Juez de segunda instancia no tiene competencia para decidir apelaciones interpuestas por personas ajenas al proceso

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1 Juez de segunda instancia no tiene competencia para decidir apelaciones interpuestas por personas ajenas al proceso REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil diez (2010) REF.: EXP. No (37963) ACTOR: CLÍNICA GUANE DE FLORIDA BLANCA DEMADADO: MARITZA PRADA HOLGUIN ASUNTO: ACCIÓN CONTRACTUAL Se decide sobre la admisión del recurso de apelación formulado por la parte actora, contra el auto de 29 de abril de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en el cual se rechazó de plano la demanda interpuesta. ANTECEDENTES 1. Mediante auto de 29 de abril de 2009, el a quo rechazó de plano la demanda interpuesta por la clínica Guarne de Floridablanca en contra de la señora Maritza Prada Holguín con fundamento en que la acción procedente se encontraba caducada. 2. A través de escrito presentado el 8 de mayo de 2009, el abogado Mauricio Mantilla Saavedra quien dijo actuar a nombre de E.S.E. CLÍNICA GUANE DE FLORIDA BLANCA, interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia. 3. Encontrándose el proceso para admitir el recurso de apelación formulado, mediante auto de 5 de febrero de 2010, se le concedió a la parte actora el término de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha

2 2 providencia, para que presentara en el original o copia auténtica los documentos que daban soporte al poder conferido al abogado Mauricio Mantilla Saavedra. 4. En el término concedido, no se allegaron los documentos requeridos, razón por la cual, a través de providencia de 26 de marzo de 2010, se decidió no reconocer al abogado Mauricio Mantilla Saavedra como apoderado de la parte actora. CONSIDERACIONES En el presente asunto, el Despacho no dará trámite al recurso de apelación formulado por al parte actora, contra el auto de 29 de abril de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander. Para sustentar tal decisión, se hará un pronunciamiento sobre los siguientes puntos a saber: (i) la competencia del juez de segunda instancia, (ii) el derecho de postulación y (iii) el caso concreto. 1. La competencia La competencia de una autoridad judicial se entiende como la porción, o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, en determinado asunto sometido a su conocimiento. La Jurisprudencia de esta sección ha definido la competencia de la siguiente manera: La facultad que tiene un juez para ejercer, por autoridad de la ley y en determinado asunto, la jurisprudencia que corresponde a la Republica o como la medida con base en la cual se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades que la integran y cuya determinación atiende a factores universales que garantizan que el asunto debatido será conocido por el juez más cercano a quienes aspiran a obtener un pronunciamiento de la Rama Judicial del Poder Público. Tales factores guardan relación con la naturaleza del proceso y la cuantía de la pretensión objetivo-; la calidad de las personas que han de ser partes dentro de la litis subjetivo-; la distribución de los asuntos entre las diferentes jerarquías de funcionarios dentro de jurisdicción, como corolario del principio de la doble instancia funcional-; el reparto de los negocios atendiendo al lugar geográfico dentro del cual el juez o tribunal tiene atribuida la iuris dictio territorial- o la acumulación de una pretensión a otra, cuando entre ellas existe conexión y un juez que en principio carece de competencia para conocer alguna de las acumuladas, puede asumir la obligación de decidir respecto de todas por

3 3 ser legalmente competente para resolver una de las reclamaciones formuladas conexión- 1 Por su parte la jurisprudencia consiste en la potestad que tiene el Estado, en ejercicio de la soberanía, de administrar justicia y decidir todos aquellos litigios, sean estos civiles, penales o administrativos. De conformidad con lo anterior todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, en el ámbito propio de la competencia que les asigna la ley. La competencia del superior, está determinada por la interposición del recurso de apelación, el cual constituye el mecanismo más efectivo, para que un funcionario judicial de mayor jerarquía estudie la decisión proferida por el inferior y la conforme, revoque o modifique según lo que en derecho corresponda. De esta manera la finalidad del mencionado recurso, su razón de ser, es de aquellas personas que fueron vinculadas al proceso, o hacen parte del mismo, tengan la posibilidad de manifestar su inconformidad con las decisiones que los afectan y, además, garantizar que tales determinaciones tengan el respectivo control, en le trámite de la segunda instancia. De conformidad con lo expuesto, el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil establece que el recurso de apelación podría interponerse por la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia, es decir, la posibilidad de interponer un recurso está consagrada únicamente para las personas que han sido vinculadas al proceso y quienes, en consecuencia, se ven afectadas por las decisiones que eventualmente tome el juez en el trámite del proceso. Es por lo anterior, que el juez al momento de examinar la admisibilidad del recurso debe constatar que el mismo haya sido interpuesto por una de las partes, o por un tercero reconocido como tal. 2. El ius postulandi. El adecuado ejercicio del derecho de acción requiere de la concurrencia de varios presupuestos, a saber: (i) la capacidad para ser parte, la cual es propia de todas las personas por el hecho mismo de serlo, ya sean éstas naturales o jurídicas; (ii) la capacidad procesal, esto es, que tal persona pueda comparecer al juicio por sí misma o mediante un representante legal; (iii) la caducidad de la acción y (v) el ius postulandi. 1 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto de 29 de agosto de Exp (15526).

4 4 En relación con este último presupuesto, es pertinente señalar que el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil establece que las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducta de abogado inscrito, excepto en los actos en que la ley permite su intervención directa. En este mismo sentido el artículo 25 del Decreto 196 de 1971, señala que nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito. De conformidad con las disposiciones dictadas, el derecho de postulación supone la potestad exclusiva para los abogados, salvo las excepciones contempladas en la ley 2, de presentar la demanda, solicitar el decreto y práctica de las pruebas, presentar alegatos, recurrir las decisiones favorables y en general de realizar todas aquellas actuaciones propias del trámite del proceso. Es por lo anterior, que en los procesos judiciales se requiere que las personas vinculadas al mismo actúen mediante apoderado, quien en su nombre realizará las actuaciones propias de la actuación respectiva. Ahora bien, es pertinente señalar que si bien los abogados son los titulares del derecho de postulación,, lo cierto es que el ejercicio del mismo en un proceso particular supone el otorgamiento de un poder de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el cual puede ser general, esto es para toda clase asuntos y deberá conferirse por escritura pública y especial, es decir par uno o varios procesos determinados, el cual se otorgará mediante documento privado autenticado en la forma establecida para la presentación de la demanda (art. 65 ibídem). Cuando sea una persona jurídica la que otorga el poder, además de la autenticación respectiva, deberá demostrarse la existencia de ésta y la representación legal que la misma ostenta quien lo infiere, salvo que al momento de su presentación personal, la autoridad competente correspondiente tenga por acreditada dichas circunstancias, con los documentos aportados para tal efecto (art. 65 ibídem). Así las cosas, como la finalidad del recurso de apelación es estudiar la decisión proferida dentro del trámite de un proceso, al cual se encuentran vinculadas una serie de personas, ya sea en calidad de partes o de terceros intervinientes, no le asiste competencia la juez de segunda instancia para tramitar y decidir un recurso de apelación interpuesto por una persona ajena al proceso, como sucede, en el caso que haya sido formulado por un abogado que no ostente la representación 2 Artículo 28 del Decreto 196 de 1971.

5 5 judicial de alguna de las partes, toda vez que la potestad de interponer recursos contra las providencias dictadas en le proceso, corresponde a aquellas personas que integran los extremos de la relación procesal, la cual se ejerce mediante los apoderados a quien en legal forma se les otorgó poder para actuar en el proceso, en virtud del ius postulando del cual son titulares. 3. Caso Concreto 3.1 En el presente asunto, el doctor Martín Emilio Rodríguez Cáceres quien afirma ser el representante legal de la Empresa Social del Estado Clínica Guane y su Red Integral de Salud, confirió poder al abogado Mauricio Mantilla Saavedra, sin acreditar la calidad que afirmó tener y sin que allegaran los soportes respectivos solicitados por este despacho mediante auto de 5 de febrero de 2010, razón por la cual se decidió negarle el reconocimiento de personería a través de providencia de 26 de marzo siguiente. En este orden de ideas, dado que el recurso de apelación fue formulado por el abogado Mauricio Mantilla Saavedra a nombre de la sociedad E.S.E. CLÍNICA GUANE DE FLORIDA BLANCA, sin que tuviera la calidad de su apoderado judicial, no se dará trámite al recurso. En mérito de lo expuesto, se R E S U E L V E : No darle trámite al recurso de apelación interpuesto, contra la providencia de 29 de abril de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En firme este auto, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. NÓTIFIQESE Y CÚMPLASE RUTH STELLA CORREA PALACIO M.P./3 Cuadernos

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