Universidad Libre Facultad de Derecho Bogotá. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 1437 de 2011.

Transcripción

1 Universidad Libre Facultad de Derecho Bogotá. Honorables Magistrados CORTE CONSTITUCIONAL M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO E. S. D. REF: Expediente D-9736 Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 1437 de JORGE KENNETH BURBANO VILLAMARIN, actuando como ciudadano y Coordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá; y LUIS GILBERTO ORTEGÓN ORTEGÓN, actuando como ciudadano y Docente del Área de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, identificados como aparece al píe de nuestras firmas, vecinos de Bogotá, dentro del término legal según auto , de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 1 y el Decreto 2067 de 1991, presentamos la siguiente intervención ciudadana con respecto a las demandas de la referencia y en defensa de la supremacía e integridad de la Constitución de Colombia de ANTECEDENTES El ciudadano ANDRIOLI CUBIDES FONTECHA presenta demanda bajo el radicado No. D-9736, mediante la cual pretende se declare la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", por considerar que la mencionada norma es contraria a los artículos 23, 4 y 13 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto considera que la expresión CIUDADANOS contenida en el artículo demandado 1

2 desconoce la norma contenida en el artículo 23 de la carta que indica que toda persona tiene derecho a formular derechos de petición. No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que la norma demandada fue declarada inexequible mediante sentencia C 818 de 2011, junto con los demás que artículos que regulan el derecho de petición, debido a que fueron reglamentados mediante ley ordinaria y no mediante ley estatutaria tal como lo ordena la Constitución.. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 241 Numeral 4º, que indica que le corresponde ejercer la guarda e integralidad de la constitución, para lo cual debe Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Así mismo el artículo 242, numeral Primero de la Carta el cual establece en los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley, y para tal efecto cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública. PROBLEMA JURÍDICO En relación con la demanda presentada tenemos que previo a determinar si la norma demandada es inconstitucional, se hace necesario establecer si en el caso concreto se puede conocer de la Constitucionalidad de una norma declarada inexequible, como en el caso que nos ocupa, y en el evento de ser afirmativa la respuesta, establecer si la citada disposición viola los artículos 2, 13 y 23 de la Carta. CONSIDERACIONES DE LA INTERVENCIÓN Frente al caso concreto consideramos que la Corte Constitucional se debe estar a lo resuelto en Sentencia C 818 de 2011, mediante la cual se declararon inexequibles los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32 y 33 de la ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, efectos que quedaron diferidos hasta 31 de diciembre de 2014, mientras el Congreso, expida la Ley Estatutaria correspondiente. Para el caso concreto, hacemos unas 2

3 consideraciones en relación con las razones de inconstitucionalidad, por no haberse tramitado mediante ley estatutaria, respecto a lo cual tenemos lo siguiente: 1. Con relación a la regulación del derecho de petición mediante ley estatutaria, la Corte en la sentencia antes indicada, en la que dice que, a pesar de que la regulación del derecho fundamental de petición hace parte de un cuerpo normativo establecido en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ello no obsta para que la regulaciones integrales y sistemáticas de los elementos estructurales de un derecho fundamental deban ser tramitadas a través del procedimiento consagrado en el artículos 153. Lo anterior por cuanto la simple inclusión de una materia reservada en un Código no cambia su naturaleza, tal y como ha sido claramente establecido por la jurisprudencia constitucional. 2. Igualmente indicó que en efecto, de la jurisprudencia de la Corte sobre leyes estatutarias se observa una prelación de los criterios materiales sobre los puramente formales o nominales. En consecuencia, tal y como se dijo en el Sentencia C-646 de 2001 si ello es así, "el trámite legislativo a seguir será el que corresponda a cada materia, independientemente de su inclusión dentro de una ley cuyo nombre pareciera exigir otro procedimiento. Lo que la Constitución requiere es que los asuntos señalados en el artículo 152, delimitados según criterios materiales claros, sigan el trámite previsto en el artículo 153, pero no ordena que siempre que algún aspecto de tales asuntos sea regulado dentro de una ley ordinaria, el proyecto como un todo deba seguir el trámite estatutario". 3. De acuerdo con lo indicado por la Corte, es claro que por tratarse de un derecho fundamental, la regulación del derecho de petición debe realizarse mediante una ley estatutaria de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Carta, ante lo cu7al se declararon inexequibles las normas pertinentes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos administrativo, con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de Respecto al pronunciamiento de normas inconstitucionales, LA Corte Constitucional en Sentencia C 423 de 2012, M. P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO reitera que en la Sentencia C- 366 de 2011, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas y difirió los efectos de la inexequibilidad declarada por el término de dos (2) años. Al respecto dijo que ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación, y así lo recuerda el Procurador General en su concepto, que en estos casos no es viable 3

4 analizar demandas de inconstitucionalidad contra leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales, y que, en estos casos, debe disponerse estarse a lo resuelto en la sentencia de inexequibilidad cuyos efectos se hayan diferido. En otro de sus apartes la Sentencia indica que esta decisión concuerda con el precedente que se ha dado en esta Corporación sobre los efectos de cosa juzgada constitucional de las sentencias de inconstitucionalidad con efectos diferidos. En efecto, en las Sentencias C-863, C-957, C-1049, C de 2001 y en el Auto 311 de 2001, se ha dicho en líneas generales que cuando una norma es declarada inconstitucional, pero se han diferido sus efectos, significa que la Corte ha dispuesto que se apliquen por un tiempo más mientras el legislador profiere la ley que llene el vacío legislativo que se crearía si fueran retiradas del ordenamiento positivo en forma inmediata, lo cual deberá hacer dentro del plazo que ella ha le ha fijado. 5. Sin embargo, la Sentencia fue objeto de salvamento de voto por parte de la magistrada Encargada Doctora ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO, quien dice que aun así, la posición mayoritaria, sentada por la Sala Plena de la Corporación, no tiene acogida para la suscrita Magistrada, pues en los casos en que la Corte difiere los efectos de una declaratoria de inexequibilidad por vicios de forma, y permite que una norma inconstitucional tenga vigencia y produzca efectos en el tiempo mientras el Legislativo suple el vacío normativo considero que, sí es posible que la Corte se pronuncie sobre aquellos asuntos de fondo que no fueron tratados en la primera providencia que retiró la norma del ordenamiento, para expulsarlos, si es de manera inmediata del ordenamiento jurídico. Así, se diferencia el estudio que hace la Corte de los vicios de forma que pueden conducir a la inexequibilidad diferida de una norma y el posterior y futuro análisis de fondo que se pueda producir sobre dichos preceptos. 6. De acuerdo con la jurisprudencia antes anotada, consideramos que se debe conservar la línea jurisprudencial de la Corte, en el caso concreto se debe disponer que con relación a la norma demandada artículo 22 de la ley 1437 de 2011, se debe indicar, que se debe estarse a lo resuelto den la Sentencia C 818 de 2011, mediante la cual se declaró inexequible todo el capítulo relacionado con el Derecho de Petición, con efectos diferidos, hasta el 31 de diciembre de Ahora bien con relación a las inquietudes del demandante, se debe hacer un análisis integral en la revisión previa de constitucionalidad que realice la 4

5 Corte frente al proyecto de Ley Estatutaria, que reglamente el Derecho de Petición que actualmente está en curso. En los anteriores términos dejamos rendida nuestra intervención de acuerdo con lo establecido por la Constitución y la ley De los señores Magistrados, atentamente, JORGE KENNETH BURBANO VILLAMARIN C.C de Bogotá. Coordinador Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional Facultad de Derecho Universidad Libre, Bogotá. Calle , Segundo Piso. Cel Correo: jkbv@hotmail.com LUIS GILBERTO ORTEGÓN ORTEGÓN C.C Docente Área Derecho Público Facultad de Derecho Universidad Libre, Bogotá. 5