21 de abril del 2015 DCA-0915

Transcripción

1 Al contestar refiérase al oficio No de abril del 2015 DCA-0915 Ingeniero Rafael Obando Jiménez Director Dirección General de Operaciones Banco Nacional de Costa Rica Fax: Estimado señor: Asunto: Se otorga autorización al Banco Nacional de Costa Rica (en adelante BNCR) para contratar en forma directa con la empresa Serviarchivo S.A., los servicios de ejecución de requerimiento operativos del Centro Institucional de Procesamiento y Administración de Crédito CIPAC, por un costo unitario de cada minuto de US$ Nos referimos al oficio L , de fecha 18 de marzo del presente año, recibido en este órgano contralor el 19 de ese mismo mes y año, por medio del cual solicita la autorización descrita en el asunto. Mediante oficio CCPC del 07 de abril del presente año, se suministró documentación adicional, en atención al requerimiento solicitado por esta División de Contratación Administrativa, según oficio (DCA-0781) de fecha 06 de abril del año en curso. I. Antecedentes y justificaciones. 1) La Administración indica que requiere autorización para contratar en forma directa con la empresa Serviarchivo S.A. los servicios de ejecución de requerimiento operativos del Centro Institucional de Procesamiento y Administración de Crédito CIPAC del BNCR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 138, 139 de su Reglamento. 2) Se promovió la Licitación Pública 2009LN , la cual fue adjudicada a la empresa Serviarchivo S.A., suscribiéndose al efecto el contrato el 16 de abril de 2010, el cual venció el 14 de junio de ) El Comité de Licitaciones en el artículo 4, Sesión Ordinaria , celebrada el 15 de julio de 2014, autorizó al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación

2 2 Administrativa, la ampliación por seis meses más, formalizándose el contrato mediante Contratación Directa 2014CD , por un costo unitario de cada minuto de US$0.106, el cual venció el 28 de febrero de ) En virtud de que ese contrato venció el 28 de febrero de 2015, se tramitó la Licitación Pública 2014LN , la cual fue adjudicada a la empresa Serviarchivo S.A. 5) El acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN fue apelado ante la Contraloría General de la República por el Consorcio CBP Business Process Outsoursing. 6) El Comité de Licitaciones en el artículo 6, Sesión Ordinaria , celebrada el 24 de febrero de 2015, autorizó acudir a la Contraloría General de la República a gestionar la presente autorización. 7) Solicitan contratar directamente a la empresa Serviarchivo S.A., por un plazo de un mes, prorrogable automáticamente por períodos iguales hasta por un máximo de seis meses. 8) Se adjunta carta de la empresa Serviarchivo S.A., en donde aceptan brindar el servicio en las mismas condiciones de la Contratación Directa 2014CD ) Se adjunta certificación de la CCSS, indicando que la empresa Serviarchivo S.A. se encuentra al día en el pago de las respectivas cuotas, declaración jurada de que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado costarricense. 10) Se adjunta cronograma de actividades pendientes y responsables del proceso de licitación pública 2014LN ) Se adjunta certificación de contenido presupuestario DAPF emitida por la Licenciada Margarita Bermejo Barrantes, Jefe Dirección de Presupuesto y Planificación. II. Criterio de la División. El artículo 182 de la Constitución Política establece como regla general, que toda contratación administrativa debe celebrarse por medio de los procedimientos ordinarios que correspondan de acuerdo al monto (Votos y de la Sala Constitucional). Sin embargo, el sistema ordinario de contratación se complementa con mecanismos de excepción, como lo es el procedimiento de contratación directa. En ese sentido, la contratación directa procede ante circunstancias calificadas en las que no resulta conveniente implementar un procedimiento ordinario para satisfacer el interés público, toda vez que su implementación ocasionaría ( ) un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin público encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento per se de exigencias legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional establecido en la propia Constitución Política. (Voto , reiterado en el Voto ambos de la Sala Constitucional).

3 3 Así las cosas, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en concordancia con el artículo 138 y 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establecen la posibilidad de que este órgano contralor autorice la celebración de un procedimiento de contratación directa, cuando se acredite la existencia de razones suficientes para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o evitar daños o lesionas al interés público, aspecto que será analizado en los apartados siguientes. De los oficios presentados por la Administración, se desprende que requiere autorización para contratar los servicios de ejecución de requerimiento operativos del Centro Institucional de Procesamiento y Administración de Crédito CIPAC, por un plazo de un mes prorrogable automáticamente por períodos iguales hasta un máximo de seis meses, mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio CBO Business Process Outsourcing en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN En este orden de ideas, y teniendo presente que mediante la R-DCA de las 15:36 horas del 23 de marzo de 2015, esta División declaró sin lugar el recurso de apelación de referencia pero se anuló de oficio el acto de adjudicación, y resultando indispensable que el BNCR continué recibiendo los servicios de ejecución de requerimiento operativos del Centro Institucional de Procesamiento y Administración de Crédito CIPAC, mientras logran un acto readjudicación en firme, se justifica contratar directamente a la empresa Serviarchivo S.A., adjudicataria de la Licitación Pública 2009LN , en las mismas condiciones del contrato vencido el pasado 28 de febrero, por un plazo de seis meses, y un costo unitario de cada minuto de US$0.106; aunado a que la empresa Serviarchivo S.A. ha mostrado su conformidad en seguir prestando tales servicios, por el tiempo necesario y en las mismas condiciones del contrato Así las cosas, ante la necesidad impostergable de seguir contando con los servicios referidos, mientras el BNCR logre adjudicar en firme la licitación pública correspondiente, caso contrario se afectaría o lesionaría el interés público, por lo que este órgano contralor estima que resulta procedente otorgar la autorización requerida por un plazo de seis meses, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la LCA y 138 del RLCA, por cuanto ésta se constituye en el medio más apto para evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Se advierte que en virtud de que la R-DCA , anuló el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN , y mientras se logra un acto de adjudicación en firme al efecto, el BNCR puede valorar la posibilidad de solicitar un plazo mayor a los seis meses para lograr tal cometido, o caso contrario en caso de obtenerse la adjudicación en firme antes de que haya transcurrido este plazo de los seis meses, la presente autorización queda automáticamente sin efecto. Ahora bien, de conformidad, con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se hace referencia al régimen recursivo por resultar innecesario en virtud de que se autoriza un oferente específico.

4 4 Por otra parte, en cuanto al requisito de eficacia del contrato derivado de esta autorización, se deja sujeto a la aprobación interna en los términos regulados en la normativa vigente. III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. La autorización se condiciona a lo siguiente: 1. Se autoriza al BNCR contratar directamente a la empresa Serviarchivo S.A., los servicios de ejecución de requerimiento operativos del Centro Institucional de Procesamiento y Administración de Crédito CIPAC, por un plazo de 6 meses, y por un costo unitario de cada minuto de US$ La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los términos indicados. 3. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 4. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 5. La valoración de la razonabilidad del precio corresponde exclusivamente a la Administración. 6. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como durante la fase de ejecución, que la empresa contratista, se encuentre debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 7. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de parte del contratista de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 8. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán

5 posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 11. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente al contrato producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad del Ingeniero Rafael Obando Jiménez, en su condición de Director de Operaciones o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. Atentamente, Elard Gonzalo Ortega Pérez Gerente Asociado OCU/chc Ci: Archivo Central NI: G: