LEY ORGÁNICA 2/1989, DE 13 DE ABRIL BOE Nº 92, DE 18 DE ABRIL DE 1989 PROCESAL MILITAR

Transcripción

1 LEY ORGÁNICA 2/1989, DE 13 DE ABRIL BOE Nº 92, DE 18 DE ABRIL DE 1989 PROCESAL MILITAR PREÁMBULO El proyecto de Ley procesal militar se caracteriza por la acentuación de las garantías del justiciable y de los perjudicados por el delito siempre que, en este caso, no afecte a la disciplina militar, principio esencial de la institución militar y uno de los fundamentos de la existencia de la jurisdicción militar, introduciendo como novedades las siguientes: la asistencia letrada desde el primer momento en que pueda surgir una imputación respecto a persona determinada, y las figuras del acusador particular y el actor civil. Se establece, aunque con matizaciones propias de las exigencias de la jurisdicción castrense, el principio de igualdad de partes en el proceso penal. El principio de legalidad queda, también, acentuado con la vinculación del Tribunal sentenciador a petición de las partes acusadoras, salvo en el caso especial en que, siguiendo el criterio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo podrá el Tribunal condenar por delito más grave en el supuesto de que previamente hubiera advertido a las partes del error en que han incurrido al efectuar la calificación. El procedimiento se configura como acusatorio y esencialmente oral, y en él se da una mayor potenciación a la figura del fiscal jurídico militar, que podrá realizar una investigación sumaria antes de instar la iniciación del proceso penal. La trascendencia del juicio oral queda puesta de relieve por el valor que adquiere la prueba practicada en el mismo, pudiendo considerarse este período procesal con el acto final de la vista, el esencial del proceso pues en él se formará juicio sobre las cuestiones objeto del mismo, quedando circunscrito el sumario a sus propios límites, abandonando la tendencia a considerarlo como la parte esencial probatoria del procedimiento. El procedimiento ordinario ha tomado sus normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, adaptándolas a las peculiaridades que exige la jurisdicción militar, con lo que ha resultado un procedimiento más breve que el anterior, suprimiendo la anterior fase de prueba en plenario, abreviando plazos, limitando los recursos, aunque dejando siempre la posibilidad de recurso ante un Tribunal superior, mediante los recursos de apelación y casación y el de revisión y desechando el recurso de reforma aunque se regulan los de queja y súplica. Una abreviación del proceso se logra también con la regulación de los actos de comunicación con las partes y con otros Tribunales, procurando que se hagan directamente y se elimine el sistema anterior de la regulación por exhorto. 1

2 Se han recogido las normas que se encontraban dispersas sobre detención de militares, así como la figura del Juez de vigilancia que se desempeñará por los Jueces togados que oportunamente se determinen. En las diligencias previas se han acentuado su carácter judicial pudiendo adoptarse medidas en orden al aseguramiento de las personas. Se ha regulado el antejuicio para proceder contra Jueces togados, Presidente y Vocales de Tribunales militares por causa de responsabilidad criminal, permitiendo que pueda promoverse por los mandos superiores militares a que se refiere el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. Como procedimiento especial, se regulan las diligencias preparatorias para conocer de los delitos de deserción y de determinados delitos de quebrantamiento del deber de presencia y los de fraude cometidos con ocasión de aquéllos, en las que se acentúa su rapidez, sin mengua de las garantías de defensa del imputado y en el que no se dictará auto de procesamiento pudiendo acordar la prisión preventiva en casos especialísimos. El sumario resulta brevísimo y las pruebas han de practicarse todas en el acto de la vista. Con tal procedimiento en el plazo de dos meses desde que el imputado esté a disposición judicial podrá recaer sentencia. Se establece asimismo el procedimiento sumarísimo tan solo para tiempo de guerra y para delitos militares flagrantes y los comunes cuando así se declare por el Gobierno. Se introduce un sencillo y breve procedimiento para conocer de las faltas comunes cuando su conocimiento se atribuya a la jurisdicción militar. Y se declara como supletoria, en lo que no se regula y no se oponga a esta Ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, en el Libro IV se regulan los procedimientos no penales de que conoce la jurisdicción militar, entre los que destaca el contencioso-disciplinario militar. En la configuración y articulación de este procedimiento se ha seguido la pauta del contenciosoadministrativo de la Ley de 27 de diciembre de 1956, pero introduciendo las peculiaridades propias del ámbito objetivo a que se contrae el recurso contencioso-disciplinario la materia disciplinaria en las Fuerzas Armadas, y estableciendo, como órganos judiciales competentes para el enjuiciamiento de dicho recurso, el Tribunal Militar Central y la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Precisamente por el hecho de que estos órganos judiciales militares tengan competencia en esta materia, se ha instituido un único recurso contra las decisiones adoptadas en primera instancia, recurso que no es el de apelación, como en la Ley de 1956, sino el de casación, siguiendo de esta forma el camino iniciado por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2

3 LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES. TÍTULO PRELIMINAR. DEL PROCESO PENAL MILITAR Artículo 1. Sólo podrán imponerse penas en la jurisdicción militar en virtud de sentencia dictada por Juez o Tribunal competente y con arreglo al procedimiento establecido en la Ley y en los Acuerdos, Convenios o Tratados internacionales en los que España sea parte. Los órganos competentes de la Jurisdicción Militar vigilarán el cumplimiento de las penas que se extingan en Establecimientos Penitenciarios Militares. Artículo 2. Cuantas autoridades y funcionarios intervengan en el proceso penal militar velarán por la efectividad de las garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico a los responsables y a cuantos sean parte en el procedimiento. Artículo 3. No se procederá penalmente contra persona alguna por hechos por los que ya hubiera sido juzgada en un proceso penal anterior, en el que haya recaído sentencia firme o auto, también firme, de sobreseimiento definitivo o libre. Artículo 5. Todos los días, incluso los festivos, son hábiles para las actuaciones del sumario. Durante el período del juicio oral, serán inhábiles los días festivos y los que vacaran los Juzgados Togados y Tribunales Militares conforme a la Ley, salvo que por el órgano judicial competente se habiliten motivadamente en cada caso. LIBRO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS MILITARES. TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO I. SECCIÓN I. DE LAS CLASES DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES MILITARES Y DE SUS MODOS DE INICIO. Artículo 129. Los procedimientos judiciales ordinarios que pueden instruir los Jueces Togados son: diligencias previas y sumarios. 3

4 CAPÍTULO VIII. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOBRE PERSONAS. SECCIÓN I. DE LA CITACIÓN. SECCIÓN II. DE LA DETENCIÓN. Artículo 200. Ninguna persona podrá ser detenida sino en los casos y formas prescritos en la Ley. Artículo 205. La detención de un militar en actividad, dispuesta por Autoridad Judicial de cualquier jurisdicción, miembros del Ministerio Fiscal, Autoridad gubernativa, funcionario o agente, se efectuará conforme dispone el ordenamiento común para la detención, en especial si se trata de flagrante delito. No obstante, se ejecutará a través de sus jefes si estuviera a su alcance inmediato, o si no retrasa, con perjuicio grave, la efectividad de la medida. Quien practique la detención sin acudir a los Jefes del militar detenido, dará cuenta inmediata a éstos de tal detención, sin perjuicio del derecho y del deber del militar detenido de comunicar inmediatamente con sus superiores que le confiere el artículo 173 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se observarán las siguientes reglas: 1.Si el militar se encuentra desempeñando un servicio de armas u otro cometido esencialmente militar, se llevará a cabo solamente por sus Jefes de quienes se interesará, a no ser que hubiera cometido delito flagrante y estuviere fuera del alcance de dichos Jefes. 2.Si el militar se encuentra en recinto militar se interesará la detención del Jefe de mayor empleo y antigüedad que se encuentre destinado y presente en él. Artículo 206. La Autoridad o Jefe Militar de quien se interese la detención de un militar dará cumplimiento inmediato al requerimiento en los exactos términos en que éste se exprese. Artículo 207. En el caso de que la Autoridad o Jefe Militar a que se hubiere encomendado la detención no pudiera cumplirla inmediatamente por encontrarse accidentalmente fuera de la circunscripción de su mando el que deba ser detenido trasladar con toda urgencia la comisión a la que lo fuera del lugar en donde éste se encuentre, comunicándolo así a la autoridad judicial o gubernativa que la hubiera acordado. Artículo 208. La detención de un militar en actividad acordada por quienes señala el primer párrafo del artículo 205 se cumplirá en establecimiento penitenciario militar de la localidad donde se 4

5 produzca la detención y si no existiere, en otro establecimiento militar. Artículo 210. El militar detenido a que se refieren los artículos anteriores sólo permanecerá en dependencias policiales, gubernativas u otros establecimientos no militares de detención, el tiempo indispensable para la práctica del atestado o diligencias. Durante su estancia en tales dependencias deberá permanecer separado de los demás detenidos. Artículo 212. Los militares que fueran detenidos conforme a estas normas, acreditarán su identidad y condición de militar en el mismo momento de la detención y podrán exigir a los agentes que la practiquen que, asimismo, se identifiquen. Los militares detenidos deberán acatar las órdenes y determinaciones de las Autoridades o agentes que hubieran acordado o practicado la detención, sin perjuicio de poner posteriormente en conocimiento de sus Jefes las infracciones o abusos que hubieran podido observar. Artículo 213. Los traslados del personal militar detenido o sobre el que hubiera recaído auto de prisión, se efectuarán siempre por militares de igual o superior empleo al del interesado. 5