RESUMEN Seguridad industrial-organismos de control

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1 RESUMEN Seguridad industrial-organismos de control El informante presenta una declaración responsable a la Administración Autonómica correspondiente para ejercer la actividad como Organismo de Control Persona Física, en el ámbito de la Seguridad Industrial para el control de Ascensores. Ésta le solicita que presente la acreditación de la ENAC para poder ejercer la actividad, en virtud del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, como requisito que ha de acompañar a la declaración responsable. El informante rechaza la solicitud de tal acreditación por entender que la jurisprudencia ha dejado sin efecto este trámite, mientras que la Administración Autonómica señala que la jurisprudencia sólo declara la inaplicabilidad de la autorización como régimen de intervención, en favor de medios de intervención menos gravosos como son la declaración responsable o la comunicación. La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado considera que, en el ámbito de las actuaciones de los organismos de control, puede entenderse que el medio de intervención consistente en la exigencia de una declaración responsable, previa acreditación, es conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM. Informe final Informe Andalucía ADCA

2 I. INTRODUCCIÓN Con fecha de 27 de octubre de 2014, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de D. ( ), en nombre y representación de D. (...), en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la actuación como Organismo de Control en la Comunitat Valenciana. En concreto, informa lo siguiente: - Que, con fecha de 4 de junio de 2012, el reclamante formula Declaración Responsable a la Consellería D Economía, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana para ejercer actividad como Organismo de Control Persona Física, en el ámbito de la Seguridad Industrial para el control de Ascensores. - Que, por medio de Resolución de 8 de octubre de 2012, del Subdirector General de Industria de la citada Consellería, se solicita subsanación del escrito presentado por no declarar que dispone de los certificados de acreditación y anexos técnicos en los campos reglamentarios para los que se desea ejercer la actividad, emitidos por una entidad de acreditación. - Ante tal emplazamiento, el reclamante dirige escrito, de fecha de 26 de octubre de 2012, a la Consellería, afirmando que la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 27 de febrero de 2012 declara la nulidad del artículo 42.1 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, en cuanto exigía a las personas físicas la autorización de la ENAC, para ejercer como Organismo de control. - Que ante dicho escrito se dicta Resolución, de nuevo del Subdirector de Industria, de 15 de enero de 2013, reiterando la obligatoriedad de la acreditación, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2011, y a la propia Sentencia alegada por el Reclamante. 2

3 - Frente a dicha Resolución, el Reclamante interpone Recurso de Alzada, con fecha de 31 de enero de 2013, ante la Consellería, reiterando sus pretensiones. Este Recurso es resuelto por el Secretario Autonómico de Industria y Energía, en Resolución de 14 de mayo de 2013, desestimando el recurso en lo relativo a la acreditación y manteniendo su exigencia. - Frente a tal desestimación, el reclamante interpone, con fecha de 1 de julio de 2013, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Nº2 de lo Contencioso Administrativo de Valencia, asunto que se encuentra aún sub judice. En definitiva, el informante solicita a la administración autonómica que se le permita llevar a cabo la actividad de organismo de control de seguridad industrial sin necesidad de presentar la acreditación de la ENAC, por entender que la jurisprudencia ha dejado sin efecto este trámite. II. MARCO NORMATIVO a) Normativa estatal y jurisprudencia: La exigencia de autorización previa para el acceso a la actividad de organismo de control industrial viene recogida en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en su artículo 15: Artículo 15. Organismos de Control. 1. Los Organismos de Control son aquellas personas naturales o jurídicas, que teniendo capacidad de obrar, dispongan de los medios técnicos, materiales y humanos e imparcialidad necesarios para realizar su cometido y cumplan las disposiciones técnicas que se dicten con carácter estatal a fin de su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea. 2. ( ). 3. La autorización de los Organismos de Control corresponde a la Administración competente en materia de industria del territorio donde los Organismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones. 3

4 4. Las autorizaciones otorgadas a los Organismos de Control tendrán validez para todo el ámbito del Estado y duración indefinida. 5. ( ). 6. La inscripción en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de esta Ley de los Organismos de Control se realizará de oficio por la Administración competente a partir de los datos incluidos en la autorización. Cabe señalar que la Sentencia del TS de 29 de junio de 2011 declara la inaplicabilidad de la necesidad de autorización administrativa de los organismos de control prevista en el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre y en el artículo 43 del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobada por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, en la redacción dada por el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, salvo cuando mediante Ley o disposición reglamentaria se justifique que resulta obligado para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la Normativa Comunitaria o de Tratados y Convenios Internacionales. Salvo en estos supuestos, de acuerdo con la citada Sentencia, procedería la comunicación o declaración responsable del interesado en los términos del artículo 4 de la Ley de Industria. Por otra parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se desarrolla parcialmente por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. En relación a la autorización de los organismos de control, cabe citar el artículo 42, que reza como sigue: Artículo 42. Acreditación. 1. Los Organismos de control, para poder ser autorizados a ejercer sus actividades, precisarán de su acreditación previa por una entidad de acreditación de las establecidas en el capítulo II de este reglamento. 2. Cada Organismo de control, para ser acreditado, deberá asegurar su imparcialidad, independencia e integridad, para lo cual deberá cumplir las siguientes condiciones y requisitos: 4

5 a) Demostrar estar en disposición de la solvencia técnica necesaria para la realización de las actividades para las que solicite su acreditación, mediante el cumplimiento de los requisitos que se hallen establecidos para ello en los reglamentos correspondientes. b) Disponer de los medios materiales necesarios, así como de personal con la adecuada formación profesional, técnica y reglamentaria para el desempeño de las actividades para las que se le acredita. c) Su organización deberá separar los aspectos técnicos de los de gobierno y representación, debiendo estar estructurados los primeros de manera que la imparcialidad de sus actuaciones esté garantizada respecto a intereses de grupo. d) Las actividades de la entidad y de su personal son incompatibles con cualquier vinculación técnica, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que pudiera afectar a su independencia e influenciar el resultado de sus actividades de control reglamentario. 3. Cuando el Organismo solicitante esté ya acreditado conforme a las normas de la serie UNE-EN-ISO que le sean de aplicación, para las mismas actividades para las que se pretende obtener acreditación en el ámbito reglamentario, se entenderá que la acreditación en base a dichas normas es suficiente para la demostración de los requisitos exigidos en el apartado anterior. 4. El Organismo de control que desee ser acreditado deberá presentar, ante la entidad de acreditación, solicitud en la que se especifiquen los ámbitos en los que se proponga desarrollar su actividad, acompañada de la siguiente documentación: a) ( ). A este respecto, la Sentencia del TS de 27 de febrero de 2012 declara la nulidad de los apartados 1 y 2.a) del artículo 42, en cuanto que exigen la autorización, previa acreditación, para que los organismos de control ejerzan sus funciones. Además, la propia Sentencia declara que los requisitos establecidos en los apartados 2.b) y 2.c), 4.b) y 4.c) no son aplicables a las personas físicas. En relación a la exigencia de acreditación, se observa una diferencia de criterio fundamental entre el solicitante y la Generalitat Valenciana. El primero 5

6 considera que la anulación del artículo 42.1 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, se refiere tanto a la necesidad de autorización previa por parte del órgano administrativo correspondiente como a la exigencia de acreditación por la ENAC. En cambio, la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana entiende a la luz de la citada Sentencia y de la Sentencia de 29 de junio de 2011 del TS, que el requisito de acreditación permanece vigente. III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO a) Inclusión de la actividad de en el ámbito de la LGUM. El Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios. La actividad realizada por los Organismos de Control realizada por una persona física constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. b) Análisis de la normativa sobre los Organismos de Control en el ámbito de la Seguridad Industrial a la luz de los principios de la LGUM. Los artículos 5 1 y 17 de la LGUM recogen que los límites establecidos por las Administraciones públicas para el acceso y el ejercicio a una actividad económica deben someterse a un juicio de necesidad y proporcionalidad. 1 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 6

7 A este respecto, el artículo 17 plantea tres tipos de intervención administrativa respecto del inicio de una actividad: el control ex ante mediante autorización cuando se den motivos tasados por la ley y el sistema de declaraciones responsables y comunicaciones como mecanismos de intervención y control ex post. Así, un régimen de autorización, dado que es un sistema de control administrativo previo y más gravoso para la actividad económica, sólo podrá ser exigible cumpliendo las causas tasadas establecidas en el artículo 17.1 de la LGUM. En el caso que nos ocupa cabría, por tanto, valorar si el régimen de intervención previsto es conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la LGUM. En el ámbito de las actuaciones de los organismos de control, esta Secretaría considera que puede entenderse que el medio de intervención consistente en la exigencia de una declaración responsable, previa acreditación, es conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, en la medida en que concurren razones de seguridad industrial (vinculadas a la razón más genérica de seguridad pública) y se considera un medio de intervención necesario y proporcionado. Asimismo, cabe señalar que la anterior exigencia de autorización, previa acreditación, podría considerarse contraria a los principios de esta norma, no sólo en relación a la mencionada necesidad y proporcionalidad sino también por ser contraria al principio de simplificación de cargas del artículo Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 2 Artículo 7. Principio de simplificación de cargas. La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad. 7

8 IV. CONCLUSIÓN - CONSIDERACIONES ADICIONALES En el ámbito de las actuaciones de los organismos de control, puede entenderse que el medio de intervención consistente en la exigencia de una declaración responsable, previa acreditación, es conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM. En este sentido, cabe señalar que en la actualidad se está tramitando una modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, recogida en el Proyecto de Ley de Metrología, que establece con carácter básico el régimen de declaración responsable, previa acreditación, de la entidad nacional de acreditación como requisito para el acceso a la actividad de los organismos de control. Consecuentemente, también se está tramitando la modificación del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, en este mismo sentido. Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. Madrid, 20 de noviembre de 2014 LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 8

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