TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉPTIMA SENTENCIA Nº

Transcripción

1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉPTIMA RECURSO Nº 2139/03 SENTENCIA Nº En la Villa de Madrid, a Veinte de julio del año dos mil cinco. VISTO el recurso contencioso-administrativo número 2139/03, seguido ante la Sección Séptima de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, promovido por la Procuradora de los Tribunales, Dª. MARTA DOLORES MARTINES TRIPLANA, en nombre y representación de D. XXXXXX, de Ecuador, defendido por el Letrado, D. JOSE LUIS PEREZ SAIZ. Contra la resolución desestimatoria presunta por haber transcurrido mas de tres meses desde la presentación de su escrito de fecha 5 de junio del año 2003 en virtud del cual solicitó el archivo del expediente de expulsión al haber caducado el mismo por haber transcurrido mas de seis meses desde su incoación en fecha 2 de diciembre de Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada y defendida por el ABOGADO DEL ESTADO.

2 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto el recurso, se reclamó el Expediente a la Administración y siguiendo los tramites legales, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y termino suplicando que se dictara Sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto. SEGUNDO.- El Abogado del Estado, en representación de la Administración demandada, se allanó a la demanda. TERCERO.- Terminada la tramitación se señaló para la votación y fallo del recurso, la audiencia del día diecinueve del mes y año en curso, fecha en la que ha tenido lugar. Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª María del Camino Vázquez Castellanos, quien expresa el parecer de la Sección. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contenciosoadministrativo la resolución desestimatoria presunta por haber transcurrido mas de tres meses desde la presentación de su escrito de fecha 5 de junio del año 2003 en virtud del cual solicitó el archivo del expediente de expulsión al haber caducado el mismo por haber transcurrido mas de seis meses desde su incoación en fecha 2 de diciembre de Frente a la citada resolución se alza la parte recurrente en esta instancia jurisdiccional solicitando que se declare la caducidad del expediente de expulsión con archivo del mismo. En apoyo de su pretensión alega los argumentos que estimó de aplicación y que constan en su escrito de demanda, y, en esencia, que el acto administrativo es nulo porque se ha producido la caducidad del expediente al no haber recaído dentro del plazo de seis meses resolución expresa de expulsión. El Abogado del Estado, por su parte, se allanó a la demanda.

3 SEGUNDO.- A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil en el que al hallarse inspirado en el principio dispositivo y de rogación de las partes litigantes, el allanamiento del demandado obliga al Tribunal a dictar Sentencia de conformidad con las pretensiones deducidas por la parte actora en su correspondiente demanda, en el proceso contencioso-administrativo cuando es la Administración la que, por medio de su representante, se allana, es preciso examinar, por imperativo de lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, si concurren los requisitos a que los mismos aluden y que, con referencia al aspecto formal, exigen que se presente testimonios del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos, y, en cuanto al fondo, que el allanamiento se halle ajustado al Ordenamiento Jurídico. En el supuesto que analizamos la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo obliga a la Sala dictar Sentencia de conformidad con las pretensiones esgrimidas en la demanda, sin que se advierta que el allanamiento suponga infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico, ni que la Sentencia deba ser de otro signo, pase a ser demandada una Administración Pública, puesto que, en esencia, la posición procesal adoptada por la misma, de reconocimiento dela procedencia dela solicitud efectuada por el actor, no hace sino poner de relieve lo ajustado a derecho de la misma y frente a la irregularidad en que, desde un punto de vista jurídico, incurre la actuación sometida a la consideración de la Sala. En este sentido debemos tener en cuenta que la recurrente alega que se ha producido la caducidad el expediente administrativo de expulsión al haber transcurrido mas de seis meses desde la iniciación del mismo sin que haya recaído resolución de expulsión, y como hemos expuesto consta que se notificó al interesado en acuerdo de incoación del expediente de expulsión y, no consta, sin embargo, que se haya dictado resolución alguna de expulsión y tampoco consta que la Administración haya dictado resolución alguna dando respuesta al escrito presentado por el actor en fecha solicitando el archivo del expediente de expulsión por caducidad. Debemos decir que la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre (modificada por Ley 4/1.999, de 13 de enero) además de regular la caducidad por causa imputada al administrado en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a la que se refiere su artículo 92, se prevé la caducidad por la inactividad o tardanza injustificada por parte de la Administración actuante. En concreto, su artículo 44.2,estable que: En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las

4 actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92. A su vez, el artículo 42.2 de dicha Ley 30/1.992 establece que: El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en a normativa comunitaria europea. Según dispone el párrafo 3 de este mismo artículo, en los procedimientos iniciados de oficio este plazo se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación. En el mismo sentido el artículo 98 del Real Decreto 864/2.001 establece: el plazo máximo en que debe dictarse y notificarse, la resolución que resuelva el procedimiento será de seis meses desde que se acordó la iniciación del mismo, y que continua transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la expresada resolución, se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictarla resolución, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o en aquellos supuestos en que se hubiese acordado la suspensión del mismo. En el caso aplicando aquellas concretas previsiones normativas debemos estimar que se ha producido la caducidad alegada pues la Administración en comunicación de fecha 28 de enero de 2003, incorporada a las actuaciones, afirma que al interesado le fue incoado expediente administrativo de expulsión en fecha 2 de diciembre de 2002, sin continuación del mismo. Por lo tanto, entre la fecha de inicio del expediente administrativo de expulsión, 2 de diciembre de 2002, y la fecha del escrito presentado el día 5 de junio del año 2003, había transcurrido un plazo superior a los seis meses, por lo que, en consecuencia, procese estimar el presente recurso contencioso-administrativo al concurrir la caducidad alegada. TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 dela Ley 29/98, dela Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede realizar pronunciamiento alguno en cuanto a la imposición de las costas procesales. Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación. Por la potestad que nos confiere la constitución Española; FALLAMOS Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo número 2139/03, promovido por la Procuradora delos Tribunales, Dª MARTA

5 DOLORES MARTINES TRIPLANA, en nombre y representación de XXXXXX, contra la resolución desestimatoria presunta por haber transcurrido mas de tres meses desde la presentación de su escrito de fecha 5 de julio del año 2003 en virtud del cual solicitó el archivo del expediente de expulsión al haber caducado el mismo por haber trascurrido mas de seis meses desde su incoación en fecha 2 de diciembre de 2.002, la cual, por no encontrarla ajustada a Derecho, anulamos, y, todo ello, sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas.