Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario

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1 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario AFIP.DGI.IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS (LEY ).ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA.CAJAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES.GRAVABILIDAD DE CUENTA BANCARIA.MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR.APLICACIÓN FALLO CSJN. USO OFICIAL EL CASO:Se requirió el dictado de una medida cautelar de no innovar, conforme lo establecido por el artículo 230 del CPCCN, que imponga a la AFIP abstenerse de iniciar y/o continuar con procedimientos determinativos de deuda, acciones de apremio y/o cobro judicial, embargos en cuentas bancarias, emisión de títulos y/o certificados de deuda que en concepto del impuesto a los débitos y créditos bancarios creados por la Ley y/o cualquiera de sus accesorios (intereses, multas, etc.) pudieran ser imputada como obligada a su pago la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.. AFIP.DGI.IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS (LEY ).ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA.CAJAS DE. PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES.GRAVABILIDAD DE CUENTA BANCARIA.MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR.APLICACIÓN FALLO CSJN. La cuestión bajo examen se identifica con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo recaído el 9 de junio de 2009 en la causa caratulada Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ acción de amparo donde hizo remisión al precedente Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza c/ Estado Nacional s/ amparo, sentencia del 5 de mayo de 2009, para confirmar la sentencia apelada

2 que declaró abstracta la cuestión planteada en virtud del dictado del decreto nro. 1287/01 que modificó el Anexo del decreto nro. 380 de fecha 29/03/01.En el precedente Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, por el que se confirmó la sentencia de Cámara que declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley como así también del decreto 969/01, el Máximo Tribunal hizo suyos los fundamentos dados por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, según los cuales cabe puntualizar aquél en que se señaló: ( ) es preciso tener en cuenta que cuando comenzó a regir el impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias, con la sanción de la ley , la entidad actora se encontraba amparada a tenor de su art. 2, inc. c), en tanto este precepto excluía del pago a aquellas personas que gozaban del reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias.. Sin embargo, con las modificaciones introducidas en la citada ley por su similar , con vigencia a partir de la fecha de su publicación, el 31 de agosto de 2001, ella perdió el beneficio.. En virtud de lo dispuesto en el último párrafo de ese mismo art. 2 de la primera ley, el Poder Ejecutivo nacional quedó facultado para establecer exenciones totales o parciales del impuesto en aquellos casos que lo estimara pertinente. Esta facultad, en lo que aquí interesa, la ejerció poco más adelante al dictar el decreto 1.287/01, mediante el cual, al modificar el anexo del decreto 380/01, reglamentario del la ley del gravamen, introdujo modificaciones en el texto de su art. 10, inc. e), de tal manera que, a partir de 18 de octubre de 2001 ( ) la actora volvió a gozar de exención en el ámbito del presente gravamen, al quedar fuera de él las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las Cajas de Previsión Provinciales para Profesionales, situación que se mantiene a la fecha..dentro del estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares estimo que en el caso se encuentra configurado el fumus bonis iuris necesario para el otorgamiento del anticipo jurisdiccional solicitado.(dr.pacilio con adhesión Dr.NOGUEIRA).

3 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL MEDIDAS CAUTELARES.ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.INTERÉS PÚBLICO COMPROMETIDO. En los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas de no innovar establecidos en general en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se requiere, como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia ( La Ley 2001-D-65) o, expresado con el giro que emplea la Corte Suprema, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (Fallos 314:1202).(DR. VALLEFÍN con adhesión DR.NOGUEIRA). AFIP.DGI.IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS (LEY ).ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA.CAJAS DE. PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES.GRAVABILIDAD DE CUENTA BANCARIA.MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR.APLICACIÓN FALLO CSJN. La cuestión en debate guarda analogía con la tratada y decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza c/ Estado Nacional s/amparo, sentencia del 05/05/09.Allí el Alto Tribunal remitió a los fundamentos de la señora Procuradora Fiscal, que luego de realizar un relato detallado de las normas dictadas en la materia reproducido en lo sustancial también en el voto que antecede- sostuvo en síntesis que: a) como regla, las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable interpretación del legislador o de la necesaria implicación de las normas que la establezcan pues, fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas; b) la caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza no demuestra tener capacidad contributiva en las claras pautas que, respecto de este principio constitucional de la tributación ha fijado el Alto Tribunal, es decir, que

4 el verdadero objeto del gravamen no es la posesión de determinados bienes sino la capacidad tributaria que comporta el ser alguien propietario de ellos y que la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva es indispensable requisito de validez de todo gravamen; c) por tanto, los movimientos bancarios realizados en las cuentas de la actora no pueden reputarse, siquiera indiciariamente, como manifestaciones de esa particular aptitud que todo sujeto ha de tener para poder ser sujeto pasivo de cualquier gabela. En función de lo expuesto en el aludido dictamen, la Corte Suprema concluyó que correspondía confirmar la sentencia que hizo lugar al amparo planteado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, declaró inaplicable e inconstitucional el art. 4 de la ley y el decreto 969/01 y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de las sumas debitadas en concepto de impuesto sobre créditos y débitos en las cuentas corrientes bancarias. DR. VALLEFÍN con adhesión DR.NOGUEIRA). PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ///Plata,19 de agosto de 2010.R.S.3 T183 f*38/42 AUTOS Y VISTOS: este expediente n Sala III- caratulado CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURO MÉDICO DE LA PROVINCIA C/ PEN-AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA, que tramita por ante el Juzgado Federal n 4 de esta ciudad, Secretaría n 11; Y CONSIDERANDO QUE: El doctor Pacilio dijo: I. Antecedentes El representante legal de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires promovió acción declarativa de certeza contra el Poder Ejecutivo Nacional AFIP- con el fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en relación a la ilegítima pretensión de cobro fiscal

5 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL del impuesto a los débitos y créditos bancarios (ley ) sobre las cuentas bancarias de su mandante. Se refirió en el inicio (...)una inspectora de la AFIP por (...)notificó en persona al Presidente de la Caja ( )la particular interpretación que realiza dicho organismo a los fines de sostener la gravabilidad de las cuentas bancarias de nuestra representada frente al impuesto creado por la Ley (Impuesto a los débitos y créditos bancarios), cuando por su naturaleza jurídica y función estatal de los Cajas de Previsión y Seguridad Social para profesionales éstas se encuentran exentas del pago de dicho tributo. (...). Se requirió, en forma previa, el dictado de una medida cautelar de no innovar, conforme lo establecido por el artículo 230 del CPCCN, que imponga a la AFIP abstenerse de iniciar y/o continuar con procedimientos determinativos de deuda, acciones de apremio y/o cobro judicial, embargos en cuentas bancarias, emisión de títulos y/o certificados de deuda que en concepto del impuesto a los débitos y créditos bancarios creados por la Ley y/o cualquiera de sus accesorios (intereses, multas, etc.) pudieran ser imputada como obligada a su pago la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires. (...). II. La decisión recurrida y los agravios. 1. El a quo acogió la medida cautelar solicitada en la demanda al considerar que se hallaban acreditados los requisitos indispensables para su otorgamiento (...).

6 2. Del memorial bajo examen surge la pretensión revocatoria del recurrente en función de los fundamentos que desarrolla. En sustancial síntesis, sostuvo el apoderado de la AFIP que no se ha tenido en cuenta: 1) el estricto marco con que deben otorgarse las medidas cautelares contra actos de la administración pública, los que gozan, de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, interfiriendo injustificadamente en el accionar del Estado con la consecuente afectación de la división de poderes; 2) que se trata de la aplicación de una ley del Congreso Nacional vigente desde el año 2001 y que las operaciones gravadas cuya aparente certeza se discute en estas actuaciones han sido aclaradas por su mandante en respuesta a una consulta vinculante por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Actuación nro. 86/2009 DITEC); 3) los presupuestos fundamentales existentes en materia tributaria en nuestro orden jurídico, siendo que los impuestos deben pagarse siempre y, en todo caso, procurar luego, su devolución (regla solve et repete); 4) no existen la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora que se invocan (...). III. Consideración de los agravios. 1. Debe establecerse, para un mejor entendimiento, el contenido de las normas legales en juego. a) La ley dispuso en su art. 1 la creación de un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo Nacional hasta un máximo del seis por mil (6%) que se aplicará sobre:

7 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas cualquiera sea su naturaleza- abiertas en entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras., el que ( ) se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias, actuando las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras ( ) como agentes de percepción y liquidación. Asimismo, y a instancias de su art. 2, inc. c), eximió a las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales del pago del tributo en cuestión, en tanto libró del gravamen a Las entidades reconocidas como exentas por la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( ) en virtud de lo dispuesto por la Ley de Impuesto a las Ganancias. A su vez, dicho artículo facultó al Poder Ejecutivo Nacional a determinar el alcance definitivo y a eximir, total o parcialmente, respecto de algunas actividades específicas, el impuesto de esta ley b) A su vez, la ley fue reglamentada por el decreto 380/2001. En el art. 1 de su Anexo determinó que (E)l impuesto recaerá sobre los débitos y créditos de cualquier naturaleza- efectuados en cuentas corrientes abiertas en las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, con excepción de los expresamente excluidos por la ley y esta Reglamentación. c) Posteriormente, el 30/07/01 se promulgó la ley , la que sustituyó respectivamente por intermedio de sus arts. 3 y 4 - los arts. 1 y 2 de la ley , eliminando el beneficio impositivo que se había practicado a favor de todo ente reconocido como exento del

8 impuesto a las ganancias, privando así a las Cajas de tal prerrogativa. d) Con base en el inc. c) de la ley , el PEN, en fecha 15/10/01, emitió el decreto 1287/01 por el que modificó el Anexo del decreto 380/01, al sustituir a instancias de su art. 1 inc. b)- el inc. e) de su art. 10 y eximir del impuesto en cuestión a las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las Cajas de Previsión Provinciales para Profesionales. El 03/05/04 el PEN dictó el decreto 533/2004, a mérito del cual reformó (e)l inciso e) del Artículo 10 del Anexo N 380 de fecha 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones ( ), sin alterar el tema objeto de las presentes actuaciones. 2. La cuestión bajo examen se identifica con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo recaído el 9 de junio de 2009 en la causa caratulada Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ acción de amparo donde hizo remisión al precedente Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza c/ Estado Nacional s/ amparo, sentencia del 5 de mayo de 2009, para confirmar la sentencia apelada que declaró abstracta la cuestión planteada en virtud del dictado del decreto nro. 1287/01 que modificó el Anexo del decreto nro. 380 de fecha 29/03/01. En el precedente Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, por el que se confirmó la sentencia de Cámara que declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley como así también del decreto 969/01, el Máximo Tribunal hizo suyos los

9 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL fundamentos dados por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, según los cuales cabe puntualizar aquél en que se señaló: ( ) es preciso tener en cuenta que cuando comenzó a regir el impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias, con la sanción de la ley , la entidad actora se encontraba amparada a tenor de su art. 2, inc. c), en tanto este precepto excluía del pago a aquellas personas que gozaban del reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, con las modificaciones introducidas en la citada ley por su similar , con vigencia a partir de la fecha de su publicación, el 31 de agosto de 2001, ella perdió el beneficio. En virtud de lo dispuesto en el último párrafo de ese mismo art. 2 de la primera ley, el Poder Ejecutivo nacional quedó facultado para establecer exenciones totales o parciales del impuesto en aquellos casos que lo estimara pertinente. Esta facultad, en lo que aquí interesa, la ejerció poco más adelante al dictar el decreto 1.287/01, mediante el cual, al modificar el anexo del decreto 380/01, reglamentario del la ley del gravamen, introdujo modificaciones en el texto de su art. 10, inc. e), de tal manera que, a partir de 18 de octubre de 2001 ( ) la actora volvió a gozar de exención en el ámbito del presente gravamen, al quedar fuera de él las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las Cajas de Previsión Provinciales para Profesionales, situación que se mantiene a la fecha. En tales condiciones, y dentro del estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares estimo que en el caso se encuentra

10 configurado el fumus bonis iuris necesario para el otorgamiento del anticipo jurisdiccional solicitado. 3. Respecto del agravio referido a la inexistencia de contracautela real estimo que el mismo no debe receptarse, habida cuenta lo decidido por este Tribunal en el expte. 2061/02 METAXAS (sentencia de fecha 12/02/02, considerando IV- 5.4)(1), a lo que cabe remitirse en razón de brevedad. 4. En consecuencia propongo desestimar la pretensión revocatoria del quejoso y confirmarse la decisión del a quo. Así lo voto. El doctor Vallefin dijo: I. La pretensión de la actora, la resolución recurrida y los agravios del apelante se encuentran suficientemente relatados en el voto que me precede, al que en lo pertinente me remito. II. De principio y de consuno con lo sostenido por esta Sala en numerosos precedentes, cabe recordar que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad ( La Ley C-434). En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la

11 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el art. 230 del Cód. Procesal, a los que se une un tercero, establecido de modo genérico para toda clase de medidas cautelares, cual es la contracautela, contemplada en el art. 199 del Código de rito. Dichos recaudos aparecen de tal modo entrelazados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa ("La Ley" 1996-B-732) cuando existe el rigor de un daño extremo e irreparable, el riesgo del fumus puede atemperarse ( La Ley 1999-A-142). También es pertinente recordar - como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante los cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos 313:521 y 819, entre muchos otros). Debe añadirse, por último, que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de

12 los presupuestos de las medidas de no innovar establecidos en general en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se requiere, como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia ( La Ley 2001-D-65) o, expresado con el giro que emplea la Corte Suprema, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (Fallos 314:1202). III. Aclarado lo anterior, examinadas las circunstancias fácticas del sub judice y como bien señala mi distinguido colega doctor Antonio Pacilio, advierto que la cuestión en debate guarda analogía con la tratada y decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza c/ Estado Nacional s/amparo, sentencia del 05/05/09. Allí el Alto Tribunal remitió a los fundamentos de la señora Procuradora Fiscal, que luego de realizar un relato detallado de las normas dictadas en la materia reproducido en lo sustancial también en el voto que antecede- sostuvo en síntesis que: a) como regla, las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable interpretación del legislador o de la necesaria implicación de las normas que la establezcan pues, fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas; b) la caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza no demuestra tener capacidad contributiva en las claras pautas que, respecto de este principio constitucional de la tributación ha fijado el Alto Tribunal, es decir,

13 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL que el verdadero objeto del gravamen no es la posesión de determinados bienes sino la capacidad tributaria que comporta el ser alguien propietario de ellos y que la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva es indispensable requisito de validez de todo gravamen; c) por tanto, los movimientos bancarios realizados en las cuentas de la actora no pueden reputarse, siquiera indiciariamente, como manifestaciones de esa particular aptitud que todo sujeto ha de tener para poder ser sujeto pasivo de cualquier gabela. En función de lo expuesto en el aludido dictamen, la Corte Suprema concluyó que correspondía confirmar la sentencia que hizo lugar al amparo planteado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, declaró inaplicable e inconstitucional el art. 4 de la ley y el decreto 969/01 y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de las sumas debitadas en concepto de impuesto sobre créditos y débitos en las cuentas corrientes bancarias. III. En tales condiciones y en virtud de la jurisprudencia dominante que propicia la sujeción a los precedentes del Alto Tribunal -a la que esta Sala adhiere-, estimo que en el caso se encuentra acreditada prima facie la verosimilitud del derecho necesaria a los fines de la obtención de la tutela cautelar pretendida por la actora, por lo que corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución (...), con costas. Así lo voto. El doctor Nogueira dijo:

14 Entiendo que de consuno al precedente del Alto Tribunal ( in re Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados de Mendoza del 05/05/09), el derecho invocado resulta verosímil y, por tanto, la medida cautelar solicitada debe ser otorgada. Me adhiero por lo demás a los votos de los doctores Pacilio y Vallefin. Por tanto en mérito a lo expuesto SE RESUELVE: Confirmar la resolución (...), con costas. Regístrese, notifíquese y devuélvase.fdo.jueces Sala III Dres. Carlos Alberto Vallefin Antonio Pacilio Carlos Alberto Nogueira Dra. Concepción Di Piazza de Fortin.Secretaria. NOTA(1):obra publicado en el sitio Federales/Justicia Federal La Plata/Fallos Destacados/Carpeta Temática CORRALITO(FD.10)

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