CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, a 27 de diciembre de Las 11H VISTOS: I.- JURISDICCIÓN Conocemos la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura, Resoluciones Nos y de 27 de junio de 2012 y 22 de julio de 2013, respectivamente, dictadas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Oficios Nos SG-CNJ-IJ y 2399-SG-CNJ-IJ de 23 de diciembre de 2013 expedidos por el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y del sorteo que consta en el proceso. II.- ANTECEDENTES El Dr. Paúl Rengel Maldonado, ofreciendo poder o ratificación del Director General del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2011, por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de impugnación No , que acepta la demanda planteada por el señor Jorge Elizagaray, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A., reconociendo el valor consignado en el Banco Central en la cuenta No. 1

2 16927 del Tribunal Fiscal, en concepto de Impuesto a la Renta por retenciones en la fuente correspondiente al mes de noviembre de 1995; por lo tanto dispone que la Autoridad competente realice el cálculo legal para determinar el verdadero monto al que asciende el mencionado impuesto, de haberlo, más intereses y recargo, en cuyo caso, de existir diferencias que satisfacer, se emitirá el pertinente título de crédito y demás medidas para exigir el total cumplimiento de las obligaciones que estén o pudieran estar pendientes El recurrente fundamenta el recurso en las causales primera y cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, que consta a fojas vuelta del proceso; considera que la sentencia ha infringido por falta de aplicación el art. 94 del Código Tributario (causal primera); se refiere a la causal tercera (entiéndase causal cuarta), por cuanto en la sentencia se dispone el ejercicio de la facultad determinadora, situación que está fuera la materia del litigio. En relación con la causal primera, el recurrente señala que en la parte resolutiva de la sentencia, la Cuarta Sala dispone que la autoridad competente realice el cálculo legal para determinar el verdadero monto al cual asciende el mencionado impuesto. Que sobre esta parte es necesario destacar que la Sala de instancia, inobservó lo dispuesto en el art. 94 del Código Tributario, que regula la caducidad de la facultad determinadora, que para la presente fecha ya habría operado; cita la norma que estima infringida y dice que se debe considerar la dificultad práctica que resulta para la Administración realizar el cálculo legal para determinar el verdadero monto, al cual ascienden las retenciones en la fuente correspondientes al mes de noviembre de 1995 de la empresa INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A., ya que el ejercicio de la facultad determinadora está caducado, tomando en cuenta que se trata de una obligación que tiene más de quince años de antigüedad. 2

3 Con relación a la causal cuarta, sostiene que el motivo de la litis no está relacionado con el ejercicio de la facultad determinadora por parte de la Administración Tributaria, en consecuencia dice que, la sentencia recurrida incurre también en esta causal por haberse resuelto asuntos que no fueron materia del litigio, al disponer que la Administración determine el monto de las retenciones de la empresa actora correspondientes al período antes referido, que no fue solicitado por ninguna de las partes y que infringe lo dispuesto en el segundo inciso del art. 273 del Código Tributario, por lo que solicita a esta Sala Especializada se pronuncie en relación a los puntos materia del presente recurso, que se case la sentencia y se expida la que en su lugar correspondiere por mérito de los hechos establecidos El 12 de diciembre de 2011, a las 11h58, es admitido a trámite el recurso y puesto en conocimiento de las partes la recepción del proceso para los fines previstos en el art. 13 de la Ley de Casación la compañía INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A., no lo ha contestado El Tribunal de instancia, en la sentencia recurrida, considera que de conformidad con el art. 306 (actual 209) del Código Tributario, el pago de los tributos puede hacerse por consignación, siempre que el recaudador tributario, por sí o por orden de la Autoridad Administrativa superior, se negare a recibir del contribuyente o responsable o de un tercero, el pago de todo o parte de una obligación tributaria, en los casos de los artículos 48 y 49 de este Código, podrá el interesado depositar ese valor en el Banco Central del Ecuador o en sus sucursales en cuenta especial a la orden del Tribunal Fiscal, para que se impute el pago de las obligaciones tributarias que señale el consignante ; que esta disposición establece una sola condición para que proceda la consignación, como es el hecho de que al momento de realizar el 3

4 pago de una obligación tributaria, surja la negativa del recaudador tributario, por sí o por orden de autoridad superior, a recibir del contribuyente, responsable o tercero, en todo o en parte, la obligación tributaria, tomando en cuenta que de acuerdo con el inciso segundo del art. 49 del Código Tributario, vigente a la época de la controversia, los sujetos activos de las respectivas obligaciones o sus agentes de recaudación no podrán negarse, en ningún caso, a recibir los pagos de tributos. La Sala juzgadora sostiene que no existe la negativa de la Administración a recibir el pago del impuesto a la renta por retenciones en la fuente generado en el mes de noviembre de 1995, lo que existe es la tardanza en atender o resolver el reclamo formulado por el compareciente ante el Director General de Rentas; que el Tribunal entiende que la empresa ha realizado el pago del impuesto en base al cálculo efectuado en una declaración que no ha sido aprobada ni registrada en ninguna Institución bancaria, que este impuesto debería ser cuantificado por la Administración Tributaria. III.- COMPETENCIA Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte, del Art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. IV.- VALIDEZ PROCESAL No se observa del proceso ninguna circunstancia que pueda afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar; por lo que, estando los autos para resolver, se considera. 4

5 V.- PLANTEAMIENTOS JURIDICOS DEL RECURSO El recurrente formula los siguientes cargos, en contra de la sentencia dictada por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito. Cargo 1: Sostiene que existe falta de aplicación del art. 94 del Código Tributario (causal primera) Cargo 2: Además alega que en la sentencia se resuelven asuntos que no fueron materia del litigio, al disponer que la Administración realice el cálculo para determinar el verdadero monto al cual asciende el impuesto a la renta por retenciones en la fuente correspondiente al mes de noviembre de 1995, que es una situación que no fue solicitada por ninguna de las partes (causal cuarta). VI.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala Sobre la causal primera alegada por el recurrente, hay que anotar que ésta se trata de una infracción sustancial al ordenamiento jurídico que se produce por el error in iudicando in jure, esto es, cuando a causa de no haberse entendido apropiadamente el sentido jurídico del caso sometido a decisión, se aplica a éste, una norma diferente a la que debió en realidad aplicarse. Existe falta de aplicación cuando se deja de aplicar normas que necesariamente debían ser consideradas para la decisión. 5

6 6.3.- Con base a esta causal, se argumenta una supuesta falta de aplicación del art. 94 del Código Tributario, respecto al tiempo que debe observarse para que opere la caducidad de la facultad determinadora de la Administración. Sobre el particular, esta Sala observa que en el caso que nos ocupa, lo que se discute y que fundamenta la Administración es que la Sala de instancia dispuso que la autoridad competente realice el cálculo legal para determinar el verdadero monto al cual asciende el impuesto a la renta por retenciones en la fuente correspondiente al mes de noviembre de No se discute entonces la caducidad de la facultad determinadora que, lógicamente, a la presente fecha ya habría operado; lo que la Administración observa es la dificultad práctica para realizar este cálculo, porque la facultad determinadora está caducada de conformidad con la norma citada, a lo que se suma el hecho de que el motivo de la litis no está relacionado con el ejercicio de esta facultad por parte de la Administración Tributaria. Como puede advertirse, no se produce la alegada falta de aplicación del art. 94 del Código Tributario, por cuanto la propia Administración reconoce que la controversia no versa sobre el ejercicio de la facultad determinadora, sino sobre la pretensión de que se acepte el pago por consignación efectuado por la empresa actora a la orden del Jefe de Recaudaciones de Contribuyentes Especiales de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas (hoy Servicio de Rentas Internas), y lo que se examina es si procedió o no el pago en consignación. En la sentencia de instancia, se acepta el pago por consignación y por lo tanto, no se observa que el Tribunal A- quo, haya dejado de aplicar la norma de derecho que el recurrente alega como infringida en el presente caso En relación con la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, en que el recurrente acusa que se ha infringido lo dispuesto en el segundo inciso del art. 273 del Código Tributario, esta Sala advierte que en la demanda la pretensión concreta de la empresa actora es realizar el pago por consignación 6

7 a la orden del Jefe de Recaudaciones de Contribuyentes Especiales, de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas (actual Servicio de Rentas Internas), a fin de cumplir con sus obligaciones relativas al pago de la declaración mensual por retenciones en la fuente del impuesto a la renta correspondiente al mes de noviembre de 1995, por S/ ,00, valor que ha sido depositado en la cuenta No del Banco Central del Ecuador a la orden del Tribunal Fiscal, según consta en el Certificado de Depósito Judicial No de 12 de diciembre de 1995 (fs. 10 de los autos). Por su parte, la pretensión de la Administración es que se niegue el pago por consignación, por no ser ese el camino que debió utilizar el contribuyente. Trabada de esta forma la litis, en la sentencia recurrida se acepta la demanda, reconociendo el valor consignado en el Banco Central, en la cuenta No del Tribunal Fiscal, pero además, se dispone que la Autoridad competente realice el cálculo legal para determinar el verdadero monto al que asciende el mencionado impuesto, de haberlo, más intereses y recargo, en cuyo caso, de existir diferencias que satisfacer, se emitirá el pertinente título de crédito y demás medidas para exigir el total cumplimiento de las obligaciones que estén o pudieran estar pendientes. Esta decisión, de resolver lo que no fuera materia del litigio, constituye lo que en la doctrina se denomina extra petita y es lo que se evidencia en el caso sub judice, siendo clara la transgresión del segundo inciso del art. 273 del Código Tributario, que establece: La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, aun supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre los puntos de derecho, o apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos. En consecuencia, la sentencia recurrida contiene el vicio de extra petita. 7

8 VII.- DECISIÓN En tal virtud, la decisión tomada por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, el 16 de noviembre de 2011, a las 11H31, dentro del juicio de impugnación No GR, que acepta la demanda presentada por el Gerente General de la Compañía INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S., reconociendo el valor consignado en el Banco Central en la cuenta No del Tribunal Fiscal, en concepto de Impuesto a la Renta por Retenciones en la Fuente correspondiente al mes de noviembre de 1995, incurre en el vicio alegado con sustento en la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación. Por las consideraciones expuestas, la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las Leyes de la República. VIII.- RESUELVE: CASAR la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en Quito, por haber infringido lo dispuesto en el segundo inciso del art. 273 del Código Tributario DEJAR SIN EFECTO la parte dispositiva de la sentencia recurrida que dice: por lo tanto, se dispone que la Autoridad competente realice el cálculo legal para determinar el verdadero monto al que asciende el mencionado impuesto, de haberlo, más intereses y recargo, en cuyo caso, de existir diferencias que satisfacer, se emitirá el pertinente título de crédito y demás medidas para exigir el total cumplimiento de las obligaciones que estén o pudieran estar pendientes. 8

9 8.3.- En lo demás, se estará a lo dispuesto en el fallo Notifíquese publíquese y devuélvase. f) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia JUEZA PRESIDENTA, Dr. Juan Montero Chávez CONJUEZ NACIONAL, Dr. José Luis Terán Suárez CONJUEZ NACIONAL, Dra. Carmen Elena Dávila Yépez SECRETARIA RELATORA ENCARGADA. 9