INFORME APROBADO POR LA COMISION MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA

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1 V LEGISLATURA Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS 11 de diciembre de 1995 Núm. 80 INFORME APROBADO POR LA COMISION MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA 154/ Informe aprobado por la Comisión Mixta para el Estudio (Congreso de los (Diputados) del Problema de la Droga. 652/ (Senado) INFORME APROBADO POR LA COMISION MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA 154/000022(Congreso de los Diputados) 652/ (Senado) Se ordena la publicación en el BOLET~N OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Sección Cortes Generales, del Informe aprobado por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga, en su sesión del día 22 de noviembre de Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de El Presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons Irazazábal. INDICE Página 1. ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS CONSTITUCION DE LA COMISION OBJETIVOS Y SESIONES INFOR- MATIVAS DE LA COMISION ANALISIS DE LA SITUACION AC- TUAL INTRODUCCION EL CONSUMO DE DROGAS EL TRAFICO DE DROGAS LA PREVENCION POLITICAS ASISTENCIALES Y DE REINSERCION LA COOPERACION PROPUESTAS INTRODUCCION....:... PREVENCION... MEDIDAS ASISTENCIALES Y DE REINSERCION... LUCHA CONTRA LA OFERTA, EL NARCOTRAFICO Y EL BLAN- QUEO DE CAPITALES

2 CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE SERIE A. NÚM ANTECEDENTES PARLAMENTARlOS 1. CONSTITUCION DE LA COMISION La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga en la presente V Legislatura fue creada, con carácter permanente, mediante acuerdos del Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión del 16 de septiembre de 1993, y del Pleno del Senado, en sesión del 21 del mismo mes y año. La iniciativa correspondió al Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió y al Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso de los Diputados, así como a este último Grupo en el Senado. Los antecedentes de esta Comisión Mixta son los siguientes : (1) En la 11 Legislatura, Comisión de investigación sobre el Problema de la Droga, creada en el Senado, cuyas conclusiones resultaron básicas en la redacción del Plan Nacional de Lucha contra la Droga. (2) En la ID Legislatura, Ponencia para el Estudio del Problema de la Droga, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social del Senado. (3) En la IV Legislatura, Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga, con carácter permanente, creada por los Plenos del Congreso de los Diputados y el Senado. Su informe fue aprobado por los Plenos de ambas Cámaras y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (número 9, Serie A, de 17 de junio de.1991). 2. OBJETIVOS Y SESIONES INFORMATIVAS DE LA COMISION La Mesa de la Comisión, en su reunión con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, celebrada el 19 de octubre de 1993, acordó un programa de trabajo que, siguiendo el modelo de la IV Legislatura, se desglosó en dos fases sucesivas: una primera de carácter informativo y una segunda de redacción de las conclusiones de sus trabajos. Finalmente se procedió al debate y aprobación del Informe para ser elevado a los Plenos de ambas Cámaras. Durante la fase informativa, se produjo la comparecencia de diversos altos cargos de la Administración del Estado y también de algunos responsables de organizaciones no gubernamentales para valorar el Informe de la IV Legislatura: - Ministro del Interior, D. Antonio Asunción Hernández. - Ministro de Justicia, D. Juan Alberto Belloch Julbe. - Ministra de Sanidad y Consumo, D." M." Angeles Amador Millán. - Ministro de Educación y Ciencia, D. Gustavo Suárez Pertierra. - Ministro de Defensa, D. Julián García Vargas Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, D. Baltasar Garzón Real. - Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, D. Carlos López Riaño. - Secretario del Plan Nacional sobre el SIDA, D. Francisco Parras Vázquez. - Presidente de la Asociación Proyecto Hombre, D. Isaac Núñez García. - Presidente de la Unión Española de Asociaciones de Asistencia al Toxicómano, D. Ignacio Jiménez Frisuelos. - Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, D. Eduardo Serra Serrach. - Representantes de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, D." Mm'a del Carmen Menéndez González y D. Pedro Jesús Astrain Gallart. 11. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 1. INTRODUCCION Es claro que el problema del uso indebido de drogas constituye en la década de los noventa una de las principales preocupaciones de la sociedad española y de la comunidad internacional. Es verdad que el conocimiento de la cuestión es cada vez mayor, al igual que la sensibilidad política para promover políticas de lucha contra el fenómeno, pero no es menos cierto que los resultados sólo pueden ser analizados en el largo plazo, sin perjuicio de la necesaria evaluación de las políticas concretas. Además, la complejidad de las drogodependencias impide una perspectiva uniforme y cerrada y, mucho menos, una actitud dogmática, dada la existencia de posiciones distintas en relación con la respuesta política ante el consumo indebido de drogas. Esta consideración es debida a la enorme dificultad de constatar resultados claramente positivos desde las posiciones que gozan de mayor consenso y que es necesario mantener. La representación social del problema condiciona en muchas ocasiones el discurso político e ideológico e incluso genera debates ante los cuales el Parlamento, lejos de adoptar una posición cerrada en su tarea de estudio, debe servir de lugar de sosiego a las ideas y propuestas y de orientación a la sociedad. Detrás del problema de la droga se encuentran, en primer lugar, manifestaciones de las contradicciones sociales, de los valores de nuestra civilización y de las tendencias de las nuevas formas de criminalidad. Pero, además, la lucha contra el consumo indebido y la adicción a las drogas es también un «termómetro» de la capacidad de la sociedad para desarrollar políticas de solidaridad que seguramente serán más amplias en la medida en que la mitificación del problema deja paso a la asunción de una cultura de la salud y de la lucha frente a la marginación. En España se ha ido configurando en la última década un modelo de lucha contra la adicción a las drogas

3 CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE lggs.-serie A. NÚM. 80 asentado en una progresiva modificación e incorporación de leyes, así como en un claro referente institucional, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga y un aumento progresivo de los recursos financieros, tanto en el plano de la lucha contra la oferta ilegal como en el de la prevención, asistencia y reinserción. En el contexto previsto por la Convención de las Naciones Unidas de 1988, se ha modificado el Código Penal; graduando las penas en función de las circunstancias concretas, se ha incorporado la ampliación de las facultades de comiso de los instrumentos de tráfico, así como la investigación de movimientos de capitales y las posibilidades de remisión condicional de la pena para los delincuentes toxicómanos. De igual forma, se ha llevado a cabo la incorporación de la figura del arrepentido, de las entregas vigiladas de droga, las entregas vigiladas de capitales y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Asimismo, se ha iniciado el proceso de transposición de diversas directivas europeas, que ha tenido como resultado, entre otros, la aprobación de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. De otro lado, también es necesario resaltar la Ley de creación de un fondo procedente de los bienes decomisados a los narcotraficantes para la prevención, represión y rehabilitación y la nueva regulación de la represión del contrabando. En la regulación de las drogas legales se han dado los primeros pasos, que todavía distan de estar en consonancia con la magnitud del problema. La Ley de Publicidad excluye en televisión los anuncios de tabacos y de bebidas alcohólicas de más de 20" centesimales, y permite la extensión de las restricciones a la radio. La normativa sobre lugares de consumo y venta de alcohol y tabaco ha limitado éstos, pero ha tenido que vencer algunas resistencias sociales. La legislación autonómica ha puesto en marcha, a través de diversas leyes, las primeras referencias legislativas a las drogas. De igual forma, se han promulgado normas de autorización administrativa y acreditación de centros de asistencia a toxicómanos. También en los ú1- timos años se ha ido perfeccionando la regulación de la dispensa de fármacos psicotrópicos. Desde el punto de vista de ia acción administrativa y organizativa, destaca la creación de grupos especializados en materia de droga en el Servicio Central de Estupefacientes, en la policía judicial y en casi todas las comisarías provinciales. También la Unidad Especial de la Guardia Civil y los Grupos Operativos en la Fiscalía General del Estado (blanqueo de capitales y fraude fiscal) y la creación de los fiscales especiales antidrogas, que necesitan ir aumentando sus medios y recursos, así como los mismos destinados al Servicio de Vigilancia Aduanera. Desde una óptica institucional, el Plan Nacional ha constituido un referente básico que ha marcado la actuación de todas las Administraciones Públicas y de la iniciativa social y se ha configurado, por tanto, como el instrumento fundamental para la solución de los problemas. El Plan Nacional ha conseguido integrar en su funcionamiento definiciones de objetivos y prioridades con las Comunidades Autónomas, logrando integrar distintos proyectos políticos y alcanzar una serie de mínimos comunes. No obstante, no ha llegado todavía a integrar en su desarrollo a la mayor parte de las actuaciones de las corporaciones locales, ni al trabajo concreto de algunos sectores de la Administración y, además, las vinculaciones de las Fuerzas de Seguridad con el Plan no son aún las idóneas. 2. EL CONSUMO DE DROGAS En España se ha dado una convivencia histórica con los consumos de drogas legales que ha supuesto un elevado coste para individuos y la sociedad. El fenómeno del consumo de drogas ilegales adquiere su primera gran extensión en un contexto sociohistórico determinado y que, en todo caso, provoeó lo que se ha venido en calificar de «crisis» o «epidemias» referido a la aparición y rápida extensión del consumo de heroína por vía parenteral. A pesar de que el consumo de otras drogas, como cannabis y cocaína, también aumentó e incluso en la práctica la mayor parte de los casos eran y son de politoxicomanía, no cabe duda que la heroína determina las características del fenómeno y la respuesta que se iba a dar al problema. Son diversos los elementos confluyentes para la creación de un imaginario social en torno a los drogodependientes y su contexto social que se traduce en una gran alarma social, que condiciona de manera evidente una respuesta racional y alejada de las soluciones mágicas y de la satanización de los problemas. Aunque es complejo establecer una radiografía de la evolución de los consumos, sí parece que se pueden apuntar algunas tendencias. Por lo que respecta a la heroína, parece que en los años 90 se inicia una tendencia a la baja en lo referente a su consumo por vía intravenosa, aunque subsiste por la vía de la inhalación y no disminuyen los tráficos, lo que no permite bajar la guardia en todo lo que se refiere al control de la oferta y a una política presupuestaria futura destinada a paliar las consecuencias en el colectivo sin duda más dañado. Las poblaciones de heroinómanos envejecen progresivamente o padecen problemas sanitarios muy graves, una clara desintegración social y una historia de repetidos fracasos terapéuticos. En lo que atañe al consumo de cocaína, es difícil una evaluación rigurosa de la situación. Los datos relativos al control de la oferta hacen pensar en una importante extensión de su consumo, que no se corresponde con la demanda en los servicios de atención. En cualquier caso, los problemas relacionados con la cocaína son percibidos de forma muy singular, incluso la imagen de la sustancia, que no genera el mismo rechazo que' otras, puede condicionar su propagación. El consumo de «drogas sintéticas» parece estar extendiéndose desde hace algunos años; son distintas las

4 CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE lg!%.-serie A. NÚM. 80 sustancias, anfetaminas, el' MDA, MDMA (éxtasis). Dos notas es necesario resaltar sobre este tipo de estupefacientes. En primer lugar, que no es cierto, frente a la creencia general, que su uso.está generalizado, aunque va en aumento. En segundo lugar, hay que llamar la atención de que la imagen social y la reacción ante estos productos es mucho más frágil que ante otras sustancias y, por ello, es necesario profundizar en una reacción más contundente y extendida ante las llamadas «drogas sintéticas>>. El consumo de hachís sigue estando muy extendido, aunque desde hace años se perfila una cierta tendencia a su estabilización y disminución. Si bien es cierto que ha avanzado un criterio diferenciador sobre el consumo de esta sustancia, parece indudable que el mayor riesgo del hachís, pero no el único, viene determinado por la posibilidad de que su uso favorezca el inicio a otros consumos, especialmente por la coincidencia de los circuitos de la oferta. En relación con el abuso del consumo de alcohol, lo más significativo es el cambio en los patrones de uso, sobre todo en grupos de jóvenes y adolescentes y la aparición de nuevos riesgos ligados al consumo exclusivo de fin de semana, como intoxicaciones agudas, mayor riesgo de accidentes, etc. Parece que existe un claro riesgo de que el uso generalizado, pero moderado, típico de nuestra cultura, esté en crisis. En definitiva, a pesar de que hay datos que permiten hablar de una evolución en las manifestaciones del consumo menos dramáticas, lo cierto es que el fondo del problema persiste en la sociedad española, que progresivamente ha asumido una clara conciencia en la cultura del rechazo y quizá, en menor medida, una decidida actitud solidaria ante los drogodependientes. Sin duda, la nota más positiva es que las generaciones más jóvenes han adoptado una posición ante el problema mucho más comprometida en la asunción del valor que constituye la cultura para la salud. 3. EL TRAFICO DE DROGAS El tráfico de drogas ilegales en nuestro país, al igual que en buena parte de las sociedades occidentales, es difícil de cuantificar o medir con estadísticas fiables, dada la naturaleza clandestina de la actividad. No obstante, a pesar de los esfuerzos de la sociedad, de las Faerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los recursos que progresivamente han ido aumentando, en la lucha contra la droga es constatable que la oferta de drogas ilegales en Europa y en España no disminuye. Es verdad que el número y el volumen de alijos incautados ha aumentado, al igual que el número de personas.detenidas y el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico, pero sería irreal definir una situación favorable. Aunque la Comisión quiere dejar constancia del reconocimiento a los múltiples e intensos esfuerzos de muchas instituciones y personas. Es preciso, no obstante, apuntar alguna de las notas características que definen la evolución de las redes que promueven la oferta del tráfico ilegal de drogas. En ese sentido, es clara la confirmación de la creciente internacionalización y cooperación de las mafias de la droga; los narcotrafkantes controlan todos los elementos de la cadena del tráfico. Cada vez son más evidentes los vínculos entre el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada y violenta y es notorio el creciente poder económico y político de las mafias de droga. La Comisión llama la atención sobre la gravedad que supone el desarrollo de las organizaciones criminales, que se han constituido en un autentico riesgo para la seguridad del Estado y para el desarrollo de los valores democráticos. El crimen organizado es un poder frente al Estado, que utiliza la corrupción y la violencia como «herramientas de trabajo» y que, como es conocido, supone un enorme negocio y, por tanto, un volumen ingente de beneficios para los narcotrafkantes. 4. LA PI2EVENCION La prevención es el pilar fundamental de la política contra el uso indebido de drogas y también una tarea compleja en sí misma. Aun reconociendo que, en materia de prevención, se han producido avances sobre la situación precedente, no podemos considerar que dicha situación sea satisfactoria. Es verdad que hay una intensificación de las acciones preventivas de los poderes públicos, de las ONGS y de los medios de comunicación y que, paralelamente, hay una elevación de la conciencia ciudadana. Especial relevancia tiene el haber iniciado el caminó de la prevención en el ámbito escolar, como consecuencia de la LOGSE y de los programas de educación para la salud en los centros educativos de muchas Comunidades Autónomas. De otro lado, se ha avanzado en la prevención en ámbitos específicos: laboral, militar, penitenciario y en lo que respecta a la dotación de infraestructuras y equipamientos cara a una adecuada utilización del tiempo libre. Ahora bien, conviene recordar que en España no ha adquirido la relevancia que merece la medicina preventiva y la promoción de la salud, en especial referente a la educación sanitaria, circunstancia que no ha impedido la banalización de las drogas legales y algunas ilegales. De otro lado, persiste una dificultad para evaluar los programas y campañas preventivas y sus efectos, posiblemente debido a una imprecisión de objetivos y se constata la gran complejidad de la puesta en marcha de actuaciones que impliquen cooperación social y coordinación administrativa. En este apartado es preciso subrayar la gran importancia que los medios de comunicación tienen a la hora de contribuir en una tarea preventiva adecuada; de ahí que resulte necesario una apelación permanente a los mismos para que colaboren de manera coordinada en los múltiples esfuerzos que desde el ámbito social y político se desarrollan.

5 - CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE 1!%5.-SERIE A. NÚM POLITICAS ASISTENCIALES Y DE REINSER- CION Desde mediados de los años 80 se ha producido una continua extensión de la red servicios asistenciales. Se han generado nuevos recursos, como centros de atención, centros de día y camas hospitalarias para la desintoxicación. Las comunidades terapéuticas han comenzado a ser evaluadas, aunque es necesario incrementar los elementos de un adecuado análisis de su solvencia. Sin embargo, la implicación de las redes generales (sanitaria y de servicios sociales) en la atención y la integración de los distintos recursos en una única red, es aún insuficiente. De otro lado, puede considerarse que se ha producido una clara mejora en los rendimientos asistenciales de los programas de sustitución y reducción del daño. En lo que afecta a la reinserción, cabe decir que existe, afortunadamente, un colectivo importante de personas que, gracias a su paso por el dispositivo de atención, han superado una situación de abstinencia o consumo esporádico y que incluso han logrado una plena inserción social como consecuencia de programas de formación e inserción laboral. La experiencia, aún cuantitativamente insuficiente, puede considerarse positiva. Es necesario constatar la existencia de un colectivo de personas que, fruto de su intensa adicción a la heroína, reviste unos caracteres muy preocupantes de deterioro físico y humano y que, por tanto, requiere una política específica y solidaria. 6. LA COOPERACION Resulta evidente que el Plan Necional sobre Drogas ha sido el motor fundamental de una estrategia global de intervención sobre los problemas de drogas, articulado sobre un amplio consenso institucional y político, propiciado desde las Administraciones y desde las organizaciones sociales. No obstante, parece conveniente plantear una revisión de los objetivos e instrumentos de coordinación del Plan Nacional. La cooperación internacional ha experimentado un avance notable en los últimos tiempos, tanto en el seno de la Unión Europea y Consejo de Europa como en el marco de la comunidad internacional, especialmente de las Naciones Unidas. Pero es notorio también que el camino por recorrer es ingente, especialmente en los que afecta al tráfico ilícito. La liberalización del mercado de capitales ha hecho surgir nuevos retos con los que la comunidad internacional no ha tenido que enfrentarse hasta ahora y supone un salto cualitativo muy importante en la persecución de estos tráficos ilícitos, por las dificultades inherentes. Por esta razón, habrá que mejorar las actuales formas de cooperación y estudiar otras nuevas. rrr. PROPUESTAS El conjunto de las propuestas de las Cortes Generales debe estar inspirado en un equilibrio entre los valores de la libertad individual, la solidaridad y los intereses generales de la comunidad que fundamentan una sociedad democrática. 1. INTRODUCCION La respuesta social y política al grave problema del consumo de drogas y a todas las implicaciones y consecuencias que comporta este fenómeno, que constituye una de las preocupaciones básicas de nuestra sociedad, está determinada sin duda por un conjunto de valores. Existen pocos debates de tanto calado social en donde las distintas posiciones pueden esconder toda una concepción de cuáles han de ser los valores esenciales de la convivencia o cómo ha de ser entendida la relación entre el Estado y la sociedad. No es infrecuente además que las distintas posturas se exterioricen en la opinión pública con aparentes contradicciones. La concepción sobre el valor de la libertad es posiblemente la clave para comprender cuál ha de ser el papel del Estado como representante de la sociedad organizada ante la adicción a las drogas ilegales. La libertad es, sin duda, la condición previa para el desarrollo de una sociedad democrática que está fundada en valores éticamente relevantes. Ahora bien, la expresión individual, contenido básico y primario de la idea de la libertad, vale poco en sí misma si no es entendida como un principio indispensable para el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Desde e3.a perspectiva, la libertad no es sólo un fin en sí mismo, un bien para cada hombre y mujer, sino que también es una vía fundamental para la consecución de aspiraciones vitales y culturales que deben ser esenciales en una concepción progresiva de la capacidad de desarrollo de la civilización. Al igual que el Estado de Derecho no es el respeto por parte del Estado a cualquier legalidad, sino a un «Derecho» que respete determinados valores, la libertad en un Estado Social ha de ser entendida como libertad compartida y, en última instancia, íntimamente vinculada al valor de la solidaridad. De igual forma, la idea de la solidaridad no es entendible sin el respeto a los derechos de los demás que fundamentan el orden político democrático. Desde esa concepción valorativa, es necesario reafirmar el significado y contenido de los valores básicos de nuestra convivencia y el corolario de que los poderes públicos deben proclamarlos y, en consecuencia, intentar preservar a la sociedad de la drogadicción, por el ataque frontal que para aquellos supone la lacra del consumo ilegal de drogas y también el abuso de las legales. Por todo ello, la prevención debe ser el objetivo :sencial de las políticas a realizar. Es en ese terreno ionde se puede combatir desde posiciones ideológicas -5-

6 CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE lg%.-serie A. NÚM. 80 y culturales las tentaciones de resignación o de posiciones más o menos hipócritas. En el final de un milenio parece más necesario que nunca reivindicar valores, ideas y principios éticos. Las sociedades desarrolladas y, por tanto, la española necesitan una fuerte afirmación de elementos morales que contrarresten los efectos más perversos de la sociedad de consumo. Es necesario apelar al sentido de la responsabilidad individual, a la cultura del trabajo, al reconocimiento del esfuerzo personal, a una actitud de austeridad ante la vida. Transmitir estos valores a las nuevas generaciones es, sin duda, el gran compromiso pendiente de la sociedad y la mejor herramienta de prevención ante el fenómeno del consumo y abuso de las drogas ilegales. Es frecuente considerar que la familia es la primera instancia en esa labor preventiva y que el Estado ha de actuar subsidiariamente, apoyando y completando la acción familiar. Sin embargo, el pulso ético y la valentía en la defensa de la solidaridad tanto de la familia como del Estado, dependerá de cuál sea el momento cultural predominante en la sociedad en general. El Parlamento, como representante de la sociedad, ha de ser el primer foro de compromiso activo en la definición de la orientación valorativa de la cultura social predominante. Por ello, consideramos esencial la afirmación de que una orientación de progreso solidario y de libertad solidaria y compartida que se desprende de nuestra Carta Magna debe fundamentar la respuesta de los poderes públicos ante el fenómeno de las drogas. 2. PREVENCION La prevención frente al consumo indebido de drogas debe ser el objetivo prioritario de la intervención pública y ha de ser una tarea del conjunto de la sociedad, de los poderes públicos, de las ONGS, de la comunidad escolar, de la familia y de los medios de comunicación. Cualquier política en relación con las drogas no puede desarrollarse coherentemente sin una modificación del discurso social sobre la droga, es preciso reducir el peso de las fantasías sociales, de los estereotipos y de las expectativas que crean las drogas. Para ello, es necesario que los ciudadanos conozcan la realidad del fenómeno de las drogodependencias y, además, que se reduzca la tolerancia social hacia las drogas legales. Las actuales drogas legales (alcohol y tabaco) y su elevado nivel de consumo constituyen un grave problema para la sociedad española y la restricción de su oferta es una necesidad imperiosa. A largo plazo, una política eficaz contra todas las drogodependencias sólo puede construirse sobre la base de una disminución del consumo de alcohol, tabaco y fármacos. En este sentido, las medidas a adoptar pudieran ser: a) Cumplimiento efectivo de la normativa sobre la publicidad del alcohol y del tabaco en los medios de comunicación y soportes a los que tengan acceso los menores. b) Incremento del control y contingentación de los fármacos psicotrópicos. c) Programas permanentes, con participación ciudadana y educación para la salud, destinados a reducir y sancionar la venta de drogas legales a menores. Pero esta modificación no puede hacerse mediante la mera información. Está perfectamente contrastado que, en los temas preventivos, la mera información sobre las consecuencias o peligros que representan las drogas es insuficiente para cambiar las actitudes y comportamientos. Este dato es especialmente significativo en el caso de los adolescentes, a los que resulta difícil comprender que existen amenazas contra su cuerpo. La información sobre las drogas y sus consecuencias es una condición imprescindible para realizar prevención, pero, en sí misma, carece de valor y, al mismo tiempo, puede constituir un peligro, ya que se limita a producir interés hacia el objeto e incluso a banalizar las consecuencias sobre las que se está informando. En consecuencia, la modificación del discurso social y la sensibilización de la sociedad sobre lo que son y,representan las drogas pasa necesariamente por el desarrollo de una sociedad más abierta, en la que la participación de los ciudadanos se articule en el desarrollo de proyectos comunes que impliquen alternativas concretas a las actuales situaciones de riesgo frente a las dro-. gas. Prevenir es educar. Formar no es sólo hacer campañas de prevención puntuales, sino que es un proceso lento, largo, sistemático y continuo de educación. Los programas de prevención de las drogodependencias deben ser la garantía de calidad en cualquier intervención preventiva. Por ello, es necesario que incorporen criterios y requisitos que respondan a una necesidad real y partan de datos objetivos. Esto sólo será posible en el contexto de un cambio social que permita modificaciones importantes, tanto en las condiciones de vida y estructuras sociales como en los modos de reflexionar y razonar de la sociedad civil hacia las personas que tienen problemas con drogas. El ámbito educativo es el espacio más idóneo para articular los programas de prevención. Se hace necesario desarrollar adecuadamente la «Educación para la salud» de la LOGSE y las estructuras de coordinación e integración del Plan Integral. Además, dada la importancia decisiva de la escuela en el desarrollo de la personalidad de los niños y adolescentes, es preciso educar en la responsabilidad y facilitar la atención psico-social en las escuelas, con un mayor compromiso por parte del profesorado y de las asociaciones de padres y, en la medida de lo posible, por los equipos de orientación de los centros y los equipos de asistencia social. De otro lado, parece muy positiva la política de utilización de los centros educativos públicos fuera del horario lectivo para el desarrollo de actividades extraescolares que cubran el tiempo libre de los adolescentes. Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de educación y el Ministerio de Educación y

7 CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE SERIE A. NÚM. 80 Ciencia diseñarán conjuntamente programas de formación para los profesionales de la enseñanza, así coma materiales didácticos, orientaciones y propuestas metodológicas que puedan ser aplicadas a los diferentes ciclos de la enseñanza obligatoria. En las zonas socialmente más afectadas, como barrios marginales o municipios específicos, sería necesario la elaboración de Planes de acción social, con la implicación de los servicios sociales comunitarios, en los que se incluyan medidas compensatorias en el área educativa, alrededor de equipos de profesores bien formados para trabajar en estos sectores y gabinetes de orientación psicopedagógica y equipos de asistencia social, que pusieran especial atención en la corrección del absentismo y el fracaso escolar, producto de la ausencia de motivación por el estudio y de apoyo por parte de las familias que, en gran parte, están desestructuradas o no actúan como tales. Asimismo, estos Planes incluirían el desarrollo de todos aquellos programas de formación y empleo que tengan como objetivo la inserción social de los colectivos desfavorecidos, entre los que destaca el colectivo de jóvenes, sobre los que se produce la mayor tasa de paro. Una mejor orientación en los centros educativos y una mayor conexión entre las empresas y el INEM deben dar como resultado el que esta población se vea también beneficiada por los contratos de aprendizaje como mecanismo natural de inserción en el empleo. Otras fórmulas complementarias, como las Escuelas Taller y Casas de Oficio o los programas de garantía social del MEC o las aulas-taller de las ONGS pueden y deben también incidir en estos colectivos. El estimulo y apoyo a las iniciativas comunitarias y, especialmente, a las organizaciones juveniles para la formación de mediadores y fomento del voluntariado social, es sin duda una de las líneas de futuro más eficaces en la prevención y en la formación de los jóvenes y adolescentes. En el ámbito laboral, se propone fomentar un Plan Estratégico que integre programas de formación y prevención desde la corresponsabilidad entre los empresarios y trabajadores y representantes de los trabajadores. En relación con el servicio militar, es necesario la creación de una unidad centralizada en el Ministerio de Defensa que coordine los diversos programas de información y prevención de la drogadicción. Asimismo, se considera también necesario prever 1á participación de las Comunidades Autónomas en estos programas de prevención, en colaboración con las FAS, tal y como ya se viene desarrollando en determinadas Comunidades Autónomas. El Código Penal Militar de 1985 incluye en su articulado la penalización del tráfico de drogas tóxicas o estupefacientes en buques de guerra o en aeronaves militares, pero no en lugar militar distinto. Por lo tanto, es conveniente incluir, también, la penalización de dichas sustancias en el resto de las unidades, dependencias y centro militares. De otro lado, el tiempo del servicio militar debe ser también aprovechado para rea- lizar de manera eficaz una prevención contra la drogadicción que fomente la salud y los valores a los que ya nos hemos referido. Las Cortes Generales consideran que se deberían establecer cursos específicos sobre drogodependientes para los funcionarios de prisiones que tienen una relación más directa con los reclusos. España debe desarrollar una política que impulse la ' cooperación internacional en foros de Naciones Unidas como UNICEF, OMS, UNESCO y, especialmente, en la Unión Europea, con el nuevo marco del Tratado de la Unión, que permite un enfoque político coordinado y global, y que posibilita a la Comisión Europea la presentación de propuestas comunitarias y el apoyo a las acciones que lleven a cabo los Estados miembros. Sería positivo que éstos llegasen a un proceso de coincidencia de sus respectivas legislaciones. Además, los poderes públicos deberían impulsar otras medidas, como la potenciación de la familia como agente de prevención o la regulación de incentivos fiscales para entidades que colaboren en políticas de prevención. Los programas de prevención deberían incluir como objetivo emprender acciones dirigidas a eliminar las actitudes y los comportamientos sociales de rechazo a los centros de atención a las drogodependencias. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la política de prevención. Por ello, es preciso que se adopten por los mismos criterios objetivos, evitando contribuir a los estereotipos sociales y deslindando las relaciones que en ocasiones se establecen entre la droga y otros fenómenos sociales. Las Cortes Generales instan al Plan Nacional sobre Drogas a hacer un seguimiento especial de las repercusiones de las llamadas drogas de síntesis, que profundice en los riesgos para la salud y su conexión con otros fenómenos, como los accidentes de tráfico o el comienzo de un posible consumo múltiple de sustancias tóxicas. 3. MEDIDAS ASISTENCIALES Y DE REINSER- CION El horizonte básico de una adecuada política asistenrial y rehabilitadora ha de estar orientado a un cambio profundo en la representación social de las personas con problemas de drogodependencia, procurando, como ínica vía real de resocialización, desterrar la imagen marginal y criminógena de los drogodependientes. La solidaridad ha de prevalecer sobre la mitificación del xoblema y se hace necesario, al menos desde los pode- -es públicos, huir del fácil recurso de acudir al consumo le drogas para abordar los problemas de seguridad ciuiadana. Los programas de atención han de orientarse espe- :ialmente a atraer a las redes asistenciales normalizadas i los consumidores de drogas con más necesidades so- :iales y sanitarias. -

8 CORTES GENERALES Se desarrollarán programas tendentes a disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas y en especial tendentes a disminuir el riesgo de contraer Sida, así como a mejorar la calidad de vida y la inserción social de los toxicómanos infectados. Sería conveniente mejorar la formación sobre drogodependencias en los cum culums de los estudios universitarios de ciencias de la salud y ciencias sociales. En lo que se refiere a los recursos de intervención en el proceso de atención, parece conveniente ampliar y diversificar la red de centros de desintoxicación, centros de día y comunidades terapéuticas. Paralelamente, debe existir una supervisión de asociaciones y otras organizaciones ciudadanas dedicadas a la rehabilitación de drogodependientes. Debido al importante número de menores consumidores, se desarrollarán programas específicos de rehabilitación y de reinserción de menores drogodependientes. Una red amplia y diversificada no supone sólo la combinación de distintos recursos o la oferta de varios programas, sino la compatibilidad de distintos estilos de intervención, siempre que persigan unos objetivos comunes. El nivel primario de intervención debe ser atendido por los Equipos Sanitarios de Atención Primaria y los Servicios Sociales Generales o Comunitarios. Las funciones de nivel primario que constituyen la primera 1ínea de intervención han de ser llevadas a cabo por los Equipos Sanitarios de Atención Primaria y los Servicios Sociales Generales o Comunitarios. A los primeros les correspondería la tarea de detección, atención y seguimiento de la problemática orgánica del drogodependiente, derivando, cuando sea necesario, a los restantes elementos de la red sanitaria o especializada del segundo nivel. A los Seryicios Sociales, Generales o Comunitarios les correspondería el diseño, ejecución y evaluación de la reinserción social del drogodependiente. En el nivel secundario, se debe tener en cuenta, como elementos fundamentales, la perspectiva comunitaria, integrando en la intervención los ámbitos familiar y social, que han de estar dotados de un e,quipo interdisciplinar y adecuando su trabajo a las peculiaridades de la población de cada zona. Ha de avanzarse hacia una oferta normalizada, evitando la creación de recursos paralelos y la segregación o aislamiento de los mismos. Con el fin de evaluar y poder comparar la eficacia de los diferentes programas y actuaciones terapéuticas, sería positivo que se establecieran unos criterios objetivos estandarizados de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social, similares a los protocolos científicos que suelen utilizarse en otras áreas de la salud. A tal fin, se sugiere que el Plan Nacional convoque un comité de expertos que fijen unos parámetros objetivos. El uso de otros recursos resulta necesario para la configuración de un sistema integral de intervención. En este sentido, habrán de extenderse los Centros de 11 DE DICIEMBRE DE 1995.SERIE A. NÚM. 80 Emergencia Social, aunque, en general, la introducción de nuevas ofertas asistenciales, como los programas de mantenimiento con metadona, haya reducido, en parte, la demanda de este tipo de servicios. Parece conveniente la generalización de las líneas telefónicas de información las 24 horas del día, sin perjuicio de otros sistemas previstos de ayuda inmediata en situaciones de drogodependencia. Una referencia singular es precisa en tomo a los programas que incluyen fármacos sustitutivos y antagonistas. Aunque el objetivo genérico debe ser la no dependencia a ninguna sustancia, parece adecuado el mantenimiento y la extensión de estos programas. Ahora bien, es preciso recordar que las actuaciones con sustitutivos y antagonistas son un elemento de apoyo a un proceso global y, por tanto, deben estar integradas y controladas por el sistema público de manera rigurosa. La oferta asistencia1 ha de incluir, por tanto, programas de baja exigencia dirigidos a prevenir las consecuencias negativas del consumo entre aquellos usuarios que no puedan o no quieran abandonar el consumo de drogas. En este sentido, hay que seguir potenciando los programas de tratamiento con sustitutivos de los opiáceos, mejorando la actual normativa estatal que regula estos programas, que es excesivamente restrictiva. De igual forma, por la singularidad del ámbito en el que se produce, es necesario extender los programas asistenciales en los centros penitenciarios. Una proporción muy elevada de los internos en centros penitenciarios necesita una orientación especializada en el tratamiento de su drogodependencia, al que, como ciudadanos, tienen derecho. Además, se ha de garantizar que el proceso de tratamiento que se inicia en situación de libertad no se vea de forma alguna interrumpido cuando una persona ingresa en prisión. Las Cortes Generales se muestran favorables a la ampliación de los supuestos de suspensión de la pena y la extensión de condenas alternativas para toxicómanos, siendo necesario que se articulen las fórmulas para la dotación de recursos adecuados desde la Administración penitenciaria a las Administraciones o instituciones públicas u ONGS que participen en el proceso de reinserción. La creación de nuevos programas que promuevan la estimulación de la demanda de asistencia por los toxicómanos, a través de los educadores de calle, servicios itinerantes u otras fórmulas, deberá potenciarse desde todas las instancias de las administraciones públicas y organismos sociales. La inserción social de los individuos deshabituados debe ser contemplada como un proceso ab initio y no como una fase de la intervención. Por ello, la primera condición ha de ser la sensibilización social, la participación ciudadana y la recuperación del carácter comunitario de la intervención. Es necesario tambien impulsar una coordinación de los diferentes recursos y servicios (educativos, laborales, culturales). Continuar potenciando el apoyo a las ONGS con garantía de eficacia de sus programas y sometidos a la --8-

9 CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE lg%.-serie A. NÚM. 80, oportuna y rigurosa evaluación pública, debe ser, de igual manera, un compromiso permanente. Si bien es cierto que el clima social de confianza en la dirección de creer en las posibilidades de reinserción de las personas deshabituabas es fundamental, no es menos cierto que la expectativa laboral constituye un aspecto esencial para una posible rehabilitación. Por ello, es imprescindible continuar potenciando convenios de colaboración del INEM con la Delegación del Plan Nacional, de forma que las actuaciones en el terreno profesional se orienten adecuadamente para la inserción laboral de las personas drogodependientes. Un análisis singularizado merece el papel de las corporaciones locales en materia de drogodependencia. En la actualidad, la participación de las mismas es muy desigual y, en muchos casos, insuficiente. La Comisión considera conveniente la implicación activa de los municipios en el marco de los planes autonómicos sobre drogodependencia. Es preciso hacer una referencia singularizada al problema de la drogodependencia en el ámbito de las prisiones. Es verdad que en los últimos años se han ido produciendo avances, tanto en el ámbito preventivo como asistencial, pero no es menos cierto que resulta necesaria una intensificación de la intervención pública a través de un plan que implique a diversas administraciones de manera eficaz y en el que, al menos, se desarrollen los siguientes aspectos: a) El desarrollo de programas de tratamiento para drogodependientes en cada centro penitenciario. b) La creación de centros alternativos a la prisión para desintoxicación y rehabilitación de drogodependientes, donde los reclusos puedan cumplir su condena. c) Diversidad de programas terapéuticos (programas libres de drogas, programas de reducción de daños, programas de colaboración de instituciones extrapenitenciarias) conforme a lo previsto en el artículo 57.1 del Reglamento Penitenciario, que debe ser aplicado con agilidad. ' d) Potenciar las intervenciones globales destinadas a toda la población reclusa, con la adecuada información y orientación, así como la motivación al tratamiento y a la oferta asistencial, dirigiendo los mayores esfuerzos hacia los jóvenes y primeros ingresos. e) Debe ampliarse, a través de convenios desde la Administración Central con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Organizaciones no Gubernamentales, la atención integral a la salud y al bienestar social de los internos y el apoyo a sus familiares. 4. LUCHA CONTRA LA OFERTA, EL NARCO- TRAFICO Y EL BL.ANQUE0 DE CAPITALES Las Cortes Generales proclaman que la lucha contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales y sus métodos, así como la lucha contra el blanqueo de dinero y contra las nuevas formas de movimiento de di- nero mediante instrumentos no financieros, constituye una política de Estado en donde todos los esfuerzos materiales y humanos son necesarios. Es necesario, por tanto, potenciar al máximo los sistemas de detección y sanción de las conductas relacionadas con el blanqueo de dinero procedente de narcotráfico (bancos, inmobiliarias, etc...). No se trata de producir una declaración que se incline hacia uno de los polos del falso dilema represiónlegalización, sino de definir con' claridad una política beligerante, tanto desde el punto de vista legislativo como policial, ante los fenómenos de la criminalidad organizada en torno al narcotráfico, no sólo por las consecuencias sociales, sino por el peligro que supone para la estabilidad económica, social y política de las sociedades. Esta llamada de atención es un esfuerzo por evitar que una extensión del fenómeno pudiera originar más adelante voces que abogm'an por medidas restrictivas en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales. Desde esa perspectiva, se proponen las siguientes medidas: La legislación penal debe perfeccionar los tipos criminales y, especialmente, la nueva fenomenología de la delincuencia organizada. Es preciso, además, abordar una reforma procesal penal que, sin merma de las garantías constitucionales, permita una mayor eficacia en la acción de la justicia, abordando el estudio'de temas como las intervenciones telefónicas, efectos de la prueba, protección a testigos, agente colaborador, entregas vigiladas de dinero. Las Cortes Generales recomiendan analizar la eficacia de la regulación de la sanción administrativa por el consurn.o en público de drogas, con el fin de evaluar su aplicación. La aplicación efectiva de la legislación sobre el blanqueo de dinero resulta una acción prioritaria. De igual manera, y en atención a la evolución de la realidad, se propone la creación en el seno de la Comisión de una ponencia que estudie y proponga nuevas medidas legislativas para combatir las formas de blanqueo no financieras. Asimismo, se hace imprescindible el desarrollo normativo de las vías de control de las sustancias químicas catalogadas, denominadas convencionalmente como «precursores». En el ámbito de la seguridad del Estado, se insta a una reorganización de las Fuerzas de Seguridad del Estado orientada hacia la vinculación operativa entre tráfico de drogas, fraude fiscal y blanqueo de capitales, que podría articularse a través de la creación de una brigada de policía especial para lainvestigación y persecu- :ión del blanqueo de capitales.' De igual manera, resulta necesario agilizar la efectiva coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de la nueva regulación competencial del Plan Nacional y, especialmente, en lo referente a la actuación de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. -9-

10 CORTES GENERALES 11 DE DICIEMBRE DE lg%.-serie A. NÚM. 80 Es necesario que el Gobierno incorpore a los Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias que hagan posible la realización efectiva de estas conclusiones. La colaboración ciudadana con las Fuerzas de Seguridad del Estado es imprescindible en la lucha contra el narcotráfico y, por tanto, se deberá apoyar decididamente a las asociaciones que realizan una importantísima labor de concienciación social. También parece conveniente un paulatino incremento de los medios humanos y materiales con que cuenta actualmente la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. El desarrollo de planes especiales de actuación en determinadas zonas del país, como el Plan Sur y el Plan Galicia, debe ser una acción prioritaria en la lucha contra la oferta. En el plano formativo de las fuerzas de seguridad, habrá que dedicar una especial atención a las policías locales y autonómicas, así como mejorar su coordinación. Es conveniente proseguir en Instituciones Penitenciarias con el programa de intervención con narcotrafcantes, a fin de un adecuado control y seguimiento de los mismos. La entrada en vigor de la Ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados ha de suponer un incremento de medios y dotaciones para facilitar las investigaciones de las organizaciones de narcoúaficantes. Desde una perspectiva diferente, es preciso una puesta en práctica de las potencialidades que el Tratado de la Unión Europea ha previsto en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior para la lucha contra la toxicomanía y las posibilidades que se han abierto para las iniciativas de la Comisión o de los Estados miembros. El impulso de políticas de cooperación y ayudas internacionales a los países productores de sustancias destinadas al tráfico ilícito, cuyas econom as, en muchos casos, son de pura subsistencia, tiene que ser un compromiso real en el ámbito de la comunidad internacional y una línea fundamental de la política exterior de España. Palacio del Senado, 22 de noviembre de El Presidente de la Comisión, Antonio Martinón Cejas.-El Secretario primero de la Comisión, Antonio Merino Santamaría

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