Santiago Corcuera: La Suprema Corte ha vulnerado los derechos humanos. Una revista actual

Transcripción

1 Una revista actual Miguel Pulido: Hay una crisis de legitimidad en nuestras instituciones públicas ISSN EDITORIAL: Aprueben ya la reforma a la transparencia! POSICIONES: El engaño de la nueva Ley de Amparo Mario Alberto Reyes Candelaria Derechos humanos: entran por la puerta y salen por la ventana Rodolfo Moreno Cruz Energía eléctrica y competencia económica Renato Vega Carrillo OPINIÓN: Ilegalidad sistémica de las autoridades fiscales Sergio Esquerra ENTREVISTA: Luis Carlos Ugalde La reforma estructural que necesita México Santiago Corcuera: La Suprema Corte ha vulnerado los derechos humanos Año 15, núm. 175 Noviembre 2013 $40.00

2 ENTREVISTA Daniel Alegre Perera 14 El Mundo del Abogado / Noviembre 2013

3 Santiago Corcuera: La Suprema Corte ha vulnerado los derechos humanos Santiago Corcuera, quien además de su destacada trayectoria en el Derecho corporativo y financiero ha desarrollado una importante labor como académico y activista de los derechos humanos en México y a nivel internacional, nos ofrece un panorama sobre la situación actual de nuestro país en dicho ámbito, además de realizar un análisis sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las normas constitucionales contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos. Tienes una trayectoria destacada en el Derecho corporativo y financiero. Por qué te incorporaste al activismo en defensa de los derechos humanos? La verdad es que todo fue poco a poco y casi sin darme cuenta hacia dónde me estaba conduciendo profesionalmente. Tanto mi involucramiento en el activismo en esta materia como, posteriormente, mi participación profesional como experto en los sistemas de protección de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas, tienen su origen en la actividad académica, especialmente en la parte docente. Desde siempre tuve un interés académico por los derechos humanos y un gran deseo de poder dar clases de ese tema, así que comencé a impartir la materia en la Universidad Iberoamericana. Eventualmente, empecé a ser identificado entre la gente de la universidad como un académico especialista en derechos humanos. Por eso, cuando la Universidad Iberoamericana decide convertir la Dirección de Estudios en Derechos Humanos en un Programa Universitario de Derechos Humanos, me propusieron hacerme cargo del proyecto. Ahí me encargué de que éste fuera un programa académico con activismo, es decir, que los trabajos académicos que se llevaban a cabo en el interior del programa seminarios, mesas redondas, presentaciones de libros, publicaciones de artículos, etcétera se realizaran con el fin de tener incidencia en la sociedad y generar repercusión en beneficio de las personas. Por lo tanto, la vocación de este Programa Universitario de Derechos Humanos era de rigor académico y de incidencia en los más necesitados o vulnerados en sus derechos. Por ejemplo, si percibíamos que era urgente incidir en determinada cuestión, como la tortura o los derechos de las comunidades indígenas, enfocábamos el programa hacia ese tema específico, y así sucesivamente, aportando al activismo con trabajo académico. Como coordinador del programa tuve la fortuna de empezar a relacionarme con activistas de derechos humanos, tanto académicos y de la sociedad civil, como con las entidades gubernamentales con las que negociábamos los cambios necesarios. Y cómo se dio el salto al plano internacional? En 2004, cuando se abrió la oportunidad de que México propusiera a un experto para el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, pensaron en mí. Fui postulado para el cargo y por fortuna me eligieron. Así fue como comenzó formalmente mi trayectoria como experto de Naciones Unidas en temas de derechos humanos. Ese mandato concluyó en 2010, pero estoy muy contento, pues este año me invitaron a regresar al sistema de la ONU como integrante del Comité de Desaparición Forzada en el Sistema de Tratados, por lo cual regreso para apoyar en este tema, pero desde otro sistema. Mi primera reunión será en noviembre. Cuál es tu opinión acerca de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las normas constituciona- El Mundo del Abogado / Noviembre

4 ENTREVISTA Daniel Alegre Perera Santiago Corcuera Cabezut es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y miembro del Queens College. Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de 1998 a 2004, y de la maestría en derechos humanos de esa institución desde su fundación en enero de 2000 hasta Ha sido profesor de derechos humanos en la licenciatura en Derecho desde hace más de 20 años y fue director del Departamento de Derecho de la misma universidad ( ). Es autor de diversos artículos especializados sobre Derecho de los derechos humanos y temas afines, y del libro Derecho constitucional y Derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, se ha desempeñado como presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ( ), como comisionado en la Comisión Internacional de Juristas (desde 2008) y como copresidente del Comité de Derechos Humanos de la New York State Bar Association, International Section (desde 2008). También fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2004 a 2010), consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (desde 2001) y vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. ( ). Desde 2007 es socio de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C., donde brinda asesoría jurídica en materia corporativa y financiera, y en inversiones extranjeras, comercio exterior, fusiones y adquisiciones. les contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos? Después de haber estudiado las versiones estenográficas de las sesiones de marzo de 2012 y las de agosto y septiembre de 2013, en las que el pleno discutió este tema, puedo llegar a las siguientes conclusiones. Durante las discusiones de 2012 no se podía apreciar de manera clara cuál sería el pronunciamiento final de la Corte en cuanto a la controversia; por lo tanto, su presidente intentó percibir cuál era la intención del voto de los 10 ministros presentes en ese momento (el ministro Pardo no se encontraba). Los resultados eran los siguientes: cinco ministros a favor del proyecto, que estaba a cargo del ministro Zaldívar, y cinco en contra. El ministro Zaldívar retuvo el proyecto, pues en teoría no existió votación, sino sólo el reflejo de la intención de ésta. Por lo tanto, lo que se presentó durante las sesiones de agosto a septiembre de 2013 fue un proyecto que refleja cómo el ministro Zaldívar 16 El Mundo del Abogado / Octubre 2013

5 escuchó y leyó con atención las participaciones de los ministros durante las sesiones de marzo de 2012 para intentar acomodar, en su nuevo proyecto de sentencia, algunas de las inquietudes expresadas por sus compañeros. Entre estas consideraciones, destacan las siguientes: en primer lugar, el ministro Zaldívar decidió evitar el uso del concepto bloque de constitucionalidad haciendo caso así a la inconformidad presentada por el ministro Cossío. Zaldívar optó, en cambio, por referirse a una especie de parámetro de regularidad constitucional, el cual estaría conformado por normas constitucionales propiamente dichas, así como por todos aquellos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México forma parte, ambos tipos de norma con el mismo rango. En los casos en que se llegara a presentar antinomia, contradicción o colisión entre una norma que contempla un derecho en la Constitución y una norma que contempla un derecho en un tratado, la solución hubiera sido, según el proyecto Zaldívar, ofrecer una interpretación conforme y pro homine. La propuesta del proyecto del ministro Zaldívar me parecía perfecta. Sin embargo, la ministra Luna se opuso rotundamente a él. Y aunque su postura no fue la que prevaleció en la decisión de septiembre de 2013, sí influyó en el resultado de manera considerable. Para la ministra Luna los tratados internacionales se encuentran por debajo de la Constitución, y en caso de que exista una norma constitucional que establezca una restricción a derechos, ella cree que no, de ninguna manera se podrá aplicar una norma contenida en un tratado siguiendo el principio pro persona. Cuál fue, entonces, la decisión final de la Corte, y cuál es tu opinión al respecto? La decisión que tomó la Corte en septiembre de 2013 consiste en lo siguiente: en primer lugar considera que el artículo 133 constitucional tiene el carácter de norma general, mientras que el artículo primero tiene carácter de norma especial. Por lo tanto aplica el principio de Lex specialis derogat legi generali ( Ley especial deroga ley general ). Por otro lado, el artículo 133 establece un sistema de jerarquías, mientras que el artículo primero no establece jerarquía alguna. Por lo tanto, tenemos ahora un nuevo parámetro de regularidad constitucional constituido tanto por normas constitucionales como por normas contenidas en los tratados internacionales suscritos por México. El Mundo del Abogado / Octubre

6 ENTREVISTA Daniel Alegre Perera Todo esto me parece coherente, salvo que la Corte decidió que, en caso de que una norma contenida en la Constitución establezca una restricción a derechos, prevalece la norma restrictiva, por el mero hecho de estar en la Constitución. Esta decisión me parece verdaderamente decepcionante, pues la Corte le construyó una especie de cúspide al edificio jurídico en México integrado por normas restrictivas de derechos contenidas en la Constitución. En esta cúspide habitan ahora las peores normas. Las normas de rango más elevado ahora son las que restringen derechos; por ejemplo, el arraigo, o como lo llamo yo, el pólipo cancerígeno de Los ministros creen que están protegiendo a la Constitución manteniendo este tipo de leyes en su seno. Yo opino que todos los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución mexicana, excepto los que contengan normas sobre derechos humanos, pues esta materia ya está regulada en el artículo primero que tiene el carácter de norma especial, y, por lo tanto, se aplica el principio de hermenéutica, que establece que la norma especial deroga a la norma general. El artículo 133 se refiere a los tratados de que México es parte, pero no a aquellos que versan sobre derechos humanos, los cuales, en realidad, son la minoría. En cuanto al problema de la jerarquía, yo considero que debe aplicarse el principio: Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. El artículo 133 no hace distinción alguna entre tratados; por lo tanto, tiene que entenderse que ésa es la norma La Corte decidió que, en caso de que una norma contenida en la Constitución establezca una restricción a derechos, prevalece la norma restrictiva, por el mero hecho de estar en la Constitución; esta decisión me parece verdaderamente decepcionante que, al contrario, la debilitan, pues no sólo las mantienen sino que ahora a esta clase de tumores cancerígenos los elevaron de rango, al considerarlas disposiciones constitucionales inmunes a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ésa es la conclusión a la que llegó la Suprema Corte y me parece una tragedia para el principio pro persona, pues ha elevado al más alto rango de nuestra pirámide jurídica las normas que contradicen dicho principio, volviéndolo antipersona y pro constitución. Cuál es tu interpretación de esta aparente colisión entre los artículos 1 y 133? Yo siempre he considerado como la norma general al artículo 133; por lo tanto, opinó general. El artículo primero sí hace una distinción a favor de los tratados que contienen normas sobre derechos humanos. En consecuencia estamos obligados a distinguir. Por lo tanto, los tratados que no contengan normas que reflejen derechos humanos deben estar de acuerdo con todos los lineamientos constitucionales, pero aquellos que contengan normas sobre derechos humanos tendrán el mismo nivel que la propia Constitución, pues forman parte de ella. Ante este panorama confuso, qué sucede con las sentencias que emanen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La nueva tesis aprobada por los ministros establece que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado mexicano, sin importar si nuestro país fue o no parte en el litigio, siempre y cuando esa sentencia favorezca más al individuo. El problema que veo, como el ministro Cossío intentó hacer notar al pleno, es que no se pronunciaron respecto de lo que sucedería en caso de que la sentencia de la Corte Interamericana aplicable al caso en cuestión contradiga una de esas normas constitucionales que habitan en la cúspide. Lo anterior me parece ridículo, pues, las sentencias de la Corte Interamericana están por encima de la cúspide de restricciones constitucionales? Cuando una sentencia de la Corte Interamericana contradiga una norma constitucional restrictiva de la cúspide, la sentencia deja de ser obligatoria para el Estado mexicano? Es más confuso aún. Cómo defines el principio pro homine? El principio pro homine, o principio pro persona, es el criterio de interpretación que debe seguirse para preferir siempre la interpretación que sea más favorable a la persona y no al Estado. Cuando una norma admite dos o tres interpretaciones, siempre debe optarse por la más benéfica para las personas, tal como se aplica la máxima en el Derecho penal, in dubio, pro reo, o con las normas de Derecho laboral, in dubio, pro operario. En casos en que exista un conflicto entre normas que se consideren igualmente aplicables al mismo caso, lo que debe hacer el juez es elegir la más favorable a la persona, no al Estado. En relación con el tema de tu especialidad: en qué consisten las desapariciones forzadas? Una desaparición forzada consiste en la detención o la privación de la libertad, que puede comenzar siendo legal, seguida de la negativa, por parte de la autoridad, de reconocer la detención y esconder información sobre el paradero de la víctima, 18 El Mundo del Abogado / Noviembre 2013

7 colocándola al margen del amparo de la ley. Para que se consolide esta figura debe ser perpetuada por un agente del Estado o por un grupo de particulares que actúen en nombre del Estado. En consecuencia, es un crimen de Estado. Cuál es en tu opinión acerca de la situación en la que se encuentra México ante el problema de las desapariciones forzadas? Hoy en día yo veo un panorama de luces y sombras. En México ya tenemos una Ley de Víctimas, publicada, modificada y en vigor, la cual está a muy poco tiempo de conformar su comisión ejecutiva, que estará integrada exclusivamente por expertos de la sociedad civil y especialistas en el tema; es decir que ya no formará parte del Poder Ejecutivo, como Províctima. Ésta, en mi opinión, es una gran noticia, pues la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de publicar la ley, así como el hecho de que se hayan dado las condiciones de modificarla para fortalecerla, es algo muy positivo. Otra buena noticia es la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta iniciativa es una buena señal. Sin embargo, quedó opacada por la circunstancia de que nació muy raquítica, con sólo 12 agentes del Ministerio Público y sin contar con especialistas en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Uno de los mayores problemas en este tema es que, hasta donde tengo conocimiento, no contamos con un protocolo o un instructivo para la búsqueda de personas desaparecidas que sea integral y que abarque no sólo la cuestión de las desapariciones perpetuadas por agentes federales, sino que sea aplicable tanto en el ámbito federal como por las procuradurías locales, porque el tema de los desaparecidos no sólo es un problema nacional sino también mesoamericano. Cuál es el estatus del delito de desaparición forzada? Cuando participé en 2004 en el grupo de trabajo de la ONU sobre el tema, creíamos que en México no había desapariciones forzadas contemporáneas; es decir, pensábamos que el único problema que nuestro país padecía sobre el particular se circunscribía exclusivamente a la década de los años setenta, de casos no solucionados. Sin embargo, durante la administración algunas regiones del país se convirtieron en zonas que claramente pueden ser catalogadas como lugares donde existe una latente crisis humanitaria, en todo el sentido de la palabra: derrame de sangre, desaparecidos, desplazados Una verdadera tragedia humanitaria. La nueva administración marcó distancia de este tema, diciendo: Vamos a publicar la Ley de Víctimas que el gobierno anterior torpedeó y no logró hundir, como una señal de que no pretende seguir los mismos pasos de la administración precedente. Cuál es el principal reto de la administración actual en materia de derechos humanos? Definitivamente, la ausencia de una política de retiro paulatino de las fuerzas armadas de labores policiacas. No veo que el presidente Enrique Peña Nieto aborde el tema. Al contrario, advierto que la presencia del ejército en Michoacán se ha fortalecido. Lo que no puedo percibir de manera clara es si la estrategia en el uso de las fuerzas armadas es distinta a la de la administración anterior, esto es, si es más quirúrgica en su actuación. De igual manera, repruebo el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, porque esa circunstancia va a seguir provocando violaciones a los derechos humanos. Yo espero que el Ejecutivo anuncie que tiene un plan de salida, aunque estoy consciente de que ésa no es información que deba ser del dominio público. Pero sí debería haber un anuncio a la ciudadanía para informar que las fuerzas armadas ya no serán utilizadas en labores policiales. Es una deuda que el presidente tiene con la sociedad mexicana. u Bastan 140 caracteres para conocer lo que sucede en el mundo jurídico también está en 19 El Mundo del Abogado / Octubre