JUSTICIA PARA INFRACTORES ADICTOS FERNANDO YAVAR UMPIERREZ PROFESOR DE DERECHO PENAL

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1 JUSTICIA PARA INFRACTORES ADICTOS FERNANDO YAVAR UMPIERREZ PROFESOR DE DERECHO PENAL Ser adicto no es delito. La Constitución de Montecristi considera a las adicciones como un problema de salud pública, por ende, el consumidor es un enfermo y no un delincuente. Pero donde estaba la delgada línea roja entre consumidor y traficante? el sistema judicial no tenía una sola respuesta, tenía varias. Sin una guía legal, reglamentaria o de cualquier índole, la distinción se definía según el "leal saber y entender" y la "intima convicción" de jueces y fiscales. Esto dio como resultado tratos diferenciados en el sistema judicial ante mismos gramajes y mismas drogas, es decir, fallos contradictorios, consumidores privados de libertad injustamente y traficantes libres e impunes. Esta situación debería corregirse con la reciente resolución 001 CONSEP- CD-2013 del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que acoge el análisis de la toxicidad, estudios psicológicos, biológicos, y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal elaborado por el Ministerio de Salud Pública, así como la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal. Documento que constituye un mecanismo para disminuir la discrecionalidad -léase arbitrariedad- judicial y que debe servir como guía para la administración de justicia. Asimismo, es obligación del sistema penal impedir que esta herramienta se convierta en un excusa o camuflaje legal para el micro trafico al momento de resolver la situación jurídica de las personas detenidas por hechos relacionados con las drogas. La adicción a las drogas constituye un fenómeno social que provoca problemas en la salud, relaciones familiares, laborales, delictuales, entre otros, y que demanda una respuesta interdisciplinaria por parte del Estado. Es necesario mencionar que Justicia y Drogas no son temáticas 1

2 que solo confluyen en los delitos de tráfico ilegal; sino que algunos delitos contra la propiedad o de violencia intrafamiliar, entre otros, tienen como antecedente y/o causa la adicción a las drogas. En el Ecuador el sistema de justicia no distingue si el infractor es o no consumidor de drogas durante la trámite de las causas penales por cuanto no genera mayor repercusión procesal. Sin embargo, la justicia debe dar una respuesta a esta problemática diferente a la meramente punitiva, considerando la dimensión humana y de salud, a efecto de lograr un tratamiento justo y respetuoso de los derechos humanos, que se adecue a nuestra realidad social y que dote de contenido material a los derechos de las personas. Es posible y conveniente combinar el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública con el sistema de justicia, en lo que se conoce como Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTDs), que persiguen la recuperación del adicto infractor, pero no como una criminalización de la adicción sino como un mecanismo para enfrentar la criminalidad -principalmente contra la propiedad- de personas que han delinquido como consecuencia de su adicción a la drogas. En el informe analítico sobre el Problema de las Drogas en América del año 2013 de la Organización de Estados Americanos, se señala que los TTDs "conectan el sistema judicial de jueces, fiscales y abogados defensores a través de proveedores de servicios sociales con una estrategia de tratamiento que aborda las causas subyacentes que han conducido a las personas al acto criminal: la dependencia de las drogas. Este modelo, cuyas evaluaciones han demostrado su eficacia en función de los costos y la reducción del riesgo de la reincidencia, se ha empezado a implementar en Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, México y Estados Unidos." Esta estrategia permite bajar de manera efectiva la violencia, los problemas familiares y sociales que causan la adicción y la delincuencia asociada al consumo de drogas. Si deseamos analizar esta temática desde una visión económica y de eficiencia, el tratamiento terapéutico es más barato que el penitenciario, y los niveles de reincidencia delictiva son menores en aquel que con la respuesta punitiva tradicional, 2

3 tomando en cuenta que las adicciones se acentúan en los centros de rehabilitación social. El artículo 364 de la Constitución determina que las adicciones son un problema de salud pública, por lo que al Estado corresponde ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores y que en ningún caso se permitirá su criminalización. Por su parte, el artículo 195 de la Norma Suprema establece el principio de mínima intervención penal, lo cual implica un reconocimiento a otras respuestas estatales a la conflicitividad social diferentes a la punitiva, como lo son la justicia restaurativa, rehabilitación y tratamiento integral. A nivel legal, los artículos agregados a continuación del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal desde la reforma del año 2009 instituyen la Suspensión Condicional del Procedimiento, como una salida alternativa al juicio oral, que permite disponer que un procesado voluntariamente se someta a un tratamiento médico o psicológico, asistir a programas educacionales y de capacitación, entre otras condiciones, mientras la persecución penal queda suspendida, y que constituye una vía para la justicia terapéutica en nuestro país. En tal sentido, el Consejo de la Judicatura de la Transición trabajó en el análisis de un proyecto de resolución de creación de una unidad judicial con competencia para la aplicación de Justicia Terapéutica a Infractores Adictos, cuya atribución fundamental sería la de resolver la suspensión condicional del proceso, aplicando un tratamiento terapéutico con supervisión judicial y con el apoyo de un equipo interdisciplinario conformado por una dupla Psico/Social y agente de custodia y control. El procedimiento se regiría por lo determinado en la Constitución, especialmente en lo tocante a la aplicación directa e inmediata de la norma constitucional, según el artículo 11 numeral 3, a la ley y además a las directrices siguientes que se dictan en conformidad con lo previsto en el artículo 264 numeral 16 del Código Orgánico de la Función Judicial. Conforme lo establece la normativa procesal penal, hasta antes del cierre de la Instrucción Fiscal, a pedido del Fiscal, en los casos de infracciones susceptibles de aplicar dicho procedimiento, cuyo procesado sea consumidor de sustancias sujetas a fiscalización, es procedente la 3

4 aplicación de la suspensión condicional del procedimiento. Para aplicar este procedimiento es imprescindible la determinación inequívoca de que el procesado es un consumidor ocasional, habitual o problemático y la admisión del hecho. Con la admisión del procesado del hecho que se le atribuye y su consentimiento en la aplicación de este procedimiento, se ordenará la práctica de los exámenes somáticos y psicológicos que determinarán el estado de salud y conducta del procesado. Cuando los resultados de los exámenes médicos y psicológicos determinen que el procesado es un consumidor ocasional, habitual o problemático, el juez en audiencia resolvería la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento a pedido del Fiscal y oyendo a su abogado defensor público o de su confianza. El Juez de Garantías Penales dispondrá, que durante el periodo que dure la suspensión del procedimiento, la persona procesada cumpla una o más de las condiciones previstas en el estatuto adjetivo penal, y especialmente las que siguen: a. Someterse al tratamiento que resuelva el Juez por recomendación técnica del equipo interdisciplinario, que incluye un tratamiento ambulatorio o en internamiento; b. Admitir la práctica de exámenes aleatorios; c. Sujetarse a los controles que ejecute el agente de custodia y control y la dupla Psico/Social en su trabajo, hogar y actividades que realice, a fin de determinar el cumplimiento de las condiciones impuestas y el plan de intervención personal. Para cumplir con las funciones de diseñar, desarrollar, informar al Juez y hacer el seguimiento del cumplimiento de las condiciones, existirá un equipo interdisciplinario conformado por un Psicólogo, un Trabajador Social y un Agente de Custodia y Control. Los decretos del Juez durante la suspensión condicional del proceso deberán sustentarse en el criterio del equipo interdisciplinario, con presencia del procesado y su abogado defensor y el Fiscal. Juez Fiscal y Defensor, sin perjuicio de sus roles constitucionales, trabajaran en equipo a fin de lograr la recuperación del procesado, siendo por tanto una excepción a la adversarialidad del proceso ordinario. El Juez deberá realizar un control permanente del 4

5 cumplimiento de las condiciones y supervisar permanentemente el tratamiento terapéutico en audiencias periódicas. Para el tratamiento terapéutico que haya sido dispuesto para el procesado, el Juez ordenaría, según el caso, el tratamiento ambulatorio o internado en un Centro de Recuperación y Tratamiento Terapéutico, el cual deberá cumplir los requisitos exigidos por el Consejo de la Judicatura y las normas pertinentes del sistema de salud. La suspensión condicional del proceso podría durar un plazo máximo de dos años, debiendo verificarse, según el caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas. Específicamente en lo que respecta al tratamiento terapéutico el Juez valorará su cumplimiento o incumplimiento, y la evolución del tratamiento con la opinión técnica de la dupla Psico/Social. Cumplidas las condiciones se extinguirá la acción penal, la misma que debe ser resuelta en audiencia. En este caso cesarán las medidas dispuestas en contra del procesado y se darán de baja los registros procesales. Al cumplimiento de las condiciones impuestas y la acreditación de la recuperación del procesado, en audiencia especial y emotiva se graduará al procesado, entregándole un diploma de egreso exitoso del programa. Cuando el procesado incumple las condiciones establecidas por el Juez, en audiencia este resolverá la terminación de la Suspensión Condicional del Procedimiento y continuará sustanciándose el proceso penal ordinario. El TTD estará conformado por un Juez, Fiscal y Defensor Público que se han capacitado en la concepción y práctica de Justicia Terapéutica. Habrá un coordinador del programa, quien además de coordinar aspectos administrativos del mismo, se preocupará, con el apoyo de investigación científica de las universidades, de obtener datos estadísticos y criminológicos que sustenten la creación de la unidad y su proyección nacional. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidoras o servidores públicos tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Las recientes declaraciones 5

6 de altos funcionarios del Ejecutivo en las que se reconoce que la "guerra contra las drogas" está perdida, y la reciente resolución del CONSEP sobre gramajes implica necesariamente que el abordaje de la problemática de las drogas en el Ecuador ha entrado a una fase de renovación y tiene un nuevo horizonte tanto pragmático sobre los efectos individuales y sociales de las medidas aplicables para su tratamiento institucional como respetuoso de los derechos de los consumidores. La Asamblea Nacional maneja la misma visión en la discusión del proyecto de Código Orgánico Integral Penal en los delitos contra el Derecho al Buen Vivir, específicamente en los que se refiere a los delitos por la producción o trafico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El Consejo de la Judicatura no puede ser indiferente ante esta situación y debe retomar el análisis de la implementación de los TTDs en el marco de las políticas públicas estatales sobre las drogas. En la ciudad de Cuenca existen operadores penales que se han capacitado en el país y en el extranjero desde hace varios años en un proyecto de esta naturaleza, siendo la plaza perfecta para empezar con un TTD, para que de forma progresiva se avance hacia el resto de ciudades, y que aplicado a nuestras realidades criminológicas puede abarcar también al alcohol en la etiología del comportamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 6

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