Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda:

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1 Diciembre de 2009 Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda: 10 principios esenciales de la sociedad civil Informe de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad)

2 Sobre Eurodad Eurodad (la Red Europea de Deuda y Desarrollo) es una red de 59 organizaciones no gubernamentales de 18 países europeos que trabajan sobre cuestiones relacionadas con la deuda, la financiación del desarrollo y la reducción de la pobreza. La red Eurodad ofrece una plataforma para explorar temas, recopilar información e ideas y llevar a cabo acciones colectivas de incidencia política. Los objetivos de Eurodad son: ejercerer presión para la implementación de políticas de desarrollo que favorezcan a los pobres y de estrategias de desarrollo sostenible democráticamente definidas; apoyar el empoderamiento de los pueblos del Sur para que definan su propio camino hacia el desarrollo y la eliminación de la pobreza; buscar una solución sostenible y duradera a la crisis de la deuda, promover una financiación del desarrollo apropiada y un sistema financiero internacional estable que conduzcan al desarrollo. Si lo desea, puede encontrar más información e informes recientes en: La información de actualidad de Eurodad Suscríbase al boletín informativo de EURODAD, Development Finance Watch : Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda: 10 principios esenciales de la sociedad civil Indice página Un procedimiento de resolución de deuda soberna, por qué ahora? 3 Procedimiento de resolución de deuda soberana: 10 principios de la sociedad civil 7 Conclusión 9 Notas 10 aspx?id=108 El presente documento se ha elaborado gracias al apoyo financiero de la Comisión Europea. Las opiniones que aquí se recogen no reflejan necesariamente la opinión de la Comisión. Este documento ha sido traducido por Alejandra Mantecon

3 Un procedimiento de resolución de deuda soberana, por qué ahora? La propuesta de elaborar un procedimiento para el manejo de la deuda soberana en los paísesque atraviesan dificultades de deuda no es ninguna novedad. Desde 1990 se han venido proponiendo una serie de ideas. Kunibert Raffer, de la Universidad de Viena, ha propuesto quese internacionalice el capítulo noveno del código de bancarrota de los EEUU. Los economistas latinoamericanos Alberto Acosta y Oscar Ugarteche han propuesto la creación de un «Tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana (TIADS)» permanente y bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En 2001, Anne Kreuger, del FMI, propuso la creación de un «mecanismo de reestructuración de la deuda soberana (MRDS)» administrado por el FMI. Más recientemente, Christoph Paulus y Steven Kargman propusieron la creación de un Tribunal de deuda soberana cuyo mandato incluiría la revisión, no sólo de los casos de deuda insostenible, sino también la legitimidad de las reclamaciones individuales de acreedores. A pesar del nivel de detalle, ningunas de estas propuestas se ha llevado a la práctica. De hecho, en los últimos años este tema ha dejado de debatirse en la escena internacional sobre políticas públicas como consecuencia, en parte, del acuerdo y la puesta en práctica de esquemas internacionales de alivio de la deuda, tales como la iniciativa de los países pobres más endeudados (PPME) y la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral (IADM). Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de cómo reformar los procesos internacionales relacionados con la resolución justa y eficaz de los problemas de deuda soberana. Es más, dicho problema se ha acrecentado en el contexto de la crisis económica mundial actual y el inevitable aumento de la deuda soberana que esta conlleva. En noviembre de 2009, Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD advirtió de que este año el peso de la deuda de los países en vías de desarrollo se incrementaría en más de un 17% y aseguró que esto amenazará seriamente las esperanzas de crecimiento económico de los países, además de poner en riesgo las capacidades de inversión de los gobiernos paraalcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En su informe de 2009 sobre los países menos adelantados (PMA), la UNCTAD también expresó serias preocupaciones con respecto a la carga de deuda de 49 de los PMA, que catalogó de insosteniblemente alta. Además, según las estimaciones del FMI, de reducirse los flujos entrantes de AOD e IED en un 30% con respecto a los niveles de 2008, y si dicha caída se remplazara en su totalidad con préstamos públicos externos (sin condiciones favorables), la carga de deuda de los países de renta baja se incrementaría en un 4% del PIB en un solo año. Además, si tal y como prevén algunos analistas, los efectos de la recesión mundial se mantienen unos cuantos años más, el riesgo de mora de los países más pobres aumentará sustancialmente. La respuesta de la comunidad internacional a las necesidades de financiación externa no cubiertas en 2009 (calculadas entre y millones de dólares EE.UU) es preocupante, ya que se ha incrementado el nivel de préstamos concedidos a países en vías de desarrollo. En abril de 2009, el G20 acordó canalizar millones de dólares EE.UU adicionales al FMI, ampliando así sustancialmente la financiación a los bancos multilaterales de desarrollo. En 2009, los préstamos del Banco Mundial aumentarán un 54% con respecto al año fiscal anterior. El G20 ha anunciado millones de dólares EE.UU adicionales para apoyar el comercio durante los dos próximos años. Tal y como ha puesto de manifiesto el reciente informe de EURODAD «Debt in the Downturn» entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, 32 países alcanzaron acuerdos con el FMI por un total de millones de dólares EE.UU en nuevas deudas. El grueso de los nuevos préstamos lo constituirían préstamos no concesionales que ascenderían a millones de la cantidad total. Los préstamos concesionales se limitarían a millones. De esta manera se originarán importantes obligaciones de pago para los países en el futuro. Durante mucho tiempo, EURODAD y muchas de sus organizaciones miembro han abogado por la creación de un procedimiento justo y transparente para el manejo de la deuda a nivel internacional, defendiendo con argumentos sólidos que las medidas actuales para resolver los problemas de deuda soberana presentan graves deficiencias. 3

4 Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda 10 principios esenciales de la sociedad civil Actualmente, existen tres enfoques a la hora de abordar los problemas de pago de deuda soberana: 1) un enfoque contractual, tal y como se refleja en el uso de las denominadas «cláusulas de acción colectiva» (CAC) de los bonos soberanos; 2) un enfoque voluntario, como el que se recoge en los códigos de conducta para prestamistas y prestatarios cuando inician negociaciones (tales como los «Principios para el mantenimiento de flujos estables de capital y la reestructuración justa de deuda en mercados emergentes», del año 2004); 3) un enfoque basado en la utilización de foros dirigidos por acreedores, tales como los clubes de París o Londres, donde se negocia y reestructura o cancela la deuda bilateral y comercial, respectivamente. A este último podemos añadir la iniciativa de los países pobres altamente endeudados (HIPC en inglés), otra iniciativa dirigida por acreedores para cancelar las deudas multilaterales de algunos de los países más pobres y endeudados del mundo. Recientemente, el Banco Mundial y el FMI han añadido a esta lista de supuestas soluciones al sobreendeudamiento soberano el «marco de sostenibilidad de la deuda para los países de bajo ingreso». Se dice que esta herramienta analítica ayuda a prevenir las dificultades de deuda soberana gracias a la publicación de una evaluación realizada por el Banco y el Fondo de la situación de cada una de las economías de bajo ingreso, y se pide a los prestamistas que únicamente concedan préstamos en condiciones muy favorables a los países más vulnerables. Por qué son tan ineficaces estas soluciones? En lo que respecta al enfoque legal y la utilización de cláusulas de acción colectiva en los bonos soberanos, esta es, sin lugar a dudas, una forma de evitar situaciones en que los titulares de bonos emprendan acciones de forma individual para asegurarse los mejores resultados; la cláusula de acción colectiva (CAC) permite que una gran mayoría de titulares de bonos pueda acordar una restructuración de la deuda que sea legalmente vinculante para todos los titulares, incluyendo aquellos que votaron en contra de dicha medida. Pero los bonos soberanos constituyen sólo un tipo de activos y normalmente los países deben dinero a otros prestamistas privados y oficiales; estas deudas también deberán tratarse de forma justa y eficaz. Por lo tanto, las CAC no solucionan el problema de coherencia. Normalmente, los debates acerca de las CAC conducen a una votación entre los titulares de un mismo instrumento de deuda, cuando en realidad puede haber varios tipos de bonos soberanos en circulación a los que también se ha de hacer frente. Por tanto, las CAC están lejos de ser un proceso completo e imparcial para la adopción de decisiones, e independiente de deudores y acreedores. Entre las deficiencias del enfoque voluntario cabe destacar la preocupación porque sean precisamente los prestamistas con menor probabilidad de comportarse de forma irresponsable o con mala fe, los más favorables a la firma de códigos de conducta voluntarios, lo que deja la puerta abierta a abusos por parte de acreedores y, lo que es peor, a la litigación de los fondos buitre. Los códigos de conducta meramente voluntarios no tienen ningún poder de ejecución y por tanto no pueden imponer ninguna disciplina sobre los prestamistas o prestatarios, por lo que no se puede confiar en ellos para obtener una solución justa cuando se presentan dificultades de pago. En lo que respecta a los foros del Club de París y el de Londres (así como la iniciativa de los países pobres altamente endeudados) resulta evidente que los acreedores tienen el control total de las negociaciones sobre deuda soberana. Erlassjahr.de afirma: «en los foros más importantes donde se negocia realmente la deuda se puede ver que los acreedores son los que definen los procesos en sí mismos, establecen las normas y adoptan decisiones con respecto a casos particulares basándose en la información que han encargado a terceras partes o elaborado ellos mismos.» Los acreedores se reservan el privilegio de decidir qué países son susceptibles de recibir una cancelación parcial de la deuda o, en menor grado, una restructuración, y en qué términos. En la práctica, esto significa que algunos países se han visto obligados a volver una y otra vez a los mismos acreedores como consecuencia de prolongados problemas de devolución de deuda. Senegal ha recurrido catorce veces al Club de París para recibir asistencia con su deuda soberana bilateral. Dentro de la iniciativa HIPC, numerosos países han recibido un alivio 4

5 de la deuda adicional (aporte de fondos complementarios) cuando se hizo evidente que sus deudas multilaterales seguían siendo insostenibles a pesar de haber completado dicha iniciativa. El marco de sostenibilidad de la deuda (DSF en inglés) del Banco mundial y el FMI se ha presentado como una solución nueva e innovadora al problema del sobreendeudamiento soberano. Aunque los análisis de sostenibilidad de la deuda pueden proporcionar información acerca del estado de salud de economías concretas, la historia demuestra que siempre habrá situaciones en que los países entren en dificultades de deuda soberana. Dicho marco también presenta otra serie de deficiencias importantes que hacen que no se pueda considerar un instrumento fiable para prevenir el sobreendeudamiento soberano en el futuro. Por ejemplo: los límites para decidir si una deuda es insostenible o sostenible vuelven a estar establecidos por los acreedores. Además, recientemente hemos visto que estas definiciones pueden ser adaptadas rápidamente por los acreedores de acuerdo con sus intereses; no se tiene en cuenta la financiación básica que los países necesitan para cumplir los ODM a la hora de calcular la capacidad de los países para devolver su deuda externa; el marco de sostenibilidad de la deuda conlleva una serie de sanciones contra el deudor (en forma de reducción de las ayudas de la Asociación Internacional de Fomento AIF- o del endurecimiento de los términos de los préstamos de dicha asociación) en caso de que el FMI y el Banco Mundial consideren que ha contraído el préstamo de forma irresponsable. Por el contrario, no existen sanciones para los acreedores que han prestado dinero de forma imprudente (tales como que sus reclamaciones sean consideradas nulas e inválidas). Además, los análisis de sostenibilidad de la deuda sólo se llevarán a cabo de forma sistemática en países de renta baja. Sin embargo, tal y como demuestra la crisis económica actual, muchos países de ingresos medios se han visto entre los más afectados y corren un mayor riesgo de problemas de deuda soberana. Actualmente, cantidades abundantes de deuda nueva están siendo concedidas a los países que han finalizado recientemente procesos de cancelación de la deuda significativos. Existe un verdadero peligro de que estemos entrando en un nuevo ciclo de préstamos irresponsables impulsados por los prestamistas, por ejemplo mediante el incremento de millones de financiación comercial al que se comprometió el G20 en abril de Esta situación ha impulsado recientes debates sobre políticas públicas y cómo asegurar a medio plazo la sostenibilidad de la deuda y resolver crisis de deuda cuando emerjan. Actualmente no existe ningún organismo judicial internacional con competencia para resolver los problemas entre prestamistas y prestatarios soberanos. El mundo necesita nuevas instituciones. Dados los acontecimientos recientes, nos encontramos en un momento decisivo. Algunos gobiernos acreedores han mostrado un renovado interés por un proceso justo y eficaz para el manejo de la deuda a nivel internacional. En Noruega, en mayo de 2009, el Comité de Asuntos Exteriores del parlamento Noruego pidió al gobierno que trabajara para establecer un mecanismo de resolución de deuda soberana que examinara tanto la deuda ilegítima como la insostenible. En octubre de 2009, el gobierno reelegido hizo pública una declaración política (Soria Moria II) en la que se comprometía a «trabajar en la búsqueda de mecanismos para abolir deudas internacionales y abordar las deudas ilegítimas [y] por un conjunto de reglamentos internacionales vinculantes para los préstamos responsables». En Alemania, antes de las elecciones de septiembre de 2009, todos los partidos del parlamento apoyaron la solicitud de un procedimiento ordenado para resolver los problemas de deuda soberana y los partidos en el poder aprobaron una moción parlamentaria que así lo requería. La nueva coalición de centroderecha se ha comprometido a trabajar por el establecimiento de un marco internacional de insolvencia integrado en su agenda política de desarrollo. 5

6 Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda 10 principios esenciales de la sociedad civil En los Países Bajos, el Ministerio de Finanzas ha presentado una propuesta para resolver disputas relacionadas con los préstamos internacionales. Dicha propuesta se basa sustancialmente en la Carta de financiación responsable de EURODAD, que defiende que los foros actuales para la resolución de disputas de deuda soberana (tales como el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones) están injustamente sesgados hacia los intereses de los prestamistas. La propuesta sugiere que la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, Países Bajos, sería un foro común más justo en el que resolver las disputas relacionadas con los préstamos internacionales entre deudores soberanos y prestamistas bilaterales, organismos multilaterales y entidades privadas. Recientemente, el Banco Mundial indicó que estudiaría nuevamente este tema y publicaría un informe en marzo de También Amar Bhattacharya, de la secretaría del G24 indicó recientemente que está claro que en la respuesta del G20 a la crisis financiera mundial se echa en falta el tema de la deuda y un mecanismo de resolución de deuda soberana a nivel internacional. El tema de la deuda está recibiendo un nuevo interés político. En este contexto, EURODAD considera imprescindible establecer lo que considera que son los principios básicos para un procedimiento justo y transparente para el manejo de la deuda soberana a nivel internacional. Un mecanismo de este tipo no sólo serviría para tratar la deuda ex post, sino que también disciplinaría a los prestamistas y promocionaría que se otorgaran y recibieran préstamos ex ante de forma más responsable. El presente documento establece diez principios que EURODAD considera componentes esenciales de dicho mecanismo. Instamos a los políticos a lanzar una iniciativa intergubernamental basada en los principios de este documento y a aplicar (dentro de un plazo de tiempo determinado) dicho procedimiento a nivel internacional. Dadas las presiones a que están sometidos muchos países como consecuencia de la crisis económica, no puede haber un momento más oportuno. 6

7 Procedimiento de resolución de deuda soberana: 10 principios de la sociedad civil 1. Creación de un organismo independiente de acreedores: El procedimiento de resolución de deuda soberana debe ser independiente de cualquier institución u organismo de acreedores. Esto es esencial para garantizar la igualdad en el terreno de juego y el apoyo internacional a dicho mecanismo. Una de sus implicaciones es que el Fondo Monetario internacional y/o el Banco Mundial, en tanto que acreedores, no pueden albergar dicho procedimiento porque no se les consideraría imparciales a la hora de tomar decisiones (dado que están interesados en recuperar lo que reclaman). Este organismo puede ser permanente, por ejemplo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, o ad hoc y examinar únicamente casos concretos cuando así se requiera. Debería existir la posibilidad de recurrir a la mediación como precursor de un procedimiento vinculante de arbitraje. 2. Independencia de los árbitros: Los responsables de la toma de decisiones deben ser neutros e independientes de las partes implicadas. 3. Mandato para verificar la validez de las reclamaciones individuales basadas en cualquier alegación de ilegitimidad: Los árbitros independientes deberán decidir acerca de la (i)legitimidad de los créditos individuales basándose en los precedentes y en indicadores/criterios de deuda ilegítima. Por ejemplo, se han seguido detalladamente los principios establecidos en la Carta de financiación responsable de EURODAD durante el procedimiento de adquisición del préstamo ex ante? EURODAD cree que un procedimiento de resolución de deuda soberana debe poder tratar temas relacionados con la (i)legitimidad de la deuda. De no ser así no podrá considerarse un mecanismo verdaderamente justo y completo y existirán lagunas importantes. 4.Mandato para solucionar los problemas generalizados de pago de deuda soberana: Los árbitros independientes deberán decidir acerca de la validez de los créditos individuales. Posteriormente, se tratarán las reclamaciones legítimas de los acreedores en un proceso completo en el que todos los acreedores serán tratados justamente y por igual. Así se evitará el oportunismo, problema evidente de iniciativas como la HIPC en que existe un incentivo perverso para abusos por parte de algunos acreedores (hold-out). También prevendrá la litigación de los fondos buitre en el futuro porque, como principio, se basará en el tratamiento igualitario de todas las reclamaciones de acreedores. 5.Tanto el prestamista como el prestatario pueden iniciar el proceso y se aplicará un estado de suspensión automática: Se pararán todas las devoluciones de deuda externa en los casos de incumplimiento de pago de deuda soberana y en los préstamos individuales (i)legítimos objeto de disputa hasta que se haya visto la causa) Evaluación de la situación económica del país endeudado por parte de un organismo neutro: En los casos de impago de deuda soberana, un organismo independiente, tal como una agencia de las Naciones Unidas, deberá realizar un análisis de sostenibilidad de la deuda. Esto significa que el FMI y el Banco Mundial, en tanto que acreedores, no pueden proporcionar las únicas evaluaciones de la situación económica del país, a pesar de que sus bases de datos serán las que sin lugar a dudas utilice el organismo independiente. El análisis deberá guiar las decisiones del árbitro sobre el recorte al que debería someterse cada acreedor legítimo. 7. Protección de las obligaciones básicas del estado de cubrir las necesidades y los servicios básicos de sus ciudadanos: Deberá garantizarse al estado los recursos necesarios para que desempeñe su labor básica de cuidado. Tanto los procedimiento de insolvencia nacional comerciales como los individuales, así como el capítulo noveno del código de bancarrota de los EE.UU, proporcionan ejemplos de cómo proteger los medios esenciales durante un procedimiento de insolvencia 8. Transparencia: Las negociaciones de deuda soberana deberán ser públicas, al igual que los resultados y acuerdos de las mismas. 7

8 Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda 10 principios esenciales de la sociedad civil 9. Participación: El proceso debe ser participativo y todas las partes implicadas deben tener derecho a ser escuchadas. Esto incluye a prestamistas, prestatarios e individuos/organizaciones de representación ciudadana del país deudor afectado por las decisiones que se adopten en el panel de arbitraje. Todos deberán defender, demostrar y documentar sus argumentos (en lugar de discutir entre ellos, como sucede actualmente). Por norma, todos los procedimientos tendrán lugar en la capital del país deudor. 10. Ejecución: Todas las partes deberán respetar las decisiones de los árbitros independientes. Sería muy útil elaborar un tratado internacional que estableciera un mecanismo de resolución de deuda soberana y fuera ratificado por la mayor parte de los países; no obstante, este no es un requisito previo para lograr progresar en este tema. Los procedimientos actuales de manejo de deuda soberana (como el Club de París y la iniciativa HIPC) funcionan sin la necesidad de ninguna ley internacional. Se basan, sin embargo, en la voluntad política de los acreedores y la falta de soluciones alternativas. He aquí la razón por la que, si se quiere obtener un apoyo mayoritario, cualquier procedimiento internacional de manejo de deuda soberana debería ser independiente de cualquier institución de acreedores. 8

9 Conclusión La respuesta de la comunidad internacional a la crisis económica mundial ha consistido en «conseguir que el dinero fluya» rápidamente. La nueva deuda de los prestamistas del sector público, tales como el FMI y el BM, así como los gobiernos de los países ricos, ha liderado esta estrategia. Pero este enfoque ha suscitado preocupaciones de que los niveles de deuda externa alcancen niveles insostenibles en algunos de los países pobres. También preocupa el hecho de que los nuevos préstamos se concedan de forma responsable y legítima y no contribuyan a nuevas oleadas de deuda ilegítima e impagable. Además, durante la última década, el paisaje de la financiación al desarrollo ha cambiado de forma considerable. Hay nuevos acreedores que han entrado en escena. Los acreedores de los países del Sur no sólo son los gobiernos y bancos del Norte; los gobiernos del Sur también están considerablemente expuestos a otros gobiernos del Sur. Algunas ONGs y cooperativas de crédito internacionales también son acreedoras de los países del Sur. Dada la creciente complejidad de los actores implicados en el mundo de la financiación soberana, los enfoques anteriores son cada vez menos adecuados. Por ello es necesario desarrollar normas justas y predecibles para hacer frente a los problemas del endeudamiento soberano. Un mecanismo justo y trasparente de resolución de deuda serviría para trasladar las disputas y dificultades de pago de deudas soberanas a un foro neutro en que se pudieran adoptar decisiones vinculantes. Esta propuesta traería consigo cohesión, estructuración, justicia y predictibilidad a un grupo de actores potencialmente desorganizado que actúa de forma individual para asegurar que obtienen los resultados más favorables para sí mismos. Además, el mecanismo contribuiría a garantizar que en el futuro los préstamos se concedan de forma responsable y legítima, tal y como se defiende en la Carta de financiación responsable de EURODAD. Esto se debe a que, frente a la práctica actual, las demandas de los acreedores deberían ser comprobadas de forma individual por árbitros independientes. Los acreedores dispondrán así de un incentivo claro para prestar su capital de forma más cuidadosa y responsable. En caso de surgir dificultades de pagos, los acreedores legítimos tienen la garantía de que todos los prestamistas cargarán con la parte que de forma justa les corresponda de las pérdidas. Además, dicho procedimiento reforzará los esfuerzos para auditar las deudas de los países en vías de desarrollo, otra de las estrategias que las organizaciones de la sociedad civil catalogaron como importante. Esto se debe a que auditorías de la deuda soberana tanto de los gobiernos como la de la sociedad civil, pueden proporcionar indicios válidos para que los árbitros independientes tomen sus decisiones. El procedimiento también promete reducir significativamente los eventuales costes de cancelación de la deuda. Dada la reluctancia de los acreedores durante muchos años para admitir que la mayor parte de las deudas de los países más pobres eran básicamente incobrables, los intereses y las sanciones han seguido aumentando sobre dichas deudas. Cuando finalmente se condonaron, tras años de presión pública, la cantidad de deuda que se reflejó en los libros era sustancialmente superior a la que habría resultado si los acreedores hubieran admitido antes que se necesitaba condonar dicha deuda. Esta política no sólo fue costosa para el contribuyente del Norte, también supuso un duro coste para los países en vías de desarrollo dado que la condonación de la deuda se computa como ayuda oficial al desarrollo. Un procedimiento justo y transparente de manejo de deuda ayudaría a los países a tratar objetivamente las alegaciones de deuda ilegítima. En caso de insolvencia soberana, ayudaría al país deudor a emerger de cualquier proceso de reorganización con mejores perspectivas de recuperación económica y desarrollo. EURODAD incita a los políticos a que lancen iniciativas intergubernamentales con el objetivo de establecer (en un margen de tiempo limitado) dicho procedimiento a nivel internacional que debería alimentarse de las propuestas del presente documento. Dadas las presiones a que están sometidos muchos países como consecuencia de la crisis económica, no puede haber un momento más oportuno. Lo que es más importante: un mecanismo así garantizaría que la reforma de los procedimientos internacionales de manejo de la deuda soberana se haga de forma que éstos contribuyan más significativamente al desarrollo, un compromiso que gobiernos de todo el mundo han prometido respetar. 9

10 Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda 10 principios esenciales de la sociedad civil Notas 1 Existe un riesgo, aunque limitado, de que los deudores incurran reiteradamente en el impago de préstamos y/o los declaren ilegítimos sin una causa justificada. Nos referimos al denominado problema de riesgo moral, es decir, si los países deudores pueden bloquear fácilmente las devoluciones de deuda externa hasta que los casos estén vistos esto puede constituir un incentivo para que se abran casos con el único objetivo de bloquear los pagos de deuda (al menos de forma temporal). Si algún país se comportara de esta manera de forma regular, es poco probable que los prestamistas le otorguen nuevos créditos. Por tanto en realidad existen pocos incentivos para que un país deudor se comporte así. 10

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