UN ENFOQUE PROGRESISTA HACIA LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO

Transcripción

1 En S&D Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas & Demócratas en el Parlamento Europeo Parlamento Europeo Wiertzstraat 60 B-1047 Bruselas T F adoptado el 4 de marzo de 2014 en Bruselas UN ENFOQUE PROGRESISTA HACIA LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO En los últimos meses, cientos de personas hombres, mujeres y niños han perdido la vida frente a las costas de Lampedusa, Malta, Ceuta y Melilla. Estos acontecimientos no constituyen un hecho aislado; desde 1993, más de personas han muerto intentando llegar a Europa. Al mismo tiempo, cada vez hay más refugiados sirios de camino a Europa, y los Estados miembros de las fronteras exteriores de la UE se enfrentan a una presión continua. Desgraciadamente, el Consejo, la Comisión y un Parlamento con mayoría de la derecha no han contribuido a promover soluciones reales que pongan fin a esta tragedia, y han carecido de la determinación para aplicar una respuesta global y progresista. Las próximas elecciones europeas nos ofrecen la oportunidad de marcar un cambio en Europa y dar forma a políticas de inmigración y asilo de la UE que sean progresistas y que se basen en la prevención, la protección y la integración. Prevención Si desea gestionar los flujos migratorios, la UE debe abordar las causas subyacentes de carácter político y económico de la migración en los países de origen. La UE debe dar prioridad al desarrollo social, humano y económico, al fortalecimiento institucional, a la democratización y a la consolidación de los derechos humanos. La Política Exterior y de Seguridad Común debe desempeñar su función en la lucha contra los conflictos violentos, la inestabilidad política, la corrupción y la promoción de la seguridad, la estabilidad y la resolución de conflictos. La política de desarrollo y la creación de capacidades pueden ayudar a los países en el camino hacia el crecimiento social y económico, los avances sociales, la democracia y el respeto de los derechos humanos, luchando contra la pobreza, asegurando al mismo tiempo que se respetan unas estrictas normas en materia medioambiental, de salud y de trabajo, y evitando la fuga de cerebros que puede empobrecer los mercados laborales y lastrar la cohesión social. Las políticas de ampliación y de vecindad oriental y meridional constituyen un instrumento fundamental para evitar la necesidad de emigrar. La UE debe mejorar las asociaciones en materia de migración, movilidad y seguridad con los países orientales y de la ribera sur del Mediterráneo. Una asociación en pie de igualdad con los socios, que apoye la movilidad segura, los procesos de democratización, el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo, la gestión conjunta de las fronteras, la lucha contra el tráfico de seres humanos y la protección conjunta de las personas en peligro. La política de visados de la UE debe convertirse en una herramienta para gestionar la movilidad y para apoyar la democratización y la prosperidad en terceros países. Apoyamos la facilitación y la liberalización de visados para todos aquellos países que puedan ofrecer seguridad documental, luchen contra la migración irregular y garanticen el orden público. La liberalización de visados fomenta los contactos entre personas y los intercambios empresariales, científicos y culturales, lo que produce importantes cambios en el seno de las sociedades. 1

2 La política comercial de la UE resulta clave en este contexto: el acuerdo de la OIT alcanzado en Bali reforzará los sistemas comerciales multilaterales, que abrirán nuestros mercados para impulsar el comercio y la inversión con países de todo el mundo y con nuestros vecinos del norte de África y de Oriente Próximo. Nuestra política comercial puede crear oportunidades, especialmente para los jóvenes que han tomado las calles pidiendo más y mejores empleos. Continuaremos presionando para lograr el mayor nivel de protección social e igualdad de trato. La igualdad de trato no constituye un obstáculo al libre comercio, sino una oportunidad para impulsar los derechos sociales en los países con los que comerciamos. Protección Una política de migración y asilo de la UE de carácter progresista debe colocar a las personas, su dignidad, su seguridad y protección en el centro de la actuación europea. La gestión eficiente de las fronteras de la UE no debe perjudicar los derechos fundamentales de los migrantes, incluido su derecho a la vida y el respeto del principio de no devolución. Las operaciones coordinadas de Frontex en el mar no solo deben proteger las fronteras de la UE ante la migración irregular y el tráfico y contrabando de personas, sino también apoyar activamente la búsqueda y el rescate, impartiendo a todos los guardias y personal de fronteras la formación adecuada en el Derecho internacional y de la UE, incluidos los derechos fundamentales. Queremos que EUROSUR (Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras) permita a la UE compartir mejor la información sobre los flujos migratorios, en particular los flujos mixtos, en sus fronteras exteriores, y garantizar una mayor coordinación en la ayuda a los migrantes en peligro. El Grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre la cuestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo debe traducirse en medidas concretas. Pedimos a la UE y a los Estados miembros que revisen la legislación que penaliza a quienes asisten a los migrantes que están en peligro en el mar. El Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) ya está por fin en vigor gracias a nuestros esfuerzos. Todos los Estados miembros deben aplicarlo plenamente, y garantizar procedimientos uniformes y justos para la determinación del estatus, unas condiciones de recepción dignas y el pleno acceso a la protección para las personas en peligro. La UE debe esforzarse más por ayudar a aquellos Estados miembros que se enfrentan a una presión excepcional. Las fronteras exteriores de la UE son las fronteras de todos. Debe mejorarse la reubicación como forma concreta de solidaridad y de responsabilidad compartida. Sin embargo, la UE necesita aplicar un mecanismo de solidaridad vinculante basado en criterios objetivos, a fin de garantizar el reparto de responsabilidad. La aplicación flexible del Reglamento Dublín III debe garantizar la protección cuando un Estado miembro no pueda cumplir su obligación. Es preciso que realizar un estrecho seguimiento y evaluación de la aplicación del nuevo Reglamento revisado de Dublín, en particular en lo que respecta a la eficacia de las disposiciones relativas al derecho a la unidad familiar y, con carácter más general, a los derechos fundamentales a los que tienen derecho los solicitantes de asilo. La UE debe mostrar una mayor solidaridad hacia los terceros países en la recepción de refugiados. De forma paralela a la solidaridad intraeuropea en materia de asilo, instamos también a la UE y a sus Estados miembros a convertir en acciones sus compromisos de una mayor solidaridad con los países de fuera de Europa que albergan a la mayor parte de los refugiados. Respaldamos firmemente el programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento. Cuando se producen crisis humanitarias, la UE y los Estados miembros deben tomar en consideración todos los instrumentos existentes para ofrecer una entrada segura para la admisión temporal en la UE, dando prioridad a los canales legales para acceder a la protección en la UE para aquellos que huyen de la persecución. 2

3 Integración Las políticas europeas en materia de migración se han centrado más en respuestas represivas a los flujos migratorios que en respuestas inclusivas. Redundará en interés de la UE y de sus ciudadanos el garantizar que los migrantes tengan la oportunidad de integrarse y desempeñar un papel pleno en la sociedad. Queremos que la UE fomente activamente la apertura de canales para la migración legal, que garantice el acceso al empleo, la educación y la investigación basándose en las necesidades de los diferentes mercados laborales, en el desafío demográfico que tendrá que afrontar Europa y en políticas de integración e inclusión activas fundamentadas en un conjunto sólido de derechos sociales y de ciudadanía para los migrantes. Hemos liderado los esfuerzos por adoptar instrumentos de migración legal a escala de la UE que prevean la igualdad de trato de los trabajadores frente al dumping social, como la Directiva relativa a los trabajadores temporeros. Hemos obtenido garantías para los derechos de los trabajadores, garantizando sanciones adecuadas para los empleadores que explotan el trabajo no declarado. Todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a defender una política de la UE en materia de inmigración y asilo de carácter progresista, en la que las personas, su dignidad, su seguridad y su protección tengan prioridad. Los migrantes no son solo trabajadores, sino, ante todo, seres humanos, con igualdad de derechos humanos y sociales, con derecho a la justa y libre circulación y a la igualdad de trato en el lugar de trabajo. Pedimos la derogación de la legislación de los Estados miembros de la UE que criminaliza a los migrantes y a los solicitantes de asilo y lastra la integración digna. Todo este esfuerzo debe ir acompañado por un mayor apoyo por parte de la UE a las comunidades nacionales y locales volcadas en esfuerzos de inclusión e integración, en particular en el contexto urbano, para las políticas de empleo activo, cohesión y desarrollo regional. La UE debe fomentar una idea más inclusiva de la ciudadanía, y animar a los Estados miembros a facilitar la extensión de la nacionalidad a los hijos y a los jóvenes nacidos o criados en Europa, como un paso fundamental hacia la integración y la inclusión reales. La extensión del derecho al voto en las elecciones locales y europeas a los ciudadanos residentes de larga duración contribuiría significativamente a su integración. La UE debe garantizar que los Estados miembros aplican la legislación europea y que acaban con todas las formas de discriminación basadas en el origen étnico, las creencias, la edad, el género, la discapacidad o la orientación sexual, dentro o fuera del lugar de trabajo. Seguimos pidiendo al Consejo que apoye una directiva de carácter global que amplíe la protección frente a la discriminación por cualquier motivo. Debemos hacer frente a aquellos que pretenden utilizar el asunto de la inmigración para fomentar la xenofobia. El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de la UE son la voz y la casa de los ciudadanos de la Unión: creemos que todas las acciones de la UE en estos ámbitos deben tener una fuerte dimensión democrática, y deseamos que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo se impliquen plenamente en todo el proceso de toma de decisiones. 3

4 Prevención Redundará en el propio interés de la UE y de sus Estados miembros el abordar las causas políticas y económicas de la migración en los países de origen. La UE debe dar prioridad al desarrollo social, humano y económico, al fortalecimiento institucional, a la democratización y a la consolidación de los derechos humanos. Una Política Exterior y de Seguridad Común destinada a eliminar las causas subyacentes de la migración irregular La PESC debe desempeñar su función en la lucha contra la pobreza, los conflictos violentos, los Estados fallidos, la inestabilidad política, la corrupción y el cambio climático, y promover la seguridad, la estabilidad y la resolución de conflictos. La promoción de la democracia es un objetivo fundamental de la UE en sus relaciones exteriores, en la cooperación al desarrollo, en la prevención de conflictos y en la gestión de crisis. Resulta crucial adoptar un enfoque global y coherente para combinar los dos planteamientos en la promoción de la democracia: el enfoque del desarrollo, que se centra en el avance socioeconómico para todos y el crecimiento a favor de los pobres, y el enfoque político, que apoya al pluralismo político, la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales y una sociedad civil plenamente capacitada. El apoyo de la dimensión política en terceros países debe consistir en apoyar la creación de capacidades plurales en particular para la independencia e integridad del poder judicial y la buena gobernanza, incluida la lucha contra la corrupción y apoyar a las instituciones, en lugar de la injerencia en las mismas. El uso de sanciones «inteligentes» debe convertirse en un instrumento clave de la política de la UE en materia de derechos humanos hacia los regímenes más represivos; las medidas punitivas selectivas, como la congelación de activos y las prohibiciones de viajar, impuestas a las personas de alto rango, pueden y deben aplicarse de forma que no impidan la continuación del compromiso diplomático, el comercio bilateral, la prestación de ayuda de la UE y los contactos interpersonales. No obstante, a fin de disuadir de la comisión de abusos contra los derechos humanos, deben aplicarse sanciones específicas de forma sistemática, coherente y con la cooperación internacional más amplia posible. En el caso de las asociaciones más problemáticas, la Unión no debe aislar a los países en cuestión, sino reconducir sus relaciones con ellos sobre la base de una condicionalidad apropiada y eficaz, que sirva como un verdadero incentivo para la reforma democrática, el cumplimiento de las normas de la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos. La Unión debe asegurarse de que la cooperación beneficia verdaderamente a la población. La asistencia de la UE debe quedar disociada de la gestión de los flujos migratorios y nunca debe supeditarse a la emigración de regreso. Todo acuerdo de readmisión debe respetar plenamente los derechos humanos y el principio de no devolución, y no debe poner en peligro a aquellas personas que requieren protección internacional. Instamos a los Estados miembros de la UE a que ratifiquen la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que constituye el marco jurídico internacional de base más amplia. Esto debería tener en cuenta las necesidades del mercado laboral, al tiempo que se proporciona protección adecuada para los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares. 4

5 Promoción de los derechos humanos en todo el mundo y desarrollo para garantizar que las personas no se ven obligadas a marcharse para poder sobrevivir Además de los conflictos violentos y las catástrofes naturales, la pobreza extrema, la mala situación económica y la falta de oportunidades, así como las consecuencias de la apropiación de tierras y la inseguridad alimentaria, constituyen los principales motivos por los que las personas emigran desde sus países de origen. Mediante la mejora de la situación económica y social en los países en desarrollo, la UE puede contribuir a atajar numerosas causas subyacentes de la migración. La migración también puede contribuir al desarrollo de un país, dado que los migrantes suelen enviar dinero a sus familias. La política de desarrollo y la creación de capacidades pueden ayudar a los países en vías de crecimiento social y económico a evitar la migración. Hemos estado presionando para lograr una política de desarrollo en la que se respeten los derechos humanos, y en la que otras políticas de la UE tengan en cuenta los desafíos en materia de desarrollo y una mejor coordinación de los donantes. Apostamos por la reducción de los costes de transacción para los migrantes, a través de la prestación de canales remitentes más formales y accesibles, y por la promoción del acceso a los servicios financieros, con especial atención a las zonas rurales. Hemos liderado la promoción de la responsabilidad social de las empresas, y una mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los sectores, incluido el de las materias primas, garantizando que se respetan estrictas normas en materia medioambiental, de salud y de trabajo, para que las personas no se vean obligadas a emigrar. Uno de los objetivos de la política de desarrollo es la lucha contra el analfabetismo y por el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos, con una atención especial hacia las mujeres y las niñas, dado que ello les ofrece la posibilidad de lograr la capacitación y la autodeterminación. La educación de las niñas es crucial para la prosperidad futura. La UE y los países en desarrollo deben promover el desarrollo de proyectos e inversiones que creen oportunidades de empleo para la población local y condiciones para el crecimiento económico inclusivo destinadas a lograr una vida decente para todos. La UE también debe redoblar sus esfuerzos en lo que respecta al desarrollo y a la democratización de dichos países, y promover el Estado de Derecho. Respaldamos el desarrollo sostenible y consideramos fundamental la lucha contra el cambio climático, ya que, en su mayoría, son los países industrializados los que provocan el cambio climático, pero son los países en desarrollo los que más lo sufren. La necesidad de emigrar también puede verse atenuada por la reducción del riesgo de desastres, la resistencia y la seguridad alimentaria. Todo ello no solo salva vidas y medios de vida, sino que también resulta más rentable. También hemos abogado por atajar la especulación con los productos básicos, y por la regulación de los mercados financieros. La política de la UE en materia de desarrollo y migración debe centrarse, en el futuro, en los grupos más vulnerables de la sociedad, incluidos niños y menores no acompañados, mujeres y niñas, personas del colectivo LGBTI y personas con discapacidad, y en sus derechos y oportunidades. La UE también debe evitar que la fuga de cerebros contribuya al empobrecimiento del mercado laboral y se convierta en una amenaza para la cohesión social de los países de origen. Puede contribuir a ello presionando por que se apliquen prácticas de contratación éticas y garantizando dichas prácticas, y mediante el apoyo a políticas eficaces de integración y prácticas de creación de capacidades, por ejemplo, con la formación profesional. 5

6 La política de ampliación y la Política Europea de Vecindad como instrumentos clave para una mejor gestión de la migración Los países candidatos, los candidatos potenciales y los países de la dimensión oriental de la PEV constituyen las principales fuentes de migración hacia la UE, e importantes países de origen y tránsito para los migrantes irregulares. La cooperación debería contribuir a reducir el sufrimiento de las personas y a mejorar la seguridad en las fronteras orientales y meridionales de la UE. Apoyamos firmemente los esfuerzos de la Comisión por despejar el camino de la migración legal hacia la UE. A través de la PEV, deseamos promover asociaciones más sólidas con el fin de fomentar la movilidad. A fin de alcanzar los objetivos de la consolidación democrática, la prosperidad económica y la estabilidad regional, y las inversiones en sociedades y ciudadanos (de modo opuesto a las inversiones en las élites), debemos dar prioridad, y no dejar en un segundo plano, a los componentes interpersonales en la PEV. Hemos apoyado firmemente la facilitación y liberalización de visados para todos los países de los Balcanes Occidentales, una vez que han cumplido los requisitos de seguridad documental, migración irregular, orden público y seguridad, y relaciones exteriores y derechos fundamentales vinculados a la circulación de personas. En el lado positivo, la liberalización de visados no solo ha fomentado los contactos interpersonales y ha facilitado los intercambios empresariales, científicos y culturales, sino que ha provocado importantes cambios en el seno de estos países: ha contribuido a solucionar problemas de registro y ha facilitado el acceso a la documentación personal para la población romaní, los grupos vulnerables y las personas desplazadas en la región. Por otra parte, en los primeros meses tras el levantamiento de los visados, se ha incrementado el número de personas procedentes de los Balcanes Occidentales que han viajado a los Estados miembros de la UE en busca de asilo. Es por ello que deseamos que el sistema sea objeto de un control y vigilancia democráticos completos a escala europea, especialmente cuando existen movimientos para suspender el régimen de exención de visados. En lo que respecta a la vecindad meridional, el fenómeno de la llamada Primavera Árabe ha demostrado que el enfoque orientado a la seguridad y de «fortaleza europea» es insostenible y socava la credibilidad de la UE. Las causas subyacentes de la presión migratoria en el Mediterráneo meridional como la inestabilidad política, el desempleo, la ausencia de perspectivas de una vida mejor para los jóvenes en particular, la corrupción y los deficientes servicios públicos deben ser abordadas. Nuestra prioridad debe ser la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida en los países socios de la ribera sur, y evitar al mismo tiempo una contraproducente fuga de cerebros. Apoyamos el diálogo y la asociación en materia de migración, movilidad y seguridad con los países del Mediterráneo meridional, sobre la base de un enfoque adaptado país por país, que refleje la relación global con dicho país en cuestión, y las condiciones para una movilidad segura y bien gestionada, en beneficio de los ciudadanos de la UE y de sus socios del sur. Todo ello debe ir acompañado de una estrategia global por parte de la UE, que se desarrolle en plena cooperación con los Estados miembros y con nuestros vecinos del sur, para abordar la migración y proteger a los refugiados y a los solicitantes de asilo procedentes del norte de África y de Oriente Próximo, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales de todos los migrantes. Continúa el éxodo masivo de refugiados que huyen de la catástrofe humanitaria de Siria, sin signos de que vaya a finalizar a corto plazo. El nuevo Sistema Europeo Común de Asilo quedará vacío de contenido si el acceso a Europa es difícil, si no imposible, para los sirios que buscan protección. La Unión y sus Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos en este ámbito, ofreciendo también a los jóvenes sirios oportunidades para estudiar y formarse en Europa, de modo que puedan volver a su país y contribuir a la construcción de una nueva Siria una vez que haya terminado el conflicto. 6

7 Una política comercial dedicada a la protección de los derechos laborales, sociales y medioambientales A través de la política comercial de la UE, nos comprometemos a abrir nuevos mercados para impulsar el comercio y la inversión y ayudar a los países de nuestra vecindad a crear oportunidades, especialmente para aquellos jóvenes que han tomado las calles en estos países reclamando más y mejores empleos. El reciente acuerdo de la OIT, alcanzado en Bali, dará un nuevo impulso al sistema comercial multilateral, que sigue siendo la mejor garantía para el comercio abierto, libre y justo, beneficioso para los países desarrollados y los países en desarrollo. No obstante, esto solo constituye el primer paso para alcanzar el Programa de Doha para el Desarrollo, mucho más ambicioso. Numerosos acuerdos comerciales contienen la llamada cláusula «Modo IV», que permite la reubicación temporal de trabajadores a través de las fronteras para la prestación de servicios. La cláusula Modo IV no debe lastrar el principio fundamental de igualdad de trato de los trabajadores en el seno de la UE. Debe garantizar la igualdad de salario a trabajo igual y no permitir que las empresas introduzcan trabajadores peor remunerados en los países de la UE y que, por tanto, se beneficien de la diferencia en los sueldos; los trabajadores del país de acogida también perderían en ese caso. Los trabajadores temporales tienen menos probabilidad de pertenecer a sindicatos, dado que numerosas empresas multinacionales temen que la afiliación les haga perder sus ventajas. Ello no solo niega a los trabajadores temporales los derechos de los que disfrutan muchos trabajadores de la UE, sino que también amenaza con rebajar las normas locales si no se ofrece un nivel de protección social suficiente a todos los trabajadores. Hemos pedido transparencia en las negociaciones comerciales. Esto se aplica, en particular, a la cláusula Modo IV, ya que abre la posibilidad de que la política sobre la circulación de trabajadores se ponga en manos de las empresas y quede bloqueada en acuerdos comerciales difíciles de revertir. Continuaremos presionando a los negociadores comerciales de la UE para que los trabajadores implicados en el comercio de servicios disfruten del más alto nivel de protección social e igualdad de trato. Deben aplicarse la legislación y los convenios colectivos del país de acogida, y ser objeto de seguimiento y cumplimiento eficaces a través de nuestros acuerdos comerciales. La igualdad de trato no constituye un obstáculo al libre comercio, sino una oportunidad para impulsar los derechos sociales en los países con los que comerciamos. Continuaremos apoyando los acuerdos de comercio libre y justo con países cercanos y lejanos, para crear empleo e inversión, especialmente en nuestra vecindad, y reducir la necesidad de que aquellos que buscan trabajo o una vida mejor tengan que poner en peligro su vida para venir a Europa en busca de empleo. Todos los acuerdos de libre comercio deben incluir disposiciones jurídicamente vinculantes sobre aspectos sociales y medioambientales y de respeto de los derechos humanos. Deben permitir la aplicación eficaz del principio de igualdad de trato, supeditando también la movilidad transfronteriza a la igualdad de trato en términos de salario y condiciones laborales. Un enfoque global sobre una perspectiva a largo plazo en lo que respecta al comercio y al desarrollo debe incluir: estrategias para complementar las políticas en materia de seguridad y estabilidad, fomentar la democratización y la buena gobernanza, la inclusión social, la capacitación de las mujeres, las minorías y los grupos desfavorecidos, y la tolerancia étnica; estrategias de ayuda presupuestaria, inversión directa y de acceso a los mercados de la UE; estrategias de desarrollo rural y seguridad alimentaria; apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio con vistas a reducir la pobreza y la exclusión; políticas de creación de empleo y mayores oportunidades de movilidad para docentes, investigadores, estudiantes y empresarios; desarrollo de infraestructuras; apoyo para las PYME y servicios de microcréditos; 7

8 Protección La política en materia de migración de la UE debe regirse por los principios de solidaridad y un reparto justo de la responsabilidad entre los Estados miembros. Además de la integridad de las fronteras de la UE, también debe garantizar la lucha contra el tráfico de personas y la protección de los migrantes vulnerables y de los refugiados potenciales. La política de fronteras exteriores y Frontex Los recientes acontecimientos ocurridos en el mar Mediterráneo deben servir como una llamada de atención para la Unión Europea. Un número cada vez mayor de migrantes están dispuestos a arriesgar sus vidas por intentar llegar a la UE. La necesidad de proteger nuestras fronteras y de contar con un sistema eficiente de vigilancia de fronteras no puede perjudicar los derechos fundamentales de los migrantes que llegan a las puertas de Europa, incluido su derecho a la vida y el respeto del principio de no devolución. En este mandato, el grupo de Socialistas y Demócratas apoya la revisión del Reglamento de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), a fin de que no actúe únicamente para proteger las fronteras de la UE frente a la migración irregular y el tráfico y contrabando de personas, sino que también desempeñe una función más positiva en las tareas de búsqueda y rescate. También hemos apoyado que se imparta a todos los guardias y personal de fronteras de los Estados miembros que participan en los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras, y para todo el personal de Frontex, la formación pertinente en Derecho internacional y de la UE, incluidos los derechos fundamentales. Hemos apoyado la rápida celebración de un acuerdo sobre las nuevas normas de interceptación para las operaciones coordinadas por Frontex en el mar, a fin de lograr medidas de rescate eficaces, coordinadas y vinculantes en el mar y garantizar que las operaciones cumplen plenamente la legislación y las normas en materia de derechos humanos internacionales de los refugiados, y las obligaciones con arreglo al Derecho del mar. La ayuda a los migrantes en peligro y el rescate en el mar han constituido las principales prioridades para el grupo de Socialistas y Demócratas en su apoyo a EUROSUR (Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras), un nuevo instrumento que permitirá a la UE compartir mejor la información sobre los flujos migratorios, en particular los flujos mixtos, en sus fronteras exteriores y garantizar una mayor coordinación y comunicación. Creemos que los migrantes deben ser siempre considerados, ante todo, seres humanos con derechos humanos inherentes y, en este sentido, condenamos la instalación de sistemas de defensa fronterizos crueles, como el sistema de cuchillas o el uso de balas de goma para el control de fronteras y la lucha contra la migración irregular. Queremos que el Grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre la cuestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo se traduzca en acciones concretas. En particular, pedimos a la UE y a los Estados miembros que modifiquen o revisen todos aquellos actos legislativos que puedan ser utilizados para penalizar a las personas que ayudan a los migrantes en peligro en el mar. Pedimos un aumento del presupuesto de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y de Frontex, que permita ayudar adecuadamente a los Estados miembros que atraviesan circunstancias que requieren unos mayores conocimientos técnicos y operativos en las fronteras exteriores de la Unión, incluidas situaciones que implican emergencias humanitarias y operaciones de rescate en el mar. El desarrollo de un enfoque coordinado exige la financiación adecuada. Los Estados miembros también deberían esforzarse más por aumentar la cooperación práctica con estos organismos, incluida la prestación de ayuda en especie, como agentes desplazados y apoyo material. 8

9 Deseamos animar a todos los organismos de la UE, entes locales, ONG y organizaciones de la sociedad civil a que se impliquen en la prestación de ayuda humanitaria en tiempos de crisis. Debemos estar dispuestos a utilizar los conocimientos de las ONG y de la sociedad civil en relación con las operaciones de rescate y la recepción inicial de los migrantes. Es necesario seguir trabajando en la planificación para casos de emergencia y en la creación de capacidades. En particular, la Unión debe desarrollar medidas apropiadas y razonables que se adopten en respuesta a una entrada inesperada de refugiados en uno o en más Estados miembros. Una política común de asilo Ya se ha implantado un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). La atención se centra ahora en implantar un paquete de asilo de la UE de modo coherente y exhaustivo. La Unión Europea debe garantizar la igualdad de trato de los solicitantes de asilo, independientemente del lugar donde lo soliciten. Esto debe llevarse a cabo de modo que refleje la solidaridad y la responsabilidad compartida entre todos los Estados miembros. En la actualidad, cuando numerosos conflictos han obligado a huir de sus hogares en todo el mundo a más personas que en cualquier momento de los últimos 20 años, el liderazgo del Grupo S&D en materia de derechos y protección de los refugiados será crucial para abordar algunos de estos desafíos. Garantizar la aplicación plena y correcta del SECA La elaboración y adopción de los instrumentos jurídicos de segunda generación ha llevado años. Hemos desempeñado un papel central para proteger altos estándares de la legislación en materia de asilo, frente a una creciente oposición de la derecha y en el seno del Consejo de Ministros. En un ambiente de prolongadas y duras negociaciones, hemos garantizado que el paquete sobre asilo aprobado en junio de 2013 ofrezca importantes mejoras en comparación con las normas en materia de asilo, que en la actualidad constituyen un mosaico mal aplicado o completamente ignorado. Ello debe derivar en normas mejores y más justas para aquellos que requieren protección en toda la Unión. Dicho paquete: - garantiza la calidad de los procedimientos de asilo y de las condiciones de recepción, - garantiza el respeto de los derechos de los solicitantes de asilo, - aumenta la eficiencia del proceso global de toma de decisiones, - continúa con la armonización de las decisiones en materia de asilo y de las condiciones de recepción en el seno de la Unión, - refuerza el seguimiento de las medidas adoptadas. En el curso de las negociaciones, hemos garantizado que, con arreglo al SECA, todas las medidas para detener a los migrantes sean objeto de una decisión administrativa, con la debida justificación y de carácter temporal, y solo si no se pueden aplicar de forma eficaz alternativas a la detención. Los instrumentos revisados de la UE en materia de asilo deberán ahora ser aplicados en su totalidad y con rapidez. El éxito o fracaso de este sistema dependerá ahora de cómo se aplique. La aplicación debe ser objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión y de los organismos pertinentes de la UE. Solicitamos que se realice un estrecho seguimiento de las garantías para los menores no acompañados, de la eficacia del mecanismo de identificación para las personas vulnerables, de la calidad de las entrevistas personales, de la solicitud de procedimientos acelerados y de fronteras y de las medidas y condiciones de detención. La responsabilidad va de la mano de la solidaridad: basta de hablar, pasemos a la acción Al tiempo que reconoce el desafío al que se deben enfrentar todos los Estados miembros en la gestión responsable de sus fronteras, es necesario que esto se lleve a cabo de modo que no bloquee el acceso a la protección para las personas que requieren dicha protección. El hecho de que, a día de hoy, el acceso a un procedimiento de asilo no esté siempre garantizado en las fronteras exteriores de la UE y que se esté «devolviendo» a personas, va contra los valores fundamentales europeos. Además de promover medidas 9

10 concretas de gestión de fronteras sensibles a la protección, pedimos a la Unión y a sus Estados miembros que ofrezcan ayuda eficaz a aquellos Estados miembros que se enfrentan a una presión excesiva. La reubicación de los beneficiarios de la protección internacional y de los solicitantes de asilo constituye una forma concreta de solidaridad y de responsabilidad compartida. Acogemos con satisfacción iniciativas como el proyecto piloto de la UE para el reasentamiento desde Malta (EUREMA), conf orme al cual los beneficiarios de la protección internacional son reubicados desde Malta a otros Estados miembros. Sin embargo, podemos hacer más y ayudar más. La Unión debe estudiar otras posibilidades para reforzar la responsabilidad compartida entre todos los Estados miembros, lo que debe incluir la creación de un mecanismo objetivo para reducir la presión en aquellos Estados miembros que reciben al mayor número de solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, en términos absolutos o proporcionales. También solicitamos el uso adecuado de la legislación vigente de la UE. En su caso, los Estados miembros deben aplicar el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Dublín III, con el fin de asumir la responsabilidad de las solicitudes de asilo de las personas que corren el riesgo de no poder acceder a sus derechos en un Estado miembro incapaz de cumplir con sus obligaciones. Las medidas de solidaridad también deben contener un mecanismo eficaz de alerta temprana y de respuesta ante las emergencias, que contribuiría a evitar y abordar las situaciones de riesgo en los Estados miembros y a ofrecer soluciones globales a escala europea de modo más rápido y eficaz. La solidaridad también debe incluir la ayuda financiera. En este contexto, hemos luchado por garantizar que el nuevo Fondo de Asilo, Migración e Integración se implemente oportunamente y que ayude a la UE a lograr sus objetivos estratégicos, sobre todo en el apoyo al Sistema Europeo Común de Asilo y en la ayuda a aquellos Estados miembros más afectados por los flujos migratorios y que se enfrentan a deficiencias estructurales. Una mayor solidaridad en la recepción de refugiados Si bien debe darse una solidaridad intraeuropea más eficaz en materia de asilo, instamos también a la UE y a sus Estados miembros a convertir en acciones sus compromisos de una mayor solidaridad con los países de fuera de Europa que albergan a la amplia mayoría de refugiados. Por tanto, respaldamos firmemente el programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento. El Fondo de Asilo, Migración e Integración será ahora el encargado de proporcionar una gran ayuda para el reasentamiento a escala nacional y de la UE, principalmente mediante financiación e incentivos específicos para el reasentamiento de refugiados. Cuando se producen las crisis humanitarias, la UE y los Estados miembros deben estudiar todos los procedimientos y actos legislativos vigentes a fin de ofrecer una entrada segura a la UE y permitir la admisión temporal. No obstante, ello no debe socavar los esfuerzos por encontrar soluciones sostenibles y a largo plazo para los refugiados. En este contexto, instamos a la UE y a sus Estados miembros a que utilicen enfoques innovadores para ofrecer protección a los refugiados. Pedimos un impulso político adicional para dar prioridad a los canales legales de acceso a la protección de la UE para aquellos que huyen de la persecución. 10

11 Schengen La creación del espacio Schengen y su integración en el marco de la UE representa una importante ampliación de los derechos de los ciudadanos y de la integración europea, marcada por la eliminación de los controles en las fronteras interiores y la libertad de circulación sin precedentes para una población de más de 400 millones de personas en una superficie de km2 (y 26 países 1 ). Tras el fenómeno de la Primavera Árabe, algunos gobiernos regidos por la derecha se apresuraron a justificar la suspensión de Schengen. Hemos luchado por defender la libertad de circulación de los ciudadanos en el espacio Schengen, contra una reacción puramente oportunista, aduciendo que la reimposición de las fronteras interiores afecta a todos los ciudadanos de la Unión, y que decisiones de tal calado deben ser objeto de aprobación por parte de la UE. Los flujos migratorios no pueden ser descritos como una amenaza potencial a la seguridad interna, ni constituyen un posible motivo para la reintroducción de los controles en las fronteras interiores. Hemos dirigido las negociaciones que deben transformar Schengen desde un régimen opaco, basado únicamente en la cooperación entre los gobiernos, a un sistema verdaderamente europeo. En el futuro, la Comisión debe garantizar que el espacio Schengen funciona eficazmente, y el Parlamento Europeo debe encargarse del control y vigilancia democráticos. El código de fronteras revisado establece que si, de conformidad con el nuevo mecanismo de evaluación, se señalan deficiencias graves en el establecimiento de los controles en las fronteras exteriores, la Comisión podrá recomendar que el Estado miembro en cuestión adopte medidas específicas, como el despliegue de los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras, la presentación de planes estratégicos para su evaluación a cargo de Frontex o, como último recurso en una situación grave, el cierre de un paso fronterizo concreto. Las condiciones para la reintroducción temporal de los controles en las fronteras interiores se han endurecido, y un Estado miembro que se plantee introducir controles deberá consultar previamente a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros. Únicamente en el caso de que dichas medidas específicas resulten ineficaces y que el funcionamiento global del espacio Schengen se ponga en peligro como resultado de deficiencias graves y persistentes relativas al control de las fronteras exteriores, y en la medida en que ello constituya una amenaza grave para la política pública o la seguridad interior, como último recurso se podría recomendar, de manera excepcional, la reintroducción temporal de los controles en fronteras interiores concretas a escala de la Unión. Las migraciones y el cruce de las fronteras exteriores por parte de grandes cantidades de nacionales de terceros países no constituirán un motivo para la reinstalación de controles en las fronteras interiores. 1 El espacio Schengen es distinto de la zona de la UE, dado que algunos de sus miembros no participan en los aspectos de libre circulación de Schengen (el Reino Unido, Irlanda), o aún no han podido suprimir los controles en las fronteras interiores (Croacia, Chipre, Bulgaria, Rumanía), mientras que algunos países no pertenecientes a la UE sí participan (Noruega, Islandi a, Suiza y Lichtenstein). 11

12 Integración Las políticas europeas en materia de migración se han centrado más en respuestas represivas a los flujos migratorios que en respuestas inclusivas y en la promoción de la solidaridad. Redundará en interés de la UE y de sus ciudadanos el garantizar que los migrantes, tanto si se trata de migrantes económicos como de refugiados, tengan la oportunidad de integrarse y desempeñar un papel pleno en la sociedad. Ello se puede lograr mediante la apertura de canales para la migración legal, el acceso al mercado laboral, la educación y los derechos civiles, y políticas más estrictas contra la discriminación. Una política europea de inmigración más equilibrada Más que nunca, la crisis económica ha demostrado lo precaria que es la situación de los nacionales de terceros países en el mercado laboral. Existen pruebas de dumping social y discriminación en lo que respecta a la igualdad de remuneración, la sobrecualificación y el acceso a los servicios del mercado laboral. Necesitamos una política de migración coherente y global que refleje la contribución positiva y concreta que hacen los migrantes a la economía europea, incluidos marcos jurídicos armonizados para la migración estable y temporal, en el Mediterráneo y en toda la UE. Nos hemos comprometido a aumentar los canales legales de migración como modo de reducir la necesidad de que los migrantes recurran a métodos de entrada irregulares y más peligrosos, y que ofrezcan un beneficio lucrativo a las mafias criminales que trafican con seres humanos. Por ello nos hemos colocado a la vanguardia de los esfuerzos para adoptar instrumentos de migración legal a escala de la UE que prevean la igualdad de trato de los trabajadores. En la Directiva relativa a los trabajadores temporeros que representa el primer instrumento de migración legal adoptado a escala de la UE y destinado a trabajadores de baja remuneración procedentes de terceros países, hemos presionado por el establecimiento de garantías adecuadas para los trabajadores temporeros en términos de condiciones de entrada y de los derechos de los que deben disfrutar dichos trabajadores (mejores derechos sindicales, derechos de seguridad social y condiciones laborales, teniendo en cuenta no solo la legislación sino también los convenios colectivos), garantizando al mismo tiempo que se impongan sanciones adecuadas a los empleadores que intenten explotar a los trabajadores temporeros mediante el incumplimiento de lo dispuesto en dicha Directiva. Esto debe proporcionar un canal para la migración legal que promueva un mensaje positivo sobre la inmigración. En las negociaciones relativas al permiso único, hemos garantizado la igualdad de trato en las condiciones laborales, la libertad de asociación, educación y formación profesional, reconocimiento de certificaciones, seguridad social, beneficios fiscales y acceso a los bienes y servicios y oficinas de empleo. Cuanto más corta es la duración del permiso de estancia y de trabajo, menores son las posibilidades de que se reconozcan y respeten los derechos de los migrantes o de que se evite el dumping social. Por ello convendría eliminar los factores de vulnerabilidad de los migrantes en el mercado laboral, sobre todo cuando deriven de permisos de trabajo o de residencia precarios y a corto plazo. La Directiva debe aplicarse y cumplirse plenamente. Son los empleadores sin escrúpulos, y no los migrantes, los que fomentan y se benefician del mercado negro en el trabajo. Los Gobiernos deben reforzar las legislaciones nacionales con el fin de evitar la explotación, garantizar que los incumplimientos son objeto de estrictas sanciones y asegurar el derecho a pertenecer a la Unión. Con a un enfoque global, queremos que la UE tome en consideración todos los instrumentos disponibles de conformidad con su política de visados, en particular más circulación sin visado para nacionales de terceros países. También deseamos leyes de la UE más equitativas para otros grupos de migrantes potenciales, como estudiantes e investigadores, y personas trasladadas dentro de una misma empresa. Los avances en la elaboración de dichas leyes han sido bloqueados por la oposición en el Consejo de Ministros, pero vamos a 12

13 seguir abogando por la igualdad de trato. La adopción de leyes de la UE solo es un paso, debemos asegurarnos de que se aplican adecuadamente en los Estados miembros. La política de integración La UE ha sido la empresa de integración de inmigrantes más satisfactoria de la historia, en particular en lo que respecta a los ciudadanos europeos del sur, que ya no son vistos como inmigrantes; pero ahora debe afrontar nuevos desafíos, en un contexto de persistente crisis económica. Si la integración resulta clave para garantizar el éxito del proyecto europeo en su conjunto, también representa un desafío que la Unión y sus Estados miembros han sido reticentes a afrontar verdaderamente. En lugar de incorporar a los inmigrantes de forma eficaz en los centros educativos, los lugares de trabajo y los sistemas políticos, las sociedades europeas, en muchos respectos, se están dirigiendo hacia un estado de «desintegración», que da pábulo a facciones extremistas y euroescépticas. Un flujo continuo de inmigración, gestionado de forma sensata, crea importantes ventajas económicas y sociales, pero la inmigración también es una fuente de ansiedad e inseguridad, y su alcance es el centro de un permanente debate público en numerosos Estados miembros. Por el contrario, la cuestión de si se debe integrar o no a los inmigrantes que ya viven y trabajan en la UE es más que obvia. Deben convertirse en miembros plenos de la sociedad, con la perspectiva última de lograr la ciudadanía. Todo lo que no sea esto implicaría aprobar una sociedad de dos niveles, una noción que ofende nuestros valores fundamentales, que deben regir la política de la UE en materia de integración. No obstante, en intentar dar respuesta a este desafío, la Unión ha comprometido muy pocos recursos. Los esfuerzos de nuestro grupo por insistir en un mayor gasto de la UE en integración han chocado con la inflexibilidad del Consejo e incluso de la Comisión. El éxito de la integración fortalecería la economía de la Unión en un contexto de competencia global, atraería a los trabajadores y emprendedores que nuestras economías necesitan (así como a los científicos y estudiantes que componen la base de nuestra capacidad para innovar), harían más seguros nuestros países y más fuertes a nuestras comunidades. Los beneficios de la integración van mucho más allá del crecimiento del PIB, de pensiones más seguras y de menos desórdenes. Los inmigrantes de Europa pueden servir como el puente de la Unión hacia un mundo globalizado, que mejore el comercio, refuerce las redes sociales y confirme la posición de la Unión como un líder mundial capaz de superar las barreras culturales y religiosas. Por último, la integración no es solo una cuestión para las instituciones de la UE. Los Estados miembros y las autoridades regionales y locales también tienen un papel clave que desempeñar, por lo que pedimos una mayor cooperación a todos los niveles en la integración de los migrantes. Acceso de los migrantes a la educación y los derechos sociales y civiles Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes constituyen un factor esencial de la integración, pero hasta el momento no se han logrado avances concretos. Con el fin de garantizar la integración de los migrantes en la vida social y económica del país de acogida, es preciso adoptar medidas a escala nacional, regional y local a fin de garantizar un acceso libre y equitativo a la educación y la formación, en particular impartiendo cursos de idiomas para los migrantes y sus hijos, independientemente de su situación como indocumentados o como migrantes en situación regular. La UE ha adoptado recientemente nuevos instrumentos, que permitirían, si se aplican debidamente, reforzar los derechos de los menores. Además de realizar un seguimiento estricto de los distintos mecanismos e instrumentos en vigor, pedimos que se establezcan directrices obligatorias con respecto a los menores no acompañados, que no solo garanticen su asistencia a lo largo de todas las etapas del procedimiento, sino 13

14 también una mejor coordinación entre las diferentes partes interesadas implicadas a escala europea y nacional. El acceso a la educación y la formación reducirá el riesgo de explotación y ofrecerá a las personas que han abandonado su país la capacidad de volver a él. Los cursos de formación para docentes, instituciones, trabajadores sociales y ONG servirán para concienciar y centrar la atención en eliminar la exclusión y la marginalización. Es preciso que los migrantes sean también considerados no solo como trabajadores, sino, ante todo, como seres humanos, con igualdad de derechos humanos y sociales. Deben tener derecho a una movilidad libre y justa y a la igualdad de trato en el lugar de trabajo. Deben suprimirse aquellos obstáculos que impiden que los nacionales de terceros países sean admitidos en empleos del sector público, siempre que no se vea afectado el ejercicio de la autoridad pública. Debe garantizarse un nivel mínimo de protección para los migrantes indocumentados y sus familias, por ejemplo, el acceso a la atención sanitaria, la educación y otros servicios públicos fundamentales. Sería preciso plantearse un marco europeo que estableciera criterios para la regularización o la concesión de amnistías para los migrantes indocumentados. La ampliación del derecho de voto en las elecciones locales y europeas a todos los ciudadanos residentes legalmente transcurrido un determinado periodo de tiempo contribuiría significativamente a su integración en la sociedad europea. Deseamos fomentar una idea más inclusiva de la ciudadanía, e impulsar el acceso a la nacionalidad para los niños nacidos en la UE. Todos los ciudadanos de Europa, independientemente de dónde procedan ellos o sus padres, forman parte integral de nuestra sociedad. Es preciso que los migrantes y sus hijos tengan la oportunidad de convertirse en miembros plenos de la sociedad europea, mediante la participación y la ciudadanía. Los residentes de larga duración deben tener derecho a votar en las elecciones locales del lugar donde viven. Si queremos que los migrantes se integren y desempeñen un papel positivo en la comunidad, debe permitírseles contar con acceso regulado a los derechos laborales y sociales, así como acceso a la educación y a la atención sanitaria. Políticas contra la discriminación y la xenofobia El principio de la igualdad de trato es uno de nuestros valores fundamentales. Todos los migrantes merecen ser tratados con respeto y dignidad. Somos partidarios de una Europa de tolerancia, solidaridad e inclusión, y de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales; hemos luchado muy duro contra los males del extremismo y la xenofobia. Al contrario de aquellos que buscan explotar la cuestión de la inmigración con fines xenófobos, creemos en un enfoque europeo ambicioso, basado en el fin de todas las formas de discriminación por motivos de origen étnico, creencias, edad, género, discapacidad u orientación sexual, dentro y fuera del lugar de trabajo. Seguimos pidiendo al Consejo que apoye una directiva de carácter global que amplíe la protección frente a la discriminación por cualquier motivo. 14

15 Repercusiones presupuestarias El presupuesto europeo resulta crucial para aplicar políticas coherentes en materia de migración y prever las necesarias respuestas rápidas ante acontecimientos imprevistos y situaciones de emergencia, como por ejemplo un súbito aumento de los flujos migratorios. Los Estados miembros han definido repetidamente altas aspiraciones para la Unión, pero nunca la han dotado de fondos suficientes para respaldar dichas aspiraciones, en particular para los organismos clave, como Frontex y EASO. Cada vez es más difícil llevar a cabo las nuevas y crecientes tareas, y al mismo tiempo cumplir la exigencia de mejores resultados, con menos recursos. La tendencia ha sido centrar la asignación de recursos en la seguridad interior y la protección de las fronteras de la UE, más que en la prevención y en el asilo. A pesar del hecho de que las aspiraciones no se han rebajado, el Consejo ha intentado recortar recursos a todos los niveles en el marco financiero plurianual para el periodo , en casi una quinta parte. Nuestro Grupo ha logrado negociar una revisión intermedia, e insistimos en que la próxima Comisión y el próximo Parlamento Europeo y Consejo, en calidad de autoridad presupuestaria, garanticen que los medios disponibles son suficientes. Los desafíos para las políticas que afectan a la inmigración y al asilo son de tal calibre que no pueden ser abordados a escala individual por cada uno de los Estados miembros. El presupuesto de la UE constituye una excelente herramienta para el reparto de responsabilidades y para la expresión de la solidaridad en el seno de la Unión, a través de la cual todos los Estados miembros contribuyen a la financiación de estas políticas. Si se utiliza correctamente, puede lograr sinergias entre los distintos ámbitos y programas políticos de la UE, y aprovechar al máximo la cooperación. Conclusión En un contexto de austeridad económica, hemos sido testigos de una reticencia cada vez mayor a promover la migración debido a un sentimiento populista contra el inmigrante, y a una utilización por parte de los Estados miembros de las crisis a corto plazo como excusa para poner en peligro grandes logros europeos, como el espacio Schengen y la libre circulación de personas. La UE y sus Estados miembros deben aceptar que Europa es un continente de migración, y que redunda en el interés de Europa no solo el permitir la migración gestionada, sino también garantizar la integración de los migrantes. Las políticas en materia de inmigración y asilo de la UE deben ser consideradas parte de un contexto más amplio, y deben coordinarse con otras políticas, que abarcan desde política exterior y de seguridad común, comercio, desarrollo, ampliación y vecindad y derechos humanos hasta empleo, educación y presupuesto. Dichas políticas deben dar prioridad a las personas, su dignidad, su seguridad y su protección en todas las actuaciones europeas, centrándose en un sólido diálogo político y en la asociación con los países de origen y con los países de tránsito, el apoyo a los procesos de democratización, el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo, la gestión conjunta de las fronteras, la lucha contra el tráfico y contrabando de seres humanos y la protección conjunta de las personas en peligro, incluida la apertura de canales legales para la movilidad controlada hacia la UE. Ahora no es el momento de dudar: las autoridades políticas a escala europea, nacional, regional y local deben actuar con urgencia para adoptar medidas que reflejen nuestra estrategia multidisciplinar, progresista y europea. El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben implicarse totalmente en todo este proceso. Una política coordinada en materia de migración redundará en el interés superior de los ciudadanos actuales y futuros de la UE. La nueva Comisión tendrá que adoptar un enfoque positivo hacia la migración legal y la integración, pero también mostrar un mayor compromiso para atajar los problemas que obligan a las personas a abandonar su hogar y migrar o solicitar asilo. 15