Roj: ATS 1236/ ECLI: ES:TS:2018:1236A

Transcripción

1 Roj: ATS 1236/ ECLI: ES:TS:2018:1236A Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 1 Fecha: 12/02/2018 Nº de Recurso: 1781/2017 Nº de Resolución: Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ Tipo de Resolución: Auto Resoluciones del caso: STSJ AND 15744/2016, ATS 1236/2018, STS 3744/2018 TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: PRIMERA A U T O Fecha del auto: 12/02/2018 Tipo de procedimiento: R. CASACION Número del procedimiento: 1781/2017 Materia: Submateria: Fallo/Acuerdo: Auto Admisión Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián Secretaría de Sala Destino: 004 Transcrito por: Cgr Nota: R. CASACION núm.: 1781/2017 Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: PRIMERA A U T O Excmos. Sres. y Excmas. Sras. 1

2 D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Jose Maria del Riego Valledor Dª. Ines Huerta Garicano En Madrid, a 12 de febrero de HECHOS PRIMERO.- Por Decreto de la Diputación Provincial de Málaga de 28 de diciembre de 2012 se desestimó el recurso de reposición formulado contra el decreto de 15 de octubre de 2012, por el que se desestimaba la solicitud de D. Juan María de que se le reconociera el derecho a la consolidación del grado personal nivel 26 de complemento de destino, por entender que se trata de un derecho limitado exclusivamente a los funcionarios de carrera. Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra dicho Decreto, el mismo fue desestimado por sentencia núm. 182/2015, de 10 de junio, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de Málaga, dictada en los autos del procedimiento abreviado núm. 84/2013. Entiende el Juzgado que el derecho a la consolidación de grado personal es inherente a la carrera profesional del funcionario de carrera, por lo que no puede aplicarse este beneficio al funcionario interino, justificando el trato diferencial en razones de orden objetivo relacionadas en el distinto tipo de relación de unos y otros con la Administración Pública. A su vez, el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado fue estimado por sentencia núm. 2160/2016, de 11 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga (rec.núm. 2145/2015 ). La sentencia evoca la evolución del Derecho positivo de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en relación con las condiciones laborales de los trabajadores temporales. En particular, recuerda que se ha ido produciendo una equiparación paulatina entre los funcionarios de carrera y los interinos respecto de las condiciones de carrera profesional. Citando pronunciamientos concretos del Tribunal de Justicia sobre cuestiones jurídicas específicas dentro del marco general expuesto, se detiene con detalle en el auto del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2016 ( C-631/15 ), que da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Oviedo y que guarda sustanciales rasgos de identidad con el presente supuesto, en la medida en que abordaba la posibilidad de un funcionario interino (profesor de educación secundaria) de participar en los planes de evaluación docente que dan derecho a acceder a las retribuciones complementarias. En aplicación asimismo de doctrina europea, entiende la Sala que el Derecho interno incompatible con el Derecho de la Unión en los términos expuestos resulta desplazado y que no resulta necesario plantear cuestión prejudicial, por cuanto la cuestión ha sido ya aclarada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia. El anterior planteamiento lleva a la Sala de Málaga a desplazar, por tanto, la doctrina de esta Sala aplicable al caso de autos, a saber: la sentencia de 20 de enero de 2003 (rec.de casación en interés de la ley núm. 6/2002), relativa, entre otras cuestiones, al artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. Dicho artículo dispone que <<Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción de lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo, cualquiera que fuera el sistema de provisión>>. Conforme a la doctrina de esta Sala en la sentencia mencionada, la expresión <<cualquiera que sea la forma de provisión>> contenida en el citado artículo 70.2 no incluye, a los efectos de consolidación del grado personal, los puestos de trabajo obtenidos en virtud de adscripción provisional, entendidos como tales puestos servidos por funcionarios de carrera de forma temporal y excepcional por razones de servicio y al que no se accede mediante uno de los procedimientos ordinarios de provisión. A continuación sostiene la sentencia en el Fundamento Jurídico Quinto que «[e]sta doctrina legal y el razonamiento que la sustenta, en lo que pudiera entenderse extensible al caso que nos ocupa, debe considerarse superados por la jurisprudencia del TJUE de constante cita». Y, tras un repaso de los distintos elementos exigidos por la jurisprudencia comunitaria, concluye afirmando que «si no es aceptable la 2

3 denegación de la consolidación de grado personal en base al exclusivo motivo de la naturaleza temporal de la relación laboral que vincula al interino con la Administración, en aplicación al caso de la doctrina del acto aclarado, es por lo que debe concluirse la estimación del recurso de apelación reconociendo el derecho que asiste al recurrente a la consolidación de grado personal con nivel 26 de complemento de destino». SEGUNDO. - La representación procesal de la Excma. Diputación Provincial de Málaga ha preparado recurso de casación mediante escrito en el que, tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica las normas de Derecho estatal que considera infringidas, a saber: el artículo 10.5 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público [EBEP ], que establece que a los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera; el artículo 21.1.d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública [LMRFP ], que determina que el grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos años continuados o dos con interrupción; y el artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (en adelante, Real Decreto 364/1995), que dispone que todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción de lo dispuesto en el apartado 6 de dicho artículo (relativo a las comisiones de servicios), cualquiera que fuera el sistema de provisión. Entiende la recurrente que la interpretación que de dichos preceptos realiza la sentencia recurrida es errónea, dado que el tenor literal de los mismos impediría que un funcionario interino (que con posterioridad adquiere la condición de funcionario de carrera) consolidara el grado personal del puesto para el que había sido nombrado mediante adscripción provisional. Considera asimismo que se habría vulnerado la jurisprudencia fijada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de enero de 2003, dictada en el recurso de casación en interés de la ley núm. 6/2002. En particular, en el Fundamento Jurídico Tercero la sentencia señala lo siguiente: «Tiene razón la actora cuando señala la importancia que tiene el grado personal en la estructuración de la función pública que ha diseñado el legislador y también la tiene cuando señala la necesidad de que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad se observen no sólo en el momento del acceso a ella, sino también a lo largo del desarrollo de la carrera administrativa, particularmente en cuanto hace a la progresión en el grado personal, precisamente por la relevancia que tiene este elemento en el conjunto de la ordenación de la función pública. Precisamente por eso, ha de considerarse acertada la interpretación del artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995 que se propugna en el recurso y que, consiste, sencillamente, en vincular el ejercicio del puesto de trabajo desde el que cabe consolidar dicho grado personal con la forma en que se ha obtenido de manera que, sólo cuando se haya logrado mediante uno de los procedimientos ordinarios de provisión, pueda surtir los efectos a los que se refiere ese precepto. Ùnicamente de este modo podrá asegurarse la observancia de la regla según la cual el acceso y el ascenso en la función pública han de producirse en condiciones de igualdad y por razones de mérito y capacidad, que es lo que, conforme a la Constitución, quiere la ley. Y tales requisitos no se garantizan cuando se hace posible la consolidación de un grado superior desde un puesto de trabajo que se haya cubierto mediante la adscripción provisional. Por lo demás, no cabe decir que, al no distinguir el artículo 70.2 en cuestión, no debe distinguir quien lo aplica y que eso conduce a entender que su expresión abarca también la adscripción provisional. Por el contrario, la recta interpretación del precepto requiere tener presente el sistema normativo en el que se integra y el espíritu y la finalidad que le animan, tal como resulta del artículo 3.1 del Código Civil.» A continuación se invocan los supuestos de interés casacional objetivo previstos en los artículos 88.3.b ), 88.2.b ) y 88.3.c) LJCA. En particular, y en relación con los dispuesto en el artículo 88.3.b), se subraya el hecho de que la sentencia recurrida afirma que la doctrina legal de nuestra citada sentencia de 20 de enero de 2003 y el razonamiento que la sustenta «debe [sic] considerarse superados por la jurisprudencia del TJUE de constante cita». TERCERO. - Por auto de 22 de marzo de 2017 la Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de 30 días ante esta Sala del Tribunal Supremo, así como la remisión a la misma de los autos originales y del expediente administrativo. Se ha personado la representación procesal de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en concepto de recurrente, así como la representación procesal de D. Juan María, en concepto de parte recurrida, sin formular oposición. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Presidente de la Sala. 3

4 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Como cuestión previa, y desde un punto de vista formal, debe señalarse que el escrito de preparación cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, por lo que nada puede oponerse a la admisibilidad del recurso desde el punto de vista de los subapartados a) y b) del artículo 90.4 LJCA. Así, el escrito se ha estructurado en apartados separados, encabezados con un epígrafe expresivo de su respectivo contenido y se ha razonado tanto la recurribilidad de la resolución de instancia por este cauce extraordinario como la observancia de los requisitos de legitimación y plazo. De otro lado, se han identificado debidamente las normas cuya infracción se imputa a la sentencia de instancia, cumpliéndose con la carga procesal de justificar, primero, su incardinación en el Derecho estatal; segundo, su debida observancia en el proceso de instancia; y tercero, su relevancia en el sentido del fallo. Respecto de la concurrencia en el caso de interés casacional, la Sección considera que la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, en relación a la concurrencia del interés casacional objetivo en función de alguno de los supuestos enunciados en los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA. Cumplidas, en definitiva, las exigencias que impone al escrito de preparación el art de la LJCA, entendemos que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, que establece el modo de adquisición del grado personal, resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera, sino también a los funcionarios interinos, y ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. En particular, concurre con claridad el supuesto previsto en el apartado 3.b) del artículo 88 LJCA, dado que se ha producido un apartamiento expreso de la jurisprudencia de esta Sala, por considerar que la misma se halla superada por la citada evolución jurisprudencial del TJUE. En este sentido, el apartamiento habría venido dado no por ser la jurisprudencia "errónea" per se en el momento en que fue dictada, sino por haber devenido obsoleta a día de hoy, fruto del actual contexto jurídico, siendo necesaria eventualmente su adaptación al nuevo marco. SEGUNDO. - Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA, procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal de la Excma. Diputación Provincial de Málaga contra la sentencia núm. 2160/2016, de 11 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictada en los autos del recurso de apelación núm. 2145/2015 contra la sentencia núm. 182/2015, de 10 de junio, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de Málaga (procedimiento abreviado 84/2013). Y, a tal efecto, precisamos que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, que establece el modo de adquisición del grado personal, resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera, sino también a los funcionarios interinos, y ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Señalamos, además, que las normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación son las contenidas en el artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; en el artículo 10.5 EBEP y en el artículo 21.2.d) LMRFP. TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el art de la LJCA, este auto se publicará en la página web del Tribunal Supremo. Por lo expuesto, en el recurso de casación registrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el núm. 1781/2017, La Sección de Admisión acuerda: Primero.- Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal de la Excma. Diputación Provincial de Málaga contra la sentencia núm. 2160/2016, de 11 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictada en 4

5 los autos del recurso de apelación núm. 2145/2015 contra la sentencia núm. 182/2015, de 10 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Málaga (procedimiento abreviado 84/2013). Segundo.- Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, que establece el modo de adquisición del grado personal, resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera, sino también a los funcionarios interinos, y ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Tercero.- Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación las contenidas en el artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; en el artículo 10.5 EBEP y en el artículo 21.2.d) LMRFP. Cuarto.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo. Quinto.- Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto. Sexto. - Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto. El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme. Así lo acuerdan y firman. 5