Junta Consultiva de Contratación Administrativa

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1 INFORME 8/2009 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. [Grupos 1.1 y 1.3] La Consejera de Recursos Humanos y Organización del Cabildo Insular de Gran Canaria, mediante escrito remitido con fecha 7 de agosto pasado, formula consulta a la Junta Consultiva sobre si el procedimiento de selección de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ha de sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En el escrito en el que solicita el informe, el órgano consultante expone su duda respecto a si la tramitación del expediente de cambio de Mutua ha de sujetarse a los procedimientos de contratación regulados en la LCSP, o, por el contrario, tales procedimientos no serían de aplicación por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 4.1.b) de la citada Ley, a los que ésta excluye de su ámbito de aplicación. Dado que el artículo 4.1.b) de la LCSP se refiere a las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general, resulta necesario analizar la naturaleza jurídica de las prestaciones o actividades que constituyen el objeto de las Mutuas, así como la propia naturaleza jurídica de éstas. El régimen jurídico básico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social está regulado en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, dentro de la Sección denominada Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, complementado con el desarrollo reglamentario contenido en el Real Decreto 1993/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. El artículo 67 del TRLGSS dispone que la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y por empresas, de acuerdo con lo establecido en la 1

2 presente sección, y, a tal efecto, el extenso contenido del artículo 68 del mismo texto legal contiene, entre otras, las siguientes disposiciones: Se considerarán mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas. La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprenderá las siguientes actividades: a. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. b. La realización de actividades de prevención previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo. En la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en las actividades de prevención reguladas por la presente Ley, las operaciones que lleven a cabo las mutuas se reducirán a repartir entre sus asociados: a. El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados. b. El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas en este número, así como la contribución a los servicios de prevención, recuperación y demás previstos en la presente Ley, en favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios. c. Los gastos de administración de la propia entidad. Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido en esta Ley y en sus normas de aplicación y desarrollo. En relación con las primas de accidentes de trabajo que aporten los empresarios asociados a las Mutuas, el artículo 17 del TRLGSS dispone que las primas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tendrán, a todos los efectos, la condición de cuotas de la Seguridad Social, mientras que el apartado 4 del artículo 68 antes citado, establece, en el mismo sentido, que los ingresos que las Mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social. Tales preceptos llevan a la conclusión de que la actividad desarrollada por las Mutuas no es retribuida mediante precio por las empresas a ellas asociadas, sino que tal actividad es financiada con cuotas de la Seguridad Social, o, lo que es lo mismo, con recursos públicos de ésta. Por otra parte, el artículo 61 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas antes citado dispone lo siguiente: Los empresarios asociados a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 2

3 la Seguridad Social, para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, habrán de proteger en ella a la totalidad de sus trabajadores En los supuestos de incumplimiento por los empresarios asociados a las mismas de las obligaciones en materia de afiliación, de altas y bajas y de cotización, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 126 de La Ley General de la Seguridad Social, no pudiendo la Mutua proceder a la resolución o suspensión del convenio de asociación y estando obligada la entidad, por tanto, a hacerse cargo de las prestaciones económicas y sanitarias a que tengan derecho los trabajadores empleados por tales empresarios, sin perjuicio de las acciones legalmente previstas para el resarcimiento de los importes correspondientes. A la vista de los preceptos transcritos, se obtiene una primera respuesta a las cuestiones planteadas en la consulta formulada, en el sentido de que las prestaciones o actividades a realizar por las Mutuas no constituyen relaciones jurídicas que consistan en la prestación de un servicio público cuya utilización requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público, pues, por una parte, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social que realizan las Mutuas, en los términos definidos en el artículo 67 del TRLGSS, no implica la prestación de un servicio público dirigido a quien se adhiere con responsabilidad mancomunada a los servicios de una Mutua (en este caso el Cabildo Insular de Gran Canaria), ni, por otra parte, tal colaboración es retribuida mediante el abono de una tarifa, tasa o precio público por parte del usuario que recibe los servicios, pues las cotizaciones a la Seguridad Social no tienen tal consideración. En consecuencia con tal conclusión, las relaciones jurídicas que una Administración pública concierte con una Mutua no pueden considerarse negocios jurídicos excluidos de la LCSP en virtud del supuesto contemplado en el artículo 4.1.b) de la LCSP. No obstante, desechada la exclusión contemplada en el apartado b), sin embargo resulta necesario analizar si tales relaciones pudieran estar incluidas en alguno de los otros supuestos de exclusión contemplados en los distintos apartados del artículo 4.1 de la LCSP, en especial en el apartado c), convenios de colaboración que celebren entre sí los organismos y entidades que tienen la consideración de Administraciones o entidades públicas, o en el apartado d), convenios que celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en la LCSP o en normas administrativas especiales. El artículo 68.1 del TRLGSS, antes reproducido, define a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como asociaciones que se constituyen por empresarios con el objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, 3

4 asumiendo a tal efecto una responsabilidad mancomunada entre todos los asociados. Si bien el artículo 3.1.g) de la LCSP, atendiendo a las funciones públicas derivadas de su colaboración en la gestión de la Seguridad Social, y en concordancia con el artículo 2.1.d) de la Ley General Presupuestaria, considera expresamente que las Mutuas forman parte del sector público a efectos de su inclusión en su ámbito de aplicación, sin embargo, al ser asociaciones constituidas por empresarios, tienen naturaleza jurídica privada, y, por tanto, no tienen la consideración de Administraciones públicas en los términos establecidos en el artículo 4.2 de la LCSP. En consecuencia, han de ser encuadradas en el apartado del sector público a que, de forma residual, se refiere el artículo 4.3 de dicha ley, es decir, entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) [es decir que no sean consideraros Administraciones públicas] que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que un sujeto que deba considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financie mayoritariamente su actividad, controle su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. Así pues, tampoco puede considerarse que las relaciones jurídicas que una Administración pública concierte con una Mutua puedan considerarse negocios jurídicos excluidos de la LCSP en virtud del supuesto contemplado en el artículo 4.1.c) de la LCSP, pues este supuesto está referido tan sólo a los convenios que celebren entre sí las Administraciones o entidades públicas. Queda, por último, analizar si tales relaciones pudieran considerarse excluidas del ámbito de la LCSP por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el apartado d) del artículo 4.1, es decir, convenios que celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en la LCSP o en normas administrativas especiales. Dado que las Mutuas son efectivamente entidades privadas con personalidad jurídica propia, la posibilidad de que sus relaciones con las Administraciones públicas tengan encaje en el apartado d) del artículo 4.1, y, por tanto, estén excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP, dependerá de que el objeto de tales relaciones jurídicas no esté comprendido en el objeto de los contratos regulados en la LCSP, o en normas administrativas especiales. 4

5 La especial complejidad que caracteriza la naturaleza jurídica y la propia actividad de las Mutuas, provoca que también resulte complejo determinar si el objeto de un convenio de asociación en el que se formaliza la relación jurídica entre una Administración pública y una Mutua puede ser coincidente o no con el objeto de alguno de los contratos regulados en la LCSP. Si en un primer análisis tenemos en cuenta que el artículo 20.1 de la LCSP atribuye, con carácter residual, la consideración de contratos privados del sector público a todos los contratos no tipificados que celebre cualquiera de los organismos y entidades que integran el sector público, tenga o no la condición de Administración Pública, podría llegarse a la inmediata conclusión de que los convenios de asociación que celebren las Administraciones públicas con las Mutuas deben de tener la consideración de contratos privados a los efectos previstos en la LCSP, siéndoles de aplicación, en consecuencia, lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 20, es decir, que, en defecto de normas específicas, deberán regirse, en cuanto a su preparación y adjudicación, por las normas de procedimiento de la LCSP. Dado que ni el TRLGSS (artículos 67 y siguientes), ni el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (artículo 61 y siguientes), regulan el procedimiento a seguir para formalizar los convenios de asociación a las Mutuas, puede parecer evidente, en principio, que, tanto la selección de una Mutua por parte de una Administración pública, como la formalización del correspondiente convenio de asociación, han de regirse por las normas y procedimientos de preparación y adjudicación de los contratos establecidos en la LCSP. Sin embargo, esta primera conclusión queda desvirtuada si, tomando en consideración la especial naturaleza jurídica y objeto de las Mutuas, y el especial contenido obligacional que surge de la relación jurídica que vincula a sus asociados, tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la LCSP para delimitar, con carácter general, los contratos del sector público sometidos a su ámbito de aplicación, ámbito que, según el apartado 1 del citado artículo, está referido tan sólo a los contratos onerosos. De acuerdo con la doctrina civilista de las obligaciones y contratos, son contratos onerosos aquellos que tienen por objeto el intercambio de contraprestaciones equivalentes, constituyendo a su vez este intercambio la causa o finalidad del contrato para las partes que intervienen en el mismo. 5

6 De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del TRLGSS, las Mutuas son asociaciones constituidas por empresarios con el objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, asumiendo al efecto una responsabilidad mancomunada. Dicha colaboración, que puede consistir en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de los empresarios asociados, y en la realización de actividades de prevención previstas en el TRLGSS, se reducirá a repartir entre sus asociados el coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el coste de los servicios y actividades preventivas previstas en el citado Texto Refundido, y los gastos de administración de la propia entidad. Por otra parte, tal y como antes se ha expuesto, los ingresos que las Mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas por los empresarios a ellas asociados, tienen, a todos los efectos, la condición de cuotas de la Seguridad Social, y forman parte del patrimonio de la Seguridad Social. Así pues, la actividad prestacional realizada por las Mutuas en relación con las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no está realmente destinada a la empresa asociada, sino a la propia Seguridad Social, en forma de colaboración en la gestión de las contingencias por ella cubiertas, colaboración que es realizada con la responsabilidad mancomunada de los propios empresarios asociados en la Mutua, y es retribuida mediante cuotas de la Seguridad Social. Por tanto, el convenio de asociación entre una empresa y una Mutua no genera un intercambio de contraprestaciones entre ésta y la empresa que a ella se asocia; por el contrario, son las propias empresas que se asocian las que constituyen la Mutua y se responsabilizan de su gestión, y el fin que realmente persiguen al asociarse en la Mutua es gestionar con un instrumento propio (la Mutua de la que forman parte) la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como medio de colaboración con la Seguridad Social que permite repartir los costes de gestión de dichas contingencias. En consecuencia, la relación jurídica que une a la Mutua con la empresa o Administración pública que a ella se asocia no constituye un contrato oneroso entre ambas. Por el contrario, la figura jurídica que en el ordenamiento jurídico ampara la relación que surge entre una Mutua y una empresa o Administración pública que decide acogerse al sistema de colaboración en la gestión de la Seguridad Social a través de aquélla, es la de la 6

7 asociación (en este caso, asociación para la gestión), negocio jurídico que, recurriendo de nuevo a la doctrina civilista (ver Manual de Derecho Civil, de José Castán Tobeñas), es definido como agrupación que, a diferencia del contrato de sociedad, se constituye con fines no lucrativos de cooperación, de carácter social o profesional, o bien para disminuir o distribuir gastos o restringir pérdidas, cual es el caso de las asociaciones mutualistas. En esta línea, el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, al delimitar su ámbito de aplicación, tras incluir a todas las asociaciones sin ánimo de lucro, cita expresamente a las Mutualidades, si bien las excluye de su ámbito normativo, por contar con un régimen jurídico asociativo específico. De acuerdo con los argumentos y conclusiones que se acaban de exponer, esta Junta Consultiva considera que el proceso de selección de una Mutua como entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, y la correspondiente formalización del convenio de asociación, al no constituir contrato oneroso, no está sujeto a las normas de preparación y procedimientos adjudicación de los contratos regulados en la LCSP. Esta conclusión, sin embargo, no debe ser obstáculo para tener en cuenta, en todo caso, que el apartado 2 del artículo 4 de la LCSP establece, con carácter general, que los principios establecidos en la misma serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse respecto a los negocios y relaciones jurídicas excluidos de su ámbito de aplicación, por lo que esta Junta Consultiva estima que, en la medida en que la selección de una Mutua por una Administración pública puede afectar a legítimos intereses contrapuestos del conjunto de Mutuas existentes, dicha selección deberá realizarse de forma que garantice el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, y de no discriminación e igualdad de trato propugnados en el artículo 1 de la LCSP. Por último, para dar completa respuesta a todos los posibles aspectos que pudieran derivarse de la cuestión planteada en la consulta, resulta necesario formular una salvedad respecto a determinadas actividades que las Mutuas pueden desarrollar, al margen de su condición de entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. Se trata del supuesto contemplado en el último inciso del apartado 2.b del artículo 68 del TRLGSS, en relación con los servicios de prevención ajenos que pueden desarrollar las Mutuas, que, siendo distintos a los previstos como inherentes a la propia actividad de 7

8 colaboración a realizar por éstas, se rigen por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Tales servicios están previstos en el artículo 31 de la citada Ley 31/1995, en los siguientes términos: Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. A continuación, el artículo 32 del mismo texto legal dispone que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, y a tal efecto, mediante Orden de 22 de abril de 1997, y posteriormente, mediante el RD 688/2005, se llevó a cabo el desarrollo reglamentario, modificando el artículo 13 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas (Real Decreto 1993/1995), y regulando el régimen de funcionamiento de las Mutuas como servicios de prevención. Tal regulación se basa fundamentalmente en establecer una clara distinción entre las actividades de prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que las Mutuas puedan desarrollar para sus empresas asociadas, en su condición de colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, y las actividades que para ellas puedan realizar como servicios de prevención ajenos en cumplimiento de lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 13 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas, las actividades que estas realicen como servicios ajenos de prevención podrán desarrollarse a través de una de las siguientes modalidades: por medio de una sociedad, denominada sociedad de prevención, que se regirá por lo dispuesto en la legislación mercantil, o bien directamente por la Mutua, a través de una organización específica e independiente de la correspondiente a las funciones y actividades de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Dentro del resto de preceptos reglamentarios contenidos en las disposiciones citadas, hay que destacar, a los efectos que a este informe interesan, que la realización de los servicios de prevención ajenos a desarrollar por las Mutuas para las empresas asociadas, necesitan la previa suscripción de un concierto, en los términos previstos en el Reglamento de los 8

9 Servicios de Prevención (RD 39/1997), concierto en el que se habrá de determinar la contraprestación económica aplicable, respecto de la que expresamente se manifiesta que es ajena y distinta a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a abonar por las empresas asociadas (artículos 11 y 12 de la OM de ). A la vista de los citados preceptos, resultan evidentes las siguientes conclusiones: - Tal y como se manifiesta expresamente en la propia exposición de motivos del RD 688/2005, los servicios preventivos autorizados a las Mutuas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como servicios de prevención ajenos, son de naturaleza privada, netamente diferenciados de la actividad de colaboración en la gestión de la Seguridad Social. - La concertación de tales servicios constituyen negocios jurídicos distintos del convenio de asociación, y tienen por finalidad que la Mutua realice por cuenta de la empresa, a cambio de un precio, aquellos servicios de prevención que, siendo de obligada realización, ésta no pueda llevarlos a cabo con sus propios medios. Se trata, por tanto, de contratos onerosos de servicios a celebrar entre la Mutua y una empresa, al margen del convenio de asociación que les pueda vincular Obtenidas estas conclusiones, sólo resta dilucidar el grado de sujeción de estos contratos al ámbito de aplicación de la LCSP. Si se analiza dicha cuestión desde la perspectiva exclusiva de la Administración pública contratante, resulta evidente que, tratándose de un contrato administrativo de servicios, su régimen jurídico estaría plenamente sujeto al ámbito de la LCSP, tanto en cuanto a su preparación y adjudicación, como en cuanto a su ejecución y extinción. Sin embargo, esta conclusión no resulta tan meridiana ni pacífica si tenemos en cuenta que se trataría de un contrato a celebrar entre una Administración pública y una entidad integrante del sector público con la consideración de poder adjudicador, supuesto que está contemplado de forma expresa y específica en el apartado m) del artículo 4.1 de la LCSP, como uno de los supuestos de negocios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP. La redacción literal del citado apartado m), como supuesto de exclusión, es la siguiente: los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente 9

10 contrato. Al margen de posibles consideraciones críticas que, desde la perspectiva de una correcta técnica jurídica, pudiera merecer tal texto normativo por la aparente contradicción a que parece conducir la aplicación de distintos regímenes jurídicos a quienes son parte en un mismo negocio jurídico, no obstante, tal contradicción se puede superar si separamos netamente su repercusión desde la distinta perspectiva de la Administración pública contratante y de la Mutua, que, aún teniendo la condición de poder adjudicador, sin embargo en estos casos no actúa como tal, sino como contratista. De esta forma, la preparación del expediente de contratación y el procedimiento de adjudicación que, como actos separables, deberá realizar la Administración, deberán ser efectuados por ésta con observancia de las normas y procedimientos establecidos en la LCSP, incluidas, en su caso, las que establecen la necesidad de promover concurrencia para su adjudicación. A tal efecto, hay que tener en cuenta que los servicios de prevención ajenos pueden ser realizados por la propia Mutua a la que la Administración esté asociada, o por cualquier otra empresa que cuente con la debida acreditación como servicio de prevención ajeno, por lo que, en consecuencia, la contratación de tales servicios deberá someterse íntegramente a los procedimientos de adjudicación regulados en la LCSP. Dependiendo del resultado de tal adjudicación, el régimen jurídico posteriormente aplicable a la ejecución y extinción del contrato será distinto según el adjudicatario del servicio sea la Mutua a la que la Administración está asociada, o, por el contrario, una empresa acreditada como servicio de prevención ajeno. En el primer supuesto, en virtud de la exclusión prevista en el apartado m) del artículo 4.1, los aspectos relativos a la ejecución y extinción del contrato quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicha ley, rigiéndose por lo estipulado en el propio concierto, y, en su caso, por las específicas normas sectoriales que, en materia de servicios de prevención de riesgos laborales, le resulten de aplicación. En el segundo supuesto, estaremos ante un contrato administrativo de servicios, cuya ejecución y extinción se regirá íntegramente por las disposiciones de la LCSP, y por las específicas normas sectoriales de obligada aplicación en materia de servicios de prevención de riesgos laborales. CONCLUSIÓN 1º.- El procedimiento a seguir por una Administración pública para seleccionar una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como 10

11 entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, y la correspondiente formalización del convenio de asociación, al no constituir contrato oneroso, no está sujeto a las normas de preparación y procedimientos adjudicación de los contratos regulados en la LCSP. No obstante, en la medida en que la selección de una Mutua por una Administración pública puede afectar a legítimos intereses del conjunto de Mutuas existentes, dicha selección deberá realizarse de forma que garantice el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, y de no discriminación e igualdad de trato propugnados en el artículo 1 de la LCSP, en relación con el apartado 2 del artículo 4 de la misma. 2º.- La prestación de servicios ajenos de prevención constituye un contrato oneroso de servicios distinto del convenio de asociación que pueda vincular a una Administración pública con la Mutua a la que esté asociada. La preparación y adjudicación de estos contratos deberá ser realizada por la Administración contratante con observancia de las normas y procedimientos establecidos en la LCSP. Si el servicio se concierta con la Mutua a la que la Administración está asociada, su ejecución y extinción quedan excluidas del ámbito de aplicación de la LCSP, rigiéndose por lo estipulado en el propio concierto, y, en su caso, por las específicas normas sectoriales que, en materia de servicios de prevención de riesgos laborales, le resulten de aplicación. Si, por el contrario, el servicio se contrata con una empresa acreditada como servicio de prevención ajeno, su ejecución y extinción se regirá íntegramente por las disposiciones establecidas por la LCSP para los contratos administrativos de servicios, y por las específicas normas sectoriales de obligada aplicación en materia de servicios de prevención de riesgos laborales. Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de

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