BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES SENADO X LEGISLATURA I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

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1 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Núm de febrero de 2014 Pág. 2 I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. (621/000063) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 68 Núm. exp. 121/000067) PROPUESTAS DE VETO La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Palacio del Senado, 11 de febrero de Ester Capella i Farré. PROPUESTA DE VETO NÚM. 1 De doña Ester Capella i Farré (GPMX) El presente Proyecto de Ley legitima, por activa o por pasiva, los mecanismos de opacidad que permiten como ha denunciado la propia ONU el incremento del empobrecimiento, la corrupción y la violación de los derechos humanos y ambientales en los países más necesitados. Si bien la reforma de los créditos CESCE era necesaria y estaba pendiente desde la reforma de los créditos FAD, el presente Proyecto de Ley es una contrarreforma que, lejos de atajar y resolver los vicios del CESCE, ahonda en ellos. De hecho, la gran diferencia es una privatización encubierta que permitirá el mantenimiento de las grandes lagunas en derechos y en democracia actuales combinadas con la irresponsabilidad de un Estado dispuesto a lavarse las manos y a legitimar la opacidad que las permite, incumpliendo así entre otras las Observaciones del Comité de Derechos Humanos que establecen que estos derechos deben ser respetados y garantizados por los Estados respecto de toda persona que esté bajo su autoridad o control efectivo pese a que no se encuentre en su territorio. Es decir, que un Estado es responsable de las violaciones de los derechos humanos que cometen sus actores nacionales La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

2 Núm de febrero de 2014 Pág. 3 por la falta de regulación y control. Especialmente, si es una entidad pública, realiza funciones públicas o está sujeta a derecho público. A pesar de ello, la ONU en el informe Consecuencias de la deuda externa y de otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales afirma literalmente que «numerosos informes han documentado los efectos negativos para los derechos humanos de proyectos apoyados por entidades de crédito a la exportación», añadiendo que algunos de ellos tienen graves efectos ambientales y sociales. Asimismo, se denuncia que estas entidades entre las que se cuenta CESCE «no tienen salvaguardias adecuadas ni ejercen la diligencia debida, carecen de transparencia y se han visto involucradas en casos de corrupción». Las salvaguardias y diligencia debida incluyen el análisis transparente del impacto en derechos humanos, la consulta a las poblaciones afectadas, la supervisión independiente durante el proyecto o el derecho de las posibles víctimas a realizar denuncias ante un organismo independiente e imparcial. El presente Proyecto de Ley no sólo no cumple nada de esto, sino que tampoco respeta la Regulación europea sobre las Agencias de Crédito a la Exportación en Derechos Humanos o los principios que sobre la acción exterior de la UE se establecen en el artículo 21 del Tratado de Lisboa. Por todo ello se presenta veto al Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de internacionalización de la economía española. El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Palacio del Senado, 17 de febrero de Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta. PROPUESTA DE VETO NÚM. 2 De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC) El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto. La Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, S.A. (CESCE) se constituyó en 1970 como una compañía de capital mixto en la que el Estado es propietario del 50,25% de las acciones. El Grupo Santander con el 21,07% y el Grupo BBVA con el 16,3% componen el resto del accionariado. Desde su constitución cuenta con el mandato legal de gestionar el Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta del Estado, una herramienta de apoyo oficial a la internacionalización de las empresas españolas para que cuenten con los instrumentos necesarios para posibilitar la financiación de su expansión comercial e inversora. Desarrolla, además, la actividad de seguro de crédito y caución por cuenta propia, con reaseguro privado, en competencia con las demás compañías de seguros. CESCE es ahora el cuarto grupo europeo y la segunda compañía de España y Portugal por volumen de primas y ha desarrollado su presencia en Latinoamérica, donde cuenta con compañías filiales en ocho países de la región. Es, además de la propietaria de INFORMA S.A., líder en el negocio de información financiera y comercial en España y Portugal y cabecera de un grupo de empresas especializadas en negocios relacionados con la información y el apoyo a la gestión del crédito comercial. En julio de 2012 el Ministro de Economía y Competitividad anunció la privatización de CESCE y el RDL 20/2012 suprimió la restricción legal que obliga al Estado a mantener una posición mayoritaria en el capital de la compañía, al reformar la Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Exportación. El Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, que deroga la citada Ley 10/1970, crea la figura del Agente Gestor, que será la

3 Núm de febrero de 2014 Pág. 4 entidad designada por el Estado para gestionar en su nombre determinados riesgos de la internacionalización de las empresas españolas. Entendemos que no es positivo que el Estado pierda la mayoría en el capital social de CESCE y creemos que debe ser el agente gestor exclusivo de los instrumentos de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la empresa española. Así se fortalece el necesario control público del sistema de apoyo oficial a la internacionalización. Es preciso que esa actuación del sector público en el sistema de apoyo oficial a la internacionalización contribuya también a reconfigurar el patrón de crecimiento de nuestra economía y el papel que van a desarrollar las empresas exportadoras dentro de nuestra estructura económica y productiva. La defensa de CESCE como agente exclusivo y con mayoría del Estado en su capital, no evita apuntar los fallos que se han producido por un opaco mecanismo generador de sobreendeudamiento para los países empobrecidos y de impactos sociales y ambientales severos. En lugar de paliar sus defectos, este proyecto de ley agudiza estos problemas. En primer lugar, nos encontramos con la ausencia de control y participación democrática. Se va a otorgar a una entidad privada la gestión de los seguros por cuenta del Estado sin establecer mecanismos de información ni de control. Tampoco se establece ningún medio de participación ni de consulta de las poblaciones afectadas por los proyectos asegurados, los cuales pueden suponer un elevado riesgo socioambiental. En segundo lugar, destaca la ya mencionada cuestión de la generación de mayor endeudamiento para los países empobrecidos. La importancia del volumen de operaciones fallidas fuerza a los Estados deudores a dedicar una parte significativa de sus presupuestos al pago de la deuda externa en detrimento de la utilización de recursos para resolver dramáticas problemáticas sociales que viven muchos de esos países. En tercer lugar, este proyecto de ley carece de coherencia con los principios de la acción exterior de la Unión Europea a los que están sujetos todos los Estados miembros. La regulación europea sobre las agencias de crédito a la exportación adoptada en 2011 estipula que los Estados miembros deben cumplir principios tales como consolidar la democracia, el respeto de los derechos humanos, la coherencia de políticas para el desarrollo y la lucha contra el cambio climático, cuando establecen, desarrollan o implementan sus sistemas nacionales de créditos y seguros a la exportación, así como cuando realizan una supervisión de las actividades de apoyo público mediante créditos a la exportación. Las líneas directrices en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial a las cuales el proyecto de ley supedita el seguro por cuenta del Estado son totalmente insuficientes, carecen de cualquier carácter vinculante y eluden sistemas de control de las prácticas de las empresas que son favorecidas por los mecanismos de internacionalización. Por último, en la tramitación en el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley se ha introducido una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que reforma el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), evitando su discusión con los órganos y espacios consultivos propios de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. La reforma supone en términos generales un traspaso de competencias ejecutivas y responsabilidades sobre las operaciones del FONPRODE del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al Ministerio de Economía y Competitividad. Se otorga a la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES) un protagonismo en todas las fases relativas a la operativa del FONPRODE, acabando con el difícil equilibrio entre criterios de desarrollo y criterios de internacionalización vinculados a rentabilidad económica con que nació el FONPRODE. Esto supondrá en la práctica y con seguridad la desvinculación de la cooperación financiera de los criterios, prioridades y objetivos de desarrollo humano, para constituirse como un instrumento orientado principalmente a la internacionalización de las pymes españolas. La reforma no limita explícitamente las competencias que atribuye a COFIDES a las operaciones reembolsables, por lo que aparece un riesgo serio de balancear el presupuesto destinado anualmente a FONPRODE hacia la parte reembolsable del mismo, con el consiguiente perjuicio para las operaciones clásicas de la cooperación técnica como las donaciones Estado-Estado o la política multilateral a Organismos Multilaterales No Financieros. El triple rol asignado por la reforma a COFIDES como identificador, gestor y experto independiente es difícil de sostener en una lógica de rigurosidad con los requisitos que establece la ley en materia de vinculación y pertenencia a la política de cooperación para el desarrollo. Es difícil imaginar cómo van a

4 Núm de febrero de 2014 Pág. 5 hacerse cumplir los requisitos geográficos, emanados de las prioridades, o aquellos otros establecidos en forma de límites relacionados con análisis sobre sostenibilidad de la deuda. Mucho más difícil aún conocer cómo se incorporarían todos los criterios (derechos laborales, transparencia, fiscalidad, medio ambiente, etc.) establecidos tanto en el reglamento como en el código de financiación responsable actuales. El modelo de cooperación financiera para el desarrollo con que se concibe el FONPRODE tiende, con esta reforma, a asemejarse a las cooperaciones financieras internacionales realizadas por otros países que funcionan de forma desvinculada a la política de cooperación al desarrollo de los Estados, y los recursos utilizados en sus operaciones no tienen que responder a criterios de AOD a efectos de ser contabilizados como tal. Así funcionan las EDFIs (Entidades Financieras de Desarrollo Europeas), red cuyo miembro español es COFIDES. Con esta reforma, en su forma y en su fondo, se asesta un golpe definitivo a la política de cooperación para el desarrollo y a la coherencia de políticas con los principios y criterios del desarrollo. La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Palacio del Senado, 17 de febrero de Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García. PROPUESTA DE VETO NÚM. 3 De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC) La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto. El Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española consolida la privatización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), adaptando la normativa a la segura pérdida de la participación mayoritaria del Estado en el capital de CESCE, de acuerdo con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Presentamos esta enmienda de veto porque creemos firmemente que es necesario contar con instrumentos públicos con el fin de proteger contra el riesgo de impago y, de este modo, fomentar la actividad exportadora y la internacionalización de nuestras empresas. Pensamos que esta privatización es innecesaria y más con los buenos resultados de este organismo. Así, durante los últimos años, en plena crisis económica y financiera, el CESCE se ha comportado de manera contracíclica para paliar la escasez de crédito del sector privado. La emisión de seguros para la exportación por cuenta del Estado ha pasado de millones de euros en 2007 a en 2012, un incremento del 21%, llegando incluso a estar por encima de los millones en los años 2009, 2010 y CESCE, con más de 40 años de historia, posee una red comercial de 37 oficinas y más de 760 puntos de venta, tiene presencia en 10 países en Europa y Latinoamérica, tiene más de millones de euros de riesgos concedidos, y cuenta con más de clientes. CESCE es la cuarta compañía en Europa y la segunda en España del ramo de crédito y caución. En 2012 consiguió ingresos superiores a 420 millones de euros y logró un beneficio después de impuestos de 27,4 millones.

5 Núm de febrero de 2014 Pág. 6 La necesidad de este Proyecto de Ley la fundamenta el Gobierno en el Preámbulo del mismo, por «la posible pérdida de la participación mayoritaria del Estado en el capital de CESCE, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto Ley 20/2012», impulsado también por el propio Gobierno del Partido Popular. En cambio, no hemos encontrado en la documentación que acompaña al mismo, ningún diagnóstico que demuestre o justifique la realización de este servicio por un agente gestor privado y cuáles serían los beneficios para el Estado y para las empresas y compañías que se benefician de su actividad. Por supuesto, estamos de acuerdo en estudiar, valorar e impulsar la mejora de la gestión pública de CESCE que se ha demostrado altamente rentable, dando seguridad a nuestras empresas. No entendemos como «un instrumento esencial de la política comercial española», como explicita el Preámbulo, sea privatizado para obtener un exiguo beneficio de caja coyuntural y corramos el riesgo de una menor cobertura a las empresas españolas que internacionalizan su actividad, o lo que podría ser más grave, que las decisiones sobre esta cobertura respondan a intereses ajenos o contrarios a nuestra política exterior. Una vez más, el Gobierno del Partido Popular nos presenta un proyecto de ley que no responde y no está necesariamente justificado a la defensa del interés general. Consolida la privatización de un instrumento público imprescindible para fortalecer nuestra política comercial en el exterior y acompañar y arropar, cubriendo los posibles riesgos, la internacionalización de nuestras empresas. Por todo lo anterior, proponemos esta Propuesta de Veto al Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española y su devolución al Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Palacio del Senado, 17 de febrero de El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez. PROPUESTA DE VETO NÚM. 4 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) constituye un instrumento público que ofrece sus servicios con el fin de proteger contra el riesgo de impago a las empresas españolas en la actividad exportadora y la internacionalización. Esta sociedad estatal cuenta con una gran presencia internacional, posee una red comercial de 37 oficinas y más de 760 puntos de venta, tiene presencia en 10 países en Europa y Latinoamérica, tiene más de millones de euros de riesgos concedidos, cuenta con más de clientes y más de 3 millones de usuarios on-line. Por tanto, es una herramienta pública de gran importancia para la política comercial que está posibilitando la financiación de la expansión e inversión de las empresas españolas en el exterior, condición necesaria para salir de la crisis y consolidar un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. En dicha compañía de capital mixto, el Estado cuenta con la mayoría del capital (50,25%) y participan las principales entidades financieras españolas (45,85%), así como algunas compañías privadas de seguros (3,9%). En la actualidad, CESCE es la cuarta compañía en Europa y la segunda en España del ramo de crédito y caución, con dos líneas de negocio: el Seguro por Cuenta Propia y la Gestión de la Cuenta del Estado. A lo largo de la profunda crisis de la economía española, hay que recordar que CESCE se ha comportado de manera contracíclica para paliar la escasez del sector privado. En este sentido, la emisión de seguros para la exportación por cuenta del Estado ha pasado de millones de euros en 2007 a en 2012, un incremento del 21%, llegando incluso a estar por encima de los millones en los años 2009, 2010 y 2011.

6 Núm de febrero de 2014 Pág. 7 De hecho, el sector exterior, que ha sido el más dinámico de la economía española en los últimos años, ha permitido paliar, en parte, las consecuencias de la debilidad de la demanda interna. Las exportaciones en los últimos años están creciendo a buen nivel y también lo ha hecho el número de empresas que orientan sus ventas hacia el exterior. Esto ha sido así a pesar de la reducción y encarecimiento de la financiación bancaria, tendencia que ha continuado a lo largo de todo 2012 y en lo que llevamos del presente año. Es por ello que necesitamos instrumentos públicos para fomentar la actividad exportadora y la internacionalización. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, preveía ya la posibilidad de privatizar CESCE al establecer, entre otros aspectos, la modificación de la obligatoriedad de la mayoría del Estado en dicho capital prevista en la Ley 10/1970 de 4 de julio. Y es en este Proyecto de Ley donde se consolida dicha privatización. Si algo ha puesto en valor la crisis financiera internacional que se inicia con la quiebra de Lehman Brothers, cuarto banco de inversión de Estados Unidos, tras declararse en quiebra el 15 de septiembre de 2008, fue la necesidad de intervención de los poderes públicos para regular mejor los mercados y en este sentido el funcionamiento que ha tenido los seguros por cuenta del Estado a las empresas ante los riesgos de impago que supone invertir fuera de España, «internacionalizando» nuestra economía se ha demostrado eficaz y también rentable para el Estado. Tal es así que CESCE mantiene una posición saneada de sus cuentas, y sus balances, salvo en dos ocasiones, han sido siempre positivos. En el último año CESCE ha sido capaz de obtener un beneficio neto después de impuestos de 27,36 millones de euros en un contexto adverso de profunda recesión económica, lo que demuestra la solidez del modelo de negocio actual de dicha compañía. Por tanto, consideramos que no existen razones suficientes para plantear ahora su privatización. CESCE no sólo presenta una situación saneada de sus cuentas sino que además está siendo eficaz en el diseño de una política comercial orientada a dar mayor seguridad a nuestras empresas. No deberíamos olvidar, precisamente, que CESCE se crea en 1970 al estallar el «fiasco» del caso Matesa para apoyar a la exportación de las empresas españolas y evitar las subvenciones directas, cuando se crea una compañía que da cobertura de riesgo de impago a las ventas e inversiones de empresas españolas en el extranjero. Con el tiempo y con la entrada de España en la Unión Europea, CESCE también se dedica a dar cobertura de riesgo de impago a las empresas españolas en el mercado interior y cauciones en contratos públicos y otros. Nuestras empresas en su actividad de internacionalización con CESCE, tienen el aval del Estado, gestionando «por cuenta del estado» el riesgo de impago de las inversiones y/o grandes obras de

7 Núm de febrero de 2014 Pág. 8 compañías españolas en el extranjero (riesgo político, riesgo de quiebra de los organismos o compañías que compran, riesgo de impago del país, etc.). Asimismo, se cubren los impagos y se avala a las compañías españolas ante terceros. España, por tanto, avala inversiones estratégicas de política comercial en todo el mundo, cobrando la prima y pagando los siniestros, por cuenta del Estado, siendo una gestión rentable por los porcentajes cobrados de las primas al realizar la gestión técnica. Es un trabajo muy rentable para CESCE y el Estado. Las primas cobradas sobrepasan, en cálculo histórico, los siniestros pagados. CESCE, como gestor, gana bastante dinero en este proceso. Esto no quiere decir, por supuesto, que la gestión pública de CESCE no pueda y deba mejorarse. Es más, las empresas, especialmente en los últimos años, se quejan de que se han subido los precios por la gestión del riesgo, cuando más apoyo necesitan dichas empresas para competir en el exterior y generar más empleo, apoyando a la economía española en su proceso de internacionalización. Por eso, en estos años, han bajado las empresas «clientes», por lo que desde lo público se puede y se debe ser más eficientes, puesto que si extendemos las operaciones, aunque el margen de beneficio sea menor por cada operación, no quiere decir que se obtengan menos ingresos, todo lo contrario, se ganará más, ampliando el volumen de negocio. Si se pierde cuota de mercado, no es porque sea pública la gestión, sino porque esta manera de gestionar la compañía, especialmente con el actual Gobierno, está siendo muy poco eficaz, lo que precisamente sirve de excusa al actual Ejecutivo para justificar su privatización. Sería el momento de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas ante las Cortes Generales, precisamente, ahora, cuando la gestión, desde que está el actual Gobierno ha empeorado. No debemos desentender un instrumento muy eficaz para apoyar a nuestras empresas en el exterior. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la solución pasa por mejorar la gestión pública de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) que se ha demostrado históricamente, altamente rentable, dando seguridad a nuestras empresas y recuperar la cuota de mercado que nunca se debió perder. No huir de esta responsabilidad, privatizando, y justificando «hacer caja» a riesgo de una menor cobertura a las empresas españolas que internacionalizan su actividad. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto, solicitando la devolución del Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. D. L.: M / ISSN: Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado