LAS DROGAS POR PARTE DEL INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 2010

2 CONTENIDO Página No. 1. INTRODUCCIÓN Origen del estudio Objetivo del estudio Naturaleza y alcance del estudio Generalidades acerca del estudio RESULTADOS Debilidades en la rectoría técnica que debe ejercer el IAFA sobre el servicio de tratamiento Sobre la conformación del Sistema Nacional de Tratamiento para la atención de menores de edad con adicción a las drogas Ausencia de normas y protocolos para la atención de menores de edad con adicción a las drogas Sobre el proceso de supervisión técnica de los programas de tratamiento de la adicción en menores de edad Sobre la cobertura y tipo de servicios para el tratamiento a menores de edad con adicción a las drogas Limitada cobertura de la atención integral que se brinda a las personas menores de edad impactadas por el fenómeno de la drogadicción Cierre de operaciones del Centro de Menores del IAFA en el mes de diciembre del Sobre el proceso de valoración, atención, derivación y seguimiento de menores de edad con problemas de adicción a las drogas i) Debilidades en el proceso de valoración y derivación de pacientes que asisten directamente al Centro de Menores del IAFA ii. Carencia de planes individuales de tratamiento y seguimiento de los menores de edad que son atendidos en el Centro de Menores del IAFA CONCLUSIONES DISPOSICIONES A la Junta Directiva del IAFA A la Directora General del IAFA... 27

3 RESUMEN EJECUTIVO INFORME No. DFOE-SOC-IF El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, con el objetivo de evaluar la gestión del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) en la dirección técnica y ejecución de programas para brindar servicios de tratamiento de menores de edad con adicción a las drogas. El IAFA no ha cumplido a cabalidad con la rectoría técnica que le corresponde ejercer en relación con el tratamiento de la drogadicción que afecta a las personas menores de edad, lo cual se refleja en la ausencia de un Sistema Nacional de Tratamiento (SNT); y en la carencia de normas y protocolos oficiales que permitan uniformar criterios, procedimientos y técnicas para la prestación de los servicios de tratamiento y para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad impactadas por esta problemática. La institución tampoco dispone de herramientas eficientes para la supervisión y un sistema de evaluación que permita el fortalecimiento, readecuación, coordinación y promoción de los programas de tratamiento en función de las necesidades, situación que ha limitado la capacidad institucional de ejercer la dirección técnica que le ha sido conferida por la normativa vigente. Por otra parte, resulta preocupante que el Estado siga manteniendo una limitada capacidad instalada para atender las necesidades de la población menor de edad afectada por el flagelo de la drogadicción, a pesar de que la Sala Constitucional desde el año 2005 ordenó a las instituciones responsables de este tema coordinar las acciones necesarias para la creación de un centro especializado que brindara una solución efectiva a esta problemática, todo lo cual conlleva el riesgo de que se presenten importantes consecuencias para los pacientes. Si bien es cierto el IAFA, en coordinación y con el apoyo de otras instituciones construyó y puso en funcionamiento el Centro Nacional de Atención Integral para la atención de menores de edad, tal acción no se fundamentó en un diagnóstico de necesidades de la población objetivo y ello ocasiona una respuesta limitada a las necesidades de estos menores. Finalmente, el IAFA carece de mecanismos efectivos y eficientes en el proceso de valoración, atención y seguimiento de pacientes, todo lo cual afecta la calidad de la atención integral que debe brindarse a esos pacientes para preservar su salud y garantizar sus derechos. Para corregir las debilidades de gestión detectadas en el presente estudio, se cursaron disposiciones al IAFA, con el fin de impulsar la puesta en funcionamiento del SNT, implementar normas y protocolos para la atención de los menores y, en general, para que cumpla con sus obligaciones como rector técnico en la materia. Asimismo, se dispuso la realización de un diagnóstico nacional de necesidades que le permita al Estado brindar una respuesta efectiva y eficiente al problema de la drogadicción en menores, y se solicitó el establecimiento de mecanismos adecuados para la derivación y seguimiento de pacientes, que garanticen un óptimo acceso a los servicios de tratamiento.

4 INFORME NO. DFOE-SOC-IF INFORME SOBRE EL SERVICIO DE TRATAMIENTO A MENORES DE EDAD CON ADICCIÓN A LAS DROGAS POR PARTE DEL INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 1. INTRODUCCIÓN Origen del estudio. El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a esta Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 18 de su Ley Orgánica, N 7428 y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa para el Objetivo del estudio. Evaluar la gestión del IAFA en cuanto a la dirección técnica y ejecución de programas en el servicio de tratamiento de menores de edad con adicción a las drogas Naturaleza y alcance del estudio. Este análisis comprendió la normativa y las principales actividades desarrolladas por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para la promoción, coordinación, supervisión y ejecución de programas orientados a brindar atención a los menores de edad impactados por la adicción a las drogas. Para alcanzar los objetivos del estudio fue necesario solicitar información al Instituto Costarricense sobre Drogas, al Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en razón de las responsabilidades asignadas a estas instituciones en la normativa vinculada con el tema objeto de investigación. También se solicitó información y en algunos casos se realizaron visitas y se ejecutaron pruebas en otras organizaciones que integran la red de servicios de tratamiento tales como: el Programa Nuevos Horizontes del Hospital Psiquiátrico de la CCSS (PNH) y los centros de atención administrados por la Asociación Hogares Crea Internacional, Capítulo Costa Rica (Hogar Crea); la Asociación Restauración de la Niñez en Abandono y Crisis para una Esperanza Renovada (RENACER) y la Asociación Comunidad Encuentro. En el presente estudio se revisó lo actuado en el período comprendido entre enero de 2009 y junio de 2010, ampliándose en aquellos casos en que se consideró necesario. El estudio se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, Ley General de Control Interno, No. 8292; Ley General de la Administración Pública No. 6227, el Manual General de

5 Fiscalización Integral, en lo aplicable; el Manual de Normas de control interno para el Sector Público y el Manual de normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público; entre otra normativa legal y técnica atinente a la materia Generalidades acerca del estudio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la droga es toda sustancia, que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas. El fenómeno del consumo de drogas ha sido declarado por la OMS como un problema de salud pública, no solo por los efectos directos que tiene en el drogodependiente, sino también, por los efectos indirectos que afectan al país a nivel social y económico. Los deberes de actuación estatal en la lucha contra la adicción a las drogas son muchos y de naturaleza muy variada. En materia de tratamiento 1, el legislador asignó la responsabilidad de la atención de un problema de salud tan complejo a diversas instituciones; es así como, mediante la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Nº 5412 y sus reformas 2, se confiere al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, y además, se le asigna la responsabilidad de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como privados relacionados con sus fines. Por su parte, el artículo 3 de la Ley No. 8204, denominada Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo 3, establece que: Es deber del Estado prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica; asimismo, asegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el postratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas, y procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad. / Los tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre 2 1 El tratamiento de las personas drogodependientes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), comprende un proceso que comienza cuando los usuarios de sustancias psicoactivas entran en contacto con un proveedor de servicios de salud u otro servicio comunitario, y puede continuar a través de una sucesión de intervenciones concretas hasta que se alcanza el nivel de salud y bienestar más alto posible. 30 Informe. Ginebra: OMS, Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia. 2 Ley No Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, publicado en La Gaceta Nº 147 del 1 de agosto de Publicada en la Gaceta No. 8 del 11 de enero de 2002.

6 Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o institución legalmente autorizada por el Estado. Si se trata de personas menores de edad, para lograr dicho tratamiento el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deberá dictar las medidas de protección necesarias dispuestas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. / En todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la supervisión en materia de prevención y tratamiento, así como proponer, diseñar y evaluar programas de prevención del consumo de drogas. (El destacado no es del texto original.) En Costa Rica, la oferta gubernamental de servicios de tratamiento para menores de edad está concentrada fundamentalmente en los servicios que ofrecen la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Tradicionalmente las organizaciones no gubernamentales han brindado una red de apoyo importante al Estado en la prestación de servicios públicos; sin embargo, en la atención de menores de edad con adicción a las drogas sólo existen tres organizaciones con programas autorizados por el IAFA para trabajar en el tratamiento y la rehabilitación de menores entre los 12 y los 18 años de edad. De acuerdo con la información recopilada en el 2009, a nivel de todo el sector público, el aporte estatal otorgado a las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a la población menor de edad con adicción a las drogas ascendió a la suma de 516,62 millones, de los cuales el 8% fue girado por el IAFA, mientras que el restante 92% fue aportado por la Junta de Protección Social y el Patronato Nacional de la Infancia. Aún cuando a la fecha se carece de datos que establezcan la demanda efectiva de tratamiento, de acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a lo largo de los últimos años en Costa Rica se ha venido presentando una marcada tendencia hacia el incremento del uso y abuso de sustancias psicoactivas sobre todo en menores de edad. Por ejemplo, en el documento Consumo de drogas en Costa Rica, resultados de la encuesta nacional 2006, elaborado por el IAFA, se establece que en 1990 el 59,62% de las personas que indicaron que consumieron marihuana, citan que iniciaron su consumo antes de los 18 años, en tanto que para el 2006 ese porcentaje aumentó al 73,11%, situación que sugiere que cada año que pasa mayor cantidad de personas menores de edad inician el consumo de esta droga a edades tempranas. Por otra parte, se cita en dicho estudio que una tendencia similar se mantiene en el caso del consumo de cocaína, pues para esos años los porcentajes de incidencia en menores de edad variaron del 33,33% al 60,07% y en el consumo de crack, que para 1995 el porcentaje fue del 16,66% y para el 2006 aumentó a 48,87%. Por otra parte, las cifras de menores de edad portadores o vendedores de droga que han sido puestos a la orden de la Fiscalía Penal Juvenil resultan preocupantes por cuanto, según información suministrada por dicha entidad, sólo en el periodo 2009, ascendió a casos. 3

7 En los últimos dos años, el Estado costarricense ha venido realizando un esfuerzo importante para el diseño de políticas y planes orientados al abordaje integral 4 y diversificado de esta problemática, lo que a todas luces resulta estratégico para el país, en razón del cambio que en las últimas décadas se ha venido observando en este tema respecto a la población menor de edad. Como parte de las acciones que de manera reciente se han adoptado para el abordaje de esta problemática, en mayo de 2009 entró en funcionamiento el Centro Nacional de Atención Integral para personas menores de edad, proyecto que nació y surgió con la participación y coordinación del IAFA, el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el PANI y la CCSS, y que fue creado con el objetivo de disponer en el país de un centro especializado de tratamiento para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas Comunicación verbal de los resultados del estudio. En reunión celebrada en las instalaciones del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el 27 de setiembre de 2010, se comunicaron verbalmente los resultados del presente informe a la Licda. Patricia Araya Sancho, Encargada de la Unidad de Organismos Regionales, quién acudió a la reunión en representación de la Directora General del IAFA; Licda. Hannia Carvajal Morera, Encargada de la Unidad de Aprobación de Programas, Doctor Douglas Mata Pernudi, Encargado de la Unidad de Desarrollo Institucional y la Doctora Julia López Rodríguez, Encargada del Centro Nacional de Atención Integral de menores de edad. Además estuvieron presentes en la reunión las licenciadas Ana Margarita Pizarro Jiménez y Carmen Arce Arce, Auditora Interna y Auditora Asistente del IAFA, respectivamente. En esa misma fecha y mediante oficio No. DFOE-SOC-1073, se entregó en la Secretaría de la Dirección General del IAFA, una copia del borrador de este informe, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles remitieran a la Gerencia del Área de Servicios Sociales de esta Contraloría General de la República, las observaciones que se consideraran pertinentes sobre su contenido. Sobre el particular, mediante el oficio No. DG del 4 de octubre de 2010, suscrito por la Doctora Patricia Orozco Carballo, Directora General del IAFA, se plantearon aclaraciones respecto a la elaboración y oficialización de normativa interna del IAFA relacionada con el funcionamiento técnico de los programas dirigidos al tratamiento y rehabilitación de la población alcohólica y/o farmacodependiente del país, las cuales fueron analizadas en el Anexo N 1 de este informe. 4 4 Un sistema completamente integral se caracteriza por su buena coordinación y por la vinculación e integración de los diversos elementos de apoyo y tratamiento generales y especializados. Editorial Abuso a las drogas emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito Viena. Nueva York, 2003.

8 5 2. RESULTADOS Debilidades en la rectoría técnica que debe ejercer el IAFA sobre el servicio de tratamiento. Tal como se expuso en el capítulo de generalidades de este informe, el Instituto nace a la vida jurídica como un órgano adscrito al Ministerio de Salud 5, y se le atribuye de acuerdo con lo que establece el artículo 22 de la Ley No y sus reformas 6, la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, al tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas. El rol de rector técnico que le corresponde desempeñar al IAFA también fue ratificado mediante Ley No. 8204, que en su artículo 3, en lo que interesa señala que corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la supervisión en materia de prevención y tratamiento, así como, proponer, diseñar y evaluar programas de prevención del consumo de drogas. En materia de rectoría técnica, la Procuraduría General de la República ha señalado que los organismos que la ostentan deben promover la investigación, el desarrollo, el perfeccionamiento y la aplicación de metodologías; así como, uniformar principios, normas, técnicas, métodos y terminología; y además, coordinar con los órganos y entes del Estado que ejecutan los programas con el fin de brindarles asistencia técnica 7. Específicamente, en el dictamen No. C respecto al tema de prevención, tratamiento, rehabilitación y la reinserción de personas afectadas por el consumo de drogas, dicho órgano señaló que " corresponde al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia la rectoría técnica en esta materia, bajo la tutela del Ministerio de Salud". Lo anterior significa que el IAFA es rector en la materia de prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, pero que estará sujeto al respaldo que le otorgue su rector político, en este caso el Ministerio de Salud 8 De conformidad con lo descrito anteriormente, el IAFA técnicamente debe liderar y propiciar todos los esfuerzos estatales orientados a la investigación, promoción, coordinación, fortalecimiento y aprobación de los programas públicos y privados para el tratamiento de esta población, bajo la dirección del Ministerio de Salud, en razón de la rectoría política que debe ejercer ese Ministerio en materia de salud pública. Lo anterior toma mayor relevancia, si tomamos en consideración que, de acuerdo con la estructura organizacional que se ha venido conformado a nivel nacional para el abordaje de esta problemática, existe un conjunto de entes públicos y privados, a los cuales se les ha encomendado o autorizado la provisión de servicios directos o indirectos destinados explícitamente a la protección y mejoramiento del nivel de salud de la población impactada por la adicción de las drogas, por lo tanto, la organización y articulación de los esfuerzos institucionales para el abordaje integral de esta problemática resulta fundamental. 5 De conformidad con el artículo 5 de la Ley No y sus reformas. 6 Ley No Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud. 7 Dictámenes Nos. C , C , C y C , así como, las opiniones jurídicas números OJ y OJ , todos de la Procuraduría General de la República. 8 Ley General de la Administración Pública No. 6227, artículo 27.1.

9 En ese sentido, durante el desarrollo del estudio se tuvo conocimiento sobre algunos esfuerzos que se han venido realizando para la coordinación, a nivel interinstitucional, de acciones orientadas a promover servicios a la población menor de edad impactada por la adicción a las drogas de forma sistemática; sin embargo, se determinó poca efectividad en las actividades ejecutadas. Además, el estudio permitió determinar que dicho Instituto no ejerce a cabalidad con el rol de rectoría encomendado en la normativa vigente, todo lo cual, se expone a continuación: Sobre la conformación del Sistema Nacional de Tratamiento para la atención de menores de edad con adicción a las drogas. El Plan Nacional sobre Drogas , emitido por el Instituto Costarricense sobre Drogas y oficializado por el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia, mediante directriz No. 032-MP del 9 de enero de , establece que la atención de personas con consumo problemático de drogas debe ser integral, prioritaria, especializada, universal y sistémica. Por su parte, el documento denominado Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia Costa Rica , establece que, El Estado desarrollará acciones interinstitucionales que aseguren la provisión y el acceso a las diferentes modalidades de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social a la población afectada por el consumo de drogas, para que se recuperen y estimulen la definición de su proyecto de vida. Bajo esa línea, dicha Política señala que Las principales acciones estarán dirigidas a mejorar la oferta de servicios de tratamiento de consumidores de drogas, para lo cual será necesario que se desarrollen las capacidades institucionales en los diversos servicios de salud gubernamentales, bajo un enfoque de tratamiento integral y con la promoción de la creación de una red nacional de tratamiento. (El subrayado y la negrita es nuestro) De conformidad con información suministrada por la administración del IAFA 11, en el año 2007 y 2008, la institución trabajó en la elaboración, promoción y coordinación a nivel interinstitucional del documento denominado Política del Sector Salud para la atención de los problemas derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica, documento aprobado por la Junta Directiva del IAFA en Sesión Ordinaria No del 30 de junio del El documento de cita, define como política el Acceso de toda la población a la atención integral en materia de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en condiciones de seguridad y habitabilidad, en especial para aquellas personas que 9 La directriz se publicó en La Gaceta No. 20 del 29 de enero de Se conoció y aprobó en el Consejo de Gobierno del 9 de setiembre de DG , del 2 de junio de 2010, suscrito por la doctora Giselle Amador Muñoz, ex Directora General del IAFA. Nota No. DG del 16 de agosto de 2010, suscrita por la Directora General del IAFA, Doctora Patricia Orozco Carballo.

10 están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión social, lo cual de acuerdo con el criterio de este órgano contralor, viene a complementar las estrategias o líneas de acción definidas en los otros documentos de cita, pero con la particularidad de que en ese documento se incluye una propuesta para la organización y funcionamiento, a nivel sistemático, de una red nacional de tratamiento, integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que brindan diferentes servicios orientados a la atención de personas afectadas directa o indirectamente por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas denominado Sistema Nacional de Tratamiento (SNT) 12. De acuerdo con el estudio realizado por esta Contraloría General, la puesta en operación del citado SNT, luego de aproximadamente dos años de haber sido aprobado por la Junta Directiva del IAFA, se ha visto limitada en razón de las situaciones que se citan a continuación: a) De conformidad con información suministrada por la Dra. María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud 13, el documento a la fecha del estudio cuenta con la aprobación del Ministerio de Salud y del Consejo Sectorial de Salud; sin embargo, nunca fue sometido a conocimiento del Poder Ejecutivo para su debida aprobación y oficialización, por lo que su aplicación no resulta vinculante para todos los órganos públicos y privados que de conformidad con la propuesta integrarían la red de tratamiento a nivel nacional para la atención de las personas afectadas por la drogadicción y en especial, para la atención de los menores de edad con adicción a las drogas. b) De acuerdo con información suministrada por la ex Directora del IAFA, Dra. Guiselle Amador Muñoz 14, durante el periodo comprendido entre enero y agosto del 2008 la propuesta de creación del SNT fue sometida a un proceso de validación ante diferentes instancias; sin embargo, instituciones públicas directamente involucradas en la atención de esta problemática como la CCSS, el ICD o el PANI no emitieron aprobación expresa del documento. Además, de acuerdo con la investigación realizada por esta Contraloría General, el documento no fue sometido a consideración de las organizaciones no gubernamentales que por años han brindado apoyo al Estado en la atención de la población afectada, lo cual resulta importante para fortalecer el diseño del SNT y facilitar su puesta en funcionamiento. c) El documento incluye información relativa a los diferentes recursos institucionales existentes a nivel nacional y a partir de ello incluye una propuesta sobre los componentes y niveles de atención para la puesta en funcionamiento del SNT, en la cual se establecen las organizaciones que participan y los servicios que deben brindar; no obstante lo anterior, no se define con claridad, en función de esa estructura, 7 12 De acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA). Guía Práctica para la Organización de un Sistema Integral del Tratamiento de la Dependencia de Drogas. Washington DC. 2003, se entiende por sistema de tratamiento la sumatoria de las intervenciones terapéuticas, que a manera de continuum, dan cabida a todo el espectro de servicios (establecimientos, programas), que están disponibles para la población de usuarios en un momento dado, de acuerdo con sus necesidades, así como el conjunto de todos aquellos servicios que se ofrecen sucesivamente a lo largo de la evolución del trastorno, dentro del proceso de recuperación de los trastornos por consumo de drogas. 13 DG del 2 de junio de 2010, suscrito por la doctora Giselle Amador Muñoz, ex Directora General del IAFA. 14 DG , de fecha 2 de junio de 2010.

11 las tareas específicas a ejecutar por cada uno de los actores involucrados, así como, los mecanismos de coordinación a nivel interinstitucional e intersectorial para la operación del Sistema Nacional de Tratamiento, lo que resulta fundamental para que exista efectividad en su funcionamiento. Además, es omiso en considerar la participación de algunas instituciones como el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Seguridad Pública o la Fiscalía Penal Juvenil del Ministerio Público, que si bien es cierto no brindan directamente los servicios de tratamiento, indudablemente tienen un papel preponderante en el proceso de intervención para el abordaje del problema, ya que en consideración a las responsabilidades que les han sido encomendadas, están llamados a intervenir en la identificación y derivación de pacientes a los diferentes centros de atención. Sobre el particular, es importante señalar que durante el desarrollo del estudio este órgano contralor se dio a la tarea de investigar, en varias instituciones públicas vinculadas con el tema 15, sobre la existencia de un protocolo de intervención en el que se definan las instancias involucradas, pasos a seguir, nombre de la unidad y/o puesto de los responsables, mecanismos de coordinación, etc. Al respecto, se comprobó que existen algunos documentos que se han formulado por iniciativa de esas instancias o, en un caso, coordinado por el ICD, que directa o indirectamente se relacionan con el tema y en el cual se formulan procedimientos afines con la intervención y atención de menores que han sido detectados portando o consumiendo droga; sin embargo, no se aborda el problema de forma integral y sistemático; en algunos casos, a lo interno de las instituciones estas propuestas no han sido avaladas o bien no están vinculadas de ninguna forma con la propuesta definida por el IAFA para la entrada en funcionamiento de la red de tratamiento, conocida como SNT, lo cual demuestra que esta problemática no se ha venido atendiendo de manera articulada, coordinada y con instrumentos claros y uniformes que permitan garantizar su adecuado tratamiento. d) El documento que propone la creación del SNT, establece ejes estratégicos y acciones prioritarias orientadas, por ejemplo, a promover o mejorar la readecuación del modelo, accesibilidad y sostenibilidad del Sistema como tal, sin embargo, no se logró obtener evidencia sobre la existencia de un plan o cronograma de actividades, vinculado a su puesta en operación, con detalle de las tareas a desarrollar, responsables, tiempos estimados y resultados esperados de las actividades propuestas, aspectos necesarios para controlar su puesta en operación y posterior desarrollo. Sobre el tema, la Directora General del IAFA 16 mencionó algunas acciones que se han materializado en el marco del SNT, como lo son la entrada en funcionamiento del Centro de Menores del IAFA y la desconcentración de los servicios con la apertura de los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), pero reconoció que Los esquemas de organización (sistema) a desarrollar requieren de una estructura competente que incida en la regulación, en la planeación funcional de los programas y servicios de tratamiento, además de asegurar una comprometida participación de todos los sectores de gobierno, instituciones y organismos de la sociedad. y mencionó además que el instituto en armonía con la Política del Sector Salud impulsará prácticas tendientes a lograr paulatinamente cambios favorables en cuanto a La mejora en el 8 15 Se enviaron consultas formales a la CCSS, ICD, Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, Ministerio de Seguridad Pública. Además, se visitaron y enviaron encuestas a una muestra de centros educativos públicos. 16 Nota No. DG de fecha 16 de agosto de 2010.

12 acceso al tratamiento, / La mejora en la calidad de los sistemas de atención, / La mejora en el diagnóstico y la detección e intervención temprana, / La mejora de los canales de referencia y derivación, /. e) En relación con el ítem anterior, este órgano contralor, tuvo conocimiento sobre algunos esfuerzos paralelos que se han realizado a nivel interinstitucional, con el fin de coordinar y articular los planes institucionales para el abordaje de la atención de menores de edad con adicción a las drogas. Al respecto, se logró comprobar la creación por parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, mediante acuerdo # de la sesión celebrada el 10 de octubre de 2007, de la Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en personas menores de edad (CONASPE), integrada por representantes del IAFA, CCSS, PANI, Instituto Costarricense sobre Drogas, MEP, Consejo de la Persona Joven, Dirección General de Adaptación Social. Precisamente, en la primera sesión celebrada por la citada comisión, ante la necesidad de articular las acciones que están realizando las instituciones relacionadas con el tema, y así maximizar los recursos que se tienen y aprovechar las experiencias. 17, se tomó el acuerdo de solicitar a la Licda. Eugenia Mata Chavarría, funcionaria del Instituto Costarricense sobre Drogas, preparar el borrador del Mega Proyecto de la Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Personas Menores de Edad. Según se comprobó, en atención a dicho acuerdo, un equipo de trabajo coordinado por el ICD se dio a la tarea de recopilar, revisar, analizar e integrar lo plasmado en los Planes de Trabajo de cada una de las instituciones participantes en el abordaje de esta problemática y procedió a elaborar el documento denominado Plan de la Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Personas Menores de Edad, cuyos objetivos específicos son: 1. Establecer un mecanismo de coordinación y articulación con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con programas y proyectos para la prevención y atención de la población infanto juvenil con consumo de sustancias psicoactivas. / 2. Promover ante la población en general las diferentes acciones institucionales que se están desarrollando para la prevención, atención y tratamiento de personas menores de edad del consumo de sustancias psicoactivas. / 3. Establecer un espacio de denuncia de situaciones que violenten los derechos de la población infanto juvenil. / 4.Fortalecer el proceso de recuperación, reinserción y seguimiento de la personas menores de edad el consumo de sustancias psicoactivas mediante el sistema único de referencia y contrarreferencia con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El documento en sí condensa en una matriz las acciones estratégicas que deben ejecutarse en materia de prevención y atención del consumo de 9 17 Acta No de la reunión celebrada el 6 de febrero de 2009, con la participación de representantes del IAFA, ICD, PANI, CCSS y Consejo de la Persona Joven.

13 sustancias psicoactivas en personas menores de edad. En lo referente al ámbito Atención a personas consumidoras de drogas, se establece un programa específico para las personas menores de edad, que plantea proyectos dirigidos prioritariamente a los menores de edad consumidores, en alta vulnerabilidad social y los sujetos a la Ley Penal Juvenil. Cabe indicar que el documento describe procedimientos para el abordaje, valoración y orientación para la atención de esta población, y en la parte de consideraciones deja claro que es necesario generar protocolos de intervención consensuados y unificados, con un enfoque de intervención claro y compartido por todas las instituciones del estado, que permita determinar el esquema de abordaje integral a la población, con la posibilidad de identificar el procedimiento y estrategias que se desarrollen dentro de cada uno de los programas de prevención y atención dentro de las instituciones del estado.. No obstante lo anterior, se determinó que a la fecha del estudio el documento se encuentra en estado de borrador a la espera de que sea presentado por CONASPE ante el Consejo de Niñez y Adolescencia del Patronato Nacional de la Infancia para su respectiva aprobación. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con información suministrada por la secretaria de actas de CONASPE, esa Comisión sesionó por última vez el día 17 de setiembre de 2009 y a la fecha se desconoce cuál será la decisión que el Consejo de Niñez y Adolescencia del PANI, a partir de la administración del nuevo gobierno, adopte con respecto a su funcionamiento. Lo descrito en este aparte es preocupante, en razón de que a pesar de que existe claridad y consenso de que resulta estratégico para el Estado costarricense la coordinación y articulación de las acciones a nivel interinstitucional para el abordaje integral y sistémico de esta problemática, aún se carece de instrumentos de gestión formales que permitan materializar acciones concretas con ese fin. En conclusión, según ha sido reconocido por la propia Administración del IAFA, el tratamiento es un proceso a largo plazo, que necesita de varias intervenciones para lo cual resulta fundamental la ejecución de acciones articuladas de los diferentes actores que directa o indirectamente participan en la prestación de este servicio. A pesar de que se han venido tomando algunas acciones para la puesta en operación de un Sistema Nacional de Tratamiento, la realidad es que además de la revisión y oficialización del SNT por parte del Poder Ejecutivo, se requiere ponerlo finalmente en funcionamiento bajo la rectoría política del Ministerio de Salud, la rectoría técnica y coordinación del IAFA para impulsar el diseño e implementación de instrumentos que permitan a las instituciones involucradas ejecutar con efectividad las tareas de su competencia, en los cuales se tipifique, en función de los componentes y niveles de atención definidos en el SNT, las tareas a ejecutar por los diferentes actores públicos y privados involucrados en el proceso de tratamiento de pacientes impactados por el consumo de drogas, así como los mecanismos de coordinación necesarios que aseguren la oportuna y efectiva ejecución de las tareas. 10

14 Ausencia de normas y protocolos para la atención de menores de edad con adicción a las drogas. El artículo 40 del Decreto Ejecutivo No del 10 de mayo del 2006, mediante el cual se promulgó el Reglamento General del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 18, establece que el Área Técnica del IAFA tendrá, entre otras funciones, la responsabilidad de establecer las normas y los protocolos de atención que deben aplicar los organismos públicos y privados que atienden a las personas afectadas y sus familias por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. La definición de normas y protocolos para la atención de menores de edad impactados por el consumo de drogas resulta de gran utilidad para el personal responsable de brindar este servicio en los diferentes centros públicos y privados, ya que orienta y unifica los procesos y procedimientos de atención para el abordaje de esta problemática, y contribuyen a que el servicio que se brinda a esta población sea apropiado y garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A la fecha del estudio, el IAFA no ha establecido normas y protocolos de atención para el servicio de tratamiento y rehabilitación de menores de edad con adicción a las drogas, debidamente aprobados y oficializados por las autoridades competentes, que permitan a esta institución regular y supervisar los servicios de tratamiento que brindan las organizaciones públicas y privadas en beneficio de las personas menores de edad que presentan conductas adictivas al consumo de alcohol y otras drogas. Cabe señalar que, para el caso concreto de la intervención de los menores en el Centro Nacional de Atención en Drogas para Personas Menores de Edad, en adelante Centro de Menores, se determinó la existencia de varios instrumentos, tales como: perfiles de ingreso para los servicios residencial y diurno, reglamentos de ingreso, reingreso y visitas, protocolo de ingreso al servicio residencial, formulario de evaluación inicial, contenido terapéutico y detalle de actividades diarias para los residentes, entre otros, que no se encuentran validados ni oficializados por las autoridades del Instituto. Dicho cuerpo normativo, según información suministrada por el Área Técnica del IAFA 19 fue elaborado por el personal técnico del Centro de Menores en el mes de diciembre de 2009, y al mes de junio del año en curso aún se encontraba en proceso de revisión y aprobación por parte de la Jefatura del Centro, la Coordinadora del Área Técnica y Dirección General, por lo tanto aún no está oficializado por la Junta Directiva; situación que se mantiene a la fecha de emisión de este informe, ya que, de la revisión de los acuerdos tomados por dicho órgano colegiado, en el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2010, no se logró evidenciar la presentación de la normativa técnica citada, para su análisis y aprobación. Por otra parte, de acuerdo con la información y documentación suministrada por funcionarios del Área Técnica y la Unidad de Aprobación de Programas 18 Publicado en La Gaceta N 89 del 10 de mayo del Nota No. AT del 3 de junio de 2010, suscrita por la Licda. Patricia Araya Sancho, Coordinadora a.i. del Área Técnica del IAFA.

15 del IAFA 20, el funcionamiento de los centros de atención de menores de edad se ha venido regulando a través de los documentos denominados Instructivo sobre criterios básicos para el funcionamiento técnico de programas dirigidos a tratamiento y rehabilitación de la población alcohólica y/o farmacodependiente del país y Síndrome de intoxicación y abstinencia de drogas psicoactivas: recomendaciones para su manejo Costa Rica 2000, instrumentos que establecen normas mínimas de funcionamiento y atención de orden general, es decir, no están enfocados a la especial regulación de los servicios que prestan los establecimientos que brindan atención a las personas menores de edad, por lo consiguiente, resulta indispensable la emisión y oficialización de normativa específica y especializada que permita regular y garantizar que el servicio que se brinde a las personas menores de edad sea garante de los principios y derechos que les asisten. Sobre este tema, en respuesta a una consulta formulada por este órgano contralor, se informó que para el proceso de aprobación de programas públicos y privados, se ha venido trabajando en una propuesta para normalizar el tratamiento de la población menor de edad y que ya cuentan con un borrador de normativa que aún debe ser revisada y validada tomando en cuenta la experiencia del IAFA en el Centro de Menores 21. En cuanto a los protocolos de atención, no se encontró un documento que reúna una descripción completa por tipo de servicio y paciente que sirva de guía técnica para la intervención que se le brinda al menor de edad en los diferentes centros de atención públicos o privados. De acuerdo con lo que establece el Manual sobre Tratamiento del Abuso de Drogas 22 el Protocolo de tratamiento debe contener una descripción completa de los pacientes que se han de tratar, los elementos operacionales y organizativos del tratamiento que se administrará, el personal que estará a cargo del tratamiento y los métodos y procedimientos clínicos que se aplicarán, lo cual resulta fundamental a efecto de promover la homogeneidad de principios, criterios, técnicas, métodos, procedimientos y terminología asociada al servicio y así minimizar el riesgo de que se presente un trato desigual en el proceso de tratamiento que recibe la población beneficiaria. La emisión de normativa técnica para la atención de menores de edad en esta materia, no sólo permite unificar los criterios con el fin de promover la igualdad, accesibilidad y seguridad necesarios para el beneficio de la población meta, sino también, maximizar los recursos públicos que se inviertan en la atención de esta población y regular la labor de supervisión y evaluación de los programas, a través de la definición previa de especificaciones sobre las condiciones y requisitos que deben cumplir los centros que brindan servicios de calidad a las personas afectadas por la dependencia alcohólica o a otras drogas Ibídem. Nota No. SJap del 5 de julio de 2010, suscrita por Licda. Hannia Carvajal Morera, Encargada de la Unidad de aprobación de programas del IAFA, complementada mediante correos electrónicos. 21 Nota No. AT de fecha 3 de junio del 2010, suscrita por la Licda. Patricia Araya Sancho, Coordinadora a.i. del Área Técnica del IAFA. 22 Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito Viena Nueva York, 2003.

16 Sobre el proceso de supervisión técnica de los programas de tratamiento de la adicción en menores de edad. Tal como se ha venido mencionando en puntos anteriores, el Instituto es el órgano que ha sido designado como responsable de la supervisión de los programas públicos y privados que brindan servicios a drogodependientes, funciones a cargo de la Unidad de Acreditación de Programas. Como resultado del estudio realizado por esta Contraloría General sobre el cumplimiento de esta función por parte del IAFA, se determinaron las siguientes situaciones: a) El IAFA no dispone de una guía de supervisión que establezca los aspectos que deberán ser verificados por el personal responsable de esa labor y las diferentes técnicas posibles a utilizar, por ejemplo: inspección ocular o documental, entrevistas, etc.; que le permita la supervisión sistemática y uniforme de los programas autorizados para la atención de personas drogodependientes, documento que debe ser diseñado con fundamento en principios, normas y lineamientos afines a la población menor de edad, previamente establecidos y oficializados, cuyos objetivos sean no sólo promover la unificación de criterios de supervisión, sino, velar por la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad y el cumplimiento de la normativa técnica aplicable. La ausencia de instrumentos o guías para la ejecución de la supervisión resulta inconveniente, ya que propicia que cada funcionario bajo su propio juicio establezca la naturaleza y alcance de la supervisión que efectúa y eso podría tener efectos adversos en la calidad pretendida de los programas que desarrollan las organizaciones autorizadas para prestar este servicio. Además, resulta importante regular, respaldar y documentar formalmente este tipo de actividad, no sólo en aras de promover un adecuado proceso de rendición de cuentas respecto al servicio que tales organizaciones ejecutan en beneficio de las personas menores de edad, sino también, en consideración a que, producto de esa supervisión, la administración deberá sustentar posteriormente la decisión de autorizar la continuidad o no del programa, así como, fortalecer o adecuar su funcionamiento. Sobre la forma en que se ha venido ejecutando la labor de supervisión, la encargada de la Unidad de Aprobación de Programas señaló a esta Contraloría General 23 que lo que se tiene previsto es que una vez que ha sido aprobado el respectivo programa, se realizan de dos a tres visitas al año en cada entidad, con el propósito de verificar su funcionamiento, considerando por ejemplo, revisión de expedientes, reuniones con el personal, con usuarios de los servicios, revisión del estado de medicamentos, del recurso humano y que a partir de la promulgación de la nueva normativa se tiene previsto trabajar en la actualización de los manuales de procedimientos y elaboración de herramientas para las diversas actividades que ejecuta dicha unidad, lo cual se ha visto atrasado por la falta de recurso humano. b) El artículo 2 del Decreto Ejecutivo No ya citado, señala que el IAFA debe Establecer un sistema institucional de evaluación, que permita la 23 Nota No. Sjap del 5 de julio de 2009, suscrito por la Licda. Hannia Carvajal, Unidad de Aprobación de Programas.

17 adecuación y mejoramiento de los programas.. Uno de los factores de éxito para un sistema de evaluación eficiente es contar con un sistema de información igualmente eficiente que le permita a la institución un monitoreo permanente sobre la calidad del servicio que brindan los programas de tratamiento. En relación con lo anterior, se determinó que el IAFA carece de registros consolidados, oportunos y confiables sobre la población infanto juvenil atendida, ingresada y egresada de los diferentes programas de orden público y privado que brinda servicios a esta población, que permita al Instituto ejecutar de forma eficaz y eficiente su labor de rectoría, por cuanto lo priva de la posibilidad de monitorear todos los aspectos relacionados con la atención del problema y por ende disponer de información oportuna y confiable que le permita sustentar la promoción, la adecuación y el fortalecimiento de los programas. Según se determinó, cada organización o unidad ejecutora mantiene registros independientes -de forma manual o electrónica- correspondiente a la evaluación realizada a los pacientes, fecha de ingreso y salida, datos sobre su evolución y motivo del egreso, etc., situación que debilita la capacidad de respuesta del IAFA para cumplir a cabalidad con la tarea que le ha sido encomendada por el legislador respecto a la supervisión y evaluación de programas. Por ejemplo, se comprobó que, a pesar de que desde hace varios años el IAFA solicita información a las ONG s, esa información, según indicó el Doctor Douglas Mata Pernudi, Encargado de la Unidad de Desarrollo Institucional 24, se obtiene con el objetivo de contar con los datos necesarios para realizar un proceso básico de vigilancia epidemiológica 25 y no como parte de un proceso orientado a supervisar o evaluar la efectividad de los programas. En el caso de los programas de atención que ejecutan las organizaciones privadas, la ausencia de un sistema de evaluación institucional que permita medir la efectividad tiene implicaciones importantes en la población atendida, ya que según la información proporcionada por las mismas ONG s 26, de 253 menores de edad atendidos en el 2009 y primer trimestre de 2010, aproximadamente el 90% de los casos no terminaron el programa de tratamiento, lo que eventualmente podría tener afectaciones impredecibles en la salud y en el futuro de esos menores, máxime que algunos de estos menores llegan a esas organizaciones provenientes del PNH, donde han sido desintoxicados y por consiguiente presentan una afectación mayor. Sobre este tema, resulta de interés señalar que la institución trabaja actualmente en el desarrollo de un Sistema de Expediente Electrónico, el cual según se indicó, se espera que entre en operación en el último trimestre de 2010; sin embargo, de la información aportada se desprende que el alcance de ese Sistema de Información resulta limitado, ya que como parte de sus objetivos no se contempla la interconexión con las redes de tratamiento del IAFA a nivel regional o bien con los Nota No. DI del 11 de agosto de Entendida como la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. El análisis e interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma de decisiones y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión. Información suministrada mediante nota No. DI del 11 de agosto Hogares Crea Barva de Heredia, Birrisito de Cartago, Oreamuno de Cartago y Siquirres, RENACER y Comunidad Encuentro.

18 sistemas de información de otros actores públicos o privados, lo que resulta fundamental para maximizar la eficiencia de la gestión pública que se realiza en torno a la atención integral de esta problemática. En conclusión, de acuerdo con la normativa vigente, el IAFA como rector técnico en esta materia debe liderar todos los esfuerzos estatales orientados a la investigación, promoción, coordinación, fortalecimiento y aprobación de los programas públicos y privados para el tratamiento de personas afectadas con el flagelo de la drogadicción. Al respecto, si bien es cierto se observó la ejecución de algunas acciones orientadas a coordinar y articular acciones en procura de regular los servicios y establecer una estructura estatal que permita el abordaje integral del servicio de tratamiento, lo cierto es que estas acciones han sido insuficientes y la institución no ha cumplido a cabalidad con esa rectoría técnica que le ha sido encomendada, ya que según se expone en los ítems 2.1.1, y de este informe, la institución no ha ejercido un liderazgo efectivo en el establecimiento y operación efectiva de una red de tratamiento y en consecuencia no se ha logrado materializar la integración de los servicios enfocada a brindar a la población el acceso oportuno y efectivo al tratamiento requerido. Además, a la fecha del estudio la institución no ha promulgado normas y protocolos para la prestación del servicio de tratamiento de menores de edad, y carece de herramientas que le permitan de forma sistemática y eficiente la supervisión y evaluación de los programas, lo cual incide negativamente en su gestión y la limita en su funcionamiento como institución rectora en esta materia, para adoptar acciones tendientes a fortalecer, readecuar o promocionar programas orientados a aumentar la cobertura y calidad de los programas tendientes a brindar tratamiento, rehabilitar y reinsertar a la sociedad de forma efectiva a menores de edad que se encuentran afectados por el consumo de drogas Sobre la cobertura y tipo de servicios para el tratamiento a menores de edad con adicción a las drogas. En cuanto a la oferta institucional existente para la atención integral de menores de edad impactados por el flagelo de la drogadicción, se determinaron las situaciones que se citan seguidamente: Limitada cobertura de la atención integral que se brinda a las personas menores de edad impactadas por el fenómeno de la drogadicción. Según se indicó, el artículo 22 de la Ley No y sus reformas 27, establece que el IAFA es el ente técnico responsable de brindar los servicios de tratamiento para la atención de las personas con adicción a las drogas y en esta labor deben participar el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cualquier otra entidad o institución legalmente autorizada por el Estado. 27 Ley No Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud.

19 De conformidad con la Ley No. 7739, denominada Código de la Niñez y la Adolescencia 28, el Estado debe generar acciones para brindar condiciones adecuadas y velar para que la población infanto juvenil pueda ejercer sus derechos, desarrollando proyectos y programas que signifiquen factores protectores para la niñez y adolescencia de este país. En esa línea y propiamente en materia de salud pública, el Artículo 41 de la Ley No de cita establece que el Estado tiene la obligación de brindar atención médica directa y gratuita a los menores de edad, al estipular en lo que interesa lo siguiente: 16 Derecho a la atención médica. Las personas menores de edad gozarán de atención médica directa y gratuita por parte del Estado./ Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud quedarán obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera sin discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad. No podrá aducirse ausencia de sus representantes legales, carencia de documentos de identidad, falta de cupo ni otra circunstancia.. En relación con este tema, en el año 2005, una ciudadana costarricense interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando que existía incapacidad por parte de las instituciones del Estado para brindar a la población menor de edad el acceso efectivo y oportuno a los servicios de tratamiento para la adicción a las drogas. En esa oportunidad, la recurrente indicó que su hijo había sido internado en diferentes instituciones, sin resultado satisfactorio y que al interponerse el recurso, se encontraba en el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, donde fue internado por personeros del Patronato Nacional de la Infancia, pero que en dicho hospital valoraron al amparado y alegaron a sus familiares que le iban a dar la salida por cuanto no les correspondía la atención de menores drogadictos. Mediante el Voto No del 17 de mayo de 2005, la Sala Constitucional dispuso a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Patronato Nacional de la Infancia, al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y al Instituto Costarricense sobre Drogas, tomar todas las medidas necesarias para que en el plazo de dieciocho meses a partir de la comunicación de esta sentencia, el país cuente con un centro especializado en la atención de menores adictos a las drogas, capaz de brindar atención integral a los y las menores afectos a este mal, de acuerdo con la demanda real de estos servicios en todo el territorio nacional.. Además, en el mencionado voto la Sala Constitucional señaló que, las cuatro instituciones de cita son obligadas por el ordenamiento a participar en la atención del problema, por lo que deberán entonces coordinar la forma más adecuada de financiación del centro, los detalles referentes a la procedencia de su personal, la propiedad sobre sus activos, la capacitación técnica de sus funcionarios, la determinación de sus planes de atención, manuales de operación, etc. En atención a dicha resolución, el IAFA, en coordinación y con el financiamiento de otras instituciones públicas procedió a la construcción del Centro Nacional de Atención Integral en Adicciones para Personas Menores de Edad, en el 28 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 26 del 06/02/2008.

20 marco de un proyecto formulado en noviembre del , cuyo objetivo principal era dotar al país de un centro especializado de tratamiento de tipo residencial para la desintoxicación, motivación e inducción al proceso de rehabilitación e inserción social de niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas en situación de vulnerabilidad social. Sobre el particular, esta Contraloría General realizó un análisis sobre los antecedentes generados para la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Menores, resultados que se citan a continuación: En cuanto a la propuesta técnica para la entrada en funcionamiento del Centro de Menores, el proyecto de cita indica que el servicio a brindar por el centro se dividiría en dos fases, a saber: fase de captación y valoración inicial y fase de internamiento en la unidad de atención integral. A su vez, la última fase se clasificó en varias etapas, según se cita a continuación: a) Desintoxicación, b) Intervención para la motivación e inducción, c) Referencia para la rehabilitación y reinserción y d) Seguimiento ambulatorio. Finalmente, el proyecto de cita estableció que la población menor de edad sería atendida en espacios separados por sexo y edad, siendo que en la unidad de desintoxicación se habilitaría un espacio para 15 hombres y 5 mujeres y en la unidad de intervención un espacio para 25 hombres y 15 mujeres, es decir 60 cupos en total. Así, de acuerdo con el proyecto original, el Centro de Menores debía ofrecer una cadena de servicios continuada con una capacidad instalada de 60 espacios, orientada a brindar una atención integral a los menores impactados con este tipo de problema, donde queda claro que estaba contemplado el servicio de valoración, desintoxicación e intervención para la motivación al cambio durante la fase de internamiento de las personas menores de edad. Sin embargo, el modelo de atención diseñado y la capacidad instalada prevista para este Centro de Menores, no están sustentados en un diagnóstico nacional de necesidades que permita una respuesta efectiva al problema de drogadicción de las personas menores de edad. A partir de su entrada en funcionamiento, en el mes de mayo de 2009, contrario al modelo de atención originalmente diseñado, el Centro de Menores del IAFA se dio a la tarea de ofrecer tres servicios, a saber: el servicio de valoración y seguimiento, el servicio de consulta intensiva (diurno) y el servicio residencial (internamiento) que excluye el tema de la desintoxicación, éste último con capacidad instalada para la atención de 24 menores de edad. Por consiguiente, en consideración al proyecto original se observan fundamentalmente tres importantes cambios, a saber: la exclusión del servicio de desintoxicación residencial como parte de la fase de internamiento; la reducción de la capacidad instalada para la atención del servicio residencial que pasó de 60 a 24 cupos y la habilitación del servicio de atención diurno, sin que al respecto, se hayan acreditado a este órgano contralor la existencia de estudios técnicos que sustenten las decisiones adoptadas por la administración del IAFA en cuanto a la variación del Proyecto adjunto al oficio DG del 23 de noviembre del 2006, suscrito por Dra. Giselle Amador Muñoz, Directora General del IAFA, mediante el cual se presentó solicitud de autorización para realizar el concurso para la construcción del Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad.

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