PROYECTO DE LEY PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES. Malik Mograby Abogado

Transcripción

1 PROYECTO DE LEY PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES. Malik Mograby Abogado

2 Principio En que consiste el principio de probidad? Consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular.

3 Conflicto de intereses Cuándo existe conflicto de intereses? Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propia del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.

4 Todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en el Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad.

5 La inobservancia del principio de probidad acarreará las responsabilidades y sanciones que determine la Constitución o las leyes, según corresponda.

6 Qué regula el proyecto de ley? Declaración de intereses y patrimonio Delegar a terceros la administración de ciertos bienes Enajenar determinados bienes.

7 Primera parte

8 Todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga. Es decir no solamente las autoridades y personal de planta y a contrata, sino también las personas contratadas a honorarios.

9 Sobre la aplicación en la administración comunal El artículo 4 cita los sujetos obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio, entre de los cuales se encuentran: Los alcaldes Los concejales

10 También se encuentran obligadas presentar tales declaraciones: Directores y secretarios ejecutivos de fundaciones, corporaciones o asociaciones municipales. Autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado y que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente.

11 También se encuentran obligadas presentar tales declaraciones: Las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionarios que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

12 Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción del cargo Actualizarla anualmente, durante el mes de marzo Dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones

13 Contraloría General de la República

14 Declaración será pública La declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y datos personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio, y revestirá, para todos los efectos legales, la calidad de declaración jurada.

15 Declaración será pública Tratándose de las los alcaldes y concejales, esta declaración y sus actualizaciones se publicarán en el sitio electrónico institucional, debiendo mantenerse en dicho sitio mientras el declarante se desempeñe en el cargo y hasta 6 meses después del cese de sus funciones.

16 De los demás sujetos Respecto de las declaraciones de los demás sujetos, serán plenamente aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.

17 De las responsabilidades y sanciones por infracciones al deber de efectuar la declaración de intereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado

18 Responsabilidad del jefe superior del servicio. Tendrá el deber de verificar que todos los sujetos obligados bajo su dependencia efectúen oportunamente la declaración de intereses y patrimonio y sus respectivas actualizaciones. Deberá remitir a la CGR, las declaraciones de patrimonio e intereses efectuadas por declarantes de su servicios e informarle de las infracciones a la obligación de realizar dichas declaraciones, dentro de los 30 días posteriores a aquel en que tome conocimiento de aquellas.

19 Sanciones Si la persona obligada a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio no la realiza dentro del plazo dispuesto para ello o la efectúa de manera incompleta o inexacta, será objeto de sanción pecuniaria en beneficio fiscal. La multa será de 5 a 50 UTM. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo desde la notificación de sanción.

20 Destitución o cese de funciones Si el incumplimiento se mantuvo por un período superior los 4 meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo.

21 No hay extinción de responsabilidad El cese en funciones del sujeto obligado no extingue la responsabilidad a que haya lugar por infracción a las obligaciones, la que podrá hacerse efectiva dentro de los 4 años siguientes al incumplimiento. Responsabilidad penal.

22 Alcaldes Consejeros regionales Concejales Corresponde a la CGR sancionar Jefes de servicios

23 Reclamo Las sanciones pecuniarias serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 5 día de notificada la resolución. La interposición de la reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.

24 Dato interesante Los miembros de la Directiva Central de los Partidos Políticos deberán efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, la cual deberá ser entregada al SERVEL para su custodia. Corresponde a SERVEL aplicar la sanción.

25 Qué actividades y bienes debe singularizar el declarante? 1) Actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe el declarante, incluidas las realizadas en los 12 meses a la fecha de asunción del cargo. 2) Bienes inmuebles situados en el país o en el extranjero. Respecto de los ubicados en Chile, deberán indicarse su avalúo fiscal y fecha de adquisición, las prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, etc. Respecto de los inmuebles ubicados en el extranjero, deberá indicar el valor corriente en plaza de los mismos. 3) Derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones de que sea titular el declarante.

26 Qué actividades y bienes debe singularizar el declarante? 4) Bienes inmuebles registrables, tales como vehículos motorizados, indicando su inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados y avalúo fiscal, y las naves y aeronaves, con su tasación, matricula, etc. 5) Toda clase de derechos o acciones, de cualquier naturaleza, que tenga el declarante en comunidades, sociedades o empresas, constituidas en Chile, como también en el extranjero. Cuando los derechos o acciones de que sea titular el declarante le permitan ser controlador de una sociedad, o influir decisivamente en la administración o en la gestión de ella, también deberán incluirse los bienes inmuebles, derechos, concesiones y valores.

27 Qué actividades y bienes debe singularizar el declarante? 6) Valores, distintos de aquellos referidos anteriormente, que tenga la autoridad o el funcionarios declarante, sea que se transen o no en la bolsa, tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo aquellos emitidos o garantizados por el Estado, por la instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de chile, con indicación de su fecha de adquisición y de su valor corriente en plaza.

28 Qué actividades y bienes debe singularizar el declarante? 7) Contratos de mandato especial de administración de cartera de valores con indicación con varios antecedentes, entre de los cuales la individualización de la persona jurídica mandataria; fecha de celebración de él o los contratos; notaría pública o consulado de Chile; indicando el valor comercial global de la cartera de activos entregada en administración a la fecha de la declaración. 8) La enunciación del pasivo, siempre que en su conjunto ascienda a un monto superior a 100 UTM

29 La declaración deberá incluir asimismo el nombre completo del declarante y de su cónyuge o conviviente civil. En caso de alcalde y concejales, deberá incluirse el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad.

30 La declaración de intereses y patrimonio deberá comprender los bienes de su cónyuge siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal y los del conviviente civil del declarante, siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes.

31 A modo voluntario Los sujetos obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio podrán declarar, voluntariamente, toda otra posible fuente de conflictos de intereses, distinta a la que establece la ley. Lo mismo cuando se trata de otro régimen conyugal.

32 Segunda parte

33 Situación de los candidatos Los candidatos a Presidente de la República, diputados o senadores, consejeros regionales y podrán de forma voluntaria someterse a las normas del mandato especial al momento de inscribirse la correspondiente candidatura en el SERVEL.

34 Mandato Es un contrato solemne en virtud del cual una autoridad, en la forma y en los casos señalados en la ley, encarga a una o más personas autorizadas la liquidación de valores que integren su patrimonio, la inversión del producto de liquidación en un portafolio de activos y la administración de éstos.

35 Algunos datos sobre el mandato La celebración del mandato especial no constituye enajenación de los bienes objeto del mismo para efectos tributarios. El mandatario deberá invertir el producto de la liquidación en un portafolio de activos los suficientemente amplio como para evitar que las actividades de la autoridad obligada puedan incidir directamente en éstos.

36 Cuáles son las autoridades obligadas? Presidente de la República Los diputados y senadores Los gobernadores Los ministros de Estado CGR Los consejeros regionales Los subsecretarios Los Intendentes Los alcaldes

37 Cuáles son las autoridades obligadas? También los jefes de las entidades fiscalizadoras

38 Cuándo? Sean titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debenturas y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, y cuyo valor total supere a las UF.

39 Que deben hacer estas autoridades? Deberán optar por una de las siguientes alternativas respecto tales acciones y valores: a) Constituir un mandato especial conforme a las normas del titulo respectivo. b) Vender las acciones y valores, al menos, en lo que exceda a dicho monto.

40 OJO El producto de la enajenación efectuada no podrá destinarse a la adquisición de los valores ya referidos.

41 Quiénes pueden desempeñarse como mandatario? Sólo las personas jurídicas que en encuentran inscritas previamente en los registros: 1) Las corredoras de bolsa, los agentes de valores, las administradores generales de fondos, las administradores de fondos mutuos y las administradoras de fondos de inversión, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

42 Quiénes pueden desempeñarse como mandatario? Sólo las personas jurídicas que en encuentran inscritas previamente en los registros: 2) Las empresas bancarias autorizadas para operar en Chile. 3) Las entidades autorizadas para administrar activos de terceros, constituidas en el extranjero.

43 Algunas prohibiciones para los mandatarios I. Divulgar cualquier información que pueda llevar al público en general o al mandante a conocer el estado de las inversiones de este último. II. No podrá delegar el encargo. Pero puede encomendar la gestión de negocios específicos a terceros personas que designe, bajo su exclusiva responsabilidad.

44 DAR CUENTA El mandatario deberá proporcionar anualmente al mandante y a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, una cuenta escrita fundada, que tendrá el carácter de reservada, acerca de la situación general del patrimonio administrado, acompañando de un estado general de ganancias y pérdidas.

45 Tercera parte

46 La iniciativa cita que autoridades deberán enajenar, o renunciar a su participación en la propiedad sobre los bienes.

47 Las autoridades son El Presidente de la República, los diputados, los senadores y el Contralor General de la República, respecto de su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier titulo, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las concesiones de radiodifusión televisivas de libre recepción y de radiodifusión sonora.

48 Las autoridades son Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los consejeros regionales, los superintendentes, los intendentes de dichas Superintendencias y los jefes de servicios, respecto su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios del Estado o sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier titulo, concesiones otorgadas por el Estado, cuando éstas o aquéllas se encuentren vinculadas expresa y directamente con el ámbito de su competencia o bien sujetas, de acuerdo a la ley, a su fiscalización, y en la concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión sonora.

49 Sobre el plazo La enajenación o renuncia deberá ser efectuada por la autoridad dentro del plazo de 120 días corridos contados desde la fecha de su nombramiento o desde que legalmente le corresponda asumir en el cargo, o bien, dentro de los 120 días corridos siguientes a la fecha en que la autoridad o la empresa en que participe pase a tener alguna de dichas calidades.

50 Sanción Multa en beneficio fiscal de UTM También será considerada como una falta al principio de probidad administrativa. Corresponderá al Contralor General de la República ordenar la instrucción de los sumarios administrativos que procedan.

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