LAS POLITICAS DE SERVICIOS SOCIALES: UNA APROXIMACION DESDE LOS PGE.

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1 LAS POLITICAS DE SERVICIOS SOCIALES: UNA APROXIMACION DESDE LOS PGE. Jose Manuel Tránchez Martín El Sistema Público de Servicios Sociales presenta una concepción integral y se articula en lo relativo a su financiación y gestión a través de la colaboración de las distintas Administraciones Publicas: AGE, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Sin embargo, con objeto de profundizar en un mayor conocimiento de sus prioridades, hemos pretendido en este epígrafe realizar una aproximación al mismo desde una perspectiva presupuestaria. Para ello hemos elegido analizar los recursos que la AGE viene destinando en los PGE a las principales actuaciones de servicios sociales, aun reconociendo que esta atribución presupuestaria tan sólo constituye una parte de la aportación global destinada desde el conjunto de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de la clasificación funcional, el área del gasto social de los Presupuestos Generales del Estado está conformada por la producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente (educación, sanidad y vivienda), así como por las denominadas Actuaciones de Protección y Promoción Social. Estás últimas incluyen las prestaciones desarrolladas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (pensiones, desempleo, fomento del empleo, gestión de la Seguridad Social, etc.), así como las actuaciones desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (protección y promoción social, prestaciones económicas, y servicios sociales, etc.). También incluyen, por último, las ayudas de acceso a la vivienda gestionadas actualmente por el Ministerio de Fomento. La dotación para 2013 asciende a ,36 millones de euros, lo que representa, al igual que en los últimos ejercicios, más de la mitad del presupuesto

2 consolidado (un 63,6%), y supone una tasa de crecimiento del 1,9 % respecto a 2012 (PGE, 2013). Este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno con la protección social, especialmente en un entorno de fuerte crisis económica y de presupuestos austeros. Dentro de este amplio grupo de políticas que conforman el gasto social destacan principalmente las aportaciones para pensiones (43,3 % del total del gasto) -que presentan además un crecimiento importante respecto al año anterior (+4,9%)-, seguidas de las partidas para desempleo (9,6%) y otras prestaciones económicas (4,2%). Las cantidades asignadas a la rúbrica Servicios Sociales y Protección Social suponen tan sólo el 1 % del gasto total.

3 Fuente: Presupuesto Generales del Estado (2013). Libro Amarillo. Pg.99

4 Profundizando en el análisis de la política de Servicios Sociales y Promoción Social podemos observar que su dotación para el ejercicio 2013 asciende a 2.848,49 millones de euros. Aunque en términos relativos no presenta una importancia significativa, pues tan sólo supone el 1 % del gasto total, sí que destaca, a priori, el dato que muestra que esta cuantía supone un incremento del 34,4 por ciento respecto a No obstante, es necesario aclarar que este aumento es algo ficticio, puesto que se dotan millones de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores, y ello implica que en términos homogéneos la política presenta una disminución real de un 14,4 %. En definitiva, la política de servicios sociales y promoción social continúa siendo de las más afectadas por las restricciones presupuestarias que implica la crisis económica. La política de Servicios Sociales y Promoción Social está configurada en torno a dos grandes áreas de actuación: Acción Social y Promoción Social. No obstante, la mayor parte de la dotación presupuestaria se destina a Acción Social, que alcanza un importe de 2.747,39 millones de euros. Con esta dotación se desarrollan medidas tendentes a proteger las carencias que presentan diversos colectivos, ya sean físicas, psíquicas o sociales. En este apartado se encuentran los créditos destinados al Sistema de Ayuda a la Dependencia, servicios sociales de la tercera edad y discapacitados, emigrantes, extranjería e inmigración, y a infancia y familia. Con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se puso en marcha el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), con el fin de promover la autonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en

5 situación de dependencia en todo el territorio nacional con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, garantizando la igualdad de trato a todos los ciudadanos dependientes, con independencia de su lugar de residencia. Durante los ejercicios anteriores la actuación presupuestaria de la AGE se encargó de ir configurando la parte estatal del desarrollo financiero previsto para esta Ley. En una primera fase inicial destacó la primera incorporación al Sistema de Atención a la Dependencia del colectivo de dependientes valorados con Grado III niveles 1 y 2 de protección, estableciendo las cuantías de las prestaciones económicas y la determinación del nivel mínimo garantizado por el Estado para dicho colectivo. Otros hitos importantes fueron la incorporación en 2008 al Sistema del colectivo valorado como Grado II nivel 2 de protección y la consignación en 2009 de los créditos necesarios para incorporar al Sistema los beneficiarios valorados con Grado II nivel 1 de protección. Sin embargo, a partir de 2010, la entrada plena de los efectos de la crisis económica ha implicado un nuevo contexto de fuerte restricción presupuestaria que ha requerido la adopción, por parte del Gobierno, de medidas urgentes de carácter económico que se traduzcan en ahorros inmediatos en el gasto de las administraciones públicas. Este nuevo contexto ha chocado abiertamente con las necesidades de recursos para garantizar la sostenibilidad económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este sentido, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, estableció, entre otras, una reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y, a su vez, una minoración de las cuantías correspondientes al Nivel Mínimo de protección garantizado; la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales o la demora -hasta julio de de la incorporación al Sistema de Dependencia de nuevos dependientes moderados.

6 Bajo estas condiciones, el importe destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el presupuesto 2013 alcanza la cifra de 2.205,76 millones de euros. Las partidas más significativas son las destinadas a la cobertura del Nivel Mínimo Garantizado, con una dotación de 1.087,18 millones de euros y a la financiación de las obligaciones pendientes de pago de cuotas a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales cuya cuantía asciende a millones de euros. Además, dentro del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se dota un Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del SAAD con 5 millones de euros, al objeto de prestar apoyo financiero a las empresas que se encarguen de la promoción y el desarrollo de infraestructuras y servicios de este Sistema. La atención al colectivo de personas con discapacidad constituye una de las prioridades de los poderes públicos, con el fin de garantizar una política de atención integral a las mismas y a las familias cuidadoras. En el ejercicio 2013, además de las actuaciones presupuestarias ligadas al Sistema de Atención a la Dependencia, destacan de forma significativa la consignación de 31,46 millones de euros para el pago de las pensiones derivadas de la Ley de Integración Social de Minusválidos y la previsión de 68,78 millones de euros para el programa de Prestaciones económicas, recuperadoras y de accesibilidad universal para personas con discapacidad. Otra actuación tradicional dentro de la política de Acción Social de la AGE es el programa de Envejecimiento Activo y Prevención de la dependencia, dotado con 114,78 millones de euros, que desarrolla el IMSERSO con actuaciones de promoción de condiciones de vida saludable, acceso a la cultura, vacaciones y termalismo social, teleasistencia domiciliaria, etc. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles se configuran como un mecanismo de protección que garantiza, en términos de derecho subjetivo, un mínimo de subsistencia para los españoles de

7 origen residentes en el extranjero, que emigraron de nuestro país y que, habiendo alcanzado la edad de jubilación, carecen de recursos. La base de cálculo para cada país de residencia tiene en cuenta: la renta per capita, el salario mínimo interprofesional, el salario medio de un trabajador por cuenta ajena y la pensión mínima de Seguridad Social. Por otra parte, la Ley 3/2005, de 18 de marzo, reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. La finalidad de las prestaciones es compensar las carencias de los españoles que fueron desplazados en su infancia al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil. Además, la Ley prevé el establecimiento de mecanismos que permitan la cobertura de la asistencia sanitaria, cuando en el país de residencia se carece de ella o su contenido y alcance resultan insuficientes. Para el ejercicio 2013, estas prestaciones, en su conjunto, cuentan con una dotación de 76,70 millones de euros, una cuantía algo menor que en ejercicios precedentes. En relación con la integración de inmigrantes, existe una serie de programas destinados a canalizar las acciones para facilitar la integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas a otros regímenes de protección temporal y subsidiaria, así como el desarrollo de acciones coordinadas en materia de canalización de flujos y cooperación con los países emisores. La cuantía prevista para este conjunto de programas en 2013 es de 62,41 millones de euros. Dentro de estos programas destacan el Programas de acogida de menores inmigrantes en Ceuta y Melilla, los créditos para el Fondo de acogida e integración de inmigrantes; las subvenciones a CRE, CEAR y ACCEM, para programas de

8 acogida temporal, servicios de información y contratación, traducción, asesoramiento jurídico, integración social y laboral y programas de retorno voluntario o el programa de Coordinación en materia de extranjería e inmigración, destinados al desarrollo y promoción de acciones coordinadas y homogéneas en materia de canalización de flujos, integración social de los inmigrantes y cooperación con los países emisores de emigrantes. La segunda gran área de actuaciones de la política de Servicios Sociales y Promoción Social son los programas de Promoción Social, con una dotación en 2013 que se eleva a 69,69 millones de euros. Dentro de esta área, se contemplan los programas de promoción y servicios dirigidos a la juventud y a la mujer destacando, especialmente, las acciones destinadas a lograr la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y las actuaciones de protección integral de violencia de género. Los créditos del programa Promoción y Servicios a la Juventud atienden las demandas, inquietudes y problemas más importantes que afectan a los jóvenes, favoreciendo las condiciones que posibiliten su autonomía personal, promoviendo su incorporación a la vida activa y los valores de solidaridad, respeto mutuo, sentido de la responsabilidad y espíritu emprendedor, así como el desarrollo de la igualdad de oportunidades y de la prevención de situaciones de riesgo. El programa Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres incluye una serie de actuaciones como son: el estudio y mejora de la situación social de las mujeres; la introducción del principio de igualdad de oportunidades en las actividades de las instituciones públicas y privadas, así como en todas las actuaciones que se realizan en el marco de la cooperación internacional; el impulso de los servicios sociales y de información para las mujeres y apoyo al movimiento asociativo.

9 El programa Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género comprende una serie de medidas encaminadas a combatir la violencia que sufren las mujeres. En este ámbito de protección de la violencia de género, se financian, en colaboración con las Comunidades Autónomas, programas de reeducación de maltratadores, para un fondo de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y programas de atención a mujeres víctimas de trato con fines a la explotación sexual y laboral.