MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE ORDEN INT/---- /2015 SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO DOCUMENTAL E

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1 MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE ORDEN INT/---- /2015 SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO DOCUMENTAL E INFORMACIÓN POR LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.

2 MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE ORDEN INT/ /2015, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO DOCUMENTAL E INFORMACIÓN POR LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. 1. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO. 2. JUSTIFICACION DE LA MEMORIA ABREVIADA. 3. BASE JURIDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO. 4. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN. 5. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 6. LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. 7. IMPACTO PRESUPUESTARIO. 8. IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO. 2

3 1.- FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO. Ministerio/Órgano proponente Del Interior. Fecha 2 de septiembre de 2014 Título de la norma Orden sobre unificación en un solo trámite de las obligaciones de registro documental e información por los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Tipo de Memoria Normal Abreviada X OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA Situación que se regula Objetivos que se Persiguen Principales alternativas consideradas La comunicación telemática de los datos de compraventa de vehículos destinados al desguace. Reducir la burocracia y facilitar la comunicación de los datos que los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil, deben efectuar al Ministerio del Interior, evitando duplicidades en la comunicación de los datos. No se planteó otra alternativa por ser un requerimiento normativo CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO Tipo de norma Orden del Ministerio del Interior Estructura de la Norma Informes recabados * Parte expositiva * Parte dispositiva: Artículo 1 a 5. * Parte final: Disposiciones derogatoria única y dos finales. Propuesta inicial de la Asociación Española para el Tratamiento Ambiental de Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO), de unificar los procedimientos para la baja de vehículos que adquieren para desguace a la Dirección general de Tráfico y a las Comisarías de Policía y Puestos de la Guardia Civil. Informado por: Direcciones Generales de la Policía, Guardia Civil y Tráfico. Secretarias Generales Técnicas de los Ministerios: -De Agricultura Pesca y Alimentación. -Hacienda y Administraciones Públicas. -Interior. 3

4 Agencia Española de Protección de Datos. Gabinete de Coordinacion y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) Trámite de audiencia La Asociación Española para el Tratamiento Ambiental de Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO) ha efectuado observaciones al contenido del Proyecto. ANÁLISIS DE IMPACTOS Adecuación al orden de competencias Impacto económico y presupuestario Cuál es el título competencial prevalente? Competencia exclusiva del Estado acorde con el art de la Constitución y Disposición Final primera de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana. Efectos sobre la economía en general En relación con la competencia No tiene incremento del gasto en la Administración General del Estado. Tiene efectos económicos positivos para la Comunidad Autónoma de Aragón X La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. Desde el punto de vista de las cargas administrativas La norma tiene efectos negativos sobre la competencia. Supone una reducción de cargas administrativas Cuantificación estimada: Incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación estimada: Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma X No afecta a las cargas administrativas. Afecta a los presupuestos de la Implica un gasto: 4

5 Administración del Estado. Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales Implica un ingreso: Impacto de género La norma tiene un impacto de género Negativo Nulo X Positivo Otros impactos considerados Otras consideraciones 5

6 2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA Se trata de una propuesta normativa, con el rango de Orden del Ministerio del Interior, sobre aspectos ya regulados igualmente por Órdenes Ministeriales para adecuarlas y adaptarlas a lo exigido en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, a los centros autorizados para la descontaminación de los vehículos al final de su vida útil (CATS), en cuanto a los vehículos que adquieran y que estén comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto. Se pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones de registro documental y trasmisión de información que los referidos centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, deben efectuar a la Dirección General de Tráfico y a las Comisarías de Policía o Puestos de la Guardia Civil y garantizar el derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, que se reconoce a los ciudadanos en el artículo 6.2 de La Ley 11/2007, de 22 junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Se estima que de la misma no se derivan impactos apreciables en ningún ámbito, razón por la cual, y a tenor de los dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, se elabora una Memoria en versión abreviada. La razón esencial del reducido impacto que genera esta norma es su restringido ámbito de aplicación, ya que sus destinatarios son únicamente los centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Además no supone un incremento de sus obligaciones con las administraciones, sino que facilita el cumplimiento de las ya existentes, evitando duplicidades en las comunicaciones de los datos relativos a las bajas de los vehículos por un lado a la Dirección General de Tráfico y por otro la presentación de los partes, con los datos de las compras de tales 6

7 vehículos, a las dependencias policiales. Se posibilita que con la comunicación por medios telemáticos que dichos centros efectúan a la Dirección General de Tráfico, ésta pueda facilitar los datos de los actuales partes de vehículos, a los destinatarios de dichos partes evitando su presentación físicamente en las Comisarías y Puestos de la Guardia Civil. 3. BASE JURIDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO. Ley Orgánica 1/1992, de 21 febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en el artículo 12.1, determina que las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como son las de desguace de vehículos de motor, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente. Ley Orgánica 4/2015, de 30 marzo, de protección de la seguridad ciudadana, vigente desde el 1 de julio de 2015, en su Disposición Derogatoria única deroga la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana así como cuantas disposiciones de igual e inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la misma. El artículo 25.1 de la nueva Ley se pronuncia en esta materia, de forma muy similar, cuando señala: Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a 7

8 particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. En el Real Decreto 731 /1982, de 17 de marzo, sobre control de los establecimientos dedicados al desguace de vehículos de motor, y en la Orden del Ministerio del Interior de 7 de Septiembre de 1982, por la que se dictan normas para su ejecución, se establece para los titulares de dichos establecimientos, la obligación de llevar un libro-registro con determinados datos de los vehículos que adquieran y de las personas que los vendan, y de presentar los partes de compra-venta en las Comisarías de Policía o Puestos de la Guardia Civil, dentro del plazo de setenta y dos horas desde que se realizó la operación. En la Orden del Ministerio del Interior, de 2 de Noviembre de 1989, por la que se regulan las modalidades de elaboración de libros-registro y otros documentos de control, obligatorios para determinados establecimientos, se determinan las características y formato de los referidos partes y libro-registro y establece la posibilidad de que los asientos o anotaciones se realicen por procedimientos informáticos u otros idóneos. El Real Decreto 1383/2002, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, establece medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de los vehículos, en el artículo 4 1 determina: Todos los vehículos deberán descontaminarse al final de su vida útil, antes de ser sometidos a cualquier otro tratamiento. A tal efecto, el titular de un vehículo que vaya a desprenderse del mismo queda obligado a entregarlo a un centro de tratamiento. Y el artículo 5 establece que el certificado de destrucción emitido por centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, justificará la baja en circulación del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. La Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil y establece un procedimiento telemático para que los centros autorizados de tratamiento transmitan a la Dirección 8

9 General de Tráfico diversos datos necesarios para la tramitación de la baja, sin perjuicio de la obligación de conservación de la documentación correspondiente. La promulgación del antes mencionado Real Decreto 1338/20002, de 20 de diciembre y la Orden INT624/2008 de 26 de febrero, aunque sin mencionarlo específicamente incidió en el ámbito del Real Decreto 731/1982, de 17 de marzo, sobre control de los establecimientos de desguace, al modificar el sistema de las bajas en las Jefaturas de Tráfico, que aparecen en el artículo tercero, por el que se lleva ahora a cabo por los centros autorizados para la descontaminación de los vehículos al final de su vida útil. La Ley 11/2007, de 22 junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el Artículo Cuando se refiere a los derechos de los ciudadanos en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, incluye como derecho en el apartado b): A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. El cumplimiento de las obligaciones previstas en los mencionados Reales Decretos 731/1982, y 1383/2002, sobre comunicación de datos de la compraventa de los vehículos objeto de desguace a las Comisaria de Policía o Puestos de la Guardia Civil, y de los datos requeridos para las bajas de los mismos vehículos a la Dirección General de Tráfico, acorde con el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 junio, debería conjugarse en un solo procedimiento mediante una comunicación telemática a la 9

10 Dirección General de Tráfico y la posibilidad de acceso a los datos de la compraventa por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de las funciones de control previstas en la citada Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo y Real Decreto 731/1982, de 17 de marzo. 4. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN. El proyecto consta de una parte expositiva, una parte dispositiva conformada por cinco artículos y una parte final constituida una disposición derogatoria única y dos finales. La parte expositiva describe los antecedentes así como los motivos que han aconsejado la elaboración de un documento de este tipo, haciendo referencia a la habilitación legal y los efectos que se derivaran de su promulgación. El contenido de los cinco artículos de la parte dispositiva es: El artículo 1 determina que el objeto de la disposición, unificar en un solo trámite, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa reguladora de la seguridad ciudadana y las establecidas en la legislación reguladora de tráfico y circulación de los vehículos de motor. El artículo 2 determina que el ámbito de aplicación son los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Los artículos 3 y 4 indican el modo de cumplimentar el libro registro y comunicar los datos de la compraventa del vehículo objeto de desguace. 10

11 El artículo 5 regula las facultades de acceso a los datos y documentación de la compraventa del vehículo. En la parte final, la disposición final primera determina las facultades de desarrollo y ejecución y la disposición final segunda el plazo de entrada en vigor. Por el ámbito y objeto de la norma, aunque no se requiere el trámite de audiencia previsto en el Artículo 24.1.c de la Ley 50/1997, de 27 noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, SIGRAUTO, asociación Española para el tratamiento medioambiental de los vehículos fuera de uso ha tenido conocimiento del borrador y ha efectuado las observaciones oportunas.- 5. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (Sigrauto), desde el año 2004, en diversas ocasiones ha venido solicitando al Ministerio del Interior la derogación del Real Decreto 731/1982, de 17 de marzo, sobre control de los establecimientos dedicados al desguace de vehículos de motor, y la Orden del Ministerio del Interior de 2 de Noviembre de 1989, que regula las características y formato de los libro-registro y documentos obligatorios para dichos establecimientos, teniendo en cuenta que los nuevos procedimientos para la baja definitiva de vehículos ante la Dirección General de Tráfico, podrían permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad otros mecanismos de control sin necesidad de que las empresas del sector tengan que duplicar la documentación y su tramitación. Como alternativa a dicha petición se planteó una modificación normativa, para adecuar la trasmisión de la información a la Dirección General de Tráfico a los requerimientos exigibles para un debido control de la seguridad ciudadana. Para ello 11

12 se celebraron reuniones con representantes de las Direcciones Generales de la Policía, Guardia Civil y Tráfico, que culminaron con un borrador de orden, que pretende sustituir la obligación de los centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, de llevar físicamente un libro-registro con determinados datos de los vehículos que adquieran y de las personas que los vendan, y de presentar los partes de compra-venta con los datos del libro registro en las Comisarías de Policía o Puestos de la Guardia Civil, por el procedimiento que ya vienen utilizando para la comunicación telemática de los datos necesarios para la tramitación de bajas de los vehículos a la Dirección General de Tráfico, adecuándolo para que se pueda compartir la información con las Comisarías de Policía y Puestos de la Guardia Civil. Con ello además de evitar duplicidades en el cumplimento de sus obligaciones de comunicación, mejora las labores de control policial, y resulta también necesario para facilitar la relación del ciudadano con la administración, de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 6. LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. Este proyecto no incide en la vigencia de otras normas. La presentación de los partes de compraventa de vehículos destinados a desguace, a que se refieren las Ordenes del Ministerio del Interior de 7 de septiembre de 1982 y 2 de noviembre de 1989, continua vigente en lo que respecto a los vehículos excluidos de la tramitación telemática obligatoria, por el Real Decreto Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre. 12

13 7. IMPACTO PRESUPUESTARIO. La propuesta normativa, no supone incremento de gasto público alguno desde el ámbito de las competencias del Ministerio del Interior, toda vez que será cubierto con los medios y a cargo a los presupuestos que están asignados actualmente a las Direcciones Generales de Tráfico, Policía y Guardia Civil por los Presupuestos Generales del Estado. 8. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. Teniendo en cuenta, el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, las actuaciones que contiene el Proyecto de Orden, se establecen con carácter general, sin razón de género. Por todo ello, esta norma carece de impacto por razón de género. 13