TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

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1 RE 096/2013 Acuerdo 3/2014, de 16 de enero de 2014, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por la empresa SEGURIDAD AVANZADA Y APLICACIONES, S.L, frente a la resolución por la que se adjudica el contrato denominado «Mantenimiento de seguridad instalado en los edificios del Gobierno de Aragón», promovido por el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 26 de septiembre de 2013 se publicó, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), el anuncio de licitación relativo al procedimiento denominado «Mantenimiento de seguridad instalado en los edificios del Gobierno de Aragón» promovido por el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón (en adelante el Departamento), contrato de servicios, tramitación anticipada, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, con un valor estimado de euros, IVA no incluido. SEGUNDO.- En el procedimiento convocado presentaron propuestas varios licitadores, entre ellos, ORBE TELECOMUNICACIONES, S.L. (en adelante ORBE) que resultaría adjudicataria y la recurrente, SEGURIDAD AVANZADA Y APLICACIONES, S.L. (en adelante SAYTA). La Mesa de contratación, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2013, procedió a la apertura y calificación de la documentación Página 1 de 14

2 administrativa (Sobre nº 1), presentada por los licitadores, y advirtió deficiencias y omisiones subsanables en varios de ellos, para lo cual les requirió, a los efectos de subsanación, indicándoles la forma y fecha límite para llevar a cabo la misma. Estas circunstancias se recogen en el acta de la sesión correspondiente. TERCERO.- En sesión pública celebrada el 5 de noviembre de 2013, se procedió a la admisión de la totalidad de las licitadoras y a la apertura del Sobre nº 2, que contenía la documentación que debía ser objeto de evaluación previa, de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas que rige la licitación (en adelante PCAP), verificando que todos los licitadores habían presentado la documentación requerida, y trasladando la misma a los vocales técnicos de la Mesa para su valoración y emisión del correspondiente informe técnico. Estas circunstancias, quedan acreditadas en el acta de la sesión de la Mesa. Elaborado el informe técnico, el día 12 de noviembre de 2013 se reúne nuevamente la Mesa de contratación, para el estudio del mismo y para hacer suya la valoración realizada. En dicho informe se otorga a los dos licitadores afectados por el presente recurso la siguiente valoración, en cuanto a los criterios de adjudicación sujetos a evaluación previa: - SAYTA: 20 puntos. - ORBE: 32 puntos. A continuación, la Mesa de contratación dio a conocer el resultado de la valoración de los criterios objeto de evaluación previa y, seguidamente, procedió a la apertura de los Sobres nº 3, en los que se incluía la oferta económica y la propuesta sujeta a evaluación posterior, tras lo cual la Mesa apreció que SAYTA incurría en oferta anormalmente Página 2 de 14

3 baja, tramitándose el procedimiento previsto en el artículo 152 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP). Todas estas circunstancias, quedan asimismo acreditadas en el acta de la sesión de la Mesa. CUARTO.- La Mesa de contratación vuelve a reunirse el 22 de noviembre de 2013, considera que la justificación aportada por la licitadora inicialmente incursa en oferta anormalmente baja es suficiente, valora las ofertas económicas admitidas, y realiza propuesta de adjudicación a la que resulta como oferta económicamente mas ventajosa, la formulada por ORBE, con una puntuación global de 97,17 puntos. La mercantil SAYTA, segunda licitadora clasificada, obtiene una puntuación global de 75,63 puntos. Por Orden del Departamento de 22 de noviembre de 2013, se clasificaron las ofertas presentadas y seleccionadas en los términos propuestos por la Mesa, y se requirió a ORBE la presentación de la documentación precisa para adjudicar el contrato. QUINTO.- El 29 de noviembre de 2013 D. David Celorrio García, en nombre y representación de SAYTA, presenta en el Registro General del Gobierno de Aragón alegaciones a la propuesta de adjudicación del contrato, solicitando se requiera a la empresa ORBE, propuesta para la adjudicación, la acreditación de su inscripción en el Registro de Empresas del Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), por entender la alegante que es requisito obligatorio dentro del marco legal para la ejecución de dicho contrato. Página 3 de 14

4 El 3 de diciembre de 2013, la Mesa vuelve a reunirse para examinar las alegaciones formuladas por la empresa SAYTA a la propuesta de adjudicación del contrato referido, resolviendo desestimar las mismas de conformidad con el articulo 87 TRLCSP y el Real Decreto 1081/2001, de 12 de octubre, por considerar, en síntesis, que la prestación del servicio de vigilancia y protección de los edificios y dependencias de la Comunidad Autónoma, forman parte de las competencias propias atribuidas al Gobierno de Aragón en materia de Seguridad pública, que se ejerce a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por tanto excluida en ámbito de la normativa de la seguridad privada, ratificando en consecuencia la propuesta de clasificación de las ofertas y de adjudicación del contrato a favor de ORBE. Por Orden del Departamento de 3 de diciembre de 2013 se adjudicó el contrato a ORBE. Dicha Orden fue comunicada a los licitadores mediante publicación en el perfil de contratante y por fax remitido el 4 de diciembre de 2013, adjuntando el informe técnico de valoración de las propuestas. En la notificación se informaba de la posibilidad de interponer contra la misma recurso especial en materia de contratación, en el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a la remisión. SEXTO.- El 23 de diciembre de 2013, en el Registro del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, D. Roberto Gracia del Molino, en representación de SAYTA, interpone recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del contrato denominado «Mantenimiento de seguridad instalado en los edificios del Gobierno de Aragón». Página 4 de 14

5 La recurrente anunció el 13 de diciembre de 2013, al órgano de contratación, la interposición de dicho recurso, conforme a lo preceptuado en el artículo 44.1 TRLCSP. El recurso alega, y fundamenta a los efectos de esta resolución, lo siguiente: a) Consideran que el objeto del contrato está sujeto al Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que fue modificado posteriormente por el Real Decreto 195/2010 para adaptarlo a la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, y que recoge que únicamente las empresas autorizadas podrán realizar servicios como el que es objeto del contrato. La recurrente alega que ha trasladado una consulta a la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), que confirma la obligatoriedad de que las operaciones de mantenimiento de este contrato deban ser realizadas por empresa homologada por el Ministerio del Interior para estas actividades. b) Plantean que presentaron a la Mesa de contratación las oportunas alegaciones sobre la no inscripción de ORBE en el Registro de Empresas del Ministerio del Interior para la prestación de servicios de mantenimiento de seguridad privada, y que las mismas fueron rechazadas por entender «que la prestación del servicio de vigilancia y protección de los edificios y dependencias de la Comunidad Autónoma, forman parte de las competencias propias atribuidas al Gobierno de Aragón en materia de Seguridad pública, que se ejerce a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por tanto fuera del ámbito de Página 5 de 14

6 la regulación de la seguridad privada». Afirman que no se entiende a qué «competencias propias» se refiere la desestimación, pues las competencias de seguridad privada no se encuentran transferidas al Gobierno de Aragón, sino que se ejercen por la Delegación del Gobierno, y en este caso se está hablando de un centro de control afectado atendido por personal de seguridad privada, y no por Fuerzas de la Policía. A la vista de lo expuesto, solicitan la anulación del acuerdo de adjudicación, y que se proponga la adjudicación del contrato únicamente considerando las empresas homologadas para la prestación del servicio. SÉPTIMO.- El 23 de diciembre de 2013, el Tribunal solicita al Departamento, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.3 TRLCSP, la remisión, en el plazo de dos días hábiles, del expediente de contratación completo, acompañado de un informe del órgano gestor del expediente. El 27 de diciembre de 2013 tiene entrada en el Tribunal la documentación solicitada. A fin de evacuar el trámite de alegaciones, el Tribunal notificó el 7 de enero de 2014, la interposición del recurso a los otros licitadores, de conformidad con lo establecido en el artículo TRLCSP. OCTAVO.- El 10 de enero de 2014, D. Fernando Ortega Bellosta, en representación de ORBE, presenta ante este Tribunal, escrito en el que se opone al recurso planteado y solicita su desestimación. Alega que la única premisa en la que se basa el recurso, es la condición sine qua non de que la mercantil adjudicataria sea una empresa de seguridad Página 6 de 14

7 privada inscrita en el Ministerio del Interior, argumento que es contrario a derecho, en síntesis, por lo siguiente: a) Dicha obligación no se exige como requisito de solvencia ni en el anuncio ni en el PCAP, por lo que su inclusión en este momento procedimental supondría una vulneración de los principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia. b) La recurrente no impugnó ni el anuncio de licitación ni los Pliegos del contrato. c) La competencia para vigilar y proteger los edificios, establecimientos y dependencias del Gobierno de Aragón está atribuida directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritos al Gobierno de Aragón. El mantenimiento del sistema de seguridad que se licita no se encuentra en el supuesto de hecho del artículo 39 del Reglamento de Seguridad privada, ya que el centro de control del Edificio Pignatelli no tiene obligatoriamente que estar controlado por personal de seguridad privada, sino que puede estar dirigido y supervisado por los miembros de la Policía Nacional adscritos a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la colaboración y complementariedad de las labores de las empresas de seguridad privada de vigilancia y seguridad. d) La normativa en materia de seguridad privada solo exige la condición de empresa de seguridad a aquellas empresas que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad cuando incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma. Requisito que no se da en el supuesto, Página 7 de 14

8 ya que el centro de control del Edificio Pignatelli se conecta directamente a la Comisaría de Zaragoza de la Unidad de la Policía Nacional adscrita. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de la empresa SAYTA para interponer recurso especial y su representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 TRLCSP. También queda acreditado, que el recurso se ha interpuesto contra la adjudicación de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a El acto es recurrible, de acuerdo con el artículo 40 TRLCSP en relación con el artículo 17 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector Público de Aragón, y el recurso se plantea en tiempo y forma. SEGUNDO.- Las cuestiones de fondo planteadas en el recurso admitido son: El objeto del contrato está sujeto al Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (modificado por el Real Decreto 195/2010, para adaptarlo a la Ley 23/1992, de Seguridad Privada); que establece que únicamente las empresas autorizadas podrán realizar servicios como el que es objeto del contrato. La recurrente aporta, para fundamentar esta afirmación, una consulta a la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), que confirma la obligatoriedad de que las operaciones de mantenimiento Página 8 de 14

9 de este contrato deban ser realizadas por empresa homologada por el Ministerio del Interior para estas actividades. Cuestionan la actuación de la Mesa de contratación al rechazar las alegaciones sobre la no inscripción de ORBE en el Registro de Empresas del Ministerio del Interior (para la prestación de servicios de mantenimiento de seguridad privada) por entender «que la prestación del servicio de vigilancia y protección de los edificios y dependencias de la Comunidad Autónoma, forman parte de las competencias propias atribuidas al Gobierno de Aragón en materia de Seguridad pública, que se ejerce a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por tanto fuera del ámbito de la regulación de la seguridad privada». Entiende el recurrente que las competencias de seguridad privada no se encuentran transferidas al Gobierno de Aragón, sino que se ejercen por la Delegación del Gobierno, y en este caso se está hablando de un centro de control afectado atendido por personal de seguridad privada, y no por Fuerzas de la Policía. La resolución del recurso requiere, en consecuencia, examinar si la actuación del órgano de contratación se ajustó al régimen jurídico de la contratación del sector público (TRLCSP y normativa de desarrollo) y sus principios, y, en especial, al PCAP que, junto con el Pliego técnico, constituyen la ley de contrato, como viene afirmando, reiteradamente, nuestra jurisprudencia. TERCERO.- En cuanto a la sujeción del objeto del contrato al Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (modificado por el Real Decreto 195/2010, para adaptarlo a la Ley 23/1992, de Seguridad Privada); este Tribunal, en su Acuerdo 41/2012, de 27 de septiembre, tuvo ocasión de Página 9 de 14

10 manifestar que la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su artículo primero establece que el objeto de la misma es regular la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que reserva a las «Empresas de Seguridad». Sin embargo, y conforme al artículo 5.1 e) de la referida ley, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta en su redacción dada por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, la venta, entrega, instalación o mantenimiento de equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada. Y es claro y sereno, como queda acreditado en el expediente en el que se materializa el procedimiento de licitación, que el objeto de contrato recurrido no comprende conforme a lo establecido en el PPT la prestación de servicio alguno de conexión con centrales de alarma. Y así se afirma y dice en el razonado y extenso informe del Director General de Interior de 27 de diciembre de 2013, que el órgano de contratación acompaña junto al expediente, cuando relata que el centro de control, al que se encuentra vinculado el servicio de mantenimiento objeto de licitación, forma parte de las propias dependencias del Gobierno de Aragón, cuya conexión se realiza directamente a la Comisaría en Zaragoza de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y por ello la realización de los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios del Gobierno de Aragón, y su centro de control, no se encuentran sujetos al procedimiento de verificación y comunicación de alarmas regulado en la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero. Página 10 de 14

11 De manera que el recurrente incurre en la fundamentación del recurso, en un error jurídico en cuanto al ámbito objetivo de aplicación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, pues en ninguna de las categorías de situaciones de hecho o de Derecho a que se refiere dicha norma (que es lo que designa la expresión o término «ámbito de aplicación») cabe subsumir el objeto del contrato denominado «Mantenimiento de seguridad instalado en los edificios del Gobierno de Aragón» promovido por el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. En nada desvirtúa esta afirmación, la consulta a través del correo electrónico, a la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, que aporta el recurrente, que se limita a reproducir el contenido dispositivo del artículo 39 de Reglamento de Seguridad Privada, sin indicar a qué supuesto de hecho hace referencia, tanto en la consulta como en la respuesta. Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso pues la normativa esgrimida y argumentada para fundamentar el recurso, no es de aplicación en este supuesto. CUARTO.- Igual suerte debe correr la manifestación relativa a que las competencias de seguridad privada no se encuentran transferidas al Gobierno de Aragón, sino que se ejercen por la Delegación del Gobierno, y en este caso se está hablando de un centro de control afectado atendido por personal de seguridad privada, y no por Fuerzas de la Policía; que sirve al recurrente para fundamentar el segundo de los motivos del recurso. Página 11 de 14

12 En primer lugar porque, como ya se ha dicho, no se corresponde con la realidad de las cosas que estemos ante un centro de control de vigilancia afectado por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y con la obligatoriedad de que su mantenimiento sea ejecutado por una empresa homologada de seguridad. Y en segundo porque la recurrente confunde la motivación de la propuesta de desestimación, que la Mesa de contratación elevó al órgano de contratación, en relación con las alegaciones formuladas ante la misma por la recurrente, para que se requiriese a la empresa propuesta como adjudicataria su condición de hallarse inscrita en el registro de Empresas del Ministerio de Interior. Ni la Mesa de contratación en su propuesta, ni el órgano de contratación en su resolución, afirman o sostienen, para fundamentar y motivar su actuación administrativa, que la Comunidad Autónoma de Aragón tenga atribuida la competencia en materia de seguridad privada. Lo que se dice y afirma es algo bien distinto y ajustado a la realidad de las cosas; que los edificios relacionados en el PCAP en los que han de prestarse los servicios de mantenimiento de los equipos y sistemas electrónicos, objeto del contrato son espacios públicos (edificios, establecimiento o dependencias), cuya vigilancia y seguridad forma parte de las competencias propias atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de seguridad pública y se realiza a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Interior el 9 de mayo de Página 12 de 14

13 De manera que la vigilancia y seguridad de dichos espacios queda fuera del ámbito de regulación de la seguridad privada. Si bien, claro es, ello no significa que en dichas funciones puedan colaborar empresas privadas, con la solvencia adecuada. Pero, como bien se refleja en las alegaciones del adjudicatario, esta colaboración ni es necesaria ni obligatoria. Procede pues, por lo expuesto, desestimar este motivo del recurso. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 41 TRLCSP, y en los artículos 2, 17 y siguientes de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. III. ACUERDA PRIMERO.- Desestimar el recurso especial, presentado por D. Roberto Gracia del Molino, en representación de la empresa SEGURIDAD AVANZADA Y APLICACIONES, S.L, frente a la adjudicación del contrato denominado «Mantenimiento de seguridad instalado en los edificios del Gobierno de Aragón», promovido por el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- Levantar la suspensión automática derivada del artículo 45 TRLCSP, de conformidad a lo dispuesto en el artículo TRLCSP. Página 13 de 14

14 TERCERO.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. CUARTO.- Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos, solo cabe la interposición de recurso contenciosoadministrativo (artículo 44.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJ), en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación del mismo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 10 k) LJ), todo ello de conformidad con el artículo 49 TRLCSP. Página 14 de 14

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