CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 11 de junio de Las 12h49.-

Transcripción

1 JUEZ PONENTE: DR. ÁLVARO OJEDA HIDALGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 11 de junio de Las 12h49.- VISTOS: En virtud de que la Jueza y Jueces Nacionales abajo firmantes, hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones No de 30 de enero del 2012, y No de 28 de marzo de 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo electrónico de 4 de abril de 2012 que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, acorde con los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación; integra este Tribunal de Casación la Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, conforme el artículo 2, literal c), de la resolución No de 27 de junio de 2012, y la resolución No de 29 de agosto de Estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Por auto expedido el 11 de septiembre de 2009, 09h00, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 resolvió: "este Tribunal de lo Contencioso Administrativo se inhibe de conocer y tramitar la demanda presentada por la señora María del Carmen Jaramillo Ortega y consecuentemente se ordena el archivo de expediente, disponiéndose que se devuelva la documentación adjunta a la demanda a la persona interesada sin necesidad de dejar copias.". Mediante auto de 1 de junio de 2010, 09h00, esta Sala admite a trámite el recurso de hecho y en consecuencia el de casación interpuesto por la señora María de Carmen Jaramillo Ortega por la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación del Art. 129 del Código Orgánico de la Función Judicial y falta de aplicación de los artículos: 32 del Código Orgánico de la Función Judicial; 75, 82 y 172 de la Constitución de 2008 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como por errónea

2 interpretación de la Disposición Transitoria Cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO.- La señora María del Carmen Jaramillo Ortega ha presentado su demanda de daños y perjuicios, sobre la base del Art. 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, en contra del Estado ecuatoriano, en la persona del Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Fiscal No. 5 de Loja y Zamora Chinchipe, en auto de 11 de septiembre de 2009, resuelve inhibirse de conocer y tramitar la demanda presentada y ordena el archivo, disponiendo que se devuelva la documentación adjunta. TERCERO La demandante en la fundamentación de su recurso señala que en el auto impugnado se ha dejado de aplicar el numeral 9 del Art. 129 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), pues los Jueces del Tribunal Distrital concluyen que la competencia para conocer y resolver los procesos por error judicial que se incoen contra el Estado, sólo las tendrá el Tribunal Contencioso Administrativo, cuando el Consejo Nacional de la Judicatura integre las respectivas Salas de las Cortes Provinciales. Que ante tal decisión se solicitó que se revoque el auto; y, que subsidiariamente, en caso de que se niegue la revocatoria, en aplicación del Art. 129 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, señale el juez competente. Dice que la solicitud de revocatoria fue negada y, en auto posterior, el Tribunal se pronunció diciendo que no tiene competencia para aplicar la norma del numeral 9 del Art. 129 del COFJ. Señala que la aplicación de esa norma no es facultativa sino imperativa para los jueces, pues constituye un deber genérico. Señala que la competencia no es para aplicar normas, sino para actuar y está actuación se la realiza en razón de: las personas, territorio, materia y grados Señala que existe errónea interpretación de la Disposición Transitoria Cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial y falta de aplicación del Art. 32 del mismo cuerpo legal, pues los Jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer las demandas de responsabilidad objetiva del Estado, prevista en el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República, señala que esa indemnización que se pueda

3 demandar es independiente de la que se establezca en forma subjetiva en contra del funcionario o dignatario. Dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo siempre ha tenido esta competencia para establecer la responsabilidad objetiva del Estado Señala que existe falta de aplicación de los Art. 75, 82 y 172 de la Constitución de la República y Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. CUARTO: El Art. 129 numeral del 9 del COFJ establece como deber genérico de las juezas y jueces: 9. En cualquier estado de la causa, las juezas y jueces que adviertan ser incompetentes para conocer de la misma en razón del fuero personal, territorio o los grados, deberán inhibirse de su conocimiento, sin declarar nulo el proceso y dispondrán que pase el mismo al tribunal o jueza o juez competente a fin de que, a partir del punto en que se produjo la inhibición, continúe sustanciando o lo resuelva.- Si la incompetencia es en razón de la materia, declarará la nulidad y mandará que se remita el proceso al tribunal o jueza o juez competente para que dé inicio al juzgamiento, pero el tiempo transcurrido entre la citación con la demanda y la declaratoria de nulidad no se computarán dentro de los plazos o términos de caducidad o prescripción del derecho o la acción;. En atención a la norma antes señalada, es claro que los jueces del Tribunal Distrital, si consideraban que eran incompetentes para conocer la demanda, debieron ordenar que el proceso pase al juez competente, sin que se declare la nulidad a menos que sea por incompetencia en razón de la materia. En el auto recurrido, que ordena el archivo de la demanda, los jueces del Tribunal Distrital No. 5 consideran que no son competentes para conocer la demanda planteada, sobre la base de los dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta del COFJ, y no señalan cual es el juez competente, pese al deber genérico que impone la ley de, en caso de inhibición, señalar el juez que considera competente. QUINTO El Art. 32 del COFJ establece la acción y el trámite para demandar al Estado por inadecuada administración de justicia y por revocatoria o reforma de sentencia condenatoria, debido a error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por violación de los principios y reglas del debido proceso. Dentro de esta misma norma legal se señala que los jueces

4 competentes son los jueces de lo contencioso administrativo La Disposición Transitoria Cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial establece: TRIBUNALES DISTRITALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y FISCAL.- Los actuales tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, funcionarán con el régimen y competencias establecidos antes de la vigencia de este Código hasta que el nuevo Consejo de la Judicatura integre las respectivas salas de las Cortes Provinciales previo concurso público y con las condiciones de estabilidad establecidas en este Código La Resolución No. 1 de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial 276 de 10 de septiembre de 2010, en su parte considerativa señala que: la aplicación textual de esta norma, interpretada aisladamente, supondría que actualmente no existen órganos judiciales competentes para asumir las atribuciones privativas asignadas por el Código Orgánico de la Función Judicial a esas judicaturas, lo que implicaría denegación de justicia y violentaría el artículo 75 de la Constitución de la República, que consagra que Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión..., por las consideraciones que allí se hacen y los principios constitucionales que se invocan resuelve: Art. 1.- Hasta que se conformen las Salas especializadas de lo Contencioso Administrativo de las Cortes Provinciales, los actuales Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo tienen competencia para tramitar y resolver todos los asuntos previstos en el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial. (lo resaltado y subrayado nos corresponde) En el caso que nos ocupa es evidente que el Art. 217 numeral 9 del COFJ determina que corresponde a lo contencioso administrativo conocer y resolver las acciones de reparación de daños y perjuicios causados por error judicial o inadecuada administración de justicia, entre otros casos, lo cual tiene directa correlación con el procedimiento establecido en el Art. 32 del mismo Código; por lo cual resulta cierto que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5, en el auto inhibitorio dictado, no ha aplicado el numeral 9 del Art. 129 del COFJ, y ha interpretado erróneamente la Disposición Transitoria Cuarta del mismo COFJ, por lo que se acepta la causal primera alegada.

5 Por todo lo anterior, sin que sea necesario hacer otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: 1) CASA el auto expedido el 11 de septiembre de 2009, 09h00, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5, por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. 2) En consecuencia, y conforme el Art. 16 de la Ley de Casación, se dispone que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 de Loja y Zamora Chinchipe avoque conocimiento de la causa y le dé el trámite que corresponda, por ser el Tribunal competente para el efecto.- Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese.- Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dr. José Suing Nagua, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueces y Jueza Nacionales.- Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora.-